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PRESIDENTA DE LA CORTE DE LAMBAYEQUE: “NO ESTÁ EN NUESTRA NATURALEZA SER UN ORGANISMO POPULAR”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 962

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A propósito del aniversario institucional, la presidenta de la Corte de Justicia de Lambayeque, Ana Salés del Castillo, señala que las decisiones de los jueces solo se pueden respaldar en la transparencia y la correcta aplicación del Derecho.

 

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque cumple 96 años desde su instalación, celebración que – en palabras de su presidenta, Ana Salés del Castillo – amerita una profunda reflexión sobre la labor jurisdiccional, en aras de actuar con diligencia y honestidad para alcanzar la confianza de la ciudadanía.

 

A nivel nacional es una de las que mayor carga procesal presenta, y para cuando Salés del Castillo asumió la conducción de la Corte, en diciembre del 2014, entendió – refiere – que en igual proporción debía ser la atención del nivel central del Poder Judicial a las necesidades de la administración de justicia en Lambayeque.

 

“Eso es lo que he venido buscando durante este tiempo de mi gestión, que Lima nos vea como lo que somos, una Corte importante, de la que han salido magistrados de alta valía que han dejado en alto el nombre de nuestra Corte”, sostiene la jueza superior.

 

El año pasado se concretó la creación y conversión de cuatro órganos jurisdiccionales a nivel penal y en materia Laboral se fortaleció la sala de descarga que permitió concluir en un  90 % los casos que se mantenían en proceso bajo la antigua ley procesal laboral. “Somos también una de las cortes con mayor producción en el ámbito contencioso administrativo y a nivel de carga estamos dentro de los estándares que exige el Poder Judicial. Las salas laborales de derecho privado están también atendiendo ahora de manera inmediata los casos que se presentan, estamos bien e incluso eso ha motivado que la Sala Liquidadora Transitoria que teníamos sea llevada a Lima, debido a que la carga que hay allá es diez veces mayor a la que tenemos en Lambayeque”, menciona.

 

Actualmente un juez de la Corte de Lambayeque, en materia penal, maneja un aproximado de 500 procesos, cifra que es elevada pero que se compensa con los estándares de producción, toda vez que los magistrados han superado ampliamente los indicadores señalados por Eti Penal, recibiendo el reconocimiento por sus avances en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

 

También se trabaja con dos juzgados liquidadores encargados de resolver los casos que se mantienen bajo efectos de la Ley de Procedimientos Penales. Al haber culminado con los casos locales, los jueces de estos despachos trabajan en la resolución de expedientes procedes de Jaén, provincia que forma parte de Corte de Lambayeque.

 

LEY DE FLAGRANCIA

A esto se suma la rapidez con la que permite actuar la aplicación de la Ley de Flagrancia, aunque existen serias limitaciones, sobre todo de índole presupuestal, para su ejecución.

 

Salés del Castillo comenta que la norma se ha puesto en marcha sin que se asignen mayores recursos al Poder Judicial, que está a la espera de la aprobación de 394 millones de soles, de parte del Estado, para la correcta implementación de la Ley de Flagrancia.

 

“Hemos implementado la ley de acuerdo a los recursos que actualmente tenemos y los jueces han venido afrontando la carga conforme se ha presentado. Los casos de flagrancia han sido resueltos dentro del plazo de las 24 o 48 horas, lo que implica un sobreesfuerzo de parte de los magistrados, pero hay la voluntad de hacerlo”, precisa.

 

La Corte de Lambayeque espera la creación de 10 órganos jurisdiccionales para que trabajen exclusivamente en los casos de flagrancia, ocho de los cuales deberán funcionar en Chiclayo, así como incrementar el personal que trabaja en las diferentes sedes.

 

En el propósito de atender la implementación de la ley, cuatro de los siete juzgados de investigación preparatoria se han convertido en juzgados de flagrancia, teniendo también a cargo la revisión de sus casos anteriores hasta llegar a la exclusividad. La resolución de la carga en estos juzgados es, en promedio, de 300 expedientes, entre enero y abril de este año.

 

“Los juzgados de flagrancia sí son importantes para la comunidad, porque quién no quiere que su caso se resuelva de manera rápida”, indica la presidenta de la Corte, quien añade que, tal como sucedió cuando se puso en marcha el Nuevo Código Procesal Penal, en abril del 2009, la entrada en vigencia de la nueva norma ha significado afinar coordinaciones con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensoría Pública.

 

“Nosotros presidimos la Comisión Distrital del Código Procesal Penal y siempre se han tenido reuniones de coordinación con estos entes y para dar viabilidad a la implementación de la Ley de Flagrancia hemos sostenido sesiones con estas instituciones para determinar dónde está la problemática y qué medidas se pueden tomar. El año pasado, por ejemplo, se resolvió la demora de los dosajes etílicos. Sin embargo, hay limitaciones en cada entidad, porque así como a nosotros no nos han dado presupuesto, a las demás instituciones tampoco”, destaca la magistrada.

