El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, ha iniciado una investigación contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en perjuicio del Estado, representado por la Casa Comunal de la Juventud. La denuncia, presentada por una persona particular, invoca una serie de afirmaciones que no se ajustarían a la verdad, pues tanto el terreno, como la infraestructura y los bienes de la mencionada entidad son de carácter privado.
La fiscal Karim Ninaquispe Gil, a cargo del caso, ha fijado como plazo para las diligencias correspondientes 240 días, otorgando a la Policía Nacional del Perú 90 días para la realización de acciones como la toma de declaraciones y la recopilación de documentos tanto en la Municipalidad Provincial de Chiclayo como en la Casa Comunal de la Juventud.
Historia
Los orígenes de la Casa Comunal de la Juventud se remontan al proyecto concebido, tras una estadía en Alemania, por el educador lambayecano Guillermo Baca Aguinaga, quien en 1964, dada su condición de diputado, planteó al presidente de la República, Fernando Belaunde Terry, la implementación de casas para promover el liderazgo en los jóvenes a nivel nacional.
Dada la estrechez económica del país, no fue sino hasta 1967 que el Congreso de la República aprobó por insistencia el proyecto de ley sustentado por Baca Aguinaga, que para entonces había ajustado su idea y la convirtió en proyecto piloto para Lambayeque. Así se emitió la Ley n.° 16736, del 30 de noviembre de 1967.
La norma señaló en su artículo segundo que se declare de necesidad y utilidad la dotación de un local propio para la casa, en tanto en el artículo tercero se autorizó al Consejo Provincial de Chiclayo para destinar a la casa el inmueble que había pertenecido al Ferrocarril y Muelle de Eten. Además, en el artículo siguiente se autorizó la “expropiación de los inmuebles que se encuentren ubicados en la manzana comprendida entre la avenida Salaverry, la calle Leonardo Ortiz, la calle Manuel María Ízaga y la calle Larco Herrera (hoy avenida Grau), para destinarlos a la edificación de la Casa de la Juventud de Chiclayo”.
El terreno señalado es en el que hoy se erige el Centro Cívico de Chiclayo (Sunat, Banco de la Nación, Poder Judicial, Ministerio Público y Biblioteca Municipal), área a la que se le fue asignado un nuevo uso tras el golpe militar de 1968 y la llegada a la alcaldía de la ciudad de Gerardo Pastor Boggiano. La ley de 1967 fue derogada y los fondos asignados, que estaban en una cuenta intangible, revertidos al erario nacional.
En 1983 asume la alcaldía de Chiclayo Guillermo Baca Aguinaga, planteando ante el concejo municipal retomar el proyecto de la casa. Para ello, en 1985 el propio alcalde sustentó sobre la importancia de la obra, siendo aprobada por unanimidad por los 20 concejales: 12 apristas, 4 de accionpopulistas y 4 de izquierda.
El acuerdo fue la restitución del área a nombre de la casa, asignándole la manzana contigua al Centro Cívico, transferencia que se hizo a título gratuito. Nunca se aprobó una cesión en uso o un convenio a plazo determinado.
La propiedad
La inscripción en registros públicos del predio fue hecha directamente a nombre de la Casa Comunal de Juventud, otorgándole el carácter privado que desde el principio ha mantenido la entidad.
En 1987 se finiquita el saneamiento físico legal del predio y empiezan la construcción del primer ambiente, en función del proyecto que se gestionó ante la Cooperación de Desarrollo de Lambayeque – Cordelam, donde Baca Aguinaga fue presidente. La primera obra fue del salón comedor, que empezó a funcionar el 23 de septiembre de ese año.
Ese año, a iniciativa de Baca Aguinaga, se conformó el Consejo de la Casa Comunal de la Juventud, en la que, pese a ser una institución de carácter privado, se convocó para su conformación a 8 instituciones públicas y 6 privadas, resaltando entre ellas el municipio provincial de Chiclayo, la Cordelam, el Rotary Club, el Club de Leones y el Grupo Scout. Dicho consejo nombró a Guillermo Baca como presidente de la casa, inscribiéndose de manera oficial en registros públicos, cargo que ejerció desde ese año hasta el 2015, en que falleció.
El propio Baca Aguinaga hipotecó su vivienda, ubicada en la urbanización Magisterial, para financiar la construcción de la piscina de la casa comunal, una de las tantas acciones que se realizaron por autogestión, pues la institución no recibe subvención pública y cumple con el pago de impuestos, como cualquier otra entidad privada.
Defensa de la institución
“Quienes hemos visto cómo se gestó la casa y hemos acompañado al doctor Baca en todos sus esfuerzos para concretar su obra, no concebimos cómo es que ahora pueden aparecer personajes sin mérito conocido para decir que la casa le pertenece a la municipalidad o al gobierno regional. No les satisface haber ido a Sunarp y encontrar que en ningún documento existe inscripción a nombre del municipio, sino directamente de la casa comunal. En su afán de generar confusión y caos, como es su costumbre, no han tenido reparos en juntarse con personajes cuya catadura moral es bastante conocida en Lambayeque”, señala Guillermo Pérez Sialer, actual conductor de la institución.
Pérez Sialer informa que toda la documentación está en regla y que se dará cumplimiento al requerimiento realizado por el Ministerio Público.
“Nosotros no tenemos nada que esconder, pues pese a ser una entidad privada, la casa comunal no es una organización con fines de lucro, subsiste de sus propias actividades y del alquiler de sus ambientes construidos con recursos propios. Se equivocan quienes creen que pueden destruir la más importante obra de servicio a la comunidad que se ha edificado en Chiclayo, obra del maestro Guillermo Baca y que tenemos el valor moral de conservar y proteger”, afirma.
“La crítica a veces se da por desconocimiento o por mala fe. Hay quienes conocen, pero machacan para tratar de confundir. Nosotros hemos hecho los esfuerzos por explicar cuál es la situación legal de esta institución, pero con una actitud educativa, no de agravio ni confrontación. Es necesario que más personas sepan cuál es el aporte que desde aquí se hace a la comunidad y lo defiendan. Además, hay algo que señalan los estatutos y la población debe saber: la casa comunal nunca tendrá un dueño en particular. Los estatutos dicen que cuando ésta deje de funcionar bajo el espíritu por el que fue creada; es decir, el servicio, pasará a depender a una institución que tenga la finalidad de servicio y trabajar en bien de la comunidad”, asevera.
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