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CONTRA EX GERENTE DE RED DE SALUD DE CHICLAYO: Fiscal铆a pide prisi贸n preventiva por tocamientos indebidos

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1203

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En octubre del año pasado, Katheryn Ugaz Córdova denunció al médico Walter Domínguez Becerra, ex gerente de la Red de Salud de Chiclayo, por tocamientos indebidos. El caso ha llegado a la Tercera Fiscalía Provincial Penal, que desde el despacho de la fiscal Judith Pinto Zavalaga pide siete meses de prisión preventiva contra el galeno, para seguir con las investigaciones en su contra.

De conformidad con el artículo 264° inciso 4, 268°, 269° y 272° inciso 2 del Código Procesal Penal, la fiscal Pinto Zavalaga cursó el requerimiento al Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo para solicitar que se declare fundado el pedido de mandato de prisión preventiva contra Walter Pablo Domínguez Becerra, como presunto autor del delito contra la libertad sexual en su figura de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, regulado en el artículo 176° del Código Penal, en su forma agravada conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 177° del mismo cuerpo de leyes sustantivas, concordado con el numeral 2 del segundo párrafo del artículo 170° del Código Penal; en agravio de Katheryn Aliny Ugaz Córdova.

Los hechos

La investigación seguida por el Ministerio Público parte del Acta de Denuncia Verbal en la que Ugaz Córdova manifiesta que el día 12 de octubre del 2020, a las 18:00 horas, acudió sola al consultorio ambulatorio de Domínguez Becerra, ubicado en su domicilio de la Calle Sargento Lores N° 188, de la Urbanización Quiñones, de Chiclayo, a fin de efectuarse un chequeo médico tras haber sido paciente Covid, ya que el denunciado la había monitoreando vía llamadas telefónicas.

Según la agraviada, el día anterior, 11 de octubre, el médico la citó a fin de que acuda a su domicilio para ser evaluada.

“Estando en plena evaluación médico a horas 18:00 del día indicado y para empezar la evaluación médica le hizo quitar la mascarilla y estando en plena evaluación médica en un ambiente acondicionado para un consultorio médico, le empezó a evaluar verbalmente y le dijo que le iba a dar de alta porque ya no tenía el Covid y que le iba a dar una constancia, luego le hace entrega de una receta médica y dentro de esta receta le hace entrega de un billete de S/ 50.00 soles lo cual rechazó la denunciante, en este momento la agraviada se coloca la mascarilla, después de unos segundos este médico se pone de pie de su escritorio y la hace poner de pie también a ella, en donde procede a alzarle la mascarilla e inicia a revisar la garganta y con sus dos manos le empezó a hacer tocamientos en los senos, luego le intenta besar la boca, en donde la  denunciante refiere lo empujó a fin de que no continúe con sus bajos instintos”, se detalla en el acta de denuncia.

Según el acta, “ante esta situación, en su defensa la denunciante refiere que le arrojó todas sus pertenencias que se encontraban en su escritorio, y empezó a gritar pidiendo auxilio, en eso se aparece una persona de sexo femenino de nombre Jamilet, quien es hija del denunciado, y esta persona empezó a preguntar sobre los hechos, la cual no creía lo sucedido, y entonces esta señorita la ha botado de su consultorio y luego la denunciante ha concurrido al despacho de su abogada para posteriormente ir a la dependencia policial a denunciar el hecho”.

De acuerdo al Protocolo de Pericia Psicológica N° 016940-2020-PSC, del 9 de noviembre del 2020, la denunciante presenta indicadores de afectación emocional asociado a estresor sexual de violencia psicológica e identifica como agresor a persona del contexto social.

Al declarar ante la fiscalía, el médico negó haber teniendo algún comportamiento indebido contra la paciente, así como haberle ofrecido dinero.

Posible sanción

Para el Ministerio Público, de la revisión de los actuados, la valoración de los medios de convicción detallados y el análisis de los tipos penales investigados, “existen hechos de apariencia delictiva perseguibles y atribuibles a Walter Domínguez, por lo que de hallársele culpable podría recibir hasta ocho años de prisión, como mínimo, y 11 como máximo.

De acuerdo al requerimiento de Pinto Zavalaga, el médico carece de arraigo familiar y laboral, por lo que presenta peligro de fuga durante al proceso de investigación y posible juzgamiento.

“El delito de Tocamientos, Actos de Connotación Sexual y Actos Libidinosos Sin Consentimiento es un delito de carácter sexual, y en este caso se constituye como un delito de género tan presente en la sociedad peruana y que ante su alta incidencia, la política criminal del Estado se ha endurecido, con la finalidad de reprimir tales conductas en la que ahora el imputado ha incurrido, siendo que el bien jurídico protegido es la libertad sexual, ya sea de un hombre o una mujer, entendiéndose dicha figura delictiva como todo tocamiento lúbrico somático que realiza el sujeto activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo con el fin de satisfacer el apetito sexual del primero de los citados, por lo que resulta de alto reproche criminal y consecuentemente de mayor sanción punitiva”, señala el requerimiento fiscal.

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PESE AL CONTEXTO ELECTORAL: MEF mantiene proyecci贸n de crecimiento de 10 % del PBI

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1203

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  • La deuda pública regresaría a niveles normales entre el 2030 y el 2035.

El 30 de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, publicó el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2021-2024, documento que afina algunas cifras del Marco Macroeconómico Multianual, publicado en agosto del 2020, en el que se describe el rumbo que tomará en los próximos años el manejo de las finanzas públicas para la recuperación económica.

Si bien el escenario electoral ha generado cierta incertidumbre, que se ha visto reflejada en el alza del dólar, el MEF mantiene intacta su proyección de crecimiento para este año del Producto Bruto Interno – PBI, y fija la meta en el 10 %. Esta tasa sería la más alta desde 1994, luego de la contracción registrada el año pasado a causa de la pandemia (-11.1 %).

Sectores

En el estudio se detalla que el inicio de este año se vio marcado por la presencia de la segunda ola de contagios del COVID-19, por lo que el gobierno implementó programas de apoyo económico para las familias vulnerables y las más afectadas. Por ello, si bien se registró un impacto moderado en el PBI de enero y febrero, desde marzo los indicadores fueron positivos. Esto obedece a que algunos sectores económicos se han recuperado.

Así, se tiene que la producción de electricidad aumentó 14.8 % en marzo y 41.2 % durante los primeros 20 días de abril; mientras que el volumen de las importaciones de bienes creció en 42.6 % en marzo, debido a la recuperación generalizada de todos los rubros, sobre todo de insumos intermedios y bienes de capital, que contribuyen a la recuperación de la demanda interna.

En tanto, las órdenes de embarque de exportaciones aumentaron en 89.4 % durante marzo. En el caso de los productos tradicionales, cuyo incremento para este año se prevé en 11.8 %, fueron los mineros (cobre y zinc) y pesqueros (harina de pescado) los que aumentaron sus envíos. Mientras tanto, en los no tradicionales, cuya proyección de crecimiento es del 9.9 % para este año, fueron los productos agropecuarios (paltas, arándanos y uvas) los que más incrementaron.

Déficit fiscal

Por otro lado, el MEF proyecta que este año el déficit fiscal alcanzará el 5.4 % del PBI, respecto al año pasado, que fue del 8.9 %. El estudio hace hincapié en que las fortalezas fiscales construidas durante las últimas dos décadas permitieron una amplia respuesta fiscal y establecer una estrategia balanceada de financiamiento, que combinó endeudamiento y uso de activos financieros.

De esta forma, el déficit fiscal de 8.9 % del PBI fue financiado en 5.2 % por endeudamiento y en 3.7 % por uso de activos financieros. De no haber existido los segundos, el déficit hubiera sido financiado íntegramente con endeudamiento, lo que hubiese elevado la deuda pública al 38.5 % y no al 34.8 %, tal como fue el año pasado.

