El viernes último, la centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque realizó el Foro “Terminal Portuario Regional, ¡Hacia una realidad!”, que unió a los representantes de las instituciones públicas y privadas, así como a los candidatos a la alcaldía provincial de Chiclayo y a la gobernación, para sumar esfuerzos en defensa del anhelado proyecto.
El presidente de la institución empresarial más representativa del departamento, Olivio Huancaruna Perales, destacó la importancia del proyecto y el impacto positivo que este tiene para el desarrollo de toda la macro región nororiental del país, a diferencia de los puertos ubicados en Piura y La Libertad.
“El Terminal Portuario de Lambayeque, al que todos conocemos como Puerto Eten, no es una obra para este departamento, lo es para todas las regiones del nororiente, como Cajamarca, Amazonas, San Martín y el mismo Loreto. De ahí su importancia, por su ubicación estratégica, área a desarrollar en infraestructura y logística, la reducción de costos y las ventajas competitivas que no tienen los otros proyectos portuarios del norte. Por eso debemos defender su ejecución y para ello es necesario estar unidos, tanto el sector público como privado”, anotó.
A la actividad acudieron el gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión; consejeros regionales; el gerente general de la Autoridad Portuaria Regional, Miguel Peralta Suárez; el presidente del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales, Carlos Burgos Montenegro; el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, representantes gremiales, de las universidades, actores políticos y de la colectividad en general.
También estuvo presente el obispo de la Diócesis de Chiclayo, Robert Prevost Martínez; representantes de la Autoridad Portuaria Nacional – APN, y asesores parlamentarios.
Lambayeque en peligro
Como invitado especial estuvo presente el economista Limberg Chero Senmache, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad ESAN, así como articulista de Expresión, quien refirió que Chiclayo es la metonimia de Lambayeque, por lo que todo lo que ocurra para bien o para mal en la provincia capital del departamento, tendrá impacto en toda su población.
“Lambayeque corre peligro de muerte en términos de empleo y de futuro, por lo que nos debe mover es el amor y el arraigo por lo que tenemos. Ese peligro no se va a arreglar solo, se necesita de un acuerdo entre el sector público, privado y la sociedad civil. Debemos partir por reconocer el problema. La metonimia entre Lambayeque y Chiclayo es real, puesto que esta ciudad acoge a la mayor cantidad de la población como habitantes y todos en la región llegan a Chiclayo para realizar actividades comerciales, de servicios y laborales. Lo mismo pasa con todos los migrantes que llegan de la selva y la sierra, que acuden para hacer negocios y desarrollarse”, explicó.
Pese a esta particularidad, la región tiene una población mayoritaria que, por ejemplo, no tiene refrigeradora o donde los índices de comprensión lectora disminuyen, pero además donde los estudiantes más destacados no se quedan a trabajar en el departamento, sino que migran a otras regiones.
“El Terminal Portuario no es un objetivo en sí, sino el punto de inflexión frente a la indiferencia que parece que nos está carcomiendo a todos y lo podemos ver no solo en el ámbito político, también en la sociedad civil y el día a día de las actividades comerciales. Por eso es válido preguntarse por qué existe Chiclayo si ya no es el de 1980, donde recibía a los visitantes que buscaban un poco de modernidad. Ahora, si vamos a Trujillo o a Piura encontramos un desarrollo muy diferente del que tenemos aquí. Entonces, ¿por qué existe Chiclayo? Por las condiciones geográficas. Piura, Trujillo y Cajamarca están muy lejos entre sí, por lo tanto el punto de encuentro geográficamente sigue siendo esta ciudad”, dijo.
El economista y docente universitario dijo que si bien es sencillo deducir por qué existe Chiclayo a partir de su ubicación geográfica, no es lo que sucede respecto a si tiene o no futuro.
“No hablo de un concepto político, sino de un concepto cultural. ¿Qué es ahora ser Chiclayo? ¿Cómo vivimos y vibramos con esa identidad? Hay una responsabilidad regional en mejorar el currículo educativo para fortalecer la identidad y no olvidarnos quiénes somos”, comentó.
