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YOLANDA GIL SE DEFIENDE: “ODECMA OCULTÓ INFORMACIÓN QUE DEMUESTRA MI INOCENCIA”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 937

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El 22 de abril de este año, la entonces juez Yolanda Gil Ludeña acudió a la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, para lograr su nombramiento como como administradora de justicia. En aquella oportunidad, la entrevista personal se centró en hurgar sobre lo conocido a fines del 2014: la existencia de audios sobre presuntos acuerdos económicos para favorecer al ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales. Del amplio cuestionario, salió airosa.

 

Días después, el 13 de mayo, Gil Ludeña, quien ha dedicado más de 30 años a la labor jurisdiccional, juramentó ante el consejo en pleno del CNM. Sus argumentos y descargos, habían sido suficientes para demostrar que nunca tuvo relaciones extraprocesales con la hoy recluida exautoridad.

 

Sin embargo, pese a este precedente positivo para la jueza, el 22 de octubre, con Resolución N° 2, la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, Ana María Aranda Rodríguez, emitió la Medida Cautelar N° 1323-1-2015 con la que resolvió imponer la medida disciplinaria de suspensión preventiva en todo cargo en el Poder Judicial contra Gil Ludeña, quien se venía desempeñando como titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria.

Lo sorprendente es que la resolución de la OCMA responde únicamente a lo señalado en el requerimiento que presentó el 3 de julio, tres meses antes, el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA Lambayeque, José Rodríguez Tanta, pese a que durante el tiempo transcurrido se generó – producto de la propia investigación – material probatorio que demostraría la inocencia de la juez en los hechos por los cuales se le ha separado de la judicatura.

 

¿ODECMA Lambayeque ocultó información en el procedimiento? Yolanda Gil afirma que sí.

 

LA HISTORIA

Un mes antes de la caída del gobierno de Roberto Torres Gonzales, sucedida el 30 de septiembre del 2014, el Ministerio Público logró la aplicación de interceptaciones telefónicas legales a los equipos móviles de este y sus más cercanos colaboradores. Resultado de ello se obtuvo grabaciones donde aparece como interlocutora la enfermera Aurelia Carmona Recuenco, quien se presenta como amiga de Gil Ludeña y se ofrece como mediadora para lograr un fallo favorable al alcalde.

 

Los audios, que se fechan entre el 15 y el 29 de septiembre del año pasado, hacen alusión al proceso por peculado, con Expediente N° 968-2013-89-1706, para el cual el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento. Meses antes, la juez Yolanda Gil también había admitido el sobreseimiento, a solicitud fiscal, en el Expediente N° 03576-2011-6.

 

Durante los diálogos entre Torres Gonzales y la enfermera, esta asegura que la magistrada solicitaba dinero a cambio de fallar a favor de la autoridad edil, en cifras que fluctúan entre los cinco mil y ocho mil soles. El término empleado para referirse al dinero es “globos” y “sueros”.

 

Este material, además de la declaración del colaborador eficaz N° 40-2014, fue remitido por el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, Sergio Zapato Orozco, tanto a la Fiscalía de Control Interno como a la ODECMA Lambayeque el 15 de junio de este año, a fin que se inicien las investigaciones contra Gil Ludeña.

 

El 17 de junio, la ODECMA emitió la Resolución N° 1, con la que dispuso iniciar proceso disciplinario contra la magistrada por presuntamente haber establecido relaciones extraprocesales con Torres Gonzales y haber vulnerado la motivación de sus resoluciones judiciales, es decir, de los fallos con los que aprobó el sobreseimiento de los dos expedientes que revisó su despacho.

 

Según la declaración del colaborador eficaz 40-2014, este tomó conocimiento de la supuesta entrega de dinero a Gil Ludeña para que emitiera los fallos a favor del exalcalde, pero además que en la Municipalidad de Chiclayo se había empleado a un sobrino de esta.