Para este año, las proyecciones del MEF indican que la deuda pública alcanzará el 35.9 % del PBI y llegará a su pico máximo el 2022, cuando se sitúe en el 36.5 %, para luego descender paulatinamente hasta que en el 2030 llegue al 31.4 % del PBI. A partir de ese año y hasta el 2035, la deuda pública debería volver a su nivel normal del 30 %. De allí en adelante, según el manejo prudente que se haga de las finanzas, en el 2040 podría llegar al 26.2 % y en el 2050 al 23.2 %. 

“No adoptar las medidas necesarias para emprender un proceso de consolidación fiscal deteriorará las finanzas públicas y llevaría a un incremento progresivo de la deuda pública con la posibilidad de generar desequilibrios macroeconómicos importantes. Esto puede comprometer la sostenibilidad fiscal, uno de los principales pilares del país, lo que podría limitar la capacidad de respuesta frente a futuros eventos adversos, incrementar los costos del financiamiento, y debilitar la capacidad de financiar reformas estructurales”, se lee.

Gasto publico

Para este año, el gasto publico seguirá destinado a afrontar la emergencia sanitaria por el COVID-19. El MEF prevé que el gasto se acelerará hasta registrar un crecimiento de 12.6 %, muy superior al 0.3 % del 2020. Al igual que el 2020, este año se caracterizará por la implementación de medidas excepcionales y temporales para abordar los efectos derivados de la pandemia. Sin embargo, del 2022 al 2024 estas estrategias deben retirarse gradualmente, a fin de evitar el retiro abrupto de los recursos, que pudiese afectar la recuperación económica.

En términos reales, se proyecta que el consumo público aumente en 10.2 % este año, debido a la reanudación de las actividades económicas y la ausencia de las cuarentenas generalizadas, a diferencia del año pasado en que se suspendieron algunos servicios profesionales, viajes y alquileres.

En tanto, la inversión pública aumentaría en 20.2 % este año y alcanzaría el máximo histórico de 37 mil millones de soles, lo que equivale al 4.5 % del PBI. Esto obedece a que existe una cartera de proyectos con modelos que garantizan la ejecución de recursos y calidad de las obras, así como programas impulsados desde el gobierno central, tales como Arranca Perú. Este índice de inversión pública representa un contraste con el 2020, año en que este indicador fue negativo en 17.7 %.

Inversión privada

En cuanto a la inversión privada, se prevé un crecimiento de 17 % para este año, tras registrar una caída de 17.2 % el año pasado. Básicamente, esto obedecerá a la normalización de la inyección de dinero en el mantenimiento de las minas y la ejecución de proyectos como Quellaveco, Ampliación Toromocho y otros de mediana envergadura.

Según el Ministerio de Energía y Minas, el crecimiento de la inversión minera en el último quinquenio fue el siguiente: en el 2016, tres mil tres millones de dólares; en el 2017, tres mil 900 millones; en el 2018, cuatro mil 900 millones; en el 2019, seis mil 200 millones; en el 2020, cuatro mil 300 millones; y este año debería llegar a cinco mil 400 millones.

Por su parte, la inversión no minera crecería en 16.2 %, a diferencia del año pasado que disminuyó en 15.3 %. Esto se explica por una mayor ejecución de un grupo de grandes proyectos de infraestructura, bajo el esquema de Asociación Público Privada y una mejora de la inversión inmobiliaria.

Entre los proyectos de infraestructura que mayor inversión representan destacan: la Línea 2 del Metro de Lima y Callao (cinco mil 346 millones de dólares), la Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez (mil 200 millones de dólares), el Terminal Portuario de Salaverry (270 millones de dólares) y el Terminal Portuario de Chancay (tres mil millones), aunque de este último recién se iniciarán las obras de la primera etapa, tras culminar las obras preliminares en septiembre del año pasado.

Además, la inversión inmobiliaria continuaría recuperándose este año, debido a una mejora en el mercado de viviendas, principalmente aquellas consideradas de interés social por el gobierno. Por ejemplo, mientras que en el primer semestre 2020 la cantidad de colocaciones de créditos de Mivivienda fue en promedio 497 por mes, en el segundo semestre esta incrementó a alrededor de 897 mensual.

En lo que va de este año, las colocaciones de Mivivienda se elevaron a 968 por mes, lo que significa un crecimiento de 35.2 % respecto al primer semestre del 2020. A ello se suma el incentivo del gobierno, que tiene previsto destinar más de mil 179 millones de soles para promover la construcción de viviendas sociales en el ámbito urbano, a través de sus diferentes programas.

Empleo

Por otro lado, en el segundo trimestre del año pasado, la población ocupada se redujo a mínimos históricos, registrándose la pérdida de 6.7 millones de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo más afectados fueron aquellos generados en el área urbana, los producidos por las empresas de mayor tamaño y los sectores no primarios.

No obstante, a comparación del segundo trimestre del año pasado, en el cuarto trimestre se registró un aumento de 10.3 millones de trabajadores a 16.4 millones. En total, el año pasado hubo 16.9 millones de connacionales ocupados. Si bien la recuperación del empleo aún es lenta, sobre todo en las zonas urbanas, se proyecta que para el 2021 el mercado laboral continuará creciendo, aunque todo depende de las medidas sanitarias.

Por ejemplo, el estudio detalla que en el primer trimestre de este año el empleo registraría un ligero retroceso, debido a las medidas restrictivas focalizadas para contraer al COVID-19, aunque se prevé que a partir del segundo semestre se retome la senda de crecimiento, cerrando el 2021 con 16.9 millones de personas ocupadas.

“Se prevé una recuperación más acelerada del empleo en los sectores económicos asociados a la inversión; en contraste, el empleo en algunas actividades económicas relacionadas con el rubro de servicios (alojamiento y restaurantes, transporte, entre otros) tendría una recuperación más gradual. Cabe señalar que un escenario de mayor crecimiento económico y un proceso de vacunación más acelerado podrían favorecer a una recuperación más rápida y homogénea del mercado laboral”, se detalla en el estudio.

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AL 30 DE ABRIL: Corte de Lambayeque recibe 852 demandas laborales en primera instancia

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1203

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  • El año pasado, la Segunda Sala Laboral de la CSJL fue reconocida por su nivel de producción.

El 13 de enero del 2010 se promulgó la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, la cual pretendía, entre otras cosas, acelerar la solución de los conflictos laborales, a fin de que en solo seis meses se agoten todas las instancias y los justiciables no demoren años en un engorroso proceso. En Lambayeque, esta norma entró en vigencia el 3 de noviembre de dicho año, aunque no se avanzó en cuanto a celeridad como se hubiese esperado.

Sin embargo, la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presidida por el juez Marco Pérez Ramírez e integrada por los magistrados Ismael Rodríguez Riojas y Cecilia Tutaya Gonzáles, trabaja para tratar de resolver la mayor cantidad de procesos de la forma más rápida posible. Esto ya ha sido reconocido por el Poder Judicial, que el año pasado la reconoció como la tercera sala a nivel nacional en cuanto a producción en materia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, tras resolver 931 expedientes.

Rodríguez Riojas, vocal superior de la Segunda Sala Laboral, explica que esta se alimenta de los procesos que reciben los juzgados laborales en primera instancia y son apelados. Señala que la sala tiene competencia para la resolución de controversias en materia del régimen laboral privado, aunque también tiene una subespecialidad en procesos contenciosos administrativos, que se ven en otros órganos jurisdiccionales, pero son de la especialidad laboral.

Acota que, en materia del contencioso administrativo, la Segunda Sala tramita las causas relacionadas a conflictos jurídicos del régimen laboral público y los relativos al Sistema Nacional de Pensiones.

Carga judicial

El colegiado refiere que el año pasado se ingresaron mil 673 demandas en los juzgados laborales de primera instancia, mientras que en lo que va de este año se han recibido 852.

