Dentro de los derechos fundamentales e inalienables adquiridos por la sociedad civil en su conjunto, están ineludiblemente la acción de control que todo ciudadano tiene de escrutar la gestión de aquellas autoridades a quienes en las urnas decidió encargarle la administración de los recursos estatales, por cierto, sin restricción alguna y, por ende, con la rigurosidad que debe prevalecer cuando se trata de cautelar los dineros asignados para un fin común.

Cuando los actores funcionales, burócratas por su condición misma, se proponen y atreven a desprestigiar al ciudadano que sigilosamente persigue sus pasos sintiendo que les está respirando en la nuca, se prestan, temerariamente, a tratar de coactar estos derechos tratando con insolvencia racional y solicitando, como una orden legal, que hay que cumplir, que el investigador pruebe lo que dice o muestren la prueba de un hecho que, a primera vista, se presume irregular.

Una autoridad o funcionario público, que decide arraigarse en el aparato estatal, está sometido a cumplir con los aspectos formales para el que fue contratado o elegido, y en la interna de la entidad donde tiene que laborar se somete y subordina a la mirada ciudadana y la rendición de cuentas que obligatoriamente tiene que realizar, mas no, como un caudillo beligerante y dueño de la verdad oponerse con alevosía al control ciudadano a quien por norma legal, debe responder con celeridad bajo los cánones de la Ley de Transparencia y el Acceso a la Información Pública.

Los medios comunicacionales

Dicho todo ello, los medios de comunicación masiva de toda índole reciben las denuncias ciudadanas, las evalúan y la procesan para su publicación, esto es a discreción de su línea editorial, donde con una narrativa profesionalizada y un enfoque racional de lo acontecido, desarrollan lo sucedido en los términos que fue planteada - por su puesto previamente corroborados -, para de esta manera, dar forma a una publicación coherente, formal y conducente a esclarecer la verdad de los hechos advertidos, todo ello respetando siempre la condicionalidad del acto que se presume inmoral, utilizando la razonabilidad corroborativa que debe prevalecer en la noticia.

El amedrentamiento

En el contexto prescrito, no procede estructurar un amedrentamiento de quien lo pretenda efectivizar, más aún si la intención pálida de argumentos y débil en sus fundamentos es írrito e inefectivo para hacer retroceder sobre lo escrito o lo dicho por quien mira el hecho de la manera tal, que demuestra que el manejo de la cosa pública, no está siendo bien llevado o en todo caso no es utilizado con eficiencia y transparencia por los operadores que, en la mayoría de los casos, se irritan cuando se les enrostra su deficiente accionar.

Sin temores

La sociedad civil en su conjunto, más aún organizada, actúa sin temores y tapujos cuando se lo propone. Las urnas y sus decisiones electoras son el castigo del que ofreció lo que no cumplió y no hizo lo que debió hacer, pero es más impetuosa y perseverante en criticar y denunciar cuando ve en la autoridad y su aparato funcional una rémora de desaciertos y posibles actos de corrupción que imperan en su gestión, los cuales siendo imperceptibles en la mayoría de los casos, salen a la luz por que la acuciosidad investigativa ciudadana y la prensa formal son más fuertes que el hecho inmoral acontecido.

Ha seguir mirando

Lo plausible y evidente siempre es visto en su real dimensión, en razón de ello, la fiscalización ciudadana es y será siempre el bastión para mostrar elementos de convicción que logren desenmascarar hechos evidentes de inmoralidad en la gestión pública, por tal razón, el ojo ciudadano siempre estará puesto en los puntos críticos donde la inmoralidad y el arrebato sistémico de los dineros del Estado impera y es defendido por sujetos indignos y cómplices de un hecho criminal.

Siempre que se escuche y se lea que los actos de corrupción son cada vez más abultados, quiere decir que la pobreza crece, los servicios básicos estatales son cada vez más precarios y que el robo de los dineros estatales van en un crecimiento exponencial imparable, convirtiendo a ciertos pobres en adinerados con poderes absolutos para seguir desmadrando al Tesoro Público a su libre discrecionalidad y enriqueciéndose de la manera más vil, siempre y cuando la ciudadanía de bien y los valerosos ciudadanos centinelas de la moralidad así lo permitan.       

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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.

 respuesta de Aurora el 2019-09-02.

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