 

CRONOLOGÍA DE LOS SOBRESEIMIENTOS

El 31 de julio del 2014, Yolanda Gil resolvió declarar fundado el primer sobreseimiento a favor de Roberto Torres en un proceso seguido por peculado. Dicha resolución fue confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, el 3 de octubre de ese año.

 

El segundo sobreseimiento fue declarado fundado por Yolanda Gil el 5 de septiembre del año pasado, decisión que ya en diciembre del 2013 había adoptado sobre el mismo expediente (N° 0968-2013) la juez Cecilia Grandez Rojas, también a solicitud del Ministerio Público, pero que fue declarado nulo por la instancia superior. Al momento de la redistribución de expedientes, el caso llegó a manos de Gil Ludeña en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria.

 

Es respecto a este último caso que se han tejido las presuntas relaciones extraprocesales a las que hizo alusión la ODECMA y que luego replicó la OCMA para suspender a Gil Ludeña de la judicatura.

 

La resolución de este sobreseimiento fue ingresada por la magistrada al Sistema Electrónico del Poder Judicial el 19 de septiembre del 2014, dentro del plazo establecido por la norma. Sin embargo, según los audios interceptados a Roberto Torres y Aurelia Carmona, esta última “negocia” el favorecimiento al alcalde recién el 24 de septiembre y – según se oye también en los audios – se concreta la presunta entrega del dinero al día siguiente.

 

Este hecho resulta incongruente respecto a la imputación de la ODECMA, recogida por OCMA, puesto que bajo esa cronología la jueza supuestamente habría negociado fallar a favor de Torres seis días después de haber ingresado su resolución, cuyo contenido – además – era público desde que fue colgada en el sistema.

 

“Los audios a los que hace referencia la resolución de la OCMA y que, según su criterio, evidencian hechos graves y son fundados elementos de convicción, demuestran que la señora Aurelia Carmona Recuenco estaba negociando la referida resolución el 24 de septiembre del 2014, cuando la resolución ya había sido colgada el 19 de ese mes, casi una semana antes. Esto demuestra que mi participación en dichas comunicaciones nunca existió y que yo era ajena a cualquier negociado entre la señora Carmona y el señor Torres. Ella usó mi nombre”, asevera Yolanda Gil.

 

LO QUE NO SE HA DICHO

La suspendida magistrada dice estar convencida que la ODECMA Lambayeque ocultó información que resulta medular para esclarecer su caso y que esto permitió que la jefa de la OCMA emitiera la medida disciplinaria en su contra, alejándola del Poder Judicial.

 

En principio, Yolanda Gil reconoce haber mantenido amistad con Aurelia Carmona, relación que se remonta a 1998, cuando esta acompañó a la magistrada durante el traslado de su segunda hija – fallecida hace 16 años – a Lima, para ser ingresada al Hospital Edgardo Rebagliati.

 

“Fue la enfermera que designó el seguro para que nos acompañe y fue quien se encargó de realizar las gestiones de ingreso de mi hija al hospital, desde entonces le tuve mucha gratitud y nuestra relación amical fue de mucho respeto. También me ayudó cuando murió mi padre, y cuando he necesitado de atención de emergencia en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, producto de un mal en la rodilla que presento”, refiere Yolanda Gil.

 

Precisamente el año pasado la magistrada salió de licencia de salud por su afección en la extremidad inferior izquierda, y este hecho también sirve para clarificar lo relacionado a los audios entre el exalcalde y la enfermera, toda vez que esta – en una de las conversaciones (audio del 24 de septiembre) – señala que la juez había salido de vacaciones y “había dejado la resolución lista para colgarla”, cuando en realidad se encontraba con descanso médico y el fallo ya había sido publicado.

 

Yolanda Gil asegura no entender cómo es que la resolución de la OCMA únicamente recoge los argumentos presentados por el jefe de la ODECMA Lambayeque en su requerimiento de suspensión presentado el 3 de julio pasado, cuando entre esa fecha y el 22 de octubre (día en que emite su resolución la juez suprema Ana María Aranda), se generaron elementos probatorios de su inocencia.