La realidad
Explicó que en un breve ejercicio de lluvia de ideas sobre Chiclayo salieron a flote algunas características como “amistad” y “comida”, pero también “desorden” y “delincuencia”.
“El desorden es una forma de corrupción, no en términos monetarios, pero sí de nuestros valores. Vean los ingresos a Trujillo y Piura y comparen con los ingresos vehiculares a Chiclayo y sabrán a lo que me refiero. Este tipo de cosas nos tendrían que hacer reflexionar para encontrar soluciones. Tenemos capital humano para lograr ese cambio”, enfatizó.
Limberg Chero añadió que entre el 2021 y el 2022 el mapa de riqueza del Perú ha variado, trasladándose al sur las regiones con mayor capacidad económica, mientras el norte del país, pese a sus condiciones geográficas y políticas pierde presencia a nivel nacional.
“El norte es un corredor que comparte objetivos comunes. No estoy hablando de economía, no estoy hablando de cifras, sino de aquello que nos define. A nivel país no estamos haciendo bien las cosas y en Lambayeque sucede exactamente igual, la informalidad nos afecta en todos los sectores. En construcción y pesquería hay más del 90 % de informalidad, y eso se refleja en el índice de competitividad regional”, explicó.
Remarcó que es urgente pensar en lo que espera a los niños y jóvenes del departamento, quienes deben tener seguridad de un mejor futuro, con oportunidades educativas, laborales y competitividad.
“Si no hay objetivos no hay futuro y lo que nos está faltando en Lambayeque es consensuar esos objetivos. Pueden los colegios reunirse, pueden las universidades hacer eventos, pero esos poquitos que están ahí no tienen el suficiente alcance a nivel regional, estos lazos se están perdiendo”, acotó.
Futuro común
Expuso que una vez definidos los objetivos regionales es necesario emprender la planificación, a fin de saber cómo alcanzar esas metas.
“No hablo de la planificación de un gobierno regional o de una municipalidad, sino de todos, en consenso. Teniendo claro el plan se requiere de seguimiento. Sin seguimiento la planificación no sirve. Si no se hace esto no será posible cuestionar o pedirle cuentas a la autoridad de lo que está haciendo o dejando de hacer”, dijo.
El economista refirió que el diálogo regional debe ser constante, para que de esta manera se concrete el objetivo.
“Una sociedad que no es capaz de hablar, que se queda muda frente a las cosas que pasan, está destinada a desaparecer. Debemos partir de la realidad y lo primero es reconocer lo mal que estamos. No sé si los candidatos tienen consciencia del enorme reto que buscan asumir, la municipalidad provincial está quebrada, varios proyectos se están truncando y los talentos migran”, afirmó.
Chero Senmache indicó que el futuro de Lambayeque se debe analizar desde el punto de vista territorial, siendo la región que desde su costa se irradia hasta toda la macro región oriental, cubriendo a regiones como Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto.
“Todos los habitantes de estas regiones, cuando hablan de viajar a la costa, piensan primero en Chiclayo. Por la influencia regional es que como departamento deberíamos saber negociar mejor ante el gobierno nacional, porque representamos los intereses no solo de los lambayecanos sino de toda la macro región y, por lo tanto, con ello es posible presionar y exigir por la ejecución del Terminal Portuario Regional”, anotó.
Tras las intervenciones de los ponentes, las autoridades participantes, así como los asistentes en general suscribieron un acta de compromiso por la ejecución del anhelado proyecto lambayecano.
La Comisión de Producción del Congreso de la República tiene un proyecto que apunta a modificar la Ley General de Pesca, en cuya oposición se han pronunciado los representantes del sector a nivel nacional. En Lambayeque, David Custodio Zavaleta, vocero de las empresas pesqueras del departamento, señala que el principal problema de la iniciativa es que no ha recogido la opinión de los actores directos: pescadores, armadores y propietarios de embarcaciones.
