La Corte Suprema de la República declaró fundado el pedido de transferencia de competencia presentado por la defensa del empresario Edwin Oviedo Picchotito, procesado por el caso “Wachiturros”.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada - FECOR, señala a Edwin Oviedo como autor mediato de la muerte de la Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte, en las disputas por el control de la Empresa Agroindustrial Tumán.
Por ambos asesinatos, la fiscalía pide 26 años de cárcel (por cada víctima) contra Oviedo, así como el pago de una reparación civil de dos y un millón de soles, respectivamente.
EL RECURSO
Frente a ello, sus abogados solicitaron al Poder Judicial acoger el recurso de transferencia de competencia, a fin que el juzgamiento de Edwin Oviedo se realice en otra sede judicial y no en Lambayeque, pues argumentó la existencia de una serie de factores que afectarían el debido proceso.
El 23 de octubre, los magistrados supremos César San Martín Castro, Aldo Martín Figueroa Navarro, Hugo Príncipe Trujillo, Iván Sequeiros Vargas y Erasmo Coaguila Chávez, ordenaron que Edwin Oviedo no sea juzgado en Lambayeque, sino en otra sede judicial, quedando aún pendiente de definir si el juicio oral se iniciará en un órgano jurisdiccional de La Libertad o de Lima.
ARGUMENTOS
El requerimiento fue presentado en marzo en aplicación del inciso 1 del Artículo 40° Código Procesal Penal, por el cual se solicita la transferencia de competencia del proceso penal contra el empresario azucarero de la Corte de Justicia de Lambayeque a su par de La Libertad o, alternativamente, a la Corte Superior Nacional Especializada en Criminalidad Organizada con sede en Lima.
Según la defensa, existen “circunstancias insalvables que perturban gravemente el normal desarrollo del proceso seguido” contra Oviedo Picchotito, las mismas que afectarían en la etapa de juzgamiento sus derechos fundamentales de presunción de inocencia, defensa, debido proceso e imparcialidad judicial.
Conforme se explica en la solicitud, el Artículo 39 del Código Procesal Penal establece que la transferencia de competencia se dispone cuando circunstancias insalvables impidan o perturben gravemente el normal desarrollo de la investigación o del juzgamiento, o cuando sea real o inminente el peligro incontrolable contra la seguridad del procesado o su salud, o cuando sea afectado gravemente el orden público.
Al respecto, la Corte Suprema ha considerado una diversidad de criterios o cuestiones para declarar procedente o fundada la transferencia de competencia.
La defensa de Edwin Oviedo argumentó como causales cuatro circunstancias que, a su criterio, afectan el normal procesamiento del empresario: juicio mediático respecto al caso y sobre la persona del acusado; injerencias y declaraciones informales de las autoridades sobre la persona del acusado; manifestaciones colectivas y presión social sobre el Poder Judicial en contra de Oviedo Picchotito y violencia ejercida contra este y su abogado César Nakazaki Servigón.
“El juicio mediático, las declaraciones informales de las autoridades, la persecución social del caso, la presión social de los tumaneños sobre el Poder Judicial y la violencia contra la defensa, constituyen circunstancias insalvables que vienen afectando y afectarán el normal desarrollo del juzgamiento y en especial los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, debido proceso y a la imparcialidad judicial”, se lee en el recurso que presentó la defensa.
IDONEIDAD
La defensa sostiene que con la transferencia de la competencia a una nueva sede judicial se busca que se siga poniendo en riesgo la presunción de inocencia de Oviedo Picchotito, se garantice el derecho de defensa, el debido proceso y la imparcialidad judicial, “condiciones básicas o mínimas para estimar un juicio justo y equitativo”.
“Dichas circunstancias, como se ha demostrado, obedecen a circunstancias de conflictividad social, presión mediática, presión social, injerencia de autoridades y hasta actos de violencia contra los sujetos procesales”, señala el recurso.
“La doctrina nacional ha señalado que la transferencia procede cuando el proceso puede generar manifestaciones colectivas o de los medios de comunicación social de tal entidad que pongan en peligro la imparcialidad judicial; cuando el ambiente social o cultural, en general, de la localidad del juicio ponga en peligro el ejercicio de defensa; o cuando hay intereses de diversa índole que puedan afectar la seguridad de las partes y de los órganos de prueba y el correcto discernimiento de la causa”, se añade.
En su escrito, la defensa técnica del empresario refirió que “para el juicio mediático y las turbas que realizan manifestaciones colectivas violentas, Edwin Oviedo debe ser condenado sí o sí”.
“El resultado para ellos solo puede ser uno: Edwin Oviedo condenado a 26 años de pena privativa de la libertad. De esa forma derrotan al adversario empresarial y se hacen del control total de la empresa azucarera, de ahí que la necesidad del cambio de radicación (sede judicial)”, se especificó.
El Ministerio de Educación - MINEDU, aprobó el Plan de Emergencia presentado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - UNPRG, para cumplir las Condiciones Básicas de Calidad y optar por el licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - SUNEDU.
De este modo, con la Resolución â„– 431-2020, emitida el 23 de octubre, el Ministerio de Educación da luz verde a la implementación del plan, el mismo que será supervisado por el MINEDU y la Comisión Técnica designada para el acompañamiento de la UNPRG.