 

Básicamente hace alusión a las declaraciones tomadas por el juez sustanciador del proceso, Pablo Díaz Piscoya, al colaborador eficaz 40-2014 en el Establecimiento Penitenciario de Picsi; a la enfermera Aurelia Carmona, a ella misma y a la especialista judicial que reconoció que el fallo del sobreseimiento fue notificado recién en octubre del 2014 a las partes “debido a la carga procesal”.

 

El colaborador eficaz le precisó al juez sustanciador que nunca presenció la entrega física de dinero y tampoco escuchó conversaciones entre la enfermera y la magistrada, y señaló que en su declaración inicial (que fue tomada por ODECMA como elemento de convicción), se limitó a manifestar que “Aurelia Carmona llegaba al despacho de alcaldía para ofrecer interceder ante la doctora Gil Ludeña, y que también se ciñó a señalar que el sobrino era de ella, no de la juez”.

 

Esto mismo refirió Carmona Recuenco en su declaración ante Díaz Piscoya, al precisar que el trabajo solicitado (que también se menciona en los audios), era para un sobrino suyo. En su declaración, la enfermera afirma además que nunca ha tratado temas judiciales o procesales con Gil Ludeña, pese a que amistad data de hace muchos años.

 

El diálogo con Expresión el jefe de la ODECMA Lambayeque, José Rodríguez Tanta, dijo desconocer si estos elementos fueron remitidos por el juez sustanciador a la OCMA para su consideración, y también si la Oficina de Control de la Magistratura solicitó mayor información sobre el caso de la juez.

 

INDIGNACIÓN

“Han tenido tres meses para enviar toda la información a la OCMA y sin embargo no lo han hecho. No sé qué motivaciones haya tenido el señor Rodríguez Tanta para hacer lo que ha hecho, ha dañado mi derecho al debido proceso y a la defensa, porque por su acción permitió que la OCMA emitiera una resolución con solo una parte de la investigación, limitándose únicamente a la trascripción de los audios. Ha vulnerado también mi derecho a la dignidad de magistrado, porque en mis más de 30 años de magistrada nunca he tenido ni un proceso disciplinario ni una sanción; ha vulnerado incluso mi derecho a la subsistencia, porque yo me dedico exclusivamente a ser juez, porque es mi vocación, no soy una juez de ocasión”, expresa con amargura Yolanda Gil.

 

La suspendida magistrada señala que le resulta preocupante que se le haya separado del cargo sin que exista consistencia en la investigación realizada por OCMA, pero además cuando en su despacho se ventilan actualmente procesos complejos como el del gobernador regional Humberto Acuña, el caso Cay Cay y el de usurpación de propiedad en perjuicio del Colegio de Ingenieros de Lambayeque.

 

“¿Cómo pueden en la ODECMA y en la OCMA asegurar que tuve relación extraprocesal con Roberto Torres para un caso de sobreseimiento, que además fue dado por segunda vez, si fui yo la juez que ejecutó la sentencia por peculado de uso que lo dejó fuera de la alcaldía; si yo me enfrenté a su defensa, remití los actuados al Jurado Nacional de Elecciones e incluso fui víctima de amenazas por haber tomado esa decisión? Incluso el juez Óscar Tenorio me ofició señalándome que si ejecutaba la sentencia me denunciaría. Así fue, me denunciaron y el caso quedó archivado. ¿Por qué si conozco a la señora Carmona Recuenco desde hace más de 16 años no negoció en mi nombre para no suspender a Roberto Torres y sí para un sobreseimiento? Es ilógico el razonamiento que se ha aplicado a este caso”, cuestiona.

 

+NOTICIAS

 

  • Yolanda Gil Ludeña fue separada del Poder Judicial en 1992 por la dictadura de Alberto Fujimori y fue la única juez reincorporada por decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, diez años después.

 

  • A través de su defensa legal, Gil Ludeña ha presentado el recurso de apelación correspondiente a la resolución de la OCMA.

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