• Periodista de Chequea Bolivia expuso en conferencia internacional organizada por el Colegio de Periodistas de Lambayeque.

El periodista boliviano Álvaro Montoya, especialista en fact-checking e integrante del proyecto Chequea Bolivia, advirtió que la verificación por sí sola no basta para enfrentar la magnitud de la desinformación en la región. Durante su exposición, explicó la metodología que aplica su equipo para rastrear el origen de contenidos manipulados y redes digitales que operan con fines políticos.

Montoya, quien también fue becario de la Deutsche Welle de Alemania, señaló que en los últimos años han identificado distintos niveles de desinformación. “Existe la ‘mal information’, que es información real usada con un propósito dañino; la ‘misinformation’, que circula entre usuarios sin intención de hacer daño; y la ´disinformation´, que es fabricada por agencias de marketing negro o incluso por Estados para obtener beneficios políticos”, detalló.

Frente a este escenario, aseguró que el trabajo de Chequea Bolivia no se limita a verificar datos falsos, sino que busca establecer quiénes están detrás de las operaciones. “Hemos entendido que la verificación no es suficiente. La verificación mediática ayuda, pero solo resuelve parcialmente el problema. Por eso nos hemos especializado en investigar los operadores de la desinformación”, indicó.

Investigación sobre redes políticas

El periodista recordó que en 2021 y 2022 realizaron investigaciones centradas en redes de Facebook, la plataforma más utilizada en Bolivia y con mayor nivel de transparencia para acceder a información pública. “Nuestra hipótesis fue que algunos asambleístas (congresistas) del Movimiento al Socialismo (MAS) promovían redes de desinformación a favor de Evo Morales y en contra del presidente Luis Arce”, explicó.

Según Montoya, el equipo detectó que varias de las páginas que compartían desinformación estaban administradas por personas vinculadas directamente a legisladores. Para sustentar esta hipótesis, construyeron una base de datos con números telefónicos y correos electrónicos de los asambleístas y sus asesores.

Con esas referencias, utilizaron herramientas de código abierto para rastrear registros digitales. “Con un correo o un número de celular se puede saber qué redes sociales están asociadas, siempre que no se hayan ocultado con configuraciones de privacidad avanzadas”, comentó. Esa técnica permitió identificar coincidencias entre los supuestos administradores de páginas y funcionarios públicos.

Perfiles falsos y páginas “fantasma”

Montoya subrayó que parte del trabajo consiste en identificar patrones de comportamiento en los perfiles que interactúan con las páginas observadas. “Un perfil falso suele tener nombres aleatorios, números añadidos, pocas publicaciones o fotos generadas por inteligencia artificial”, explicó.

Agregó que también se revisa la sección de transparencia de las páginas de Facebook, donde es posible verificar el historial de cambios de nombre y los anuncios contratados. “Aunque un anuncio ya no esté activo, la información de quién lo pagó se mantiene en la biblioteca de anuncios. Eso nos ha permitido rastrear números de celular y correos de quienes estaban detrás de campañas de desinformación”, puntualizó.

Un caso concreto que mencionó fue el de una página que promovía al político Samuel Doria Medina y que se presentaba como medio de comunicación. “Descubrimos que estaba administrada por un coordinador de las empresas del propio Doria Medina, porque se había registrado con su número de celular y correo electrónico”, indicó.

En otra investigación, detectaron hasta 24 perfiles falsos vinculados a publicaciones que favorecían al senador Leonardo Loza, del MAS. A través de cruces de datos y revisión de primeras publicaciones, comprobaron que algunos de esos espacios habían sido creados originalmente como páginas personales y luego reconvertidos en supuestos medios de comunicación.

Herramientas y técnicas de rastreo

El periodista explicó que una de las claves es analizar las conexiones entre cuentas. “Muchas veces los mismos perfiles comentan, se dan ‘like’ y comparten entre sí, lo que en periodismo se conoce como ‘astroturfing’: generar una apariencia de apoyo popular cuando no existe”, sostuvo.

Otro recurso es revisar el historial de los nombres de usuario y URL de las páginas. Según Montoya, esos elementos permiten determinar si una cuenta fue creada con un fin distinto al actual. “En un caso, una página que se presentaba como medio independiente se había creado originalmente con el nombre de ‘La voz del pueblo de Andrónico’, en referencia a un dirigente del MAS. Eso nos dio pistas para vincularla a su equipo de comunicación”, explicó.

El cruce de datos no se limita a redes sociales. Montoya afirmó que también utilizan buscadores de dominios web para conocer la propiedad de páginas externas vinculadas a las cuentas investigadas. “Cuando tienes el dominio y aparece el nombre del administrador, puedes cerrar el círculo de la investigación”, dijo.

Seguridad digital y protección de fuentes

Montoya advirtió que quienes investigan estas redes deben tomar medidas de protección. “Nunca hay que usar correos personales ni cuentas vinculadas a información privada. Lo recomendable es crear perfiles específicos para las investigaciones, utilizar una VPN para ocultar la ubicación y editores de cookies que impidan el rastreo de la actividad en línea”, recomendó.

Señaló que la desinformación digital no solo es un problema de comunicación, sino también de seguridad. “Cuando un gobierno o actores políticos destinan fondos públicos a financiar redes de desinformación, estamos frente a una amenaza para la democracia”, subrayó.

Montoya afirmó que lo ocurrido en Bolivia tiene paralelos en otros países, incluido el Perú. “Facebook es también la red más usada allá. Es probable que se encuentren dinámicas similares de operadores políticos detrás de páginas aparentemente ciudadanas o medios improvisados”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que el reto no solo es verificar noticias falsas, sino desmontar las estructuras que las producen. “Defender la democracia requiere identificar a quienes usan la desinformación como herramienta política. Solo así podremos frenar el impacto de estas redes en la opinión pública”, concluyó.

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