Demostrando una firme posición garantista de los derechos a la libertad de expresión, prensa y opinión, el Ministerio Público de Lambayeque, a través de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – Fecor, archivó la denuncia calumniosa contra la directora de Expresión, Rosa Chambergo Montejo, y otros, por el presunto delito de organización criminal. La denuncia fue presentada por un personaje allegado a la gestión del gobernador Jorge Pérez Flores.
A través de la Disposición n.° 1, del 22 de noviembre, contenida en la carpeta 92-2024, la fiscal Cinthiacrisa Gastulo Muro, de la Fecor Lambayeque, dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Rosa Chambergo Montejo y otros por el presunto delito de organización criminal.
La denuncia
El 8 de noviembre, el auxiliar de educación Lucio Pablo Chumán Castillo, antes denunciado por acoso sexual contra estudiantes de los colegios Elvira García y García y Pedro Labarthe Durand, de Chiclayo, presentó la denuncia ante el Ministerio Público, argumentando la supuesta existencia de una organización criminal para desprestigiar al gobernador de Lambayeque, Jorge Chávez Torres.
Según Chuman Castillo, Rosa Chambergo y los comunicadores Lester Solís Iturregui y Javier Castro Cruz, utilizan sus medios de comunicación para atacar a la autoridad.
Afirmó que los informes, reportajes u opiniones esgrimidas tanto por el Semanario Expresión, el medio digital El Fulminante y el programa El Peruanito, de Radio Kaliente, en los que se exponen las irregularidades de la administración regional, obedecen no al ejercicio libre del periodismo, sino a intereses de terceros.
¿Quiénes serían esos terceros? La denuncia señaló al ex gobernador regional Humberto Acuña Peralta; al detenido presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, y a la actual vicegobernadora regional, Flor Saavedra López.
Según Chuman Castillo, los medios y los periodistas en mención reciben publicidad de la Universidad César Vallejo y promocionan a candidatos del partido Alianza Para el Progreso - APP, argumentos falsos que, al menos en el caso de Expresión, no tienen la menor cabida, pues desde el 2014 dicha casa de estudios dejó de anunciar en este medio, luego que se denunciara que el entonces candidato de APP a la alcaldía de Chiclayo, David Cornejo Chinguel (hoy preso por corrupción), abastecía con una conexión clandestina a su universidad, la desaparecida Juan Mejía Baca.
Es más, como supuesto medio probatorio de su delirante hipótesis, el denunciante adjuntó una portada de Expresión que data del 2014, en la que aparecen autoridades académicas de la UCV. Adjuntó también portadas recientes de este medio en el que se muestras los informes elaborados sobre la gestión de Jorge Pérez Flores, todos ellos documentados y sobre los cuales no ha existido un solo cuestionamiento, pedido de rectificación, carta aclaratoria o, en el extremo, querella.
Análisis fiscal
Al analizar los presupuestos que permitiesen valorar lo denunciado por Chumán Castillo, al fiscal señala en su disposición que su despacho “no considera que existe una sospecha reveladora sobre el carácter grupal de la presunta organización criminal denunciada”, pues si bien se puede considerar organización a la unión de tres o más personas, “estas deben repartirse diversas tareas o funciones, se crea, existe o funciona de manera concertada y coordinada con carácter estable o por tiempo indefinido, cuya finalidad es cometer uno o más delitos graves y su principal motivación es el lucro, que en el presente caso no se presenta”.
Respecto a la permanencia en el tiempo, la fiscal precisa que no se ha establecido desde cuándo vendría funcionando la supuesta organización y “no existe elemento de convicción alguno que pueda determinar el carácter estable o permanente”.
Asimismo, menciona que “la denuncia presentada no se ha precisado cuál es el rol que cada uno de los denunciados cumplen dentro de la presunta organización criminal, siendo que el denunciante se ha limitado a señalar la ocupación de las personas mencionadas y el lugar donde las mismas laboran, de modo que, no se evidencia la función delictiva ni el rol asignado a cada uno de los integrantes”.
Por otro lado, la fiscal refiere que “no se ha logrado identificar ningún tipo de consenso entre los sujetos que permita acreditar que se trataría de una estructura de una organización criminal, ni mucho menos el beneficio económico obtenido por esta presunta organización criminal”.
Del mismo modo, “la denuncia no advierte las ganancias que habrían obtenido los integrantes de la presunta organización criminal, siendo que el denunciante se limita a mencionar las presuntas conductas irregulares de los denunciados, sin embargo, no acredita con otro elemento de convicción sus afirmaciones”.