El cronograma señala que el plan debe ser ejecutado en siete meses, lo que convertiría a la UNPRG en la primera universidad pública en aplicar el Modelo Educativo por Competencias.
IMPORTANCIA
El Decreto Supremo N° 016-2019-MINEDU, “Decreto Supremo para la aprobación e implementación de un Plan de Emergencia para el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad – CBC, por parte de las universidades públicas con licencia institucional denegada”, tiene como finalidad que estas ejecuten un plan orientado a alcanzar las CBC durante al plazo máximo de cese establecido, a fin que antes del cese definitivo (dos años según la norma, tres años debido a la emergencia sanitaria), soliciten la licencia institucional ante la SUNEDU en un nuevo procedimiento.
Como define el decreto supremo en su artículo 4, numeral 4.4, en Plan de Emergencia es un instrumento técnico elaborado por la Comisión Técnica conformada por profesionales de la universidad y del MINEDU.
Dicho documento contiene el detalle de las acciones concretas que la universidad púbica debe desarrollar para el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad que le permitan solicitar la licencia institucional en un nuevo procedimiento de acuerdo a la normativa vigente.
PASOS
El Plan de Emergencia es aprobado por resolución del Ministerio de Educación en su calidad de promotor de la educación superior universitaria pública y ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Este comprende un cronograma de trabajo, así como las obligaciones a cargo de la universidad.
A la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, se le negó el licenciamiento institucional con la Resolución del Consejo Directivo N° 038-2020-SUNEDU/CD, para ofrecer el servicio educativo, en atención al Informe Técnico de Licenciamiento N° 015-2020-SUNEDU-02, del 14 de febrero de este año.
En virtud de ello, con la Resolución Ministerial N° 343-2020-MINEDU, se conformó la Comisión Técnica encargada de la elaboración del Plan de Emergencia orientado a alcanzar las CBC, así como del seguimiento, supervisión, emisión de propuestas e informes en el marco de sus funciones.
Tanto la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, como la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del MINEDU, dieron visto bueno a la aprobación del Plan de Emergencia de la UNPRG.
ACCIONES A REALIZAR
De acuerdo al Informe Técnico de Licenciamiento N° 015-2020-SUNEDU-02-12, los indicadores observados están asociados principalmente a los siguientes aspectos: problemas de gestión, pues la universidad no evidencia el cumplimiento de su normativa, procedimientos adecuados ni el cumplimiento de todas las funciones establecidos en sus instrumentos de gestión y problemas en la infraestructura y falta de equipamiento y mobiliario.
A partir del diagnóstico del estado situacional de la universidad y de lo que debe cumplir para presentarse a un nuevo procedimiento de licenciamiento, considerando la finalidad de cada CBC, por lo que se ha programado actividades hasta mayo del 2021.
Entre estas se considera modificar el estatuto de la UNPRG, al 16 de noviembre de este año; ajustar el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, al 30 de noviembre y ajustar el Modelo Educativo y Política de Responsabilidad Social Universitaria, al 15 de enero del 2021.
También, modificar los documentos normativos sobre aspectos académicos, al 15 de febrero; modificar los documentos normativos sobre investigación (26 de febrero), recopilar los medios de verificación de la implementación de la normativa y planes (17 de mayo), y ejecutar las inversiones programadas como parte del Plan de Emergencia, al 27 de mayo.
La Gerencia Regional de Salud - GERESA Lambayeque, contrató servicios no personales, entre ellos los de una persona impedida de contratar con la entidad, incumpliendo los procedimientos establecidos en la normativa vigente, afectando la correcta administración pública, la competencia y limitando la elección de la mejor propuesta en beneficio de la institución. También se detectó irregularidades en la compra de ambulancias.
Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado por el Órgano de Control Institucional - OCI, del Gobierno Regional de Lambayeque a la Gerencia Regional de Salud - GERESA, se advierte que funcionarios y servidores Oficina Ejecutiva de Administración, la Oficina de Logística y el área de Adquisiciones participaron de la contratación de servicios no personales de tres proveedoras, elaborando Términos de Referencia que limitaron la participación de postores.
De este modo, beneficiaron con contrataciones a la cuñada de la ex gerente regional de Salud, María Esther Collantes, identificada como Susan Katherine Gonzales Sialer, así como a la prima de esta, Elizabeth Rosana Sialer Campos, sin cumplir el procedimiento establecido en la Directiva Nº 007-2017-GR.LAMB, toda vez que el trámite se realizó con posterioridad a la prestación de los servicios.
Tampoco se realizaron las invitaciones a cotizar, ni se obtuvo la cantidad mínima de cotizaciones que cumplan con los Términos de Referencia – TDR, requeridas en la normativa regional, motivo por el cual tampoco elaboraron el cuadro comparativo.
DIRECCIONAMIENTO
"Ello permitió la contratación de una proveedora con TDR orientados hacia una profesión específica durante el primer semestre (2019), además de la contratación de una proveedora a la que se le incrementó el monto a pagar por el servicio, sin que se encuentre justificado los criterios de racionalidad y proporcionalidad, establecidos en la normativa regional", señala el documento de OCI.
Se añade que las proveedoras contratadas no se encontraban inscritas en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, pese a ser una exigencia establecida en la normativa regional.
"Se contrató a una proveedora que se encontraba impedida de contratar con la Gerencia Regional de Salud Lambayeque por tener parentesco de afinidad en segundo grado con la gerente", confirma el informe.