El proyecto de ley fue presentado en la legislatura anterior por el congresista Jaime Quito Sarmiento con el objetivo de a aplicar diversas modificatorias a la norma vigente, como propiciar la creación de un Consejo Nacional de Pesca, que tendría competencias consultivas; incorporar la categoría de ‘recurso sobreexplotado’, la protección de las cinco millas (la cual busca proteger la pesca artesanal y reducir el uso de artes de pesca de alto impacto), estandarizar los plazos de vigencia de los permisos, entre otras.
“Nosotros venimos sosteniendo ante la Comisión de Producción que no se ha escuchado a los representantes del sector en Lambayeque, que no ha sido tomado en cuenta para la formulación de la nueva Ley General de Pesca. Hay personas que se han atribuido representatividad que no tienen, hay un importante número de asociaciones y gremios, con planes de innovación y mejora que no han sido escuchadas”, manifiesta.
Permisos de pesa
Custodio Zavaleta indica que uno de los principales riesgos del proyecto es el establecimiento de un plazo de 10 años de vigencia de los permisos de pesca, que actualmente son indeterminados, lo que afectaría – asegura – directamente el desarrollo del sector, afectando a miles de familias.
“Es necesario que los congresistas conozcan la posición de los pescadores. Se han realizado marchas y otras actividades de rechazo a este proyecto, porque su autor no conoce y probablemente esté mal informado sobre la situación del sector. Lo que reclamamos es que se llegue a un consenso y se dé participación a los gremios pesqueros, porque de lo contrario el problema se va a agudizar”, indica.
Añade que es necesario que el Estado atienda el reclamo de los gremios pesqueros, porque en la actualidad el 80 % de la biomasa de anchoveta en el Perú se encuentra en manos de unos pocos, lo que genera una situación de inequidad y descontento entre las familias que dependen directamente de la explotación hidrobiológica.
“Primero que el Congreso nos diga cómo se piensa modificar la Ley General de Pesca si no se soluciona lo que genera el Decreto Legislativo 1084, que beneficia a siete grupos de poder que dominan el mercado, las especies, el precio y que se preocupan más por abastecer el mercado internacional antes que el nacional. Con la nueva ley pretender desparecer a las empresas medianas y pequeñas, cuyas flotas han costado 30 o 40 años de subsistencia. Son muchos los escenarios que se han presentado en el sector y es inaudito que se quiera desaparecer en 10 años, siendo el resultado de décadas de trabajo”, enfatiza.
Fuentes de trabajo
Custodio Zavaleta menciona que la gran mayoría de embarcaciones existentes son producto del trabajo de pequeños pescadores y armadores, quienes han accedido a créditos para implementar su flota y correrían el riesgo de perder su fuente de ingresos si se aplica la reducción de los permisos de pesca a 10 años.
“Hay que cuidar las fuentes de trabajo que son el sostén de miles de familias a nivel nacional. No estamos de acuerdo con la vigencia de permisos por solo 10 años. Es muy difícil sostenerse en el sector por solo 10 años. Nuestras embarcaciones tienen una vida útil aproximada de 25 a 40 años, por lo que crear una norma que establezca que los permisos serán solo por 10 años genera incertidumbre jurídica para un pequeño pesquero o armador. La norma actual establece el plazo indeterminado, pero con ciertas reglas de caducidad”, explica.
En la actualidad, si un armador pesquero, con permiso otorgado por el Estado, no cumple con la normatividad como las tallas mínimas de especie, el pago de derechos de pesca, la gestión correcta para la extracción, usa artes y aparejos inadecuados, incumple con sus declaraciones de derechos de pesca en los plazos establecidos o descarga volúmenes excesivos no autorizados, incurre en causales que se sancionan con la caducidad del permiso.
Sobre esto, David Custodio refiere que una cosa es que caduque el permiso de pesca por las faltas graves cometidas y otra muy distinta a que el permiso, per se, tenga una vida útil.
