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HABRÍAN AFECTADO AL ESTADO HASTA POR 57 MILLONES DE SOLES: CONTRALORÍA DESTITUIRÍA A VARIOS ACTUALE

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 974

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Entre ellos se encuentran Ángel López, José Quintana, Yuri Díaz y Arturo Boyer.

 

Mediante resolución N° 002-2016-CG/INSN, contenida en el expediente 551-2016-CG/INSN, el Órgano Instructor Norte de la Contraloría General de la República, abrió procedimiento administrativo sancionador contra varios funcionarios que laboran en el Centro de Gestión Tributaria – CGT de Chiclayo, al haber presuntamente afectado al ente recaudador, a la ciudad y al Estado hasta por la suma de 57 millones de soles.

 

Se dejó entrever que de acuerdo a la norma, tras culminado el proceso administrativo, los que resulten plenamente responsables serían denunciados ante el Ministerio Público, para que respondan por sus presuntos delitos, y sean procesados y sancionados en base al Código Penal vigente.

 

De acuerdo al Informe N° 947 -2015-CG/CRN-EE, del 30 de diciembre pasado, denominado “Recaudación de obligaciones tributarias y no tributarias”, emitido como resultado del examen especial practicado al ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH, hoy Centro de Gestión Tributaria - CGT, se desprende que varios funcionarios cercanos a la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales, y que ahora serían del entorno de la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel, y que vienen ocupando cargos de absoluta confianza, habrían afectado a los chiclayanos y el Estado, por millones y millones de soles.

 

UNO DE LOS INVESTIGADOS  

En  la nómina de los investigados se encuentra el actual jefe de División de Recaudación y Control de Deuda, Ángel Leonidas López Castro, quien en la gestión de Roberto Torres Gonzales se desempeñó como gerente de Operaciones (período 31 de octubre al 29 de noviembre del 2012), así como jefe de Cobranza, desde el 1 de enero del 2011 al 30 de octubre del 2012 - 20 de junio del 2013 al 2 de diciembre del 2014.

 

Al funcionario se le imputa que en su condición de Gerente de Operaciones y Jefe del Departamento de Cobranzas del ex SATCH habría incumplido las disposiciones que regulan expresamente su actuación funcional de “dirigir los procesos operativos de recaudación, fiscalización y cobranza coactiva de los ingresos tributarios y no tributarios, así como no planificar las labores de control y cobranza de la deuda por conceptos no tributarios que sean responsabilidad del SATCH.

 

Además, se le sindica de permitir que los montos cancelados por los contribuyentes de los años 2009 al 2014, por concepto de merced conductiva no se encuentran registrados o están registrados parcialmente en el Sistema de Tributación Municipal - STM, así como que las bajas de deudas por merced conductiva se hayan realizado sin el sustento técnico  respectivo, conllevando a que no se deposite la totalidad de lo recaudado en las cuentas de la entidad.

 

Los hechos – se señala en el informe - generaron grave perjuicio al Estado, al afectar el correcto funcionamiento de la administración pública, generando perjuicio económico al Estado por 113 mil 442 con 19 soles, y perjuicio potencial por 350 mil 913 con 31 soles.

 

De igual manera, se le atribuye, en su calidad de Gerente de Operaciones, incumplir de manera injustificada e intencional el ejercicio de las funciones a su cargo de supervisar la no prescripción de la deuda tributaria y no tributaria, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función y cargo, permitiendo que los contribuyentes soliciten dicho beneficio, generando que el ex SATCH deje de recaudar los tributos que corresponden al período 2012 al 2014.

 

Además, habría incumplido implementar acciones que garanticen la recaudación acorde con las metas establecidas por la institución, así como también incumplir presuntamente de manera intencional la emisión de valores y resoluciones de Ejecución Coactiva dentro de los plazos establecidos, cumpliendo los requisitos ordenados por Ley como: coordinar  y supervisar la labor de los departamentos que se encargan de realizar la gestión de cobranza en sus diferentes estados, priorizar la notificación de los documentos teniendo en cuenta los períodos de vencimiento, y lo relacionado con bancos, entidades financieras, así como realizar visitas a los administrados que presenten los mayores problemas de cobranza, entregándoles estados de cuenta, notificaciones, entre otros documentos amparados en el Derecho Tributario para hacer efectivo el cumplimiento de pago y recuperación de la deuda tributaria por parte de los administrados.

 

Su inacción y presunta intencionalidad habría permitido que se ocasione un grave perjuicio al Estado que ascendería 57 millones 507 mil 760.87  soles.

 

JOSÉ QUINTANA

Otro funcionario que ahora también goza de la confianza de David Cornejo Chinguel, es  José Ignacio Quintana Ruiz, actual jefe del área de Planeamiento y Presupuesto del ex SATCH, pero que en la gestión edil de Roberto Torres Gonzales se desempeñó en el área de Control de Deuda (22 de julio del 2010 al 20 de mayo del 2012), así como jefe del área de Principales Contribuyentes (PRICOS), y Medianos y Pequeños Contribuyentes (MePeCos) (14 mayo al 3 de agosto del 2012). Se le acusa de incumplir de manera injustificada e intencional el control de deuda susceptible de prescripción.