ACCIONES LEGALES
Contraloría ha resuelto disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Gerencia Regional de Salud comprendidos en los hechos irregulares.
Asimismo, se recomienda al Procurador Público Regional dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad.
María Esther Collantes se vio obligada a renunciar cuando se hizo pública la irregular contratación.
AMBULANCIAS
Por otro lado, mediante el Informe N° 035-2020-2-5343-SCE, la Contraloría realizó un servicio de control específico del período comprendido entre el 1 de octubre del 2019 al 31 de marzo de este año, durante el cual advirtió irregularidades en la adquisición de tres ambulancias urbanas tipo I por parte de la Gerencia Regional de Salud - GERESA.
La Contraloría refiere que María Esther Collantes realizó los trámites para la adquisición de tres ambulancias para los centros de salud Fernando Carbajal Segura, de La Victoria; Batangrande, en Pítipo; y Toribia Castro Chirinos, en Lambayeque, mediante el procedimiento de selección de adjudicación simplificada por un valor referencial de 290 mil 300 soles, sin advertir que el monto estimado del proceso de adquisición de las tres era de 870 mil 900 soles, con lo cual correspondía realizar una licitación pública.
Además, la Contraloría advirtió que la Oficina de Logística de la GERESA y el exdirector ejecutivo de Administración realizaron la indagación de mercado sin haber recibido los requerimientos de los centros de salud de Batangrande y La Victoria.
COMPRA
La GERESA sustentó la adquisición de las tres ambulancias bajo la modalidad de adjudicación simplificada sin advertir que no se justificaba la carencia de recursos disponibles o en la existencia de una necesidad adicional previsible.
En tanto, resaltó que el Comité de Selección incluyó en las bases integradas declaraciones juradas que no se encuentran contempladas en las bases estándar para la adquisición de bienes, emitidas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE.
Para la Contraloría, los actos descritos afectaron la transparencia, libertad de concurrencia, eficiencia y eficacia con la que deben regirse las contrataciones del Estado, incurriendo en la prohibición de fraccionamiento establecida en la normativa vigente.
En virtud de lo expuesto, la Contraloría dispuso el inicio de acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan en los servidores públicos involucrados en la adquisición de las mencionadas ambulancias.
Más de 18 años después, a Miguel Ángel Bartra Grosso le pasa factura el haber sido vacado del cargo de alcalde durante su segunda gestión al frente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. El 17 de octubre pasado se conoció la lista de los 12 precandidatos de Acción Popular al Congreso por Lambayeque, dentro de los cuales se encontraba la citada exautoridad edil. Sin embargo, su solicitud no fue admitida y la improcedencia ha sido confirmada por el Comité Electoral Nacional.
Según explicó el Pedro Torres Fernández, vicepresidente del Comité Electoral Departamental de Acción Popular, el reglamento general de elecciones de la agrupación impide que pueda postularse un militante que haya sido sometido a un proceso disciplinario o que haya sido destituido o cesado de un cargo público por incapacidad o inasistencias injustificadas.
Precisó que Bartra Grosso consignó en su declaración jurada que – efectivamente - había sido vacado del cargo de alcalde provincial de Chiclayo en el 2002, pero que el Tribunal Constitucional desconoció dicha sanción tiempo después. No obstante, no adjuntó la sentencia correspondiente.
Pese a ello, Torres Fernández manifestó que ha buscado en los anaqueles virtuales del Tribunal Constitucional la sentencia a la que hace mención Bartra Grosso, pero solo obra una en la cual se declara improcedente la acción promovida por el exburgomaestre contra el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Chiclayo.
“La web del Tribunal Constitucional no borra sentencias, tiene incluso de cuando era Tribunal de Garantías Constitucionales. Personalmente, he buscado la sentencia a la que hace alusión Miguel Ángel Bartra y no la he encontrado. No tengo ningún problema si una autoridad constitucional hubiese dejado sin efecto una sanción administrativa, pero el documento que menciona no se encuentra por ningún lado”, refirió.
RECURSO DE APELACIÓN
Asimismo, señaló que Bartra Grosso presentó un recurso de apelación ante el Comité Electoral Nacional, el cual también ha resuelto en su contra. Así se conoció con la Resolución N°49, del 27 de octubre, con la cual se confirma la improcedencia de su precandidatura.
“Tengo una discrepancia que se la he hecho saber a varias personas. Creo que el reglamento debería establecer un límite temporal para impedir postular a un cargo público, ya sea de cinco o diez años, pero no la precisa. Soy abogado y he sido docente universitario durante muchos años, actúo apegado al Derecho, más allá de lo que crea personalmente. Las simpatías personales no entran a tallar”, explicó.
Las precandidaturas que se han admitido son las de Edgar Cayotopa Martínez, Genoveva Paredes Guevara, Marleny Portero López, David Chirinos Hurtado, José Larraín Cisneros, Jorge Arboleda Ñeco, Carlos Cabrejos Silva, Percy Villanueva Muro, Juan Carlos Granados Barreto, Amir Bocanegra Aldana y Enver Figueroa Bazán.
PROCESO ELECTORAL
Por otro lado, señaló que la militancia de Acción Popular, que alcanza a cerca de 18 mil personas en Lambayeque, deberá elegir este 29 de noviembre a los seis candidatos (tres hombres y tres mujeres) que conformarán la lista de aspirantes al Parlamento.
