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FECHAS PARA NO OLVIDAR: EL TERRORISMO EN LAMBAYEQUE HACE 25 AÑOS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1075

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  • De las personas asesinadas por Sendero Luminoso, millares fueron civiles indefensos sin participación alguna en el conflicto interno.
  • El grupo terrorista cometió asesinatos selectivos de funcionarios civiles y oficiales del Ejército, además dio muerte a policías y militares después de capturarlos.

 

Lambayeque no quedó excepta de la presencia terrorista, como tampoco de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del orden y militares. Estos son los casos sucedidos en 1993 que fueron registrados en el informe que elaboró la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre detenciones ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones.

 

El Perú, entre 1980 y el año 2000, vivió una situación de violencia política sin precedentes que dejó un saldo de 70 mil personas fallecidas producto enfrentamientos armados, arrasamiento de pueblos y masacres colectivas, además de secuestros, desapariciones, violaciones a los derechos humanos y otros crímenes cuyas consecuencias se tradujeron en el aumento del desempleo, la pobreza, las migraciones y las expresiones tribales.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, cuatro mil 236 personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas, presumiblemente por elementos de las fuerzas del orden. Incluso, cerca de 600 mil abandonaron sus hogares, originando así un fenómeno de desplazamiento interno que afectó las redes sociales originarias y los lugares de recepción.

Ante ello, el gobierno transitorio presidido por Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad el 4 de junio del 2001 mediante Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, la misma que fue ratificada y complementada por la presidencia de Alejandro Toledo el 4 de septiembre del mismo año, denominándose finalmente Comisión de la Verdad y Reconciliación – CVR.

La CVR se creó como la instancia encargada de esclarecer el proceso, los hechos y las responsabilidades no solo de quienes ejecutaron los actos, sino también de quienes los ordenaron o toleraron, además de proponer iniciativas que afirmen la paz y la reconciliación entre los peruanos.

 

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

En el marco de abusos violentos y generalizados, en Lambayeque, en 1993, ocurrieron cuatro detenciones arbitrarias en base a información no confirmada o fraudulenta y dos casos de terrorismo a manos del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP- SL).

Uno de los ataques realizados por el PCP – SL ocurrió en el distrito de Olmos, centro poblado ‘El Pueblito’, donde militantes asesinaron al agricultor Servando Mendoza Huertas al confundirlo con otra persona.

El otro caso ocurrió el 1 de junio de 1993 en el mismo distrito, sector Racalí, cuando 10 miembros del PCP-SL llevaron a Carlos Humberto Polo Campodónico y a Cipriano Carrasco Calvi al río Palo Blanco donde les amarraron las manos, los golpearon y acribillaron. Después de un tiempo, sus cadáveres se encontraron a orillas del afluente.

En cuanto a detenciones arbitrarias, el primer atentado ocurrió el 14 de enero del mismo año en el distrito de Olmos encabezado por la Dirección Contra el Terrorismo - DIRCOTE cuando detuvieron al agricultor Evaristo Huamán Crisanto mientras estaba en su casa. Al registrar el lugar y no encontrar pruebas que lo vincularan con el PCP-SL, le propinaron una golpiza y tras negarse a responder el interrogatorio lo llevaron a la DIRCOTE, donde permaneció 15 días. Luego lo enviaron al Ministerio Público de Lambayeque y después de un tiempo lo liberaron, pues las investigaciones no comprobaron su participación en la organización terrorista.

El siguiente abuso ocurrió el 19 de abril a manos de agentes de la Policía Nacional del Perú en el mismo distrito, cuando tres efectivos policiales detuvieron al agricultor Dionisio Huancas Masape mientras comía en un mercado junto a su esposa. A él lo llevaron a la comisaría de Olmos y luego a la DIRCOTE de Chiclayo donde lo presionaron para que se autoinculpara, lo que no aceptó. Luego lo trasladaron al penal de Picsi, donde le daban de comer ratones muertos y no le proporcionaban agua. Posteriormente, el 30 de junio fue absuelto y puesto en libertad.

El 10 de julio del mismo año a la 1:00 de la madrugada llegaron miembros de la policía nacional y del Ejército al distrito de Olmos y dispararon hacia la casa de Catalino Tantarico Chaquila, hiriéndolo de bala. A las 4:00 de la madrugada los miembros de las fuerzas del orden abandonaron la localidad y se llevaron a Catalino Tantarico, pero antes quemaron los rastros de sangre en el camino. Después de tres días encontraron su cadáver en la morgue de Lambayeque con dos impactos de bala y evidencias de maltrato.

