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EN EL PER脷: Educaci贸n universitaria en tiempos de SUNEDU y COVID - 19

Escribe: Dr. Luis Rolando Alarc贸n Llontop
Edición N° 1236

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Con siete años de Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) y dos de pandemia del COVID – 19, las cosas en las 143 universidades del país viven su propia tensión entre una reforma que apenas comienza, y no debe parar, y unos retos impuestos por una enfermedad que han de superarse.

Dos marcos contextuales, que conocen de intersecciones, marcan la educación universitaria en el Perú al término de 2021. Por un lado, el afianzamiento de la labor de la SUNEDU que puesta en marcha por mandato de la Ley 30220, sancionada en 2014, reemplazó el cuestionable papel de una Asamblea Nacional de Rectores (ANR), de lo que hemos abundado previamente desde esta y otras tribunas. En pocos años, la SUNEDU ha puesto regular orden en un sistema que antes de ella no supo autorregularse. Orden se puede resumir básicamente en la imposición de las ocho condiciones básicas de calidad que las universidades deben demostrar cumplen para obtener licenciamiento. Con unos mecanismos operativos que pueden y deben mejorarse, el panorama del licenciamiento no sólo ha de medirse en sus cifras brutas sino, sobre todo, lo que eso ha supuesto en logros para la universidad peruana toda.

Tenemos 143 universidades en el Perú. De ellas 51 son públicas y 92 privadas. Con casi el doble de estas últimas, curva que se engrosó con una puerta muy abierta por la anterior Ley Universitaria, nuestro sistema universitario a 2021 conoce de ciertas tendencias. Aun cuando una amplia mayoría, y no sin empellones, ha obtenido licencia, algunas -entre ellas la lambayecana Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo- se resisten obtusas a proceder en orden por el bien de la propia educación superior. Con todo, el licenciamiento no es un fin, sino un comienzo, exigencias que llegaron y deben ser superadas de sus mínimos de motuo propio. Y no siempre con las universidades más del mínimo es la meta. Entre otros, Rodolfo Benites, especialista en políticas públicas y educación superior, con un equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha documentado en un valioso estudio cuatro aspectos claves de la Educación Universitaria Peruana: 1) tendencia a la masificación y privatización, 2) participación desigual, 3) bajos niveles de empleabilidad e investigación, y 4) principales apuestas de la reforma universitaria: regulación y gobernanza.

Este último punto es interesante. Y preocupante en un país en el que la SUNEDU por sus exigencias, y por sus sus procesos que pueden resultar atosigantes para la operatividad de quienes le deben reportar indicadores, no es precisamente monedita de cien para todos. La sombra de un poder legislativo y/o un poder ejecutivo siempre la acecha en su naturaleza, funciones y fines, como la última intentona de la Comisión de Educación del Congreso de querer con un proyecto de Ley moverle el tablero por partida doble: extendiéndole plazos de licenciamiento a universidades no licenciadas y reconfigurando su órgano directivo, volviendo a las dudosas cuotas de la funesta ANR. Desautorizar a la SUNEDU, con cualquier excusa, incluso aquella inviable de que trastoca la autonomía universitaria, es desconocer lo evidente y la propia revisión legal y constitucional: Ya ante iniciales pataletas, el 26 de enero de 2016 su constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Constitucional.

La mejor forma de probar que los apretones de la SUNEDU han dado resultados es la entrada progresiva de varias universidades peruanas a rankings mundiales en los que antes de 2015 ninguna casa superior de estudios nuestra prácticamente aparecía. Diversos rankings que miden la reputación académica, la confianza de los empleadores de diferentes sectores, entornos laborales y educativos amistosos, la pertinencia de los cuerpos docentes, número de doctorados de sus cuadros, productividad de trabajos de investigación, publicaciones  indexadas, presencia en web, compromisos sociales de acuerdo a tendencias globales, y otros comienzan a incluir a las universidades peruanas que paulatinamente se toman en serio cuestiones tangenciales para el éxito final de lo que significa su ser y hacer.

Una de esas áreas es la investigación. En un país en donde el presupuesto dedicado como nación es de los más bajos de la región (baste esto: Según al anexo 5 de la Ley del presupuesto del sector público para 2022, el monto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC es de 127 096 501 soles, en una disminución de 23,4 % respecto a 2021) y del mundo, las universidades antes de las presiones de la SUNEDU, no reconocían -más allá de lo  declarativo- a la investigación para fortalecerla, impulsarla y financiarla ciertamente. Hoy cada universidad autónomamente ve sus mecanismos de insuflarle aliento a esta área de maneras creativas cada vez más, destinando no sólo presupuestos para laboratorios definidos y proyectos con fondos concursables, sino erigiendo áreas de investigadores dedicados con funciones específicas de producción y productividad en metas al estilo de las universidades  investigativas, las research universities de las que hablaba Van Hoof.  Es cierto: hay muchas casas de estudio que aún no caen en esa cuenta, pero lo harán tarde o temprano, incluso por meras razones de sobrevivencia.