Para este proceso, apuntó que será la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, la entidad que desarrollará el acto de sufragio como tal, por lo cual determinará la cantidad de mesas, miembros de mesa, locales de votación, etcétera. En esa labor no tendrá injerencia el Comité Electoral Departamental.
Resaltó que las elecciones se harán bajo la modalidad de un militante un voto, por lo cual los candidatos deberán ser creativos para en un mes realizar una campaña que pueda atraer la votación del militante de Acción Popular.
“Como opinión personal, creo que los candidatos deben ser personas identificadas con la doctrina, principios y valores de Acción Popular. No se trata de decir que ya me afilé y puedo postular. Creo que primero deben tener claro qué es lo que perseguimos como partido. Deben saber la diferencia de lo que planteamos como organización política y la sociedad que queremos construir. Hablamos de una sociedad justa con plena educación y empleo. Fernando Belaunde lo proponía desde 1956. Falta mucho por hacer”, concluyó.
El 20 de octubre, la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, presentó la ‘Perú Agenda al 2031 para el progreso social y económico’, documento que presenta propuestas, en aras de promover la diversificación sectorial de la economía e impulsar la generación de empleos. Dentro de la estadística que recoge la hoja de ruta está que el gasto en salud por persona que tiene el Perú es de los más bajos de Sudamérica, solo por encima de Venezuela y Bolivia. A juicio del vicepresidente del gremio industrial en Lambayeque, Manuel García Peña, el presupuesto en Salud debe pasar del 3 %, que es el actual, al 8 %.
“La pandemia ha desnudados todos los problemas del Perú. Solo se invierte el 3 % del Producto Bruto Interno – PBI, este debe subir al 8 %, porque tenemos infraestructura que data desde hace 60 años, deficiencias logísticas y muchos problemas que impiden el crecimiento del país”, manifestó.
ECONOMÍA
Recordó que cuando el economista Michael Porter llegó al Perú en el 2009 diagnosticó que uno de los problemas de la economía nacional es la falta de una estrategia competitiva y un rubro definido. En virtud de ello, García Peña señaló que el país no puede seguir siendo un exportador de materias primas, sino que debe migrar hacia una transformación en los diferentes sectores.
“Tenemos un gran potencial. Somos buenos productores, pero malos vendedores. Debemos mirar hacia los mercados de afuera. Oportunidades hay, hace falta que el sector público y el privado se pongan a trabajar de la mano”, indicó.
Refirió que, si bien a nivel macroeconómico el Perú tiene reservas que le avalan una buena calificación crediticia, a nivel micro falta mucho por hacer, sobre todo en el plano tributario, pues Perú es el país donde se pagan los impuestos más altos en Sudamérica. Sumado a ello, apuntó que hay una “excesiva carga” contra las empresas por parte de organismos como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.
“El Estado no ayuda a que la persona se formalice, pues crea un temor empresarial. En el sector público te ven desde un escritorio, no saben lo que pasa un empresario para dar trabajo, para tributar. Eso debe cambiar, porque si no en el país nadie querrá pasar a la formalidad. Se deben dar mayores incentivos”, opinó.
Según la proyecciones de la SNI, al 2031 habrían 26 millones 623 mil peruanos en capacidad de trabajar, de los cuales 24 millones serían informales y/o subempleados.
Por otro lado, señaló que los ahorros de las personas han disminuido considerablemente, hecho que se ve evidenciado en el aumento de la morosidad de los bancos y el cierre de las tarjetas de crédito, dado que la gente debió endeudarse para comprar alimentos y medicina.
“Si a alguien que gana 800 soles le dan crédito por dos mil, piensa que puede comprar gratis porque no tiene una cultura de pago. La gente ha jugado con las tarjetas. Hay que reorganizar el sistema, ver algún mecanismo, porque la capacidad de pago de la población no es tan buena. ¿La personas que no son sujeto de crédito a qué se va a dedicar?, cuestionó.
REFORMA JUDICIAL
Asimismo, señaló que debe existir seguridad jurídica para que las empresas puedan invertir, para lo cual es imprescindible que se realice la reforma judicial, la misma que no podrá desarrollarse si el ciudadano de a pie no cambia su comportamiento.
“Hay mucha gente que va a las instituciones públicas a pedir favores. Hacen un trámite y ya le están dando dinero a un funcionario para que lo agilice. Contribuimos con ese error. Lo que tenemos que hacer es proponer una reforma judicial acorde con el crecimiento del país. La corrupción está atrincherada en todos lados. Es un problema que debemos extraer de raíz, pero costará cierto tiempo hacerlo”, resaltó.
Según la encuestadora IPSOS, ocho de cada 10 peruanos desconfían del sistema judicial. A nivel de Latinoamérica, el promedio de desconfianza es del 55 %, según la Organización de las Naciones Unidas – ONU.
SECTORES
García Peña señaló que el sector industrial genera un millón y medio de empleos directos, además de aportar el 16 % de los ingresos fiscales y representar el 13 % del PBI. Sin embargo, la alta tasa de informalidad (72 %) impide que los puestos de trabajo crezcan y se dinamice la economía.