Anota que el 27 % de las demandas ingresadas el año pasado fueron por el pago de beneficios sociales, mientras que el 12 % estaban relacionadas al reconocimiento del vínculo laboral, precisamente, a la pretensión de una reposición ante un despido que el demandante consideraba que no se ajustaba la ley.

En lo que va de este año, las demandas por beneficios sociales alcanzan el 26 %, mientras que las de reposición el 10 %.                                                                                                                                                                 

Manifiesta que la Segunda Sala Laboral resuelve los procesos que llegan a la audiencia de vista de la causa en un plazo máximo de cinco días, con arreglo al artículo 33, inciso C, de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. En tanto, entre que se ingresa una demanda por mesa de partes hasta la vista de la causa, el proceso puede tardar entre tres a cuatro meses.

“Este es un avance respecto a años anteriores, porque ahora el nuevo modelo procesal permite una atención más célere. Hace una década, cuando no estaba en vigencia la nueva ley, los procesos demoraban hasta dos años en llegar a segunda instancia. Hoy se resuelve en los plazos fijados por ley”, expresa.

Trabajo remoto

En cuanto al contexto generado por la pandemia, asegura que la Segunda Sala Laboral registra con el trabajo remoto la misma producción que tenía en la modalidad presencial, pese a que ahora a las audiencias virtuales de vista de causa asiste un 30 % más de abogados de los que se hacían presentes antes de la emergencia sanitaria.

“Esto también genera una mayor inversión de tiempo, porque tenemos audiencias en las que participan masivamente los abogados de ambas partes procesales y generan que tengamos mayor dedicación. Sin embargo, lo hacemos con gusto, porque es la obligación y misión que asumimos cuando juramos al cargo en la judicatura”, enfatiza.

Al respecto, la Segunda Sala Laboral desarrolla audiencias de vista de causa los días sábado, a fin de otorgarle a los justiciables una respuesta célere a sus demandas. En algunos casos, estas se realizan con tribunales unipersonales, al amparo de la Ley N° 29497, que dispuso el desdoblamiento de las salas laborales en tribunales unipersonales que resuelvan en segunda y última instancia las causas, cuando la cuantía de la sentencia no sea mayor a las 70 Unidades de Referencia Procesal, es decir, que lo ordenado a pagar no supere los 30 mil 800 Soles.

Nuevos conflictos

Por otro lado, indica que la pandemia ha develado nuevas situaciones de conflicto en el ámbito laboral. Una de estas es la ocasionada por la suspensión perfecta de labores, ya que enfrenta por un lado al empleador, que se acoge a lo dispuesto por el gobierno para suspender un contrato y, por el otro, al trabajador, que no acepta la privación de su remuneración y alega que este cese temporal no ha sido debidamente autorizado por la autoridad administrativa del trabajo. En este caso, el llamado para dirimir la controversia es el Poder Judicial.

Menciona que otro punto de controversia laboral es el relacionado a las fórmulas de reducción de la duración de las jornadas de trabajo, que traen como consecuencia también la disminución de las remuneraciones.

Advierte que pueden ocurrir problemas por los despidos masivos en algunas empresas, sobre todo si la extinción de este vínculo laboral no se encuentra ajustada al marco legal, que en este caso es el Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

“El ordenamiento jurídico nacional tiene establecido el marco de protección del derecho fundamental al trabajo. Nuestra Constitución protege el trabajo y, en el caso de las relaciones laborales, el marco infraconstitucional para el régimen laboral de la actividad privada viene a ser la Ley de Productividad y Competitividad Laboral”, indica.

Fujimorato

Sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, que ordena al Estado Peruano reconocer los sueldos no abonados a los trabajadores que fueron despedidos durante el gobierno de Alberto Fujimori, señala que ya existe la Ley N° 27803, que dispone la revisión de los ceses colectivos efectuados por las empresas e instituciones estatales.

“Estos trabajadores han recibido distintas alternativas. Algunos eligieron la reposición en el puesto de trabajo, otros eligieron el pago de una compensación económica, otros un período adicional para lograr el acceso a la pensión (…) los órganos jurisdiccionales vienen recibiendo demandas que tienen como pretensión el pago de indemnización por este cese irregular. Estos pedidos se hacen en el marco de la indemnización por lucro cesante, es decir, remuneraciones y beneficios que dejaron de percibir, además del daño moral y emergente”, acota.

Pensiones

Por otro lado, menciona que sistema pensionario necesita de reformas con una mirada social, ya que tiene que ver con el sostenimiento de un nivel digno de vida por parte de aquellos ciudadanos que cesaron en su ciclo laboral.

“Para mantener esa vida digna se requiere de un régimen pensionario adecuado, que les permita a las personas atender sus necesidades, que incluso se incrementan con el paso de la edad, ya que tienen mayor recurrencia a padecer problemas de salud”, indica.

Explica que los aportes de los trabajadores del régimen privado de pensiones van a una cuenta individual de capitalización, que es administrada por las AFP, a diferencia de quienes están en el Sistema Nacional de Pensiones, cuyo fondo es común y, en el caso de que los recursos sean insuficientes, el Estado interviene para inyectar lo que haga falta, a fin de generar el pago de las pensiones.

Afirma que los congresistas deben legislar, partiendo de la premisa de lograr el acceso a una pensión justa para que cualquier reforma esté orientada a atender el futuro del pensionista. Para esto -señala- se deben generar los mecanismos que hagan rendir sus frutos a los aportes.

Ejemplifica que un trabajador en el régimen privado puede percibir una remuneración de tres mil o cinco mil soles durante su ciclo laboral, pero al jubilarse puede tener una pensión de mil 200 o mil soles, lo que le demandará tener que reducir considerablemente su costo de vida.

“En otras palabras, las entidades que reciben este dinero deben administrarlo pensando en el aportante. Si bien las AFP, como toda empresa, buscan rentabilidad, no se trata de generar solo lucro, sino que el camino debe estar marcado por lograr un mayor beneficio a los aportantes, para que ese ciudadano que cesa en su ciclo laboral siga manteniendo un nivel de vida digno”, asevera.

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GERENTE MURO INTEGRA EL COMIT脡 CONSULTIVO: 鈥楶er煤 Energ铆a Norte鈥 abordar谩 crecimiento energ茅tico en macrorregi贸n

Escribe: Semanario Expresi贸n
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Ingeniero Javier Muro destaca además que evento virtual reunirá a autoridades nacionales, profesionales y a las principales empresas del sector eléctrico e hidrocarburos del país

El Ingeniero Javier Muro., quien forma parte del Comité Consultivo del evento ‘Perú Energía Norte’ señala que este 19 y 20 de mayo se realizará en forma virtual las ponencias a cargo de renombrados especialistas del sector energía, las cuales estarán dirigidas a los ejecutivos del sector eléctrico e hidrocarburos, así como a profesionales y público en general.

Este importante evento se realiza desde el 2013 y se ha posicionado a nivel nacional como el de mayor importancia en el sector energía siendo que en esta oportunidad tendrá un enfoque en la problemática y propuestas de solución de la zona norte del país.

Javier Muro indicó que, “en este evento se disertará sobre las acciones para promover el desarrollo competitivo del norte impulsando la infraestructura eléctrica y de hidrocarburos. Asimismo, se presentarán los planes y retos para el  abastecimiento oportuno, eficiente y sostenible de energía en el norte de nuestro territorio patrio”, expresa.

“Este evento que se inició en Lima en el 2013 reúne a varios profesionales del sector de la energía. Desde el 2019 se descentralizaron. En el 2020 estaba prevista realizarlo en la zona norte, específicamente en Chiclayo, pero por la pandemia se tuvo que postergar. Ahora estamos ajustándolo a la nueva virtualidad”, expresa también el Gerente General del grupo Distriluz.