Los impactos de la COVID – 19

Según los datos más discretos, en el año 2020, en que la pandemia de la COVID – 19 apareció del modo sorpresivo y caótico que todos sabemos, se tuvo un total de 1 007 766 estudiantes universitarios matriculados, en una caída de 310 522 alumnos (MINEDU, 2021). La tasa del 30 % de universitarios que aparecían afectados en un sistema de por sí complejo, exponía una característica más a ese sistema: una vulnerabilidad latente. Rápidamente, las universidades, sobre todo las privadas, acudieron a las bondades de la tecnología para erigir -como se hizo en la educación básica- a modos remotos, que supusieran un paliar a la espera de un regreso que se prometió en un inicio más o menos pronto. Hoy, tras dos años ya, sabemos que lo remoto quedará por algo o bastante más tiempo al menos como componente de una mecánica híbrida que combine con lo presencial, en cuotas que aún no se anima nadie a decretar para el país.

El punto más analizado por tirios y troyanos sobre lo que significó la COVID – 19 en los modelos educativos ha ido por su viraje, en efecto, de lo presencial a lo virtual. Desde un panorama doble básico: 1) el poco manejo de herramientas tecnológicas o digitales de los actores de los sistemas educativos (en lo universitario: docentes y alumnos) y 2) los pobres accesos para ambos en países como el Perú. Sobre el primer punto, diversos estudiosos ya han reseñado bastante lo poco preparados que los docentes se encontraban en el uso de las tecnologías necesarias para facilitar en remoto educación no solo universitaria, así como también los propios estudiantes quienes según su rango étareo era de suponer  mejor manejo (los jóvenes, sobre todo), algo que no necesariamente fue cierto. Sobre el acceso a la digitalidad, la realidad peruana nos vuelve a estallar en la cara para abrir brechas que muchas veces no son sencillas de superar:  la tenencia de internet es de las más bajas de la región, según INEI (2020) y llega a solo cuatro de cada diez hogares urbanos, lo que recrudece si pasamos al ámbito rural andino y amazónico, sobre todo.

Pero otras aristas incidían en una realidad universitaria que vio mermada las cuotas de accesibilidad al mismo sistema de estudio. Una importante fue -y lo es aún- el factor económico. La pandemia provocó más allá de cualquier frontera una crisis económica inédita. Para el Perú supuso una caída de casi el 30% y de cerca a 10 % del Producto Bruto Interno (PBI) en el segundo y tercer trimestre del 2020, según INEI (2020). Además de un bajón del 40.2 % y 16.5 % de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en dichos trimestres, respectivamente. Esto impactó en la no matrícula y la deserción universitaria para ese año aciago, y que no ha terminado de recuperarse aún ya finalizado 2021. Benites cita en su análisis a varios expertos (como Marginson, 2020; Albatch y de Wit, 2020) quienes observan que son las universidades privadas de bajo costo las más vulnerables a esta crisis, pues dependen directamente en su financiamiento del pago de sus alumnos. La lógica de esa afectación es simple, analizábamos con un colega, hace varios años para otra crisis: la que desataría una eventual fenómeno de El Niño: las universidades de bajo costo reciben estudiantes de recursos medios a bajos para quienes la educación es ante otras necesidades más básicas, sencillamente postergable… y prescindible; orillados por una elección en la que no tienen mayor opción, la educación pasa a un segundo o tercer plano.

… Los retos que vienen

Con un panorama en que la SUNEDU tiene sus metas trazadas para elevar una calidad universitaria que antes de sus siete años era elusiva, y una pandemia de COVID – 19 que se reacomoda en cepas y cepas con el ánimo de quedarse, la educación universitaria en el país tiene bastante aún por hacer para articular estrategias creativas y no menos serias que superen escollos que en muchos casos están fuera de los mismos predios académicos -como el político, lo tecnológico, lo financiero- pero que deben de preverse porque como nos ha probado este tiempo siempre terminan afectándola.

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Licenciado en Periodismo, Magister en Docencia Universitaria y Doctor en Comunicación Social. Desde noviembre de 2021 es docente investigador en la Universidad Privada del Norte.

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LOS MEJORES DEL A脩O: Nuestro reconocimiento a quienes construyen el desarrollo

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1236

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Como hace 28 años, en Expresión rendimos reconocimiento a las personas, profesionales y empresarios, instituciones, organizaciones y empresas, que con su trabajo y esfuerzo construyen el desarrollo del departamento, tomándolos como ejemplo de superación y éxito. Ellos son Los Mejores del Año 2021 en Lambayeque.

HOMBRE DEL AÑO

Walter Bracamonte Merino

Comandante de la Séptima Brigada de Infantería del Ejército y jefe del Comando Regional Covid-19.

Por su destacado trabajo al frente de la guarnición del Ejército del Perú en Lambayeque y como líder del Comando Regional Covid, a través del cual ejecutó las estrategias que permitieron el control de la emergencia sanitaria en el departamento.

MUJER DEL AÑO

Magaly Quiroz Caballero

Fiscal integrante del Equipo Especial del caso “Cuellos blancos del puerto”.

En reconocimiento a su destacado trabajo como fiscal anticorrupción del Distrito Fiscal de Lambayeque y por haber sido promovida, desde marzo del 2021, para integrar el Equipo Especial del caso “Cuellos blancos del puerto”.

