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EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN: UNA APROXIMACIÓN A LOS ENFOQUES Y SU MAGNITUD EN EL PERÚ

Escribe: Escribe: Lindon Vela Meléndez(*)
Edición N° 1075

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La corrupción es un fenómeno complejo y multidimensional, por lo tanto su abordaje requiere de la profundidad necesaria para poder comprenderla y trazar una estrategia eficaz de combatirla. En el presente informe se realiza una primera aproximación a este fenómeno, que en el caso del Perú está en la cima de su ciclo de percepción producto de los últimos audios y destapes en las más altas esferas de la administración de la justicia, aunque histórica y estructuralmente es un fenómeno omnipresente.

 

Reconociendo la importancia de la palabra como expresión de los recursos que las diversas culturas usan para llamar a las cosas, se considera que ella (la palabra) no es arbitraria, pues esconde la historia, el recorrido, la manera de ver el mundo de una sociedad. De ahí que sean fundamentales para entender la realidad. Las palabras que usamos dan cuenta también de cómo somos, de nuestra manera particular y colectiva de ver el mundo, pues son el testimonio de nuestra historia y de cómo esa historia se ha ido articulando a lo largo de generaciones con otras historias y otras realidades. En ese contexto es pertinente empezar su abordaje desde la etimología de la palabra corrupción.

 

DEFINICIONES

De acuerdo con Moreno (2009) La corrupción no es un fenómeno de los tiempos modernos, aunque es posible que en los últimos años, con la eclosión de las comunicaciones electrónicas, se haya tornado más evidente. Los romanos ya empleaban el adverbio “corrupte”; Cicerón decía “judicare corrupte” para aludir a la forma en que ejercían su función algunos magistrados. “Corruptum” era en latín el participio pasado del verbo “corrumpere” (arruinar, echar a perder). Plauto y Cicerón llamaban “corruptor –oris” a aquel que cometía el delito de soborno o el de cohecho, es decir, aceptar sobornos, y también al que violaba a alguna de las vírgenes vestales. Todas estas palabras se derivaban del verbo latino “rumpo”, “rumpere” (romper, violar, transgredir), emparentado morfológicamente con el sánscrito “ropayati”, del mismo significado, y se derivan del indoeuropeo “reup”- (arrebatar, arrancar algo de las manos de alguien).

La revisión etimológica de la palabra corrupción permite entonces conceptualizar a la misma como la acción de cambiar la naturaleza de una cosa, interrumpir un proceso normal, pervirtiéndola, como ocurre cuando las instituciones se desvían del fin para el cual están socialmente legitimadas.

Sobre moral de los individuos el aporte filosófico de Inmanuel Kant es fundamental, al respecto Flores Vega y Espejel Mena (2007, pág. 44) manifiestan que en los escritos de filosofía política de Kant hay dos tipos de políticos: el político moral y el moralista político. El primero hace suyo los preceptos de la moral para sus actuaciones públicas, lo cual permite promover la transparencia en los asuntos públicos y personales. El segundo, considera a la moral como mera retórica y carente de validez, lo que permite auspiciar la corrupción por manejarse en secreto en los asuntos públicos y personales. El “imperativo categórico”, como principio formal de la moral, dicta una línea adecuada para que se cumpla el deber, y esto es actuar con transparencia y en contra de la corrupción en los asuntos públicos. La transparencia la respaldan dos principios, cuyo afán es actuar con pretensión de justicia, el moralista político nunca los respeta por su elogio hacia el pragmatismo. El político moral elogia la transparencia y el moralista político la corrupción.

Luego de haber definido la corrupción desde el análisis etimológico que encierra el devenir de su proceso histórico en la riqueza de la palabra como expresión cultural y al mismo tiempo de haber analizado el principio filosófico más profundo del aporte kantiano respecto al imperativo categórico, es necesario reconocer que el análisis de este fenómeno ubicuo en las zonas menos desarrolladas del mundo ha sido soslayado recurrentemente, tal como lo señala Quiroz (2018) “tildándola como constante cultural o legado institucional inevitable. El descuido y el escepticismo han obviado, pues, evidencias históricas útiles para reinterpretar las batallas reformistas a menudo solitarias, libradas contra las nocivas prácticas corruptas”.

 

ENFOQUES DE ANÁLISIS

La denominación de constante cultural o legado inevitable no es casual puesto que obedece a una forma de concebir al fenómeno de la corrupción; es decir, no existe un consenso al respecto pues de la revisión exhaustiva del estado del arte se puede identificar más de un enfoque.