“Estamos realizando un evento que tendrá mucho interés en profesionales, empresarios y público en general, por los temas relacionados con el sector eléctrico e hidrocarburos y la energía en general”, acota el ingeniero Javier Muro.

Por su parte, el ingeniero Orlando Ardito Chávez Gerente General Asociación de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales, afirmó que en estos tiempos se tiene la necesidad y el gran reto de “descarbonizar” nuestro sistema energético. Por ello, la incorporación de las energías de Recursos Energéticos Renovables (RER), es la propuesta que “cae como anillo al dedo y una de las principales medidas para afrontar la contaminación. Es tarea del Estado incrementar la participación de los RER en las actividades de generación y se debe incorporar e intensificar la participación de los RER dentro del plan estratégico nacional del sector eléctrico”, expresa.

Infraestructura eléctrica

En ‘Perú Energía Norte’ también se debatirán las necesidades de infraestructura eléctrica que demandan los consumidores de energía, así como las acciones que permitan tener un uso eficiente de la energía atendiendo las necesidades del consumidor industrial y de los usos domésticos, así como de la convivencia ciudadana.

El programa de ‘Perú Energía Norte’ ha sido elaborado por un Comité Consultivo de expertos nacionales en materia energética.

Entre los otros temas que se abordarán está el diagnóstico del abastecimiento energético en el norte peruano. Escenario de abastecimiento eléctrico del norte: oferta y demanda. Desarrollo de proyectos de energía renovable no convencional. Eficiencia energética e impulso de nuevas fuentes de energía para el sector minero. Ciudades inteligentes: iluminación y uso de la energía para ciudades sostenibles. Generación distribuida. Electromovilidad: avances, expansión y tareas pendientes de un transporte energéticamente eficiente. Transición energética. Alternativas para el relanzamiento de la producción petrolera. Uso eficiente de los recursos del canon petrolero. La modernización de la industria de los hidrocarburos y la gestión de los recursos producidos por la industria petrolera.

El evento también contará con la presencia del ingeniero Luis Eduardo Piscoya, gerente regional de Electronorte; Leonidas Sayas Poma, Gerente de Supervisión de Electricidad de Osinergmin; Daniel Cámac, Presidente de H2 Perú; Orlando Ardito, gerente general de EPEI – Perú; Erick García, Director General de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, entre otros.

Convocatoria

El evento a desarrollarse el 19 y 20 del presente mes involucra a especialistas nacionales e internacionales en todas las especialidades como gestión de la energía, eficiencia energética, desarrollo potencial de la energía, tecnología, políticas sectoriales, energías renovables no convencionales, etc.  

Invitar a los profesionales y público en general a participar del evento los días 19 y 20 de Mayo.

Pueden encontrar información en la https://peruenergia.com.pe/norte/

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GERM脕N V脕SQUEZ MERINO: 鈥淪e est谩 realizando una gesti贸n mafiosa en Chiclayo鈥

Escribe: Semanario Expresi贸n
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  • Abogado demanda al Ministerio Público a intervenir frente a los presuntos actos de corrupción en la gestión de Marcos Gasco Arrobas.

“No me queda la menor duda que se está realizando una gestión mafiosa en Chiclayo”, afirma el abogado Germán Vásquez Merino, al numerar las recientes denuncias que se han presentado contra el alcalde de la ciudad, Marcos Gasco Arrobas.

En los últimos días, la autoridad municipal fue denunciada por los regidores de minoría por el incumplimiento de lo señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, al no entregar la información documentaria solicitada sobre la contratación de extrabajadores del restaurante ‘Ventarrón’, propiedad del edil, como locadores de servicios de la comuna, inobservando los plazos fijados por la norma vigente.

Asimismo, se conoció del presunto cobro de cupos a los funcionarios de la gestión a razón de 400 soles mensuales cada uno, sumando un total de 12 mil soles que habrían sido recepcionados por la gerente de Administración por orden del alcalde. Este caso se hizo público al trascender el manuscrito entregado por el ex gerente municipal Juan José Salazar García, en el que se da cuenta de los presuntos cobros irregulares, que – según el oficialismo – serían “voluntarios”.

En tanto, en sesión de concejo el burgomaestre no tuvo reparos en conminar a los regidores oficialistas a votar en contra de la recomendación presentada por el concejal Orlando Puell Varas para que se proceda a la reducción de los sueldos de los funcionarios de confianza. Conforme ha quedado registrado en audio, el alcalde señaló que aquellos regidores que votasen a favor de dicha medida estarían en la lista de afectados por “las acciones” que tomaría.

“El alcalde amenazó directamente a todos los regidores y, en especial, a los de su bancada. La amenaza fue muy clara, muy directa y con eso no me queda la menor duda que aquí hay un manejo al estilo mafioso, en el que el capo es el que maneja todo en secreto con sus subordinados y si es que alguien se atreve a mostrarse en contra puede sufrir algo grave. Es una situación tal como sucedió en gestiones anteriores. La primera vez fue una comedia, ahora una tragedia”, asevera Vásquez Merino.

Caso ‘Ventarrón’

El abogado señala que pese a que los medios de comunicación informan a diario lo que sucede en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el Ministerio Público, a través de las fiscalías anticorrupción y de crimen organizado, así como la Policía Nacional y la Contraloría General de la República se mantienen indiferentes.

“Los latrocinios siguen y lamentablemente no hay una autoridad que proteja a Chiclayo, que proteja las arcas municipales. El erario municipal está siendo saqueado. La contratación de los extrabajadores de Ventarrón, por ocho mil 600 soles cada uno, es un caso escandaloso, más porque los regidores de minoría han pedido información de las contrataciones que se hacen desde el 2019 y la gestión de Marcos Gasco se ha negado”, afirma.

Anota que de acuerdo a información del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la comuna de Chiclayo ha destinado más de 12 millones de soles para la contratación de personal temporal (locadores de servicio), en lo que va de la gestión de Gasco Arrobas.

“Ahí están amigos, familiares, concubinas, queridos y allegados de Gasco y sus funcionarios”, enfatiza Vásquez Merino.

El letrado refiere que en el caso ‘Ventarrón’ se habría configurado el delito de negociación incompatible, pues no cabe duda que hubo un nexo entre los locadores de servicios y el alcalde de la ciudad previo a la contratación.

“El alcalde es cabeza del Ejecutivo, al lado del gerente general, y la ley penal señala que quien promueve o favorece a alguien por razones que no son propias de la institución, sino para beneficio personal y de terceros, incurre en negociación incompatible. Siendo autoridad y teniendo la facultad de contratar, Gasco sí puede ser sancionado penalmente por este caso”, manifiesta.

Abuso de autoridad

Respecto a la negativa de entregar la información requerida por los regidores se configuraría como abuso de autoridad en la modalidad de omisión del acto debido, conforme está señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece los procedimientos y plazos que se deben seguir cuando se ve afectado el derecho a la información.

“Lo que ha sucedido en este caso es que pese a que se les solicitó de manera reiterada a los funcionarios del alcalde Gasco, estos han hecho caso omiso a los requerimientos y eso contraviene lo que señala la ley. No se trata de conocer solo sobre la contratación de los trabajadores de Ventarrón, sino de todos los locadores de servicios beneficiados desde el 2019 y lo que se tiene es que se tuvo que recurrir vía denuncia al Ministerio Público para que inmediatamente la administración proceda a tramitar la solicitud”, menciona.

Vásquez Merino añade que también cabe la posibilidad que existan trabajadores que no perciben, en lo real, los montos que se señalan en las órdenes de servicio giradas a su nombre. Este es el caso de Doris Llatas Quispe, quien el febrero del año pasado recibió una orden autorizándosele el pago de 18 mil soles a su favor. Sin embargo, esta ha declarado que nunca ha cobrado tal monto de dinero al municipio.