Sobre la pesca, anotó que el Ministerio de la Producción ha lanzado leyes para fortalecer la producción y exportación de harina y aceite de pescado, pero poco o nada ha hecho por la pesca de consumo interno. Hizo hincapié en que las exportaciones del sector en general podrían triplicarse si se diversificará la extracción de productos hidrobiológicos, los cuales también ayudarían a reducir los índices de anemia y desnutrición crónica, debido a su potencial nutricional.
Según datos del Ministerio de la Producción, el Perú exporta mil 340 millones de dólares en pesca, cifra menor a la de Chile y Ecuador.
En cuanto a la industria textil, afirmó que uno de sus grandes problemas es la importación de prendas de vestir de China o de la India a precios subvaluados, lo que distorsiona el mercado. Debido a ello, demandó que el Estado brinde soporte al productor nacional, sobre todo ahora que con la pandemia ha dejado de vender.
“Debería ser obligatorio que todos los productos textiles de los ministerios sean comprados a la industria nacional. Hay que crear una cultura de consumo interno. En el norte tenemos mil 750 empresas confeccionistas, pero hay un alto grado de informalidad. Solo abren su RUC cuando llega una propuesta del gobierno para hacer uniformes, pero en general no tienen certificación. Anteriormente, la carrera de Confecciones en SENATI era una de las más demandadas, ahora ya no es tan rentable”, comentó.
Sobre la minería, señaló que esta debe caminar hacia la transformación de las grandes industrias pesadas, pero alineadas al contexto ambiental.
Precisó que desde el 29 de septiembre el Ministerio de Trabajo está elaborando un censo de todos los agentes de los sectores económicos, pues la industria nacional está atomizada.
LAMBAYEQUE
Por otro lado, subrayó que uno de los grandes problemas en Lambayeque es la falta de agua, toda vez que la actividad básica es la agricultura. En Olmos, por ejemplo, de las 38 mil 500 hectáreas de cultivo, solo se siembran 18 mil, debido a la escasez del recurso hídrico.
“Un total de 700 millones de soles costó crear la nueva ciudad de Olmos. Con 550 pudimos desarrollar un puerto que iba a generar más crecimiento, diversificación de la industria, del colegio, pero se hizo el capricho de crear una ciudad fantasma en la que no hay ningún poblador. Se hizo para darle soporte a los que habían comprado las 38 mil hectáreas del valle agrícola. Ahora se quiere implementar la segunda etapa de Olmos, pero si no hay agua para 38 mil hectáreas, cómo se ampliará a 80 mil”, preguntó.
ELECCIONES
Finalmente, García Peña indicó que la Sociedad Nacional de Industrias cuenta con una oficina congresal en la que se articula con los parlamentarios y ministros los proyectos de ley que se trabajan en las diferentes comisiones, en virtud de los cual exhortó a los candidatos que se presentarán a las elecciones generales del próximo año a tomar en cuenta la agenda elaborada por el gremio.
“En estas elecciones no queremos candidatos populistas, sino gente que venga con la idea de transformar al país. Con esta agenda queremos decirles a los postulantes al Congreso que tengan una mirada diferente, amplia. Hay que abarcar salud, educación, empleo, abrir nuestra perspectiva a todos los sectores. La Sociedad Nacional de Industrias está dispuesta a colaborar porque las cosas en el país están complicadas”, explicó.
Desde hace 56 años, la Congregación de Religiosas Franciscas de la Inmaculada Concepción regenta la Institución Educativa Privada Santa María Reina, formando a ciudadanas con una sólida base cristiana y humana. Para lograr esto, la oferta educativa que brinda el colegio se basa en tres dimensiones: personal, cognitiva y espiritual, las cuales no se han visto melladas, pese a las dificultades que trajo consigo la pandemia por el Covid-19.
La directora de la institución, Aleida Alejandrina Carrasco Correa, señaló que la institución ya había tenido una experiencia previa en la educación virtual hace tres años, debido al Fenómeno de El Niño Costero. Sin embargo, la continua extensión de la emergencia sanitaria las obligó a cambiar de estrategia metodológica para que la propuesta educativa no se vea distorsionada.
“En un primer momento a los profesores se les acumulaban 200 o 300 correos con los trabajos de las estudiantes de tres años a quinto de secundaria y eso a mí me preocupó. En las reuniones fraternas que teníamos conversábamos sobre estos procesos y comenzamos a indagar sobre otras herramientas para que este trabajo sincrónico y asincrónico virtual sea más ágil, tanto para las alumnas como para las maestras”, mencionó.
Fue así que se tomó la determinación de que cada maestro tenga por lo menos tres herramientas digitales para desarrollar los procesos académicos, incluidos los equipos docentes de formación personal y espiritual.
PADRES
Carrasco Correa señaló que la participación de los padres ha sido de cerca del 80 %. El otro 20 % restante no ha tenido una participación muy activa a causa de los problemas de conexión y el retorno de algunas familias a sus lugares de origen. No obstante, eso no ha sido impedimento para que se realice un programa de tutoría en el colegio, que consiste en que el personal administrativo y docente llamen a las familias de las niñas y jóvenes que no lograban conectarse a las clases, a fin de brindarles asistencia académica y emocional.
“En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay un trípode: familia, escuela y estudiante. La participación del padre ha sido de mucha responsabilidad, sobre todo con las más pequeñas, porque las niñas desde quinto grado en adelante ya pueden autogestionar su aprendizaje, pero las menores necesitan de la participación de un adulto. Tuvimos dificultades con los padres por el tema del trabajo y la economía. La mayoría decidió reservar la matrícula”, contó.