En setiembre de 1993, en el distrito de Olmos, un efectivo de las fuerzas armadas llevó al agricultor Evaristo Huamán Crisanto a una base militar donde permaneció 40 días porque un subversivo lo había sindicado como integrante del PCP-SL. En aquel lugar le aplicaron descargas eléctricas en la cabeza, pecho y genitales para luego echarle agua helada. Posteriormente lo trasladaron a la DIRCOTE de Chiclayo donde permaneció 15 días con los ojos vendados, amarrado y sin probar alimento, luego lo llevaron al penal de Picsi a fin de confrontarlo con los arrepentidos, pero estos no lo reconocieron, por ello lo regresaron a la DIRCOTE de Chiclayo donde estuvo recluido otros 40 días hasta que lo liberaron tras encontrarlo inocente de las acusaciones.

 

PROVINCIA DE CHICLAYO

En Chiclayo ocurrieron cinco casos. Uno de ellos el 2 de abril de 1993 en el ‘mercado Modelo’ cuando efectivos de las fuerzas del orden detuvieron a Mariano Crisanto Tiquillahuanca y a un hombre identificado para llevarlos a las oficinas de la DIRCOTE en donde los golpearon hasta que la víctima identificada se autoinculpó al no soportar la tortura. Durante 32 días estuvieron detenidos, luego los trasladaron al penal de Picsi, donde torturaron al ‘culpable’ con descargas eléctricas. Allí permanecieron por un año, posteriormente se les sometió a una audiencia en la que Mariano Crisanto fue absuelto, mientras que el otro recibió una sentencia de 20 años de prisión.

La mañana del 3 de abril de 1993 en el mismo lugar, efectivos de la policía nacional detuvieron a un hombre debido a que un subversivo arrepentido lo sindicó como participante de un grupo terrorista. Después de taparle la cabeza con un trapo rojo y golpearlo en todo el cuerpo, los policías lo llevaron a la DIRCOTE de Chiclayo donde se quedó detenido durante 35 días junto a 20 personas más. Allí lo torturaron física y psicológicamente, luego lo condujeron a una playa donde lo ataron de pies y manos para arrojarlo al agua y presionado de esa forma firmó un documento aceptando su culpabilidad. Posteriormente, lo trasladaron al penal de Picsi y después de 14 meses fue sentenciado a 20 años de prisión por terrorismo. Gracias a la intervención de organismos de derechos humanos fue absuelto por un tribunal sin rostro el 18 de noviembre de 1996.

Otro de los casos se dio entre abril y mayo de 1993, en el distrito de José Leonardo Ortiz, cuando efectivos de la Policía Nacional detuvieron a Segundo Atilano Vásquez Núñez y lo condujeron a la DIRCOTE de Chiclayo. En presencia de otro detenido llamado Segundo Vásquez fue envuelto con una frazada, golpeado y torturado. Desde entonces no se tiene noticias de él.

El 8 de junio del mismo año, en el distrito de Chiclayo, miembros de la policía detuvieron a seis personas: cuatro de ellas identificadas y dos, padre e hija, no identificados. Estos fueron llevados a la comisaría de Jaén y allí permanecieron por cinco días. La mujer fue torturada el primer día. La desnudaron, vendaron y amarraron con intención de ahogarla. La noche siguiente realizaron los mismos actos, la colgaron y la hicieron caminar por espinas, luego fue llevada a la playa y la ahogaron varias veces, además la agredieron y violaron varias personas.

Al tercer día no resistió y aceptó todo lo que le imputaron. Fue trasladada a la DIRCOTE en Chiclayo, allí también fue golpeada, privada de sus alimentos y torturada psicológicamente. Posteriormente, el 13 de julio del mismo año la llevaron al penal de Picsi en Chiclayo y fue sometida a fuero militar. En septiembre la sentenciaron a 20 años, inculpada de ser mando político en Jaén y haber participado en atentados. En noviembre de 1993 la trasladaron al penal de Chorrillos en Lima.

 

CONCLUSIONES

El período de terrorismo manifestó graves limitaciones del Estado para garantizar el orden público y la seguridad, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues las cifras del conflicto superan el número de pérdidas humanas sufridas en el país en todas las guerras externas y civiles ocurridas en sus 197 años de vida independiente.

En cuanto a las dimensiones del conflicto, el Perú entre el año 1980 y 2000 vivió el episodio de violencia más intenso y extenso de toda la historia republicana. Además, se estima que la cifra de víctimas fatales de violencia es de 69 mil 280 personas.

La población campesina fue la principal afectada. De la totalidad de casos reportados, el 79 % vivía en zonas rurales y el 56 % desempeñaba actividades agropecuarias.

El proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país, pues el 75 % de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno.

Las violaciones más graves a los derechos humanos por parte de agentes militares fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. De acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, “todos estos actos constituyen una deshonra para sus perpetradores directos y para quienes, en su condición de superiores jerárquicos, los instigaron, permitieron o encubrieron con mecanismos de impunidad”.

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