Presuntos cupos

En relación al cobro de “aportes voluntarios” a los funcionarios de confianza, Germán Vásquez sostiene que no existe prueba alguna que ese dinero haya sido destinado a los sectores más necesitados si acaso hubiera la posibilidad que lo afirmado por el alcalde sea cierto, respecto al fin que se ha dado a dichos fondos.

“Resulta totalmente absurdo, ridículo e infantil sostener eso, porque la municipalidad tiene sus áreas y fondos que se dedican específicamente a sectores de menores recursos. Eso de decir que se trata de aportes voluntarios, tampoco es creíble. Es una justificación ridícula. No me cabe la menor duda que esos pagos han sido a condición de mantenerse en los puestos, lo cual configuraría el delito de coacción y el de apropiación ilícita, si se considera que son fondos públicos que tienen un fin específico”, indica.

Brazos cruzados

Vásquez Merino enfatiza que no existe forma de entender la inacción de las entidades de control frente a lo que sucede en la municipalidad de Chiclayo.

“No encuentro razón para que la fiscalía anticorrupción o la de crimen organizado no intervengan. En el caso de esta última, genera mucha suspicacia pues el hermano del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones sea funcionario de confianza de la gestión del alcalde Marcos Gasco, trabajando actualmente en el Instituto Vial Municipal. No quisiera pensar que esa es la razón por la que el representante de la FECOR Lambayeque no actúa frente a lo que sucede en el municipio, donde se percibe el accionar de una organización delictiva”, señala Germán Vásquez.

Cita como antecedente lo sucedido en las gestiones de Roberto Torres Gonzales y David Cornejo Chinguel, ambos recluidos por corrupción, cuando se evidenció la existencia de nexos con operadores del sistema de justicia para frenar las investigaciones y procesos iniciados tanto en el Ministerio Público, como la Contraloría, la Policía Anticorrupción y el Poder Judicial.

“Las autoridades que deberían darnos la garantía y seguridad del buen manejo de los recursos están por ahí, calladitas, con el compromiso, seguramente, de no tocar a ciertos personajes porque tienen a familiares trabajando. A mí, este caso, más que suspicacia me da la certeza de que Gasco está siendo blindado por la fiscal (Karin) Ninaquispe y por el fiscal (Juan Manuel) Carrasco. Ni Carrasco ni el hermano han salido a aclarar nada de esto”, manifiesta.

Vásquez Merino, quien asesora legalmente a los regidores de minoría, comenta que se ha elaborado todo un expediente con los casos de presunta corrupción que involucrarían al alcalde de Chiclayo y sus ex y actuales funcionarios para remitirlo directamente a la Fiscalía de la Nación.

“Vamos a solicitar una cita directa con la Fiscal de la Nación, para que se intervenga tanto a la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, como a la Fiscalía Anticorrupción, porque aquí Gasco es una persona intocable pese a que la comunidad chiclayana conoce día a día los latrocinios que hay con las pruebas en la mano. Todo sigue aquí como si nada pasara, se tiene un manejo mafioso de los recursos de la municipalidad, amenazando a quienes se atrevan a contradecir sus mandatos. Eso para mí es sumamente grave”, refiere.

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JUAN GUILLERMO PISCOYA: 鈥淣o hemos renunciado al sue帽o de la ciudadela judicial鈥

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1203

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  • La Corte Superior de Justicia de Lambayeque trabaja en el saneamiento de todos sus inmuebles.

A través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 434, en diciembre del 2018, el gobierno regional transfirió un terreno de 12 hectáreas, ubicado entre Pimentel y Santa Rosa, en favor de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que en ese entonces era presidida por Aldo Zapata López.

La intención era construir en ese predio la llamada ciudadela judicial, proyecto que demanda una inversión estimada de 88 millones de soles y que comprende una plataforma de ingreso; un área para los órganos jurisdiccionales, que incluye un auditorio, una biblioteca y cabinas de internet; un área de servicios complementarios (patio de comidas); áreas verdes recreacionales como parques, jardines y plataformas deportivas; áreas de estacionamiento y áreas de expansión.

Si bien han pasado más de dos años y poco se ha avanzado en esta causa, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Juan Riquelme Guillermo Piscoya, señala en exclusiva para Expresión que el sueño se mantiene intacto y espera sentar los cimientos de este proyecto en su gestión.

Apunta que su pretensión por ahora es lograr la nivelación de las 12 hectáreas de terreno y hacer un cerco vivo en todo el perímetro, a fin de delimitar el área para luego sustentar el proyecto.

“Uno de mis trabajos más intensos está enfocado justamente en la ciudadela judicial. Estamos en pleno proceso de inscribir nuestro proyecto en el Programa Multianual del Poder Judicial. Gracias a la colaboración de varias entidades públicas como el gobierno regional y la municipalidad de Pimentel estamos haciendo en un primer momento la nivelación de estas 12 hectáreas (…) No hemos renunciado, uno de nuestros sueños más bien es impulsar al máximo la ciudadela judicial”, resalta.

Añade que su gestión también está enfocada en hacer el saneamiento de todos los inmuebles con los que cuenta la corte en sus diferentes sedes: Jaén, San Ignacio, Cutervo y Lambayeque.

Producción

Por otro lado, Guillermo Piscoya afirma que entre enero y marzo de este año ingresaron a trámite 25 mil 565 procesos, los cuales sumados a los que había al 1 de enero del 2021 (57 mil 982) hacen una carga total de 83 mil 547.

Refiere que de los 25 mil 565 procesos que han ingresado a marzo de este año, se han resuelto 20 mil 339, lo que representa aproximadamente el 24 % de la carga procesal total.

“Hay que tener en cuenta que recién estamos en los tres primeros meses del año y mi presidencia está verificando mes a mes el cumplimiento de las metas de producción establecidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de tal forma que a fin de mes haré llegar un oficio a cada uno de los órganos jurisdiccionales, indicándoles si han cumplido o no las metas establecidas”, manifiesta.

Precisa que el 90 % de los órganos jurisdiccionales cumplen hasta el momento con las metas de producción.

“A los magistrados de esta corte les he exhortado a que cumplan con la producción y resuelvan los pedidos. Hemos encontrado escritos y procesos que no habían sido resueltos en su totalidad y necesitaban ser agilizados, porque, así como hay un sentimiento de inseguridad y temor frente a la pandemia, también hay uno de exigencia de justicia que tienen los ciudadanos hace mucho tiempo”, advierte.

Explica que, a nivel nacional, la Corte de Lambayeque es la única que ha implementado un protocolo de visitas administrativas para verificar el trabajo que se realiza. En virtud de esto, refiere que ha realizado visitas ordinarias e inopinadas en todas las sedes. En el caso de los magistrados que realizan trabajo remoto, apunta que cuenta con un equipo de peritos informáticos para ingresar a los ordenadores y constatar la labor que realizan estos jueces y los trabajadores que los asisten.

“Esto me trae mucha satisfacción porque al inicio del año judicial teníamos una enorme carga procesal, había secretarías que tenían dos mil escritos pendientes, una cantidad sumamente elevada. En las nuevas visitas que he efectuado he podido observar que esta ha disminuido considerablemente. Hay magistrados que ya han cumplido sus metas procesales, las secretarías se van descargando poco a poco. Hay algunas que no pueden lograrlo aún por diversos factores como falta de personal, pero en términos generales vamos avanzando”, destaca.

Fiscalización

Consultado sobre los cuestionamientos a algunos magistrados en Lambayeque, afirma que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, que está a cargo de Aldo Zapata López, realiza acciones para verificar las presuntas acciones irregulares que podrían ocurrir. Estas se alimentan en muchos casos de las actas que levanta la Presidencia de la corte en las visitas inopinadas que realiza.

Asimismo, indica que el Órgano de Control Institucional – OCI, tiene en curso la investigación por la presunta contratación irregular de personal y la designación de encargaturas, cuyo resultado debe conocerse en los próximos meses. De igual forma, indica que su gestión encontró algunas recomendaciones del OCI, todas las cuales están en proceso de implementación.

