Como ocurre en el norte de país, Lambayeque atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad ciudadana, y la evidencia es categórica: estamos frente a una escalada delictiva que ya no distingue barrios, oficios ni sectores sociales. El reciente Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia —iniciativa desarrollada por el BCP y Capital Humano y Social S.A.— lo confirma con contundencia: la región aparece entre las siete con mayor número de denuncias por extorsión, al acumular 714 casos solo entre enero y agosto. Este dato es alarmante por sí mismo, pero lo es aún más cuando se observa que el Estado ha sido incapaz de frenar el avance del delito. En los últimos siete años, a nivel nacional, únicamente se han sumado 32 presos más por extorsión, pese a que las denuncias casi se duplicaron.
En Lambayeque, la extorsión ya no es un delito aislado ni marginal; es un mecanismo de control criminal que asfixia a emprendedores, transportistas, comerciantes y familias enteras. Y lo que se ve en las calles lo confirma: negocios que cierran, rutas de transporte amenazadas, obras paralizadas y un miedo silencioso que se normaliza. La expansión de atentados con explosivos —132 en todo el país en los primeros ocho meses de este año— revela la gravedad del contexto. Estos ataques están estrechamente vinculados a la extorsión, el patrón criminal no respeta fronteras y ya ha golpeado repetidamente la franja norte.
La violencia letal también se hace sentir. El informe destaca que Lambayeque registró ocho homicidios recientes, con casos en Pimentel y Chongoyape, lo que demuestra que ni las zonas turísticas ni las rurales están a salvo. A esto se suma un factor inquietante: según encuestas nacionales, cuatro de cada diez hogares no han tomado ninguna medida de protección. Esta inacción bien puede leerse como un reflejo de desconfianza, cansancio o resignación.
Pero la inseguridad no es solo lo que ocurre afuera; también se cocina adentro. El sistema penitenciario peruano opera con 62 % de hacinamiento, una situación tan grave que el Tribunal Constitucional ha declarado un estado de cosas inconstitucional por las severas deficiencias en la calidad de la infraestructura y servicios básicos en las cárceles. En la Oficina Regional Norte – Chiclayo, que cubre Lambayeque, hay solo tres médicos, y el ratio es de un agente por cada 45 internos. Este desequilibrio facilita que bandas recluten y operen desde dentro, lo que amplía su poder en las calles. A ello se suma la incapacidad estatal para ejecutar proyectos penitenciarios y la mala gestión que subutiliza recursos destinados a cerrar brechas estructurales.
El debate
A pocos meses de las elecciones generales, esta realidad debería sacudirnos. Lambayeque necesita escuchar propuestas serias: inteligencia regional coordinada, unidades fiscales contra el crimen organizado, intervención en corredores críticos, Serenazgo articulado y una reforma penitenciaria que corte el cordón umbilical entre cárceles y calle. Y hay algo más: si la inseguridad sigue devorando mercados, agroexportadoras, centros de abasto y cadenas logísticas, Lambayeque perderá el enorme potencial que tiene para convertirse en hub comercial del norte peruano. Un territorio productivo no puede prosperar cuando el delito marca el ritmo económico.
La región posee una enorme capacidad agrícola, turística y comercial. No podemos permitir que el miedo la paralice. Lambayeque debe recuperar el control de sus calles, de sus mercados y de su vida cotidiana. La inseguridad no es un destino inevitable; es un desafío que exige liderazgo y decisión. Y el momento de actuar es hoy.
(*) Director ejecutivo de Videnza Instituto.
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