Pese a ello, de las mil 400 niñas que estaban matriculadas en la institución a inicios de año, actualmente mil 370 continúan sus estudios de forma normal.
Sobre las protestas de los padres de familia que tuvieron lugar en mayo, Carrasco Correa refirió que estas fueron obra de un grupo relativamente pequeño de 200, quienes no estuvieron de acuerdo con las decisiones económicas que se adoptaron el colegio. Explicó que la situación financiera del colegio no les permitió hacer una reducción mayor de las pensiones, sin que esto afectase la calidad educativa.
ACREDITACIÓN
Por otro lado, manifestó que la IEP Santa María Reina consiguió la acreditación internacional por parte de una acreditadora mexicana que evalúa 72 estándares de los colegios católicos a nivel mundial.
Esta certificación tuvo validez por tres años, por lo cual en el 2018 el colegio comenzó el proceso de reacreditación, que dura tres años. Sin embargo, a causa de la pandemia no han podido alcanzarlo este año, aunque se continúa en el proceso de validación.
CAPACITACIONES
Asimismo, señaló que los docentes han recibido tres capacitaciones en herramientas digitales, además de las continuas que se hacen en temas académicos. Estas charlas son extensivas al personal administrativo y de apoyo.
Indicó que en el replanteamiento del programa curricular no se han dejado de lado las áreas como educación artística, en la cual las niñas hacen danza, música y teatro. Además, el área de Tutoría y Orientación Educativa – TOE, ha seguido con sus actividades de forma normal, añadiéndole a su contenido las charlas psicológicas para mitigar los efectos del Covid-19 en las alumnas que han sufrido pérdidas de familiares cercanos.
“Los invito a no perder la esperanza. El Papa Francisco nos dice siempre que el virus será temporal, pero la fe no debe acabar. El señor estará siempre con nosotros. Démonos el tiempo de escuchar y leer el evangelio. Lo encontraremos a Jesús predicando, enseñando, curando, caminando con la gente. A eso estamos llamados, a vivir el evangelio con humildad, sencillez y en silencio. Hay que buscar qué espera Dios de nosotros”, concluyó.
La pandemia en curso por el Covid-19 no ha sido impedimento para que el Colegio de Licenciados en Administración integre a nuevos miembros a la orden profesional. Según el decano Mauro Adriel Ríos Villacorta, ya son 60 los profesionales que se han incorporado y dentro de poco serán más, pues está próxima la realización de la tercera ceremonia de juramentación en lo que va del año.
“A través de la plataforma Zoom pudimos incorporar de forma virtual nuevos miembros a la orden. Fue muy emocionante ver cómo sus padres, hijos y familiares de los colegas les imponían sus medallas”, contó.
Ríos Villacorta señaló que actualmente el gremio profesional cuenta con mil 200 colegiados, de los cuales 407 están habilitados. La razón de que solo la quinta parte tenga la habilidad se debe – indicó – a que no todas las instituciones tienen como requisito esta exigencia para la contratación de personal.
No obstante, se mostró confiado en que poco a poco este número irá creciendo, lo mismo que el de integrantes de la orden, pues cada vez son más las universidades en Lambayeque que ofertan la carrera de Administración.
LABOR
Ríos Villacorta comentó que durante los primeros meses de la pandemia en curso el Colegio de Licenciados en Administración puso énfasis en la difusión de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno central. Para esto, enviaron correos a los agremiados con información didáctica y utilizaron también su plataforma en Facebook.
Asimismo, apuntó que han realizado dos capacitaciones virtuales: una sobre emprendimiento, dictada por el empresario José Dongo Ávalos; y otra sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC, con énfasis en Google.
Del mismo modo, resaltó que el 29 de octubre se desarrollará un congreso internacional de Administración, el cual reemplazará a la actividad que realiza la directiva nacional todos los años y que este 2020 se iba a desarrollar en Tarapoto.
LEY
En tanto, destacó que a nivel nacional la orden trabajó en la discusión del proyecto de ley que norma el ejercicio profesional de los licenciados en Administración, para lo cual el Consejo Directivo Regional de Lambayeque realizó gestiones con la representación parlamentaria del departamento.
Finalmente, el 23 de octubre fue promulgada la Ley N° 31060 – ‘Ley de Ejercicio Profesional del Licenciado Administración’, la cual fue publicada dos días después en El Peruano. Esta consta de ocho artículos que describen los requisitos para el ejercicio profesional, entre los que está la colegiatura obligatoria.
Asimismo, consigna las competencias del profesional en Administración: preparar y formular documentos administrativos en los procesos de planeación, elaborar documentos técnicos de gestión institucional, participar de la administración pública, brindar asesorías en materias inherentes a la profesión, ejecutar peritajes y/o auditorías administrativas, y el desempeño en la docencia.
TERRENO
Por otro lado, resaltó que la orden profesional tiene un terreno de 500 metros cuadrados en la Urbanización Las Palmas, Chiclayo, adquirido durante la gestión del past decano Luis Campos Contreras.
“A nuestra gestión le tocaba avanzar con los planos y poner los primeros ladrillos, pero la pandemia nos ha complicado. No obstante, estamos en ese camino”, aseguró Río Villacorta, cuyo período al frente de la orden culmina a fines del próximo año.