“En aquellos casos en los que el OCI ha dispuesto que se abran procesos administrativos disciplinarios, hemos cumplido. Estamos tratando de subsanar algunas situaciones que han sido observadas, básicamente por el tema de locales. Ese es un gran problema que tenemos. Estamos tratando de ubicar un local que nos permita reunir a todas nuestras sedes en un solo lugar, que tenga las condiciones más adecuadas. He recorrido varios sitios en Chiclayo, pero aún no encontramos el apropiado”, menciona.

Celeridad

En tanto, señala que su equipo ha creado un aplicativo que se llama ‘Alerta Judicial’, el cual permitirá a los usuarios hacer el seguimiento de los expedientes y generar una alarma si es que estos no son resueltos en el período que corresponde o si no se les entrega las copias o partes judiciales en el tiempo ajustado a norma.

“La ciudadanía se queja, considera que hace un reclamo y no es atendido. A través de las redes sociales los usuarios nos critican porque sus procesos demoran. Nosotros hacemos el seguimiento de cada uno de sus procesos y, aunque sean casos individualizados, pedimos que se les dé el trámite correspondiente, la celeridad”, menciona.

Sobre los procesos de las azucareras, acota que ha recibido a los dirigentes y abogados de los empresarios, a quienes les ha manifestado su disposición para intervenir cuando existan retardos en la tramitación de los expedientes. Sin embargo, ha sido claro en afirmar que no puede intervenir en temas jurisdiccionales, pues para eso están habilitados los medios impugnatorios correspondientes, cuando discrepen con alguna resolución judicial.

Objetivos

Guillermo Piscoya afirma que uno de los objetivos de su gestión es lograr la implementación del proceso de oralidad civil, para lo cual no ha escatimado esfuerzos en enviar a sus funcionarios a Trujillo y Arequipa, sedes judiciales donde se han dado las mejores experiencias en esta materia, a fin de recoger información y diseñar un sistema de oralidad igual o mejor para Lambayeque.

“Lo importante para hacer una buena gestión es tener un buen equipo de trabajo. Yo le agradezco al mío porque diariamente estamos reunidos para delinear acciones. Somos una de las cuatro cortes más grandes del país y la que mejor ejecución de presupuesto y manejo de recursos tiene. Eso se debe al equipo con que contamos”, sostiene.

Trabajadores

En cuanto a los servidores judiciales, explica que poco a poco se han reactivado los órganos jurisdiccionales con la presencia de los magistrados y trabajadores, bajo el estricto cumplimiento de las medidas y protocolos de bioseguridad contra el COVID-19. En total son un promedio de mil 200. Algunos realizan trabajo remoto y otros presencial alternado (un día acude un grupo y al siguiente otro, debido a la reducción de aforo.)

“No podemos permitir que nuestras sedes judiciales sean sedes donde no se note presencia de magistrados, donde no se note presencia de auxiliares jurisdiccionales. He conversado con los trabajadores y ellos consideran que mejor hacen su trabajo presencialmente, con todas las medidas de seguridad, antes que de forma remota, donde tienen muchas dificultades y no pueden a veces cumplir cabalmente su función”, apostilla.

Indica que a medida que iba reactivándose el trabajo presencial fueron identificado casos de servidores infectados, pero que realizaban trabajo remoto. “Soy uno de los convencidos de que aquellos que hacen trabajo presencial son los que más se cuidan, porque permanentemente están con las dos mascarillas y con el lavado de manos. Al parecer, cuando estamos en trabajo remoto relajamos un poco esas medidas de salud”.

Informa que, en coordinación con la Gerencia Regional de Salud, recientemente se realizó el descarte del COVID-19 a 330 trabajadores con la aplicación de pruebas antígenas y moleculares. Además, permanentemente hay un médico ocupacional que realiza el seguimiento a los servidores que presentan algún síntoma o que resultan contagiados.

Apunta que el sindicato de trabajadores participa en la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo y ha hecho algunos pedidos como decretar el trabajo remoto.

“Lo primero que he hecho es pedir informes para saber el número de contagiados en cada sede y, valorando el contexto de los hospitales y la falta de oxígeno, decreté una semana de trabajo remoto, pero esta es una práctica que no puedo volver permanente, porque si bien el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nos ha dado a los presidentes la facultad para disponer esa medida, también tenemos que resguardar la necesidad de la ciudadanía de que se resuelvan sus casos. La administración de la justicia no puede detenerse”, asevera.

+ NOTICIAS:

  • En los próximos días, Guillermo Piscoya lanzará una publicación digital sobre su trabajo realizado en los 100 primeros días de gestión.

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ANTE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA: Piden nulidad de la ratificaci贸n de Sergio Zapata Orozco como fiscal

Escribe: Semanario Expresi贸n
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Sendos cuestionamientos han motivado a la Asociación Civil Pro Actione a solicitar a la Junta Nacional de Justicia – JNJ, la nulidad de la ratificación de Sergio Lucio Zapata Orozco como fiscal provincial en Chiclayo. El argumento que se expone en el pedido es que hubo irregularidades en el proceso, cuando fue desarrollado por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

La solicitud fue presentada a Inés Tello de Ñeco, actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, por el presidente de Pro Actione, Rubén Fernández Morales, quien denuncia que cuando el fiscal responsable del caso “Limpios de la corrupción”, Sergio Lucio Zapata Orozco, integrante de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, fue sometido al proceso de evaluación y ratificación ante el CNM, sucedieron hechos presuntamente irregulares que restan legitimidad a su condición de magistrado.

El proceso

El 18 de enero del 2017, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia), acordó el inicio de los procedimientos individuales de evaluación en el marco de la Convocatoria N° 001-2017-Ratificación/CNM, la cual se publicó el 22 de enero de ese año.

En dicha convocatoria fueron comprendidos, para ser evaluados, 19 magistrados del Distrito Judicial de Lambayeque, de los cuales seis eran jueces y 13 fiscales (11 provinciales y dos adjuntos), entre ellos Sergio Lucio Zapata Orozco, a quien le correspondió su entrevista personal ante el Consejo nacional de la Magistratura el día 18 de abril del 2017, a las 9:30 de la mañana.

Dos días después, el CNM emitió un comunicado informando que en sesión del Pleno del Consejo, realizada el mismo día de la entrevista, se procedió al acto de votación de los magistrados comprendidos en los procesos de evaluación integral y ratificación de la Convocatoria N° 001-2017-CNM, resultando ratificados por unanimidad todos los fiscales del Distrito Judicial de Lambayeque5, con excepción de Sergio Lucio Zapata Orozcoy Esdras Moisés Sánchez Moreno.

Demora suspicaz

Sin embargo, el 12 de julio, 85 días después de la entrevista personal, el Consejo Nacional de la Magistratura emitió un nuevo comunicado, informando que en sesión del Pleno del Consejo, de fecha 26 de abril del 2017, se procedió al acto de votación de los magistrados comprendidos en los procesos de evaluación integral y ratificación de la Convocatoria N° 001-2017-CNM, resultando ratificado por unanimidad el fiscal provincial responsable del caso “Limpios de la corrupción”.

“¿Por qué si la ratificación del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco se produjo el 26 de abril de 2017, recién se notificó y comunicó el 12 de julio de 2017, cuando en los otros casos se hizo solo dos días después?”, cuestiona en su escrito ante la Junta Nacional de Justicia Fernández Morales.

Este detalla que el 11 de noviembre del 2019, la Contraloría General de la República, emitió el Informe de Auditoría N° 3330-2019-CG/JUSPE-AC, Auditoría de Cumplimiento al Consejo Nacional de la Magistratura, denominado “Procesos de selección, nombramiento, evaluación integral, ratificación, así como procesos disciplinarios, de jueces y fiscales del Poder Judicial y del Ministerio Público”, determinando que existieron irregularidades en el Proceso de Ratificación del fiscal provincial Sergio Zapata Orozco (entre otros), efectuando hasta 10 recomendaciones, hecho que fue comunicado a la JNJ.

