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POR SU ESTADO DE ABANDONO: PROPONEN PATRONATO EN DEFENSA DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 945

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José Antonio Arbulú Arbaiza, asesor inmobiliario y defensor de la cultura, lleva desde julio del 2014 una lucha constante en salvaguarda del patrimonio cultural del departamento, presentando constantes denuncias a la fiscalía por atentados a distintas zonas arqueológicas que se encuentran en el total descuido de las autoridades.

 

“Existe despreocupación por parte del Estado en la conservación de nuestros monumentos, se prefiere el desarrollo urbano y hay un total abandono por el cuidado de nuestra cultura y conservación de nuestro pasado. Nuestra riqueza cultural es mi sentir y estoy en la búsqueda de más personas que coincidan con lo que estoy haciendo para así poder concretar algo”, manifiesta José Arbulú.

 

Arbulú Arbaiza ha acudido a las distintas instituciones del Estado a cargo de la conservación de la cultura. “He ido a muchas instituciones, desde el Ministerio de Cultura a la Unidad Ejecutora Naymlap, e incluso fui a la Superintendencia de Bienes del Estado, en Lima, pero existe falta de presupuesto y personal que permita dar soluciones”, afirma.

 

Actualmente, son 500 las zonas arqueológicas declaradas y empadronadas por la Dirección Desconcentrada de Cultura – DDC de Lambayeque y solo hay 14 proyectos en ejecución a favor de estos espacios, lo que equivale al 2 % del total declarado.

 

“Existen leyes que protegen nuestros patrimonio pero no se ponen en práctica o se desconocen. Tal es así, que existe una normativa que permite a cualquier persona natural comprar un inmueble contenido en una zona arqueológica, sin tener en cuenta que quien lo adquiere no le da el valor que merece y termina por deshacerse de él”, explica.

 

Asimismo, denuncia que solo se le presta debida atención a aquellas huacas que contienen objetos de oro y plata, dejando de lado aquellas que contienen petroglifos y geoglifos, despreciando el valor cultural que poseen.

 

HUACA AGUJEREADA

“Desde un inicio la huaca fue mutilada gracias al Gobierno Regional de Lambayeque con la construcción de la carretera Pimentel - San José, quedando el complejo dividido en dos, Huaca Agujereada A y B. Entonces, en lugar de realizar una pista en el contorno del complejo se optó por lo más simple: trazar una línea recta dividiendo la zona arqueológica”, indica Antonio Arbulú.

 

La primera denuncia realizada por Arbulú Arbaiza fue en julio del año pasado en defensa de la Huaca Agujereada de Pimentel, donde alertaba al Ministerio Público que usurpadores de terrenos estaban invadiendo parte de la zona arqueológica. Sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

 

“En ese entonces hice una denuncia verbal, luego escrita y de manera anónima para salvaguardar mi seguridad, pero resultó que nunca pasó nada. Luego hice la misma manifestación por los medios de comunicación y el resultado fue el mismo”, comenta.

 

Ya en enero del 2013 el arqueólogo Juan Martínez Fiestas había declarado que se encontraron a personas extrayendo, con maquinaria pesada, material de construcción en la zona B de la huaca. Asimismo, el arqueólogo Jorge Centurión Centurión, entonces titular de la DDC, declaró a los medios de comunicación que se elaboraría un informe técnico sobre los daños ocasionados y explicó que se haría una intervención para conocer el tipo de ocupación y datos históricos, lo cuales estarían a cargo de arqueólogos del Museo Brüning.

 

De igual modo, se aseguró que se realizarían las respectivas consultas legales para ejecutar la denuncia contra los responsables, quienes, según el código penal, debieron ser sancionados con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor a ocho. Pero, hasta la fecha se desconoce a los implicados y las medidas tomadas por las autoridades.

 

La Huaca Agujereada fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral N° 386. En esta zona existen restos de ceramios, vasijas, adobe, restos arqueológicos e hitos, así como demarcaciones recientes, trazos de carreteras y delimitaciones improvisadas, asegura Antonio Arbulú.

 

Aproximadamente, el 15 de setiembre del 2014 se niveló un área de 0.8445 hectáreas con maquinaria pesada y en el mes de octubre Arbulú Arbaiza realizó la denuncia ante el Ministerio Publico sin obtener resultados.