PERSONALIDAD DEL AÑO

Manuel Soria Alvarado

Decano del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional VIII.

Como reconocimiento a su labora en la lucha contra el Covi-19 y por la permanente lucha institucional para que el personal médico del departamento cuenta con las condiciones mínimas de seguridad para enfrentar a la pandemia.

Cristian Díaz Vélez

Médico

Designado desde febrero del 2021 como director del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación – IETSI, de EsSalud. En el 2020 cumplió un importante trabajo como jefe del equipo epidemiológico en Lambayeque.

Walter Alva Alva

Arqueólogo

En el 2021 cesó en funciones como director del Museo Tumbas Reales de Sipán, institución que fundó a partir del descubrimiento del Señor de Sipán, ocurrido en julio de 1987.

Robert Prevost Martínez

Obispo de la Diócesis de Chiclayo

Por su permanente preocupación por ayudar a los más necesitados en lo que va de la emergencia sanitaria, logrando una activa presencia de la Iglesia Católica en todos los distritos que conforman la diócesis.

INSTITUCIÓN DEL AÑO

Gobierno Regional de Lambayeque

Séptima Brigada de Infantería del Ejército

Grupo Aéreo N° 6 – Fuerza Aérea del Perú

Policía Nacional del Perú – Macro Región Policial Lambayeque

Obispado de la Diócesis de Chiclayo

Compañía de Bomberos Salvadora N° 27 de Chiclayo

Gerencia Regional de Control – Contraloría General de la República

MEJOR INSTITUCIÓN DE SERVICIO

Cáritas Chiclayo

Rotary Club Santa Victoria

SERVIDOR PÚBLICO DEL AÑO

Mery Mocarro Aguilar

Directora del Colegio de Alto de Rendimiento – COAR Lambayeque

En mérito a su destacado trabajo y por haber sido reconocida como Servidora del Año en el Ministerio de Educación, sobresaliendo entre todos los trabajadores de dicho sector en el 2021.

Gisela Zelada Cortez

Ex gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL

Por su desempeño al frente de la empresa del agua potable, logrando destrabar diferentes proyectos de inversión y la declaratoria de la emergencia del servicio de saneamiento en Chiclayo y José Leonardo Ortiz.

Julio Hidalgo Reyes

Jefe de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque

En reconocimiento a su permanente trabajo en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, sobre todo frente a la situación de emergencia por el Covid-19 y la ejecución de los recursos destinados a la población vulnerable.

MEJOR ALCALDE DEL AÑO

Alexander Rodríguez Alvarado

Alcalde Provincial de Lambayeque

Nilton Chafloque Córdova

Alcalde Distrital de Ciudad Eten

REGIDOR DEL AÑO

Percy Espinoza Gonzales

Regidor Provincial de Chiclayo

Jhony Piana Ramírez

Regidor Provincial de Chiclayo

Andrés Puell Varas

Regidor Provincial de Chiclayo

Antonio Eneque Soraluz

Regidor Provincial de Lambayeque

Julio Rodríguez Chonta

Regidor Provincial de Ferreñafe

MEJOR COLEGIO PROFESIONAL

Colegio Médico del Perú – Consejo Regional VIII

Colegio de Enfermeros del Perú – Consejo Regional IX

Colegio Tecnólogo Médico del Perú - Consejo Regional II-Lambayeque, San Martín, Cajamarca y Amazonas

      Nuestro reconocimiento a los profesionales fallecidos en lo que va de la pandemia, cuyo sacrifico y entrega al servicio de la sociedad debe ser motivo de orgullo para sus colegas y la colectividad en general.

MEJOR DIRIGENTE PROFESIONAL

Viviana Santillán Medianero

Colegio de Enfermeros del Perú – Consejo Regional IX

En reconocimiento a su permanente defensa del profesional de enfermería frente a las carencias del sistema de salud en el período de emergencia sanitaria.

MEJOR GREMIO EMPRESARIAL

Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque

Asociación Regional de Exportadores

MEJOR DIRIGENTE GREMIAL

Carlos Burgos Montenegro

Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque

Olivio Huancaruna Perales

Presidente de la Asociación Regional de Exportadores

Alfonso Díaz Gálvez

Secretario General del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú – Lambayeque

Indira Puican Orbegozo

Secretaria General del Sindicato de Enfermeros del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo

Paúl Larrea Alvarado

Presidente de la Federación Médica Peruana

MEJOR JUEZ DEL AÑO

Ismael Rodríguez Riojas

Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Reynaldo Leonardo Carrillo

Juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios

MEJOR FISCAL DEL AÑO

Óscar Guevara Gilarmas

Coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

MEJOR COLEGIO DEL AÑO

Colegio de Alto Rendimiento – COAR

Institución Educativa Ex Cosome

Colegio San Agustín

Colegio Nuestra Señora del Rosario

Colegio Militar Elías Aguirre

MAESTRO DEL AÑO:

Katherine Carbajal Cornejo

Pedro Soplapuco Montalvo

Zenobio Elera Pintado

Martín Cabrejos Fernández

Carlos Chang Jiménez

Carlos Yampufé Requejo

MEJOR INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN SUPERIOR:

SENATI Lambayeque

MEJOR UNIVERSIDAD

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

MEJOR RECTOR

Patricia Campos Olazábal

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

UNIVERSIDAD MÁS SOBRESALIENTE

Universidad Señor de Sipán

MEJOR DOCENTE UNIVERSITARIO

Cecilia Vidaurre Nieto

Freddy Centurión Gonzales

Francisco Reluz Barturén

Limberg Chero Senmache

Marco Alvítez Monteza

Luis Alarcón Llontop

César Cardoso Romero

Lorella Otiniano Castillo

Rocío Rumiche Chávarry

César Luis Olivos Villasís

Maribel Carranza Torres

Iván Guerrero Ramírez

Maximiliano Arroyo Ulloa

Katherine Carbajal Cornejo

Mariano Ortiz Pizarro

Fiorela Fernández Otoya

Fernando Arriola Jiménez

César Cama Peláez

Ricardo Urpeque García

Mónica Chiclayo Padilla

 Julia Nureña Montenegro

Karla Rojas Jiménez

Carolina Falla Gómez

Jessica Ramírez García

Marcelo Rojas Coronel

Eugenio Cachay Maco

Wilmer Enrique Cueva

Patricia Chávarry Ysla

Mercedes Collazos Alarcón

Lourdes Palacios Ladines

MEJOR ESCUELA PROFESIONAL DEL AÑO

Escuela de Medicina Humana

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

Primera en el norte del país en recibir el licenciamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU.

 

INSTITUCIÓN CULTURAL DEL AÑO

Museo Nacional Brüning

Museo de Sitio de Túcume

Instituto Cultural Peruano Norte Americano – ICPNA Chiclayo

Instituto de Cultura USAT – ICUSAT

Alianza Francesa – Chiclayo

Ochocalo Centro Cultural

CineClub Lambayeque

 

 

GESTOR CULTURAL DEL AÑO

Carlos Wester La Torre

Bernarda Delgado Elías

Carlos Mendoza Canto

Lady Vinces Cruz

 

AGRUPACIÓN CULTURAL DEL AÑO

Fina Estampa

Los Sicanes

 

PROYECTOS Y PUBLICACIONES CULTURALES DEL AÑO

Libro Digital "Alma Lambayecana en colección fotográfica inédita de hace medio siglo"

Larcery Díaz Suárez

La Luz de Masao Nakagawa

Hideki Nakazaki

El Niño del Bosque

Alex Castillo Ventura

Vuelven Los Mochicas

Eloy Seclén Neyra

Guerreros de Sipán

Walter Bracamonte Merino

PROFESIONALES DEL AÑO

Alexander Villalobos Obando

César Hirakata Nakayama

Daniel Otayza Hurtado

José Asunción Reyes

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VERG脺ENZA MAY脷SCULA: MPCH cierra el a帽o en el 煤ltimo lugar en ejecuci贸n de gasto para obras a nivel nacional

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1236

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  • De todas las capitales de departamento, Chiclayo solo es superada por Iquitos en gastos de inversión.
  • Regidor Jhony Piana afirma que funcionarios de la gestión de Marcos Gasco están “enamorados de la mediocridad”.

La ineptitud de la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas ha ubicado a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (otra vez) en la lista de la vergüenza. De todos los municipios de capitales departamentales, el de Chiclayo ocupa el último lugar en ejecución de recursos para proyectos de inversión; es decir, obra pública. Al cierre de este informe, la entidad había logrado girar, a duras penas, el 31.9 % del presupuesto asignado.

“No me atrevería a ponerle una nota exacta (al alcalde Marcos Gasco), pero de que está jalado, está jalado. La calificación ya la ha dado la ciudadanía. Ahora, si quisiéramos bromear un poco y mirar la situación desde un ángulo positivo podríamos decir que este ha sido el mejor año de la municipalidad de Chiclayo en la ejecución presupuestal, desde que se inició la gestión del señor Gasco, en cuanto a proyectos de inversión”, comenta el regidor Jhony Piana Ramírez.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Economía Finanzas – MEF, al miércoles 29 de diciembre, la comuna provincial había ejecutado el 31.9 % de lo presupuestado para obras.

“No se pasa ni la tercera parte, pero 31.9 % es un récord para la gestión del alcalde Gasco, porque el año pasado llegó solo al 17.7 % y en el 2019 al 20.8 %”, compara Piana Ramírez.

Lo asignado en el 2021 para proyectos de inversión a la Municipalidad Provincial de Chiclayo asciende a poco más de 102 millones de soles.

Presupuesto total

Respecto a la totalidad de recursos asignados a la comuna de Chiclayo para el 2021, que suma las partidas destinadas al gasto corriente, planillas, pensiones y servicios, haciendo un total de 216 mil 270 mil 306, de los cuales se ejecutó al 29 de diciembre, el 63.1 %; es decir, 131 millones 380 mil 64 soles.

“Aquí también se suman los pagos por procesos judiciales de extrabajadores y otros gastos que no se traducen en obras”, explica.