Empero, al 31 de diciembre del 2020, el estado de Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior Seguimiento y Publicación, entre ellas las contenidas en el Informe de Auditoría N° 3330-2019-CG/JUSPE-AC, según el Órgano de Control Institucional8 de la Junta Nacional de Justicia, se encuentran pendientesde implementación, a pesar de haber transcurrido algo más de un año de haber sido reveladas.

El informe de Contraloría

El informe de auditoría señala que el Consejo Nacional de la Magistratura evalúo y calificó el aspecto de “celeridad y rendimiento”, del rubro de idoneidad del fiscal provincial Zapata Orozco (entre otros), con información incompleta, no permitiendo establecer de manera objetiva si el referido fiscal obtuvo una calificación de “excelente”, “buena”, “insuficiente y/o deficiente”, conforme a los parámetros establecidos en la Convocatoria N° 001-2017-Ratificación/CNM, lo que permita dar sustento objetivo a la decisión del Pleno.

Esto mismo, se señala expresamente en cuarto considerando de la Resolución N° 199-2017-PCNM9.

Por otro lado, para el órgano de control, el CNM no efectúo la selección aleatoria de las decisiones expedidas por el fiscal Zapata Orozco (resoluciones, conclusiones, recursos impugnatorios, dictámenes, entre otros), a efecto de tenerse en cuenta en la evaluación de sus decisiones. Asimismo, no efectúo la selección aleatoria de los expedientes tramitados por el referido magistrado para la evaluación de la “gestión de los procesos”, conforme a lo establecido en Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público.

“Las conclusiones detalladas en el Informe de Auditoría N° 3330-2019-CG/JUSPE-AC, constituirían una grave irregularidad que generaría la nulidad de la ratificación del fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, de conformidad con lo señalado en el Artículo 4°, incisos b)10 y c)11 del Reglamento del Procedimiento de Revisión Especial de Nombramientos, Ratificaciones, Evaluaciones y Procedimientos Disciplinarios”, denuncia el representante de Pro Actione.

Influencias políticas

El denunciante también ha dado cuenta a la presidencia de la Junta Nacional de Justicia que el 13 de diciembre del 2018, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado – FECOR de Lambayeque, bajo la dirección del fiscal provincial Juan Manuel Carrasco Millones, realizó un operativo policial en el marco de las investigaciones seguidas contra la organización criminal “Los temerarios del crimen”, logrando la captura del electo alcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, quien días después, el 20 de diciembre, efectuó declaraciones revelando la forma cómo habría apoyado en la elección de Guido Águila Grados e Iván Noguera Ramos como consejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, “por disposición de Humberto Acuña Peralta, quien le señaló que la intención de poner personas en el CNM era la de “manejar el sistema de justicia a nivel nacional”.

Serrato Puse en su declaración señaló que “en el mes de julio del año 2017, cuando le tocaba pasar ratificación al fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, Edwin Oviedo a través de su operador en el CNM, Alberto Alva Azula, solicitó no ratificar al fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, además de hacerlo quedar mal con la opinión pública y así no ratificarlo, logrando su propósito y haciendo que la votación de dicho fiscal quede en suspenso por un tiempo prolongado que no es normal”.

Continúa Serrato Puse: “Es entonces que en una oportunidad cuando viajé a la ciudad de Lima y nos hospedamos en el Hotel ‘Flamingo’, y en horas de la mañana nos constituimos a desayunar al restaurant ‘El Robeño’, y coincidimos con el doctor Víctor Yaipén Zapata, quien era amigo de Sergio Lucio Zapata Orozco, y me indicó que se estaba cometiendo una injusticia dado que la ratificación estaba demorando, indicándome que persuada a Iván Noguera Ramos para que vote por la ratificación del mencionado fiscal, porque era un fiscal honesto y correcto y que su esposa

acababa de fallecer y se encontraba emocionalmente destruido; es entonces que yo me contacto con Iván Noguera en su casa ubicada en Pueblo Libre – Lima, y le comento que se está cometiendo una injusticia con el fiscal Sergio Zapata, mucho más que su esposa acababa de fallecer y no podía quedarse sin trabajo y, por lo tanto, rectificara su voto, con la finalidad de ratificar el cargo del fiscal y de esa manera pusiera fin al suspenso del fiscal y posteriormente lo ratificaron al fiscal Zapata Orozco por unanimidad. Debo precisar, que el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco nunca me habló para que lo ratificaran, además yo no lo conozco y nunca lo he visto, sino que me fui a hablar a Iván Noguera porque yo consideraba que todo eso era una injusticia”.

Sin embargo, las declaraciones de Serrato Puse carecerían de veracidad debido a que, por ejemplo, Alberto Alva Azula había renunciado en el 2016 al CNM, por lo que no podía interferir en el proceso de ratificación realizado un año después, mientras que el argumento del fallecimiento de la esposa del fiscal tampoco se ajusta a la verdad, debido a que este fue ratificado en junio del 2017 y su esposa dejó de existir 50 días después.

De las declaraciones de Serrato Puse se desprende también la cercanía con el actual congresista Humberto Acuña Peralta, cuyo hermano, Darío Acuña Peralta, era investigado por Zapata Orozco en el caso “Limpios de la corrupción”, por la presunta entrega de sobornos al ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales.

Por tales consideraciones, Fernández Morales ha pedido a la Junta Nacional de Justicia el inicio del Procedimiento de Revisión Especial del Proceso de Ratificación del fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, la nulidad del acto de ratificación y su cese automático de función en el ejercicio de la función fiscal por grave irregularidad en su proceso de ratificación.

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ALEX RODR脥GUEZ ALVARADO: Lambayeque recibe incentivo econ贸mico por cumplimiento de metas

Escribe: Semanario Expresi贸n
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  • Municipalidad provincial recibe más de tres millones de soles por resultados en el 2020.
  • Gracias a convenio con el Ministerio del Ambiente se gestiona proyecto para la planta de residuos sólidos.
  • Lambayeque está incluida en la lista de ciudades que serán beneficiadas con proyectos de desalinización de agua del mar para el abastecimiento poblacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, ha reconocido a la Municipalidad Provincial de Lambayeque por el cumplimiento de metas en el 2020, por lo que ha aprobado la transferencia de más de tres millones de soles para afianzar la modernización de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

“Quiero felicitar y agradecer el compromiso de los funcionarios y jefes de cada área, pues gracias a ellos se ha podido lograr las metas que el gobierno central nos pone, a través del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, hasta el 31 de diciembre del año pasado. Hace unos días se transfirió los recursos, siendo la municipalidad beneficiada con tres millones 400 mil soles, lo que nos permitirá invertir en la mejora de la gestión, priorizando la atención de la emergencia que vivimos por el Covid-19 y otros proyectos importantes para la población”, menciona el alcalde de la provincia, Alexander Rodríguez Alvarado.

La autoridad municipal refiere que su gestión trabaja ya en el cumplimiento de los objetivos trazados para el presente año como parte del Plan de Incentivos que tiene el MEF, a fin de seguir consiguiendo recursos para inversión.

“Sé que este año también lo vamos a lograr, porque estamos comprometidos con las tareas que nos pone el gobierno central a través del MEF. Resultado de ello, en relación al 2020 somos la municipalidad que más recursos ha recibido por cumplimiento de metas en todo el departamento”, asevera.

Planta de oxígeno

Rodríguez Alvarado comenta que el dinero recibido se distribuirá en la mejora de equipos y maquinaria, infraestructura, la lucha contra el Covid-19 y otros aspectos esenciales para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Lambayeque.