Por ejemplo, una postura relativista histórico – antropológica asume que ciertas constantes culturales hacen que el fenómeno de la corrupción sea un hecho común y aceptado en las sociedades en desarrollo y admiten que los sistemas políticos pre modernos pueden admitir dosis de corrupción como lubricante para funcionar y brindar un grado de estabilidad y posicionamiento a grupos emergentes. Entonces desde la posición culturalista tal como los señala Quiroz, “la corrupción está determinada culturalmente y la cultura por sí sola podría explicar las diferencias en los niveles de corrupción existentes alrededor del mundo… por lo tanto se debe emprender el cambio cultural, ciertamente más difícil y controversial que las reformas institucionales urgentes”.

La escuela neoliberal considera a la corrupción como una de las manifestaciones de los mercados negros originados por el exceso de intervencionismo estatal. Así, cuanto más intervenga el Estado, más reglamente y más fomente la invasión de las burocracias, más riesgos hay de que se den procedimientos y mercados paralelos, que constituyen el origen de los comportamientos delictivos.

También existen análisis desde la perspectiva marxista tendiente a asociar el capitalismo con la corrupción, esta perspectiva ofrece importantes aportes, pero con muchas generalizaciones que se constituyen como armas políticas e ideológicas contra un sistema hegemónico en supremacía cuya clase dirigente se ha enriquecido aun a costa de su deslegitimación, aprovechando la apatía ciudadana, pero que tampoco aporta explicaciones de este fenómeno en regímenes socialistas y revolucionarios donde el fenómeno no está ausente.

Finalmente existe un enfoque que aporta un marco analítico institucional que permite evaluar el fenómeno de la corrupción a gran escala y sistemática dando cuenta de la ausencia o inestabilidad de las normas que fomentan el desarrollo, que reducen los costos de transacción, que promueven la transparencia y el empoderamiento ciudadano. Este escenario es favorable a las conductas oportunistas conocidas como “free rider behavior”, conocidas también como el “problema del polizón”, que se producen en situaciones en las que una persona obtiene una “externalidad positiva” de las acciones de otros, es decir, un beneficio por el que no se sacrificó, así como comportamientos despóticos. Además de línea con (Quiroz, 2018) “de las teorías sobre grupos de presión o de interés ayudan a explicar las actividades concertadas de las redes de intereses creadas que buscan trato preferencial, el estancamiento institucional y la paralización de reformas” de esta manera se forman redes de corrupción que compiten por la captura del Estado o influirlo en sus distintas ramas y así beneficiarse con la corruptela y las ganancias monopolistas.

Habiendo analizado los diversos enfoques con los que se aborda el fenómeno de la corrupción es preciso mencionar que en el presente ensayo se adopta la posición del cuerpo analítico institucional para a partir de ello comprender la magnitud del fenómeno en la historia, los tiempos actuales y su prospectiva.

 

CORRUPCIÓN EN EL TIEMPO

En el aspecto histórico en el Perú el fenómeno está documentado con mucha precisión desde la época colonial para lo cual felizmente existe un aporte muy importante de Antonio de Ulloa, quien fue nombrado en 1757 para un puesto estratégico en el poblado minero de Huancavelica y desde 1758 denunció las corruptelas de autoridades codiciosas y reales de Hacienda, mineros y comerciantes que causaban daño a la corona española y a sus súbditos. Los abusos más relevantes comenzaron con el cobro de tributos a los indios por parte de los corregidores. El flujo de ingresos del tributo indígena brindaba oportunidades para la malversación.

En ese contexto se puede afirmar que uno de los primeros personajes en alzar su voz y emprender una acción concreta contra la corrupción fue Juan Santos Atahualpa en 1742. En la década de 1690 (Quiroz, 2018) se destaca un hito importante que corrobora una práctica venal ya que al menos dos Virreyes, uno del Perú y otro de México, compraron sus altos puestos mediante contratos lo cual dio inicio a esta tradición de venalidad (venta de oficios y puestos) situación que se mantiene hasta ahora de manera más sofisticada.

Este breve análisis histórico nos demuestra que la corrupción es un fenómeno que ha transitado en la línea del tiempo de nuestro Perú, ampliándose en modalidades y especialización nefasta para nuestra sociedad.