Actualmente, el Colegio de Licenciados en Administración atiende de forma presencial los lunes, miércoles y viernes en su sede de Alfredo Lapoint 619, oficina N° 202, mientras que los martes y jueves lo hace de forma virtual.
“Les digo a mis colegas, no solo de Lambayeque, sino de Cajamarca y Amazonas, que tengan la seguridad de que siempre serán nuestra prioridad. Estamos para defender la profesión, desarrollarnos, crecer conjuntamente y apoyarlos en lo que necesiten. Nosotros somos la triple A: amor, amistad y administración, porque nuestra ley de creación del colegio se dio un 14 de febrero”, indicó.
Pudo ser futbolista, piloto de la Fuerza Aérea o un gran médico, pero su destino estaba trazado por la tinta y el papel. José Escajadillo Farro nació el 1 de diciembre de 1942, pero cada 31 de octubre celebra una suerte de segundo cumpleaños. Es imposible hablar del ‘Día de la Canción Criolla’ sin mencionarlo, pues su aporte al criollismo es tan grande que hasta en su natal Lambayeque dos pueblos se disputan el orgullo de verlo nacer: Ciudad Eten y Monsefú.
A puertas de celebrar un aniversario más de la música criolla, Expresión rinde homenaje a este lambayecano, cuyos temas como ‘Un pueblo llamado Chiclayo’, ‘Jamás impedirás’, ‘Ahora y Aquí’, ‘El Viejo y el Mar’, ‘Que somos amantes’, Tal vez y ‘Yo perdí el corazón’ han dado la vuelta al mundo y lo siguen dando cada vez que un peruano escucha o interpreta sus composiciones.
INFANCIA
José Escajadillo recuerda que sus primeros años de vida estuvieron marcados por la disciplina, el orden, el respeto y la puntualidad que le impartió su abuelo, aunque – como todo niño – también se dio maña para realizar algunas travesuras, como la que hizo a la edad de cuatro años al comerse una libra y media de la mantequilla que preparaban por aquel entonces en Monsefú y dejar sin desayuno a su abuelo.
“Yo negaba saber qué había pasado, pero tenía toda la boca manchada con rastros de mantequilla. Tenía 4 años. Fue una travesura tremenda. De mi casa a la escuelita del tío Francisco, donde estudié transición, no había más que una cuadra y media. Ese día mi abuelo me llevó para contarle a mi tío lo que pasó. Mi castigo fue quedarme una hora más en el colegio. Así fue durante una semana. Debía quedarme a estudiar el mosaico, un libro con unas letras pequeñitas”, recuerda.
Uno de sus sueños de niño – evoca – era ser piloto como el héroe José Abelardo Quiñones González, de quién había leído bastante en sus primeros años. Si bien no logró ser miembro de la Fuerza Aérea, hace 12 años cumplió el sueño de volar un avión de guerra, gracias al Grupo Aéreo N° 11 de Talara, que lo hizo surcar los aires para que pueda escribir con la experiencia de primera mano el himno a dicha base de la Fuerza Aérea.
Al inquieto Escajadillo también le apasionaba el fútbol desde los nueve años, así que jugó por un equipo de Ciudad Eten llamado Cruzada Deportiva hasta los 16, cuando unos dirigentes le propusieron pasear su talento por el histórico club Los Caimanes, que se había inscrito en la tercera división de la Liga de Chiclayo. Vistiendo sus sedas escaló hasta la máxima categoría local, siendo un gol suyo el que sellaría su pase a la primera división. Posteriormente, le dedicaría su primer vals ‘A ti, Caimanes’ a dicha institución.
Por esos años también haría otra de sus travesuras. Cuenta que en el intermedio para almorzar que tenían en el colegio San José (se estudiaba mañana y tarde en aquel entonces) se escapó junto a seis amigos para irse al cine. Al día siguiente, el director les amenazó con expulsarlos si no venían sus padres, pero hicieron una transacción y a cambio, como castigo, les cortaron el cabello. El peluquero, a modo de escarmiento, le dejó un mechón en la cabeza, el cual fue motivo de burla por uno de sus docentes que lo bautizaría como “pelusa”.
PRIMERAS COMPOSICIONES
El colegio San José también sería testigo de su primera incursión artística. Cuenta que junto a sus amigos hicieron un trío musical al ritmo de guitarra, saxo y saxofón. Aprovechaban las noches del internado para ensayar bolero, valses y bossa nova. Juntos compusieron una canción llamada ‘Naufragio’, la cual no tuvo mucho éxito. Al culminar la secundaria, el grupo se disolvió.
En paralelo, junto a su hermano Dante y Pedro Ruiz Rabines, un amigo de Ciudad Eten, habían formado el trío ‘Los Galanes’, el cual tampoco duró mucho.
GRAN ÉXITO
Tras terminar el colegio, José Escajadillo viajó a Lima para estudiar medicina en la Universidad San Marcos. Sin embargo, solo estuvo unos meses y luego desertó para dedicarse de lleno a la música. Ello le significó enemistarse con su padre, quien había vivido también en la capital y pensaba que la bohemia limeña lo llevaría por los malos pasos. Tiempo después, cuando su nombre apareció en El Comercio como una de las promesas del criollismo, retomaron su relación.