Recursos para obras

Para el 2021, el municipio recibió 102 millones 270 mil 511 soles, habiéndose ejecutado tan solo 32 millones 641 mil 157 soles, equivalentes al 31.9 %.

Detalle de este monto es que se trata de lo que ha ido acumulando la gestión de Gasco Arrobas en los años 2019 y 2020. Es decir, al no poder gastar los recursos en el período que correspondía estos se iban comprometiendo para el año siguiente, por lo que los 102 millones en cuestión son un acumulado de los últimos tres años.

A ello se suma que existen recursos heredados desde la gestión anterior, la de David Cornejo Chinguel, por proyectos presupuestados, pero no ejecutados en el momento en que se debía.

Las razones por las que se va acumulando el presupuesto son diversas, principalmente porque la comuna no tiene capacidad para realizar procesos de contratación exitosos, que permitan la realización de las obras.

“Para que el 2019 haya ejecutado solo el 20.8 % del presupuesto para proyectos, el año pasado el 17.7 % y este año el 31.9 % es porque se va arrastrando presupuestos comprometidos. El problema con esto es que no se puede captar recursos para el año siguiente, porque la incapacidad de años anteriores impide que la municipalidad tenga un presupuesto por resultados y capte dinero para seguir haciendo obras. Se nos priva de obras por años”, señala el concejal.

Piana Ramírez refiere que actualmente en el listado de la comuna hay más de 30 obras con 0 % de avance pese a tener presupuesto.

“Es por incapacidad del alcalde y sus funcionarios que el dinero no se ejecuta”. Indica.

Último lugar

En un comparativo realizado al cierre de este informe, la comuna de Chiclayo se ubica en el último lugar en cuanto a ejecución del presupuesto de inversiones.

En primer puesto – según el MEF – se encuentra Lima Metropolitana, con el 82.8 %; seguida de Cuzco, con el 80.5 % y, en tercer lugar, Moyobamba, con el 81 %.

En cuarta ubicación está la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con 79.40 %; en quinto lugar Tambopata (77.3 %) y en sexta lugar Huancayo (72.1 %).

Luego siguen los siguientes municipios provinciales de capital de departamento: Huánuco (70.6 %), Trujillo (68.4 %), Tacna (68 %), Huancavelica (67.6 %), Arequipa (67.2 %), Huamanga (65.3 %), Abancay (64.8 %), Puno (64.3 %), Piura (63.9 %), Huaraz (60 %), Tumbes (58.3 %) y Cajamarca (58.2 %).

Después aparecen: Moquegua (57.1 %), Pasco (56.6 %), Ica (56 %), Chachapoyas (47.9 %), Callao (45.6 %), Maynas – Iquitos (42.7 %) y, finalmente, Chiclayo, con el vergonzoso 31.9 %.

“Chiclayo está último en ejecución presupuestal y eso que el señor Gasco siempre ha dicho que él es el mejor alcalde que va a tener el Perú y cuando se le cuestiona con las cifras él dice que es completamente falso. O miente el Ministerio de Economía y miente el alcalde, quizá como se cree tan grande piensa que tiene enemigos grandes y en el ministerio le cambias las cifras para hacerlo quedar mal”, señala el regidor.

Los funcionarios

El concejal afirma que de los más de 45 funcionarios de confianza que tiene la Municipalidad Provincial de Chiclayo, cinco o seis pueden dar la talla y hacer un buen trabajo. Del resto, poco se puede esperar.

“Más de 20 son absolutamente incompetentes, incapaces, ineptos y eso no se puede solucionar de la noche a la mañana, porque además están enamorados de la mediocridad. Les encanta ser mediocres y se ríen de todos los demás, creyéndose los grandes vivos y el que nos pasea. Ese es el tipo funcionarios que convoca el alcalde Gasco y con ellos se regocija. Esa es una de las tragedias de la municipalidad de Chiclayo”, sostiene Piana Ramírez.

Advierte que en el 2022 poco o nada podrá hacer Marcos Gasco para revertir el atraso de los tres primeros años de su mandato, más aún por tratarse de un año electoral en el que la administración municipal prácticamente va en automático.

“La municipalidad está mal y Gasco la dejará peor de como la ha encontrado, por eso es importante que los candidatos que participarán en el proceso electoral del próximo año no mientan, no hagan promesas que después no podrán cumplir. La demagogia no puede ser algo natural y, además, presentada como algo bueno. El próximo alcalde o alcaldesa no puede dar las mismas excusas que ha dado Gasco, diciendo que no puede trabajar porque el gobierno anterior no le dejó proyectos o porque tiene regidores que los fiscalizan y que para él son obstruccionistas. Prometer para ganar y después buscar pretextos para no cumplir es de gente sin escrúpulos”, manifiesta.

Finaliza recordando que Marcos Gasco prometió en su plan de gobierno más de 600 mil metros cuadrados de recapeo (de pistas).

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ASBANC: M谩s de 900 mil transacciones se realizaron mediante billeteras digitales

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1236

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  • El monto promedio de transacciones mediante billeteras digitales en mercados llegó a S/52
  • San Miguel, Jesús María y Barranco son los distritos de Lima con mayor penetración de billeteras digitales.