 

En la misma fecha la licenciada Amelia Luz Rojas informó al director de la Dirección Descentralizada de Cultura que en este monumento se hallaban hitos, estudiantes de topografía y un cerco de palos y alambres, cuyo interior había sido nivelado, tenía tuberías de agua con llaves de paso, plantas y trochas corrozables, todo esto ubicado dentro de la poligonal trazada por el Museo Brüning, por lo que se estaría hablando de una invasión en la zona.

 

De igual manera, el 11 de noviembre del 2014 mediante un informe, el abogado Washington Muro Neira, Jefe del Área de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Pimentel, comunicó al alcalde José Gonzales Ramírez que cuando se apersonó en la zona afectada, ubicada en el lado A de la huaca, había una hectárea cercada con una caseta al interior que pertenecía, según el vigilante, a Richard Julca Rojas, a quien se le notificó, pero que finalmente se resolvió disponer la primera de dominio a su favor.

 

Sin embargo, el 12 de diciembre del mismo año, la Oficina de Catastro de la municipalidad de Pimentel informó que el predio no se encontraba registrado a nombre de ninguna persona natural. El 18 del mismo mes, la  División de Estudios y Ejecución de Obras Públicas y Privadas de Pimentel aseguró que no existía trámite para edificación en esta área.

 

Actualmente, partes de la zona arqueológica se encuentran delimitadas como propiedad privada de Herald Zoeger Silva, las sociedades conyugales de Walter Pedro Gutiérrez Gonzales y esposa, y de Jorge Eugenio Castañeda Maldonado y esposa. Un área superpuesta de 916 metros cuadrados de la huaca también se encuentra delimitada como parte de la propiedad de Jorge Virgilio Zoeger Baca, todo ello en el lado A de la huaca.

 

Hacia el lado B se encuentra los 15 mil 516 metros cuadrados que fueron afectados por maquinaria pesada y partes del terreno delimitados como propiedad de Manuel Denester López Grández y Virgilio Zoeger Baca.

 

OTROS MONUMENTOS AFECTADOS

En julio del 2014 el área de Huaca Blanca, ubicada a 800 metros del litoral y a dos kilómetros del distrito de San José, también fue afectada por invasores y constructoras. Fue la Unidad Ejecutora Naylamp de Lambayeque quien descubrió los daños mientras realizaba trabajos de saneamiento físico - legal en 26 complejos.

 

Los daños ocasionados en la zona fueron calificados de irremediables por el arqueólogo Juan Martínez del Museo Brüning, quien además declaró que en el terreno se encontraban decenas de vasijas, platos, cantaros, osamentas y restos de cobre que quedaron a la intemperie.

 

De igual modo, la zona arqueológica de Picsi, como es la Huaca Alcán, casi fue destruida durante la gestión del exalcalde Alfredo Díaz Barturén, comenta Antonio Arbulú, pues habría sido él quien dio la aprobación para la ampliación del penal que se encuentra cerca a esta área.

“Fue gracias a los vecinos que se opusieron, porque no quieren el penal en su distrito, que esta zona se salvó de ser destruida”, finaliza.

 

LA PROPUESTA

Al ver que todas las denuncias y quejas dadas ante las autoridades por él y otras personas caen en saco roto, José Antonio Arbulú se ha unido a otros diez ciudadanos para  formar un patronato que actúe en defensa de las zonas arqueológicas.

 

“Hay que ir a la población y decirle de alguna manera que todo eso es nuestro, no todo es negociación de compra y venta, pues si se le pusiera el interés y cuidado podrían hacerse acondicionamientos que fomentarían el turismo en estos monumentos y el cuidado de los mismos”, indica.

 

La idea de José Arbulú es conseguir un abogado que los ayude a fiscalizar y hacer cumplir las leyes de protección del patrimonio cultural. “Es una lucha, porque todos también debemos trabajar y no podemos vivir de esto, el mismo gobierno municipal de Chiclayo nos ofreció su ayuda, pero solo ha quedado en palabras. El tema es difícil, pero no imposible”, asegura.

 

La asociación que desean formar debe estar consentida por las diferentes instituciones del Estado y esperan contar con el presupuesto adecuado más adelante. Por el momento sus funciones estarán en la concientización de la gente acerca de la cultura y más adelante poder apoyar a las distintas entidades en desarrollar y proponer proyectos de protección de las zonas arqueológicas del departamento. 

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