Resalta que recientemente se acordó en el seno del concejo municipal la adquisición de una planta generadora de oxígeno medicinal, por lo que se tiene reservado un millón de soles para dicho proyecto, para el cual reciben asistencia técnica de la Gerencia Regional de Salud y el Ministerio de Salud.

“Estamos haciendo gestiones previas y en los próximos días suscribiremos un convenio, como estipula la norma, para que se nos otorgue la autorización para la producción de oxígeno, de tal manera que podamos comprar la planta generadora y así apoyar a toda la población de la provincia que requiere de este importante insumo”, manifiesta.

El año pasado, la comuna de Lambayeque desplegó diversas actividades de respuesta frente a la emergencia sanitaria, las mismas que en el presente año se mantienen, principalmente a favor de las familias más necesitadas.

En ese sentido, la autoridad comenta que también se ha adoptado la decisión de adquirir balones de oxígeno (50 en total), para ser prestados a las familias que necesitan asistir con el insumo a los pacientes que siguen el tratamiento de recuperación en sus viviendas.

“Ha llegado la primera dotación y estamos en la compra de un segundo grupo de balones de oxígeno para ayudar humanitariamente a la población, esto se va a complementar con la planta generadora de oxígeno que vamos a implementar”, sostiene.

Agua potable

En paralelo, la gestión municipal de Lambayeque ha retomado las acciones que permitan dar solución definitiva al problema de abastecimiento de agua potable que afecta de manera frecuente a la población de la ‘Ciudad Evocadora’.

Durante la última gestión del ex alcalde aprista Percy Ramos Puelles, el gobierno nacional, a través del programa Agua para Todos, invirtió más de 60 millones de soles en la ejecución del proyecto de saneamiento básico en Lambayeque pueblo, obra que hasta el momento no ha sido transferida de manera formal y, en consecuencia, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, no tiene facultades para asumir su administración.

EPSEL ha denunciado que las constantes roturas que se presentan en las conexiones matrices de agua potable se deben a la presencia de piezas hechizas, que no garantizan la durabilidad del sistema, ocasionado que cada cierto tiempo las familias de Lambayeque vean interrumpido el suministro de agua potable.

Al respecto, Rodríguez Alvarado explica la municipalidad ha conformado un equipo técnico con EPSEL para concretar la liquidación de la obra y transferir la administración de la misma a la empresa de saneamiento.

“Hemos encontrado muchas deficiencias en la obra de saneamiento. Nosotros estamos pavimentando calles en diferentes sectores del casco urbano de Lambayeque y al momento de intervenir se ha detectado vicios ocultos relacionados a las conexiones de agua y alcantarillado. Por ejemplo, en la pavimentación de la avenida Huamachuco se ha encontrado deficiencias con las instalaciones de desagüe”, menciona.

Obras de saneamiento

Actualmente, la Municipalidad Provincial de Lambayeque ejecuta el proyecto de renovación del sistema de agua y alcantarillado del pueblo joven Santa Rosa, en tanto en el sector Las Maravillas, que fue comprendido en el proyecto de saneamiento de hace ocho años y donde ahora se realizan trabajos de pavimentación, se ha detectado anomalías en las redes del servicio básico.

“Estamos encaminados en un proyecto mucho más ambicioso para el abastecimiento de agua a la población. La Municipalidad Provincial de Lambayeque ha logrado participar de uno de los cinco proyectos aprobados a nivel nacional para la instalación de una planta desalinizadora de agua del mar, valorizada en aproximadamente 500 millones de soles”, manifiesta.

En tanto, se tiene en cartera la habilitación de la obra de alcantarillado del asentamiento humano Pedro Ruiz Gallo, donde se tiene que concluir con el proceso de saneamiento físico legal. En otros sectores como Sausal, Santo Domingo y La Esperanza se están realizando mejoras, toda vez que se tiene prevista la pavimentación de calles.

“Este año tenemos programada la pavimentación del sector Muro Solís, La Tina y el próximo año de todo Santo Domingo. Con ello habremos pavimentado todos los sectores ubicados al ingreso y salida de Lambayeque. Lo que buscamos es cambiarle la imagen a la ciudad, conscientes que es una zona turística y cultural, que merece mejorar sus condiciones de vida”, explica.

Residuos sólidos

Respecto a la gestión de los residuos sólidos, Alexander Rodríguez destaca que con el apoyo del Ministerio del Ambiente se ha logrado la ejecución de las primeras celdas transitorias como primer paso al tratamiento integral de la basura.

La comuna cuenta con un plan integral con el cual se ha logrado la asignación de los recursos para la elaboración del expediente técnico para la planta de tratamiento de residuos sólidos, cuya ejecución será financiada por el gobierno nacional a través del Ministerio del Ambiente.

“Es un proyecto más ambicioso, el expediente nos demanda el desembolso de 170 mil soles, y una vez concluido se tiene el compromiso del Ministerio de Economía y del Ministerio del Ambiente de asignar los recursos para ejecutar la obra, que nos permitirá la generación de energía, compost, humus y demás derivados de los residuos sólidos”, detalla.

Para la planta de residuos sólidos se ha logrado el saneamiento de 158 hectáreas gracias a un convenio suscrito con la Comunidad Campesina San Pedro de Mórrope. El área ya se encuentra inscrita a nombre de la municipalidad de Lambayeque.

Empero, aún está pendiente la modernización del equipamiento logístico para asegurar el buen funcionamiento del sistema de recojo de basura. La comuna tiene en la actualidad dos compactadoras nuevas y otras cinco que presentan fallas técnicas.

De ahí que dentro del proyecto para la planta de tratamiento se incluye el componente de maquinaria.

“A diario, la ciudad de Lambayeque produce 50 toneladas de basura, pero el proyecto que estamos formulando busca beneficiar también a las ciudades de Mórrope, San José, Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora, Motupe y Jayanca, en la medida que los municipios distritales así lo requieran. Nuestra proyección es alcanzar capacidad para recibir más de 200 toneladas de basura al día”, comenta.

Proyectos de desarrollo

Rodríguez Alvarado, quien fue dos veces presidente de la Mancomunidad del Valle La Leche, refiere que ya se cuenta con un perfil para la formulación del expediente técnico de la vía de evitamiento Lambayeque – Olmos, a fin de reorientar la carga pesada que actualmente transita por la antigua Panamericana Sur, cruzando los cascos urbanos de los distritos de la provincia.

“La vía de evitamiento es necesaria, pues sería la puerta de ingreso al nororiente. Hoy el tránsito pesado genera congestionamiento, inseguridad y pérdida de recursos. Hace falta decisión política en el gobierno regional y nacional para impulsar este proyecto. Las circunstancias actuales han frenado la gestión, pero es un proyecto que sí o sí debe lograrse”, indica.

Anota que en lo que se ha avanzado es la gestión de la carretera Lambayeque – San José, cuyo financiamiento se encuentra incluido en la Ley de Presupuesto de este año, así como el proyecto integral de seguridad ciudadana, con una partida de ocho millones de soles, cuya ejecución se encuentra al 80 %.

Asimismo, con recursos otorgados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, se financia la modernización de instituciones educativas en La Tina, Nido de Arena, Tinajones, pavimentaciones, el centro de salud en Salas y el mejoramiento de camino vecinales.

“Con el gobierno regional, es triste decirlo, no hemos tenido la suerte de que nos transfieran recursos o financien algún proyecto. Esperamos que este año sí se pueda tener algún tipo de presencia de nuestra ciudad”, enfatiza.

+NOTICIAS

  • A través de un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se financia la actualización del catastro urbano de Lambayeque.
  • La Municipalidad Provincial de Lambayeque destina el 80 % del FONCOMUN para el gasto corriente.
  • Las transferencias de FONCOMUN al mes oscilan entre los tres millones de soles.
  • La comuna está próxima a la adquisición de unidades vehiculares para las áreas municipales.

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