 

CRIMEN ORGANIZADO

En los últimos cinco años Lambayeque ha sido núcleo de operaciones de diversas organizaciones delictivas, la de José Luis Torres Saavedra, alías El Burro, en el 2010; la Gran Familia en el 2012; El Nuevo Clan del Norte en el 2013; Los Limpios de la Corrupción en el 2014 y Los Intelectuales de Lambayeque en el 2015.

 

La revisión de estos casos – indica la magistrada – ha motivado en los jueces de Lambayeque una mayor responsabilidad y, sobre todo, diligencia para actuar sin dejarse influenciar por la presión mediática.

 

“Nosotros estamos tratando de apoyarlos según los requerimientos adicionales. Por ejemplo, en el caso Limpios de la Corrupción la magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria pidió un secretario ad hoc, para que tenga dedicación exclusiva al caso, y se le ha concedido. En el caso de los catedráticos, la carga no es muy elevada, pero estamos dándoles a los jueces todas las facilidades que necesitan. Lo importante es garantizar que ellos puedan emitir sus resoluciones con total independencia y autonomía, esa es la línea de trabajo con la que estamos desarrollando esta gestión. Nosotros resolvemos los casos con absoluta imparcialidad, independencia y autonomía. Cada decisión que se ha tomado ha sido confirmada por la sala superior e incluso por la Corte Suprema”, afirma Ana Salés.

 

Anota que se está desarrollando el estudio correspondiente para determinar si es posible la creación de un juzgado ad hoc que se encargue del caso Limpios de la Corrupción, cuyo expediente es complejo. Esto dependerá del análisis que se trabaja y de la decisión que tome el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

 

AZUCARERAS

Esta posibilidad, para el caso de las empresas azucareras, cuyos expedientes hoy se mantienen dispersos en diferentes juzgados civiles, está descartada.

 

Salés del Castillo señala que el inconveniente respecto a ello es que los casos de las agroindustriales se encuentran en ejecución de sentencia y la norma impide crear juzgados ad hoc cuando los procesos se encuentran en esta etapa, que es la fase final.

 

“Fue una iniciativa que se planteó en Sala Plena y no fue aprobada. No se puede ejecutar un juzgado para ejecución, el Consejo Ejecutivo crea juzgados para descarga o trámite. Es poco viable darle una solución de este tipo”, precisa.

 

La presidenta de la Corte anota que las decisiones judiciales, sobre todo en el tema azucarero, siempre van a generar controversias por el impacto social que tienen. En consecuencia ningún juzgado y ningún magistrado está exento del cuestionamiento público.

 

“En la medida que cada juez garantice la independencia, la imparcialidad y la autonomía en cada una de sus decisiones, sea ad hoc o no, va a emitir la resolución más justa, que corresponda. Todos los jueces estamos en la suficiente capacidad para afrontar los procesos en el momento que corresponda”, añade.

 

Sin embargo, Salés del Castillo reconoce que la incursión del Poder Judicial en los problemas azucareros ha generado impactos negativos sobre la imagen de la institución, a la que define como impopular.

 

“El ideal es que el Poder Judicial no se meta, que todo tema de empresa privada sea resuelto por los actores en su propio escenario, nosotros debemos ser el último eslabón al que deben acudir, eso si es que se quiere lograr paz social. Desgraciadamente los actores no encuentran la solución a sus conflictos y acuden a nosotros. Nos tocan la puerta y tenemos que resolver y cuando resolvemos siempre hay una parte que no está de acuerdo con las decisiones. El problema es que el Poder Judicial no es un organismo popular y no podemos decir que queremos la más alta aceptación porque no lo vamos a lograr, lo que podemos hacer es justificar nuestras decisiones con transparencia. No está en nuestra naturaleza ser un organismo popular”, precisa.

 

SEGURIDAD CIUDADANA

Menciona que su despacho coordina permanentemente con la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, como también con las instituciones involucradas en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

 

Ana Salés refiere que en este aspecto aún hay mucho por mejorar, sobre todo si se analiza la condición del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, cuya capacidad de alojamiento para los internos ha sido superada en 200 %, lo que impide el desarrollo correcto del proceso de resocialización y genera el desarrollo de nuevas tácticas delictivas.

 

“En materia de seguridad ciudadana se están haciendo varios esfuerzos a través del CORESEC y de los municipios, por ejemplo la comuna de La Victoria está implementando varias medidas y en Chiclayo se están haciendo intentos. Tratamos de aportar con algunas alternativas de solución al problemas”, resalta.

 

A ello se suma el trabajo articulado que la Corte desarrolla con el Ministerio Público para reducir la frustración de audiencias por inasistencias injustificadas y otros motivos que perjudican el desarrollo procesal.

 

+ NOTICIAS

  • Desde el 2014 la Corte de Justicia de Lambayeque se convirtió en unidad ejecutora de su presupuesto. Actualmente recibe 53 millones al año, de los cuales ha gastado, hasta el momento, el 32 %.
  •  Entre enero y abril de este año ingresaron dos mil 792 nuevos casos a la Corte de Lambayeque.
  • En el primer cuatrimestre del 2016, el Poder Judicial ha resuelto tres mil 364 expedientes penales en Lambayeque. 

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