Más de 960 mil transacciones se realizaron en mercados mediante billeteras digitales hasta el cierre de noviembre a nivel nacional. De acuerdo al último reporte de Pagos Digitales e Inclusión financiera en municipios elaborado por la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), el monto de dichas transferencias superó los S/ 49 millones.

Asbanc también destacó que solo en Lima el monto de las transacciones llegó a casi S/ 33 millones, mientras que en provincias fue de aproximadamente S/ 17 millones. En ambos casos, el monto promedio de envíos, pagos, cobros y otras transacciones llegó a S/52 solo durante noviembre.

Mediante la campaña “Paga Seguro, fácil y sin contacto”, Asbanc busca promover programas de digitalización e inclusión financiera para el uso de las principales billeteras digitales que se encuentran en el mercado: Yape, Tunki Plin y Bim. Si bien este proyecto nació con el objetivo de reducir el uso de dinero en efectivo para la prevención del COVID-19, actualmente también contribuye con la economía local, gracias al incremento de pagos digitales en los diferentes mercados en distritos y provincias del Perú.

En cuanto a los avances de esta campaña, Asbanc destacó que en Lima metropolitana los distritos con mayor penetración de billeteras digitales en puestos comerciales fueron: San Miguel con 57% de afiliación, Jesús María (53%), Barranco (37%), San Borja (36%), La Molina (26%) y Santa Anita (21%). Además, se prevé que 59 mercados de San Juan de Lurigancho puedan afiliarse a las billeteras digitales; este logro representa un importante avance debido a que es el distrito con mayor población del país, lo cual permitirá que una gran parte de la población pueda digitalizarse.

Con respecto a otras regiones del país, Piura registró la mayor ratio de afiliación durante el año (19 %) con 2800 puestos, seguido del Callao (15 %) con 3400, Arequipa (11 %) con 1500, Trujillo (10 %) con 1900 y Cajamarca (7 %) con 1300 establecimientos afiliados.

Según Asbanc, negocios de abarrotes, de accesorios de celulares, agentes de bancos, carnicerías, especierías, librerías, tiendas de productos de limpieza, y hasta los puestos de venta de frutas, pollo o verduras son los comercios que más se han sumado al uso de billeteras digitales o electrónicas.

Cabe recordar que las billeteras digitales permiten realizar diversas operaciones financieras desde equipos móviles como celulares de forma rápida, sencilla y segura. Asimismo, evitan el contacto con el dinero en efectivo y optimizan nuestros tiempos para realizar transacciones.

Otro de los beneficios está relacionado a los servicios públicos: algunas billeteras también permiten pagar impuestos y tasas de entidades, haciendo que cada vez sea más fácil realizar trámites. Estos avances permiten la digitalización tanto del sector público como privado del país al mismo tiempo y se espera que pueda llegar a más establecimientos hacia el cierre de año.

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VOCAL SUPERIOR ISMAEL RODR脥GUEZ RIOJAS: 鈥淣ombramiento autom谩tico de los trabajadores CAS sacrifica a la meritocracia鈥

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1236

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Analizó decisión del TC que declaro en parte inconstitucional nombramiento de los servidores CAS.

El vocal superior, doctor Ismael Rodríguez Riojas, en diálogo con Expresión, analizó la problemática existente en el ámbito laboral público y privado, así como las normas aprobadas por el Congreso sobre la ley del régimen laboral agrario y la eliminación del CAS, declarada en parte inconstitucional, por la prohibición existente de crear o generar más gastos públicos y porque sacrifica la meritocracia.

El magistrado advirtió que la meritocracia sirve de medida para que el Estado adopte y reclute a los mejores técnicos, auxiliares y profesionales. “Si esto se cumpliera tuviéramos una administración pública de nivel”, anotó.

Rodríguez Rioja señaló que a raíz de la pandemia por la Covid 19, se ha registrado un incremento de la carga procesal en un 32% respecto del año anterior, siendo las materias más recurridas pagos de beneficios sociales y reposición en los puestos de trabajo, ceses de actos de hostilidad y desnaturalización de contratación.

Aseguró que vienen resolviendo dentro de los plazos que exige la ley, es decir, en los 5 días siguientes de la vista de la causa, cumpliendo con lo establecido en la ley 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo con el esfuerzo conjunto de jueces y servidores.

“La ciudadanía reclama que los casos en materia laboral sean resueltos oportunamente, no puede haber demora ante el reclamo de una reposición si el despido no ha sido ajustado a ley”, anotó.

En tal sentido, señaló no puede esperar 2 a 4 años para que su petición se resuelva, por lo que en casos complejos, recurren a medidas cautelares de reposición provisional, que de ser fundadas el trabajador repuesto continúa prestando el servicio hasta que se resuelva el expediente principal.

En general- acotó- reclaman el pago de beneficios sociales de las remuneraciones que buscan atender sus necesidades y las de su familia, razón por la cual se procura una respuesta rápida siguiendo la línea de trabajo del Poder Judicial, puesto que este es el compromiso de todos los magistrados.