“Lo que se le está diciendo al armador es que en 10 años se renovarán los permisos, pero no se explica ni las formas ni las circunstancias. Tampoco se explica qué pasaría con aquel que no recibe la renovación del permiso. La Ley General de Pesca si bien ha establecido criterios de renovación posteriores a los 10 años, no ha fijado cuáles serían los criterios de renovación ni el destino que se le daría a la embarcación en caso se niegue el permiso. ¿Se destruye?, ¿se despide al personal?, ¿se funciona? Nada de eso está especificado”, acota.
Rol del IMARPE
Cuestiona también que se le pretenda restar participación al Instituto del Mar Peruano – IMARPE, en la formulación de la nueva norma.
“Los impulsores del proyecto de ley pretenden que otros organismos, ajenos al sector pesquero, que tienen otro tipo de motivaciones y no tienen incidencia científica en el estudio de las especies, como pasa con algunas ONG, sean lo que señalen la política pesquera del país. Eso no lo vamos a permitir. Por muchos años el IMARPE ha realizado un trabajo estrictamente científico, no político, en aras de que se preserve no solo la anchoveta, también especies como el jurel, la caballa, el bonito, que sirven para la alimentación de millones de familias”, acota.
Añade que en el caso de Lambayeque, gracias a la existencia de la flota pesquera de Santa Rosa y San José se genera una cadena de comercialización de productos marinos hacia Cajamarca, San Martín, Amazonas e incluso Tumbes y Piura.
“Si no existiera esta flota dedicada a la extracción de este tipo de recursos, desaparecerían del mercado y eso es lo que no queremos”, señala.
Custodio Zavaleta sostiene que es urgente que el Estado tenga una política integral del sector pesquero.
Nuevos mercados
Refiere que si bien es positivo que se avance en la construcción de desembarcaderos, no hay mercados mayoristas que permitan la concentración de cargas, como sucede en Tarapoto, Cajamarca o Jaén, por ejemplo.
“Quisiéramos que el Estado intervenga de manera activa construyendo mercados mayoristas exclusivos, a los que el armador pesquero pueda trasladar sus recursos a menores precios. Lamentablemente no podemos llegar a esas zonas por varios factores como la inseguridad, los altos costos de transporte y porque no hay la infraestructura que permita almacenar productos frescos. La política pesquera del Estado descuida ciertos aspectos de la alimentación de la población. Se concentra solo en la extracción y en las embarcaciones, pero no mira el objetivo de la comercialización y distribución a los mercados más importantes. Si no hubiera el terminal de Santa Rosa, Lambayeque y muchas otras regiones del país no tendrían acceso a productos como el jurel y la caballa. Esos son temas que se deben abordar en la nueva Ley General de Pesca”, manifiesta.
La falta de mercados regionales, indica, obliga a que los pescadores comercialicen sus productos desde Lambayeque al 30 o 40 %.
“La anchoveta, con sus medidas de protección y preservación, ha servido como fuente ingresos y trabajo para miles de familia en los últimos 20 años. Sin embargo, esa mista condición debería lograrse para todas las especies. Si nosotros que somos pesqueros medianos e industriales, que trabajamos dentro de la formalidad y cumpliendo con las exigencias normativas estamos afectados, no quiero imaginarme cómo están los pescadores artesanales. Ellos se encuentran en mayor desventaja”, acota.
Enfatiza al señalar que quienes se benefician de la falta de articulación del sector, por desidia del Estado, son los intermediarios, quienes ofrecen los productos hidrobiológicos en las regiones vecinas hasta al 400 % del valor que se tiene en costa.
Los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán han demandado al Ministerio Público de Lambayeque los resultados de las investigaciones iniciadas contras los ex administradores judiciales de la azucarera, quienes asumieron el control al estallar el conflicto, allá por el 2016.
