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CARMEN MIRANDA SOBRE EL TRABAJO FISCAL: "UNA COSA ES SABER EL CÓDIGO Y OTRA PARTICIPAR EN DILIGENCIAS"

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1025

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  • Equipos del Ministerio Público no se renuevan desde que se implementó la nueva herramienta procesal penal en Lambayeque.

 

Desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el distrito judicial de Lambayeque, en abril del 2009, el trabajo del Ministerio Público cambió. Los fiscales pasaron a tener la carga probatoria de un proceso y los jueces, que antes realizaban las investigaciones, se convirtieron en la parte arbitral. En consecuencia, esto ha significado un mayor esfuerzo en los defensores de la legalidad, quienes no solo están llamados a mostrar mayor capacidad y eficiencia, sino también a lidiar con las carencias de su institución, cuyo equipamiento, próximo a cumplir una década, no se renueva desde que fue adquirido.

 

La dos veces presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre, quien llegó a esta jurisdicción en 1991, comenta que con el Código de Procedimientos Penales el Ministerio Público tenía menor responsabilidad porque los delitos se investigaban a nivel policial y judicial. El fiscal – refiere – acudía a las diligencias para garantizar que los derechos de la persona no sean vulnerados y esta brinde su declaración de manera segura.

 

“No teníamos esa novedosa labor de dirigir la investigación. Aun cuando en la Constitución Política se señala que somos directores de la investigación, en realidad el Código de Procedimientos Penales no había diseñado el tipo de labor para el fiscal, entonces recibíamos el atestado policial y el fiscal evaluaba y si veía que habían indicios de un delito formulaba una denuncia ante el juez penal de turno y este era el que iniciaba la investigación que se denominaba instrucción, habían procesos sumarios y ordinarios, y el mismo juez que investigaba era el que condenaba o absolvía. Antes había un dictamen que luego se convirtió en un informe. En conclusión, con el código anterior el fiscal tenía una labor de responsabilidad pero mucho más sencilla que la que cumple a partir de abril del 2009 en Lambayeque”, explica.

 

EL RECURSO HUMANO

Miranda Vidaurre comenta que en el 2004 el Ministerio Público empezó a capacitar a sus fiscales y al personal administrativo sobre las implicancias de la nueva herramienta procesal, que entró en vigencia por primera vez en Huaura, en el 2006. Sin embargo, hasta el 2009, cuando se implementó en Lambayeque, muchos de los profesionales preparados ya habían salido de la institución, generando brechas en las competencias requeridas. A esto se suma que el cambio del código significó el ingreso de nuevo personal, que no provenía precisamente del sistema de justicia.

 

“Cuando el nuevo modelo empieza a regir en abril del 2009 nos encuentra con esos fiscales que ya estaban en carrera, que habían sido nombrados como fiscales titulares y otros que eran provisionales, pero de un día a otro pasamos de tener 11 fiscales provinciales en Chiclayo a equipos corporativos de 18 fiscales en cada uno. Fue un crecimiento totalmente exponencial y no siempre las personas que fueron designadas como fiscales para el Nuevo Código habían sido del Ministerio Público. Generalmente se completaron las designaciones con abogados libres, de otras instituciones o secretarios del Poder Judicial; es decir, vinieron de diferentes lugares e instituciones. Entonces, no podríamos decir que todos estaban capacitados, estaba capacitada la mínima parte, que eran los fiscales que ya venían trabajando con el modelo antiguo y que se quedaron mayormente en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo”, explica la magistrada.

 

Una característica del nuevo modelo procesal es que es dinámico, pero además que este se desarrolla en un Ministerio Público conde la salida de fiscales y del personal administrativo, que tiene gran responsabilidad en el manejo de las carpetas de investigación, es alta.

 

Por ejemplo, los fiscales que han estado como provisionales en Lambayeque, al no alcanzar la titularidad, han ido a prestar servicios como provisionales a otros distritos fiscales. Por otro lado, el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, ha nombrado a abogados que recién entran a la institución, a quienes si bien se les brinda capacitación teórica, aún tienen debilidades en el trabajo práctico. El proceso de adaptación y aprendizaje es largo.

 

“Esto también se podría tomar como una oportunidad, porque quienes son nombrados han pasado un examen bastante riguroso y, en consecuencia, se entiende que son gente capacitada, profesionales de primer nivel, lo que hay que analizar es el proceso entre el ingreso y la adaptación”, asevera.