 

Además, de no coordinar con el área correspondiente la correcta notificación de los documentos que emitió el departamento de cobranza, especialmente en la etapa de cobranza coactiva, así como haber permitido que las deudas tributarias y no tributarias prescribieran durante su período de gestión, debido a la falta de control, ocasionando presumiblemente grave perjuicio a Chiclayo y al Estado por 43 millones 42 mil 187.67 soles.

 

A su vez, en calidad de jefe del área de Pricos y Mepecos, no habría realizado visitas a los administrados que presentan mayores problemas de cobranza, ocasionando otro grave daño a los chiclayanos y al Estado por la misma suma detallada líneas arriba.

 

Finalmente, en su calidad de jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del CGT, habría incumplido de manera injustificada e intencional proponer directivas internas, incumplimiento que generó perjuicio económico por 43 millones 42 mil 187. 67 soles.

 

YURI GALI DÍAZ CAJO

Actual jefe del Área Legal del ex SATCH, en la gestión de Roberto Torres Gonzales se desempeñó como jefe del Departamento de Cobranza, entre el 24 de enero y el 19 de junio del 2013. A él se le imputa, que en su condición de funcionario del área antes indicada, el incumplimiento de manera intencional en el ejercicio de sus funciones a su cargo, como planificar las labores de control y cobranza de deuda por conceptos no tributarios.

 

Además, que con su inacción habría permitido que los montos cancelados por un contribuyente durante su período de gestión por concepto de merced conductiva no se encuentren registrados o estén parcialmente registrados en el Sistema de Tributación Municipal  - STM.

 

El hecho habría generado grave perjuicio al Estado desde el punto de vista administrativo y económico por la suma de 154 mil soles, y perjuicio potencial por 279 mil 517 soles, cálculo realizado por la comisión auditora.

 

De igual manera, se le atribuye no emitir valores y resoluciones dentro de los plazos establecidos y cumpliendo los requisitos dispuestos por Ley, como coordinar y supervisar la labor de los departamentos que se encargan de realizar la gestión de cobranza en sus diferentes estados, así como priorizar la notificación de los documentos teniendo en cuenta sus periodos de vencimiento y lo relacionado con la municipalidad, bancos y entidades financieras.

 

También no habría realizado visitas a los administrados que presentan los mayores problemas de cobranza, entregándoles estados de cuenta, notificaciones y otros documentos de cobranza que permitan presionar y recuperan la deuda tributaria.

 

De igual manera, habría permitido que las deudas tributarias y no tributarias prescriban durante el período 2013, debido a la falta de emisión de valores y su notificación, la no supervisión de la gestión de la cobranza ordinaria, conllevando a que se pierda el derecho de exigir su pago.

 

Los hechos imputados por la Contraloría General de la República a Yuri Gali Díaz Cajo,  habrían originado un perjuicio económico a Chiclayo y al país por 25 millones 211 mil con 222.64 soles.

 

ARTURO BOYER RAMOS

Otro funcionario en el cual la Contraloría General de la República ha encontrado presunta responsabilidad es el actual jefe de la Sección de la Recaudación no Tributaria, Juan Arturo Boyer Ramos, a quien se le acusa de haber cometido grave infracción contra la institución recaudadora al incumplir de manera injustificada e intencional, efectuar el control de deuda susceptible de prescripción.

 

Además se le acusa de no coordinar con el área correspondiente la correcta notificación de los documentos que emite el departamento de cobranza, especialmente en la etapa de cobranza coactiva, así como haber permitido que las deudas tributarias y no tributarias prescribieran durante su período de gestión, debido a la falta de control, ocasionando grave perjuicio a Chiclayo y al Estado por hasta 27 millones de soles.

 

OTROS INVESTIGADOS

Entre los antes descritos también se encuentran Jorge Hugo Matallana Peralta, ex gerente de administración y actualmente colaborador eficaz en el caso “Los limpios de la corrupción; Mary Carmen Olaya y Janier Teodoro Muñoz Vásquez, funcionarios del área de Contabilidad; así como los servidores públicos Ricardo Lorenzo Sosa Calderón, Marcela del Carmen Zapata Meoño, Malena Lissette Álvarez Farfán, Edilberto Gonzales Núñez, Víctor Raúl Paredes Torres, Claudia Cecilia López Lozada, Marco Antonio Vallejos Monja, Sergio Pedro Vásquez Rodríguez, Martín Arnaldo Salomón Aguilar, entre otros. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República, en la parte del Reglamento de Infracción y Sanciones, a los investigados se les podría imponer la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, una sanción no menor de dos ni mayor de cinco años de suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, así como no menor de 180 ni mayor de 360 días, e inhabilitación en el cargo por un período de uno a dos años, por las irregularidades evidenciadas en sus cargos.

 

Además, de acuerdo al grado de responsabilidad podrían ser denunciados penalmente y recibir una condena de acuerdo al delito cometido.

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