“Las investigaciones que se iniciaron en el Ministerio Público han quedado en eso, en el inicio. Se han denunciado hechos muy graves de criminalidad organizada, lavado de activos, apropiación ilícita, fraude en la administración de personas jurídicas y otros, pero no se tiene avance en las carpetas fiscales”, señala el abogado Gilberto Carrasco Lucero, representante de los trabajadores.
Las denuncias a las que se hace mención el abogado se encuentran en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de Lambayeque.
“No hay avance en estos procesos de investigación, pese a que transcurrido más de un año. Esto ha motivado la indignación de los trabajadores, quienes han acudido a la Presidencia de la Junta de Fiscales para demandar celeridad, a fin de esclarecer la forma en la que Tumán, de ser una empresa líder en el sector agroindustrial, pasó a ser una empresa que atraviesa momentos muy difíciles, que repercuten en los trabajadores, jubilados, viudas y herederos”, menciona.
Los casos
Una de las carpetas está referida a la administración judicial de Marcelino Llontop Suyón, Carpeta 2016-2021, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, que aún no se ha pronunciado sobre las diligencias realizadas por la Policía Anticorrupción, que ya concluyó con sus acciones investigativas y ha quedado a espera de la disposición de la representante del Ministerio Público.
Esta carpeta se encuentra en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Según el abogado, dicha disposición debe ser la de formalizar la investigación preparatoria contra Llontop Suyón y quienes integraron su administración.
Otra carpeta es la que se mantiene abierta contra Leoncio Egúsquiza Sánchez, a cargo del fiscal Luis Jaramillo Cubas, quien ha recibido exámenes contables sobre el mal manejo de los recursos de la empresa, sin que hasta el momento se haya convocado al perito para que explique los resultados y dé elementos que favorezcan la investigación.
También está la investigación a cargo del fiscal Rodolfo Albújar Álvarez, quien tiene en su despacho denuncias por hechos prejudiciales a la azucarera. Aún no se emite la disposición de investigación preliminar, pese a que el caso se presentó a inicios de año.
“A pesar de los reiterados requerimientos para que se inicie la investigación aún no se tiene respuesta concreta y eso es lo que indigna a los trabajadores”, menciona el abogado.
En total son 50 investigados en las tres carpetas fiscales.
Piden sanción
“Lo que nosotros reclamamos no hoy, sino hace muchos años es que en Tumán se haga justicia, porque desde el 2015 han entrado administraciones judiciales que han quebrado a la empresa. Hay trabajadores que han denunciado lo que han hecho personajes como Marcelino Llontop, Leoncio Egúsquiza, Alejandro Zevallos, Daniel Riojas y César Sandoval. Ellos han cometido atrocidades en la empresa. Las investigaciones están congeladas, mientras el trabajador hoy no tiene cómo sustentar a su familia”, señala Vicente Castillo Nicolás, dirigente de los azucareros.
Menciona que hasta el 2015 la empresa se encontraba en un franco proceso de producción, con las remuneraciones al día, así como los beneficios laborales cumplidos por la administración a cargo de Segundo Ordinola Zapata y el IV Directorio.
“Incluso durante tres años se pagaron utilidades, pero desde el 2015 empezó la desgracia, por eso reclamamos con fundamento, porque desde la primera administración que le dieron a Marcelino Llontop se hicieron actos irregulares. La empresa molía hasta cuatro mil 500 toneladas de caña al día, hoy hemos perdido todo ello. Son siete años de desgracia en Tumán. Ellos culpaban a la administración del Grupo Oviedo de haber quebrado a Tumán y esa fue una gran mentira. Del 2006 al 2015 la empresa tuvo su mejor época”, asevera.
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Bernardino Nima Merino
“Pedimos a la fiscalía que concluya con las investigaciones y acuse a los responsables de la desgracia que vive Tumán. Los trabajadores y jubilados ya no queremos más administraciones judiciales”.