Sobre las modificaciones legislativas en materia laboral, precisó que tanto en el año 2020 como 2021, están referidas con la atención inmediata de los efectos que en el campo económico ha causado la pandemia por la Covid 19, “se han dictado medidas buscado atender al sector trabajo, debemos entender que estamos frente al binomio empleador y trabajador, atendiendo que es el sector económico que tiene que buscar el impulso, mantenimiento y creando nuevos puestos de trabajo”, puntualizó.

En el año 2020, se dictaron disposiciones referidas a clarificar aquellos supuestos centrados en una suspensión temporal de labores con casos rígidos de cara a mantener las relaciones y los contratos de trabajo en sectores azotados por la pandemia, “si  bien es cierto la pandemia ha sido horizontal para todos los sectores, con las medidas sanitarias del año 2020 y la llegadas de las vacunas en el año 2021, se produjo la normalidad de relaciones laborales dando situaciones de mejora en el sector económico”, agregó.

Precisó que el 31 de diciembre del 2020, se dio la dación de la Ley 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario con incentivos para el sector agrario agroexportador y agroindustrial, sectores importantes de la economía. Dicha ley derogó la anterior 27360  a raíz de las protestas de los trabajadores.

Señaló que dicha norma busca promover y fortalecer el sector agrario y agroexportador “el reglamento se dio mediante Decreto Supremo 05-2021 del Ministerio de Agricultura y Riego, el 30 de marzo del 2021, disponiendo mejoras respecto a la anterior, tanto para los trabajadores como los empresarios”, anotó.

Agregó que el binomio empresa- trabajador mueve la economía y ambos coexisten en las sociedades con sus derechos reconocidos, “el sector laboral es uno de los más dinámicos y la construcción de derechos laborales siempre tienen el soporte de los reclamos en el marco de lo señalado por la Constitución Política y las leyes, en relación a los derechos de los ciudadanos”, indicó.

De otro lado, refiriéndose a la eliminación del CAS, manifestó que el Congreso de la República publicó la Ley 31131 el 09 de marzo 2021 cuyas acciones de cuestionamiento han concluido a finales de noviembre del 2021, a través del cual el Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente inconstitucional esa norma.

El magistrado manifestó que no debemos perder de vista que tratándose del empleo público hay una regla que seguir que es la meritocracia, en ese sentido, el acceso al empleo público, se trata de un derecho para todos, sin embargo, no todos van a poder acceder a las plazas, para ello se tiene la necesidad de utilizar un criterio de concurso público de méritos, pero, añadió no pueden crearse plazas sin sustento alguno, por tanto, hay que respetar las normas de carácter presupuestario.

Explicó que el sistema del presupuesto público establece cómo va creciendo el Estado con planificación y con recursos que se tienen que separar, comprometer y establecer.

En ese aspecto puntualizó que el Estado utiliza distintos regímenes laborales, siendo el clásico el de la carrera administrativa D.L 276 donde se consignan reglas de meritocracia y progresión de ascensos en la carrerea pública, “luego el Estado creó un segundo régimen laboral de la actividad privada Ley 728 que utiliza dos tipos de contrato indeterminado y de plazo fijo”, añadió.

No obstante, el Estado reconoció además que tenía prestadores de servicios a los que les daba un tratamiento de contratos civiles,  los llamados locadores de servicios, y tras la exigencia debió reconocer el principio de primaria laboral, dándose un tercer régimen llamado Contratos Administrativos de Servicios (CAS).

Aclaró que este nuevo régimen reconocido constitucionalmente como especial y temporal nació para en algún momento extinguirse.

Señaló que en los primeros regímenes existen distintitos beneficios diferenciados, tomando por ejemplo las gratificaciones por fiestas, en el caso de la Ley 276 carrera administrativa, el monto es de 300 soles; y en el régimen de la actividad privada Ley 728, la gratificación es equivalente a una remuneración, “son sumas distintas, los dos prestan servicios para el Estado, pero uno gana menos y otros más”, agregó.

Decisión del TC

Sobre la eliminación de los CAS y el nombramiento automático, señaló que el pleno del TC ha declarado parcialmente inconstitucional en algunos artículos que disponían la incorporación de los trabajadores al régimen 276 o 728, según la entidad. “El TC se ratifica por unanimidad, lo que en su momento, declaró sobre  la Ley 31039 de ascenso automático y nombramiento del personal de salud, señalando que si ordena la incorporación automática, se está infligiendo las disposiciones de la Constitución referidas a la prohibición de crear o aumentar gastos públicos”, precisó.

Señalado, en el caso de los servidores de salud, se estaría violando el principio de equilibrio presupuestal, en esa misma línea la Ley 31131 es inconstitucional porque no solo contribuye a un trabamiento desarticulado y sin planificación en la gestión de los recursos humanos del Estado, sino que advierte a los congresistas, “ustedes no han tenido el correlato con el Poder Ejecutivo que es el competente para diseñar y dirigir la política laborar en ejercicio de sus facultades”, agregó.

Otro aspecto saltante que señala el TC, indicó el magistrado- es que el nombramiento automático sacrifica la meritocracia,  que es el principio fundamental para garantizar un acceso igualitario con la finalidad de buscar estándares de selección de mejores ciudadanos para que estén al servicio del sector público.