En Lima, José Escajadillo se encontró con un amigo chiclayano de nombre Antonio Lecca Pérez, quien lo integró a su trío ‘Los Ángeles’, que posteriormente se convirtió en el cuarteto ‘Los Hits’ con la inclusión de Rafael ‘Fito’ Ríos. Justamente este último los llevó a la Peña Ferrando, donde tocaron un repertorio de 12 canciones que habían ensayado por siete meses.
“Él nos presentó a Augusto Ferrando, quien nos invitó a su casa a almorzar junto a su mamá, la inolvidable Rosita Chirichigno. Ella era la que daba el visto bueno a los artistas. Eso muy pocos lo saben. Con un movimiento de cabeza o alguna otra señal le decía a su hijo si valían o no la pena. Como Carlos Ayllón tenía una voz tan aguda y bonita, Augusto nos dijo que cantemos algo de Los Cinco Latinos. Para ser cinco, incluimos a Chicho Ferrando, él tocaba las tumbas y hacía la voz grave cuando imitábamos al grupo argentino”, rememoró.
No obstante, antes de lanzar su primer tema de éxito nacional, José Escajadillo vivió un suceso, por lo menos extraño, en la habitación de estudiante que alquilaba en Lima. Cuenta que una noche, después de despedirse de ‘Los Hits’, regresó desilusionado a su cuarto porque consideraba que sus canciones no eran apreciadas como lo merecían y – en un arranque de cólera – quemó los 80 temas que tenía escritos.
“Me acosté desconsolado, lloré, lo reconozco, y hasta pensé en volver a tocar la puerta de mi padre y volver a la universidad que había dejado”, manifiesta.
Sin embargo, solo cuatro horas después se despertó intempestivamente, pues había tenido un sueño en el que escuchaba la letra de una canción con música de trompeta. Quiso tomar un lapicero para escribir lo que había escuchado en sueños, pero los había incinerado junto a sus creaciones, así que descolgó un cuadro que había y con el clavo escribió en la pared. Se volvió a quedar dormido y al despertar, alrededor de las 10 de la mañana, encontró – con título incluido – la obra que había redactado esa madrugada: ‘Jamás impedirás’.
“Estoy seguro de que no era un sueño, sino que esa fuerza extraña y maravillosa que se llama Dios me estaba dictando la canción”, afirma.
Con “Jamás impedirás” empezaron a abrírsele las puertas como cantautor. Participó en el Gran Festival de la Canción Criolla, organizado por Panamericana, y llegó hasta la final en el Teatro Municipal de Lima, donde compitió con Juan Gonzalo Rosé, Alicia Maguiña y Pancho Quiroz. Si bien quedó en cuarto lugar, el público ya había hecho suya su composición.
RECONOCIMIENTO
Desde entonces, los éxitos del compositor lambayecano no han parado. En 1972 escribió ‘Cada día’, con el cual ganó el Festival de la Canción de Trujillo, que lo ganaría cuatro veces más, pero con sus temas siendo interpretados por otros artistas.
Ese mismo año también escribiría ‘Yo perdí el corazón’ y grabaría su primer ‘long play’, de la mano de Augusto Sarria, dueño de IEMPSA. Ese disco, llamado ‘El compositor de moda’, contuvo 12 temas entre los que está ‘Me basta que incluyas’, ‘Jamás impedirás’ y ‘Cada día’.
Posteriormente, fue artista exclusivo de IEMPSA, sello discográfico con el que ganó todos los festivales del Perú, incluyendo una representación del Festival Oti.
Las canciones del ilustre lambayecano son interpretadas por las diferentes voces del criollismo. Por ejemplo, ‘Huellas’, que inicialmente fue grabada como balada en 1988, fue llevada al vals por Eva Ayllón, quien además canta otra composición suya: ‘Que somos amantes’. Por su parte, Cecilia Barraza le da voz a ‘Tal vez’; la ya fallecida Verónika a ‘Qué nos pasó a los dos’; Cecilia Bracamonte a ‘Ahora y aquí’; César ‘El Mono’ Altamirano a ‘Y va pasando la vida’; la agrupación Los ‘Pasteles Verdes’ a ‘Mi amor imposible’ entre otros muchos artistas.
Además, José Escajadillo ha escrito compuesto marineras como ‘El sueño de Pochi’ o ‘La centenaria’, marchas deportivas como ‘Perú España 82’ y ‘Vóley Peruano’, himnos para las Fuerzas Armadas y la Policía, y hasta para algunas empresas privadas.
En total, ha realizado más de 800 composiciones a lo largo del medio siglo que lleva escribiendo. Su último álbum ‘Entre maravillas’ vio la luz hace diez años y está dedicado a la música internacional. Con motivo de sus 50 años como compositor, piensa lanzar un CD compilatorio de todas sus canciones que considera no han sido resaltas en su real dimensión, las cuales grabará con su propia voz.
“Para rescatar rápidamente nuestra música debería volver el curso de música en los colegios y dentro del programa curricular un estudio de la música criolla y sus cultores… No acepto que una música tan hermosa, que ha acompañado al Perú en sus casi 200 años de vida republicana, como el vals criollo, se escuche tan poco. No entiendo cómo vamos a llegar la Bicentenario si no realizamos un gran festival de la canción criolla. Hay que ponernos en acción cuando termine la pandemia, porque el vals criollo es parte de nuestra cultura”, concluyó.
Fuente: Diario Comercio.