Segundo Paredes Sayaverdi
“El V Directorio está reconocido y hay una gerencia general, pero aún partes de la empresa están tomadas por gente que apoya a quienes han destruido la productividad de la empresa, y eso lo rechazamos”.
Lucio Chanamé Vilchez
“La fiscalía no puede seguir indiferente frente a la crisis que atraviesan los trabajadores de Tumán. Son años desde que la empresa fue tomada y saqueada por gente que debe responder ante la justicia”.
Jorge Barboza Vásquez
“En Tumán estamos cansados que cada cierto tiempo aparezcan inescrupulosos a querer seguir destruyendo a la empresa, con resoluciones judiciales fraudulentas. Necesitamos que la fiscalía actué con severidad”.
“Es una constante, Chiclayo pierde muchas oportunidades y el desarrollo se ha visto detenido, hasta parecer que no hay ninguna posibilidad de salir adelante y eso por varios factores, en primer lugar la autoridad, en segundo lugar la falta de planificación y también por falta de sensibilidad de la población. De los tres, el problema más crítico es el de la autoridad”, señala Antonio Uriarte Gonzales, candidato a la alcaldía provincial por Alianza Para el Progreso – APP.
El postulante sostiene que la autoridad local no puede renunciar a su responsabilidad de convocar a todos los actores sociales que tienen que ver con el desarrollo de la provincia, tal como ha sucedido en los últimos gobiernos municipales.
Primeras acciones
Uriarte Gonzales refiere que de resultar electo alcalde de Chiclayo, su primera acción será convocar a la sociedad civil, principalmente a los colegios profesionales como aliados estratégicos del gobierno local.
“Lo primero que debemos hacer es unirnos. Solo la autoridad no podrá salvar la situación de Chiclayo”, afirma.
Para la gestión municipal propone trazar un plan de mediano y largo plazo, y emprender acciones inmediatas que están orientadas a mitigar problemas como el de la basura, por ejemplo.
“Se necesita de acciones inmediatas porque la población no va a esperar cinco o diez años hasta que se hagan realidad proyectos como los que están proponiendo otros candidatos, como construir un mercado de cinco piso. Lo que la población quiere en estos momentos es que se atienda de manera urgente los problemas más complicados, como el de la basura. Hay 44 puntos críticos de acumulación de residuos y que la actual gestión, con 17 compactadoras, no puede atender”, explica.
Limpieza pública
Menciona que Chiclayo tiene la particularidad de contar con una población estable y otra flotante, siendo esta última de 150 mil personas al día, aproximadamente, que también generan residuos sólidos, ocasionando que la capacidad operativa – que no las contabiliza – se vea superada.
¿Qué espacios son los que generan mayor cantidad de basura en la ciudad? Los mercados, los pueblos jóvenes y las urbanizaciones. Sin embargo, del total, el 30 % la producen los mercados, pero en estos no se pagan nada para el recojo. Ese es un problema que genera un forado económico. La merced conductiva que se paga por los puestos no es para la limpieza pública, sino para la rehabilitación y mantenimiento de los centros de abasto”, señala.
Cerca de 50 toneladas de basura se dejan de recoger en la ciudad, siendo los ingresos a Chiclayo los espacios de mayor acumulación de residuos, así como los cinturones periféricos que colindan con las urbanizaciones.
“Al 85 % de los pueblos jóvenes no se les recoge la basura y las familias lo que hacen es contratar a personas que la trasladas a esos 44 puntos críticos que menciono. Lo que se tiene que tener en cuenta también es que más allá de la maquinaria y el personal de limpieza, lo que se necesita es el compromiso de los vecinos para cumplir con los horarios de recojo y depositar los residuos donde corresponde”, indica.
Propone la instalación de contenedores en los mercados, urbanizaciones y pueblos jóvenes, sobre todo en los que tienen pasajes peatonalizados o son de difícil acceso para los camiones de recojo, como sucede en Cruz de la Esperanza, por ejemplo.´
Añade que su objetivo es reducir el no recojo de la basura en los pueblos jóvenes al 30 %.