Agregó que con una buena selección del empleado público por meritocracia, gana el ciudadano y gana la sociedad que va a recibir ciudadanos con espíritu de trabajo en el sector público y gana la sociedad porque verá que el acceso ha sido con reglas objetivas, claras y justas.

“El trabajo es un bien  escaso en el país y el mundo, cómo se sentiría un ciudadano frente a otro que observa que sus pares ingresan al empleo público sin ninguna razón de carácter objetivo y sin la meritocracia que sirve de medida para que el Estado adopte y reclute a los mejores técnicos, auxiliares y profesionales”, subrayó, acotando que  si esto se cumpliera tuviéramos una administración pública de nivel.

El juez señaló que todos estos esfuerzos se tomó en cuenta en el régimen del servicio civil, que pretende unificar el empleo público a fin de tener estructuras remunerativas similares y conceptos adicionales y condiciones de trabajo que tengan que ver con espacios diferenciados, ejemplo, del sector Educación, Salud, Agricultura, entre otros. No es lo mismo un equipo de trabajo para ejecutar 100 que un millón de soles, con metas más grandes y factores adicionales.

Régimen agrario

Sobre el régimen laboral agrario Ley 31210, precisó que trata de generar las mejores condiciones tanto para empresarios como trabajadores, “desde hace un par de décadas se buscan establecer estímulos e incentivos en el sector agrario del sector agroexportador fijando un régimen especial de trabajo denominado Ley de Trabajador Agrario”, anotó.

Señaló que así como en su momento el CAS ha pasado por etapas que ha generado el otorgamiento y reconocimiento de derechos casi uniformes, lo mismo sucede en el sector agrario y agroexportador, “así como se incentiva estimula, promueve y fortalece el agro empleador, una  vez que se ha logrado el asentamiento del sector económico, con fuerza y dinamismo, es momento de otorgar el reconocimiento de derechos mínimos”, subrayó.

Recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), viene propugnando como principio fundamental, la  generación de trabajo decente, no solamente los Estados promueven las inversiones sino también otorgan las condiciones para que esas inversiones permanezcan en el tiempo y sean sostenibles generando puestos de trabajo estables en el tiempo, que garanticen el acceso  los derechos laborales y sociales, por ejemplo, el aporte a los sistemas pensionarios.

En ese sentido, indicó, que no se trata de atender el hoy, es decir, que el trabajador tenga acceso a remuneraciones para satisfacer sus necesidades sino que  se proyecte en su ciclo de vida, considerando que el tiempo de los seres humanos es oro, “cuando nos encontramos al cabo de los años en el declive del ciclo laboral tenemos que ir pensando en pensiones, tenemos que ir pensando en sistemas de salud”, manifestó.

Señaló que de acuerdo a las normas vigentes, el empleador tiene que aportar el 9% para el sistema de la seguridad social, para que sus empleados gocen de buena salud y condiciones para que siga trabajando, “hablamos de trabajo decente con respeto, dignidad y derechos humanos”, agregó.

El binomio capital- trabajo es la línea que tienen que motivar los proyectos de leyes del campo laboral y de las relaciones humanos. “Hay que advertir que se busca potencial el lado empresarial para que luego sus efectos se vean en beneficio económico, salvo que brinde servicio social sin fines de lucro”, acotó.

Remuneración mínima

Sobre el aumento de la remuneración mínima vital, manifestó que en primer lugar debe darse un espacio de diálogo tripartito bien diseñado por el Consejo Nacional del Trabajo, que reúne al sector empresarial y al sector trabajador, desde el ejecutivo representado por el Ministerio de Trabajo, “deben sentarse en una mesa de negociación para definir aspectos de carácter técnico, sobre todo analizar los índices económicos, buscar una solución de consenso, considerando el alza de los costos de canasta básica familiar y órdenes de servicios”, manifestó.

Señaló que no se necesita recurrir a cifras  macroeconómicas para advertir el incremento de los precios.

En relación a la materia laboral pendiente en la agenda del Legislativo,  explicó que urge un cuerpo jurídico laboral ordenado, un código de trabajo y seguridad social que establezca los pilares y los largos lineamientos, que acopie las disposiciones legales no sólo para la seguridad jurídica sino para que tanto empresarios y ciudadanos conozcan sus derechos.

Así como los derechos y beneficios de los regímenes del sector público, de micro y pequeña empresa, construcción civil, empleados del hogar, pesqueros, artistas, Mype, trabajador agrario, entre otros. “En mi opinión debe tomar vida la dación de un Código de Trabajo y si bien las normas existen tienen que hacerse más rígidas para el acceso al empleo público. “Actualmente estamos atendiendo a una carga pública que es el reclamo de trabajadores con contratos de locación de servicios o que ingresaron sin contrato alguno al sector público y luego de un período determinado ya no siguen prestando servicios y reclaman reposición, entonces quiere decir que las autoridades de las distintas entidades públicas: gobiernos regionales, gobiernos locales y organismos públicos descentralizados, no están cumpliendo con lo que señala las normas de presupuesto que toda contratación tiene que estar adecuada al marco legal para lograr una administración pública ordenada”, finalizó.

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