 

SITUACIÓN ACTUAL

Hoy se puede afirmar que la corrupción no solo nos acompaña históricamente, sino que está diseminada como una metástasis en todas las instituciones y, lo más preocupante, hasta se ha incorporado inconscientemente en el intelectual colectivo de manera cuasi natural, es decir el daño causado es generacional. La corrupción entendida de esta manera entonces es sistémica y persistente y tiene ciclos orgánicos en el tiempo que no necesariamente coincide con ciclos de la corrupción percibida como pareciera justo ahora, es decir aparentemente estamos en la cima del ciclo los cual se ha evidenciado con los destapes de las comunicaciones telefónicas en el corrupto sistema de justicia. En realidad la corrupción sistémica con la que convivimos tal vez es mucho peor que nuestra percepción hoy exasperada con la coyuntura.

Por otro lado, es necesario reconocer que los costos de la corrupción no solo se relacionan con las coimas, los sobornos, las sobrevaloraciones las cuales serían los costos directos, sino que existen costos indirectos como el incremento y facilitación de la redes de contrabando, informalidad, mercados negros, narcotráfico, expulsión o retirada de la inversión extranjera directa, entre otros; pero el costo mayor está en la pérdida de confianza de la ciudadanía en nuestro sistema, en el daño generacional que se genera cuando nuestros hijos ven que no se logra el éxito con el sacrificio, sino con la argolla, con el tráfico de influencia, etc.

Hoy más que nunca es momento de acciones concretas para poner freno a este mal, porque además de las enormes pérdidas económicas, a herido de muerte la legitimidad del orden democrático y ha destruido la gobernabilidad del sistema entendida esta como la capacidad del poder político para conducir las políticas públicas para lograr bienestar de nuestra sociedad. 

 

CORRUPCIÓN Y GOBERNABILIDAD

Desde otro punto de vista y en línea con Lerner (2018), la corrupción atenta contra la gobernabilidad al hacer que las acciones del Estado resulten costosas e ineficaces.La corrupción es la causa de la dilapidación de los recursos públicos. Ella disminuye las posibilidades de que se satisfaga realmente alguna necesidad de la población. Y además interfiere con los programas de gobierno razonables, si los hay, al desviarlos para priorizar acciones que den ocasión al lucro ilegal. La proliferación de obras públicas innecesarias y sobrevaluadas en nuestro país debería relevarnos de mayor explicación al respecto.

 

Finalmente se puede afirmar que precisamente esta corrupción sistémica - estructural se asienta en el abuso de poder, se fortalece con la impunidad y se consolida con una débil participación ciudadana. Esta ecuación genera una red de complicidades y colusiones, la que hoy desvirtúa integralmente al Estado, incluso al mismo mercado y la sociedad. La lucha efectiva para combatir la corrupción exige mucho más que sacar las “manzanas podridas” de la “canasta social”.

En línea con Sandoval (2016) este análisis subraya tres elementos fundamentales de las gobernanzas disfuncionales: la dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural, en la que predomina el abuso de poder, sin distingo de si ello proviene del ámbito público o privado; la impunidad de las más altas esferas del poder, particularmente la que corresponde al sector privado cuando actores no estatales se hacen cargo de áreas o funciones asignadas al sector público, y la exclusión social o la expropiación de la voz ciudadana que genera un profundo distanciamiento entre la sociedad y sus representantes. Estos tres elementos se reflejan a su vez en una cancelación de facto del acceso al poder, el acceso a la justicia y el acceso a la representación, lo cual mina directamente la democracia y explica la génesis de un “doble fraude” que implica tanto facetas financiero-estructurales como político-electorales. Este “doble fraude” ha obstaculizado el desarrollo de estructuras estatales justas y sustentables.

Finalmente se puede afirmar categóricamente que el Perú no soporta autorreformas del sistema corrupto para el sistema corrupto, el shock necesariamente tiene que venir de afuera, de la ciudadanía organizada, de la academia de la mano con la sociedad, la que sustenta su existencia, de las organizaciones políticas no tradicionales y de los mejores cuadros de los partidos tradicionales y ello requiere reformas estructurales que necesariamente pasarán por cambios en nuestra carta magna ya desfasada e insuficiente para atacar la corrupción que ha mutado y es inmune a los mecanismos de nuestra actual constitución.

 

(*) Doctor en Economía, investigador asociado de la Universidad de Alcalá de Henares – España. 

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