Respecto a los obreros municipales, sostiene que se respetarán los derechos y beneficios laborales que se ajustan a la normativa vigente, siempre privilegiando el interés de la ciudad.
“Retomaría el convenio con la cooperación suiza para que se concluya la parte pendiente del proyecto Chiclayo Limpio. Tenemos que tocarles las puertas. La municipalidad les falló dos veces, pero nosotros nos comprometemos a hacer la gestión. Si acaso no se lograra recuperar su apoyo, tenemos que tocar otras puertas, pero el problema de la basura se soluciona sí o sí”, afirma.
Agua y desagüe
Antonio Uriarte afirma que la infraestructura de saneamiento básico en Chiclayo está colapsada y no soporta mayores cargas, por lo que se requiere de un plan maestro de agua y saneamiento para atender el abastecimiento de agua potable y el adecuado tratamiento de las aguas residuales.
“Otro aspecto que va de la mano con ello es el proyecto del drenaje pluvial, que para la formulación del plan maestro se suscribió un contrato en el 2019 y hasta el momento no se concluye. Se necesita acelerar los planes. El exalcalde David Cornejo para desentenderse del tema cedió al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la contratación del plan y aún no hay resultados. Si en estos momentos tuviéramos los 500 millones de soles para ejecutar el drenaje pluvial no podríamos empezar, porque no hay expediente”, señala.
Menciona que también se debe presionar ante el Ministerio de Vivienda para la culminación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo.
“El Plan de Desarrollo Metropolitano tiene 300 observaciones y han contratado a otra empresa para que las levante. Hasta el momento tampoco tenemos plan de desarrollo, por ello nuestra propuesta es gestionar ante el Ministerio de Vivienda para que culmine con ese proceso y se empiece la socialización en los primeros ocho meses de la gestión. Si no tenemos plan de saneamiento, plan de drenaje y plan de desarrollo, no tenemos hoja de ruta para actuar”, asevera.
Comercio y mercados
Uriarte Gonzales afirma que no va a caer en el populismo de ofrecer mercados de cinco pisos, como sí lo están haciendo otros candidatos.
“El Mercado Modelo se terminó en el 70 y fue diseñado para una población que no era ni la quinta parte de la población actual. En consecuencia, ya no puede funcionar como el más importante de Chiclayo. Al no haber planificación no se han creado los mercados periféricos, que son necesarios para el abastecimiento mayorista. Nosotros sí consideramos su construcción”, indica.
Comenta que uno de los mercados de gran capacidad se ubicaría en el corredor Pomalca – Chiclayo y otro en José Leonardo Ortiz, como pasos iniciales para la descongestión del comercio en la ciudad. A ellos se sumaría un mercado mayorista y logística.
“Para una visión de 30 años necesitamos cuatro mercados grandes y dos mayoristas. Algunos candidatos dicen que hay dinero para expropiar las tiendas privatizadas del Modelo y construir un mercado de cinco pisos en el mismo lugar. Solo la obra costaría entre 100 y 120 millones de soles, para beneficiar solo a dos o tres mil comerciantes. Lo que no dicen es que el Estado no financia mercados, porque en la escala de prioridades están agua y desagüe, salud, educación, tránsito y transportes. La solución es apoyarnos en la iniciativa privada”, detalla.
La estrategia es promover la inversión privada generando condiciones de infraestructura pública (ordenamiento, saneamiento, vías y demás), que permitan a los capitales orientar la construcción de complejos mercantiles para la ciudad.
“Al ganar orden, la ciudad tendrá más oportunidades para desarrollarse y con ello se generará bienestar, competitividad y empleo, que son aspectos en los que el municipio provincial ha renunciado a gestionar en los últimos gobiernos municipales”, manifiesta.
En la cartera a proponer a la inversión privada está también el proyecto del Terminal Terrestre, cuyo terreno se tiene en el cruce de la avenida Grau y la Vía de Evitamiento, y el camal municipal.