 

RETOS FISCALES

Pero los fiscales también enfrentan otras complejidades como la aparición de nuevos tipos penales, la criminalidad organizada y los decretos legislativos que se han dado para ir haciendo mucho más severos los procesos y ampliar las posibilidades de profundizar las investigaciones. Uno de estos últimos es el Decreto Legislativo N° 1307, que permite adecuar casos a la tipicidad de crimen organizado y prolongar los mandatos de prisión preventiva.

 

La fiscal superior refiere que los cambios se empiezan a dar porque la Constitución ha ampliado el plazo de investigación y el plazo de detención para la flagrancia a 48 horas y, además, porque el mismo Código Procesal Penal ha ido evolucionando desde su aprobación hasta el momento, asumiéndose las diversas interpretaciones jurídicas dadas por los jueces y validadas por los plenos del Poder Judicial o las casaciones de la Corte Suprema de la República.

 

En su opinión, las modificaciones legislativas obligan a que el fiscal esté en permanentemente en capacitación.

 

LA ESPECIALIZACIÓN

Otro cambio sustancial en el trabajo del Ministerio Público es que con el Nuevo Código Procesal Penal se han abierto espacios para la especialización de los fiscales, ya sea en delitos de crimen organizado o corrupción de funcionarios, lavado de activos o tráfico de drogas.

 

Esta especialización – asegura – ha hecho posible que en los últimos años se den golpes directos a la criminalidad organizada en Lambayeque, identificándose y capturando a los presuntos integrantes de organizaciones que han generado climas de inseguridad o se han aprovechado de los recursos del Estado.

 

“Hasta la fecha se han capturado a un promedio siete organizaciones delictivas en el Distrito Fiscal de Lambayeque, incluyendo a las provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo, que corresponden a esta sede. Los fiscales no solo deben enfrentar el peligro, sino también la falta de presupuesto, la falta de personal administrativo e incluso que se quieran recortar las plazas por un mal trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas”, expone.

 

También faltan recursos para los peritajes, vehículos para los notificadores y, lo que es más urgente, mobiliario y equipamiento tecnológico.

 

“Las máquinas computadoras, las impresoras y fotocopiadoras, todo se va malogrando. Tenemos ocho años desde que se implementó el Nuevo Código Procesal Penal y no se ha renovado nada; es más, tenemos sedes donde los fiscales trabajan en condiciones terribles, no son cómodas las instalaciones porque además no hay edificios en Chiclayo adecuados o no nos quieren alquilar. La gente no quiere contratar con el Estado y eso es algo conocido”, afirma Miranda Vidaurre.

 

CAPACIDAD

La ex fiscal decana es severa en su reflexión sobre lo que falta fortalecer en el trabajo de los representantes del Ministerio Público. Señala a la preparación y al trabajo diligente como dos aspectos fundamentales que los fiscales deben tener en cuenta para cumplir con la labor que la sociedad les confía.

 

“Una cosa es leer el libro y saber el código y otra cosa ya es la realidad, ir a un operativo, participar en diligencias, en intervenciones que uno mismo las pide, intervenciones del secreto de las comunicaciones, en el análisis de cuando ya se levantan, el secreto bancario, etc. Entonces no basta con los permisos que se obtienen para levantar las comunicaciones, esto se tiene que saber utilizar, saber si ha servido y cómo se usará como medio probatorio, lógicamente poniendo de conocimiento a la parte interesada, porque este nuevo modelo procesal se caracteriza justamente por eso, se caracteriza porque la parte imputada tiene que ser siempre notificada de las actividades que hace el fiscal. Ya nada es secreto, como antes, esa es una gran diferencia”, remarca.

 

RESULTADOS

Desde abril del 2009, cuando entró en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en Lambayeque, se han generado 270 mil 95 casos, de los cuales, hasta el 31 de julio de esta año, se ha resuelto el 84.12 %.

 

Hay en trámite 42 mil 879 denuncias, diez mil de ellas frenadas por la no concurrencia de los imputados o de sus abogados. Asimismo, en los ocho años de aplicación de la herramienta procesal se han logrado 19 mil 812 principios de oportunidad y acuerdos reparatorios, y cerca de 56 sentencias a cadena perpetua.

 

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