"Este despacho fiscal considera que en el presente caso no existen indicios reveladores que evidencien un grado de sospecha simple respecto a la comisión de un hecho delictivo que revista de las exigencias normativas, previstas en el artículo 317° del Código Penal, por ausencia de elementos objetivos y subjetivos de dicho tipo penal, por lo que no resulta posible, por el momento, iniciar investigación preliminar ante la existencia de dicho ilícito", señala la disposición fiscal, para concluir en que no corresponde formalizar ni continuar con la investigación preparatoria.
Rosa Chambergo y Expresión recibieron el respaldo del Colegio de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP, el Instituto Prensa y Sociedad - IPYS, el Colegio de Periodistas de Lambayeque, la Red de Medios Regionales del Perú, el Conrede Lambayeque y la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
Posición del IPYS
El Instituto Prensa y Sociedad, a través de su responsable de Libertades Informativas, Adriana León, advirtió que existiría una intención de acoso judicial contra medios regionales independientes, entre ellos Expresión, esto a raíz de la denuncia presentada por Chumán Castillo.
"Ya no son solo querellas o demandas por presuntos delitos contra el honor, como difamación o calumnia, ahora están utilizando otras figuras lavado de activos o crimen organizado para perseguir a periodistas, que es lo que ha sucedido con Gustavo Gorriti, Paola Ugaz, Pedro Salinas y ahora con Rosa Chambergo, directora de Expresión", señaló.
"Lo que se espera de las instituciones de justicia es que sean garantes de los derechos constitucionales como la libertad de expresión. Cualquier persona el libre de denunciar, pero lo que deben hacer instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial es aplicar criterios que cautelen los derechos de los periodistas, sobre todo porque en el Perú no hay delitos de opinión", indicó la representante del IPYS.
"Los periodistas debemos seguir trabajando, investigando y denunciando. Este tipo de acciones contra el periodismo buscan el acoso judicial, pero también asfixiar a los medios, porque una denuncia por organización criminal tiene efectos en la reputación no solo del periodista, sino también de la empresa a la que pertenece, y en el caso de Rosa Chambergo, del medio que dirige. Eso no se debe admitir", enfatizó.
El 14 de noviembre entró en operaciones el megapuerto de Chancay con el envío de un cargamento de arándanos a la ciudad china de Shanghái. De esta manera, se cristalizó el proyecto portuario que fue ideado hace más de 15 años. Para el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales, este es el paso que faltaba para unir a dos mundos: Sudamérica y China.
“Esto es el desarrollo del Perú y de América del Sur. Hasta ahora hemos tenido la carretera Panamericana que une desde Alaska hasta la Patagonia, pasando desde Tumbes hasta Tacna. Sin embargo, lo que tenemos ahora es la Panamericana infinita, la Panamericana intercontinental. Esto significa que hoy tenemos la ruta para unir a Chancay con Shanghái”, sostiene.
Megapuerto de Chancay
El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, también llamado megapuerto de Chancay, es un terminal portuario ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, en el distrito de Chancay, provincia de Huaral. Con una extensión de 141 hectáreas, un túnel de acceso de casi dos kilómetros y un hondo de 17.8 metros, el puerto tiene una capacidad para embarcaciones de mayor calado de hasta 18 mil TEU (Unidad Equivalente a Veinte Pies, por sus siglas en inglés), que pueden cargar hasta 24 mil contenedores. A través de esta infraestructura, se pretende reducir también el tiempo de viaje del Perú al Asia, pasando de 40 días en promedio a 28.
La propiedad del puerto de Chancay se divide en un 60 % para la naviera estatal china ‘Cosco Shipping Group’ y en un 40 % para la minera privada peruana ‘Volcán’. Su inversión de 1400 millones de dólares permitió construir en una etapa inicial cuatro muelles con una longitud total de 1500 metros y equiparse con 27 grúas especializadas y 40 vehículos autónomos. Sin embargo, la proyección en una segunda y tercera etapa apunta a una inversión de 3400 millones de dólares para construir un complejo de 15 muelles, oficinas, servicios logísticos.
La expectativa es que este puerto mueva 4500 millones de dólares por año, es decir, el 1.8 % del Producto Bruto Interno – PBI del país. Además, se tiene previsto que genere siete mil 500 empleos entre directos e indirectos.
“Hay una revolución que sin darnos cuenta todos los días avanza. China, el país más comunista del planeta, que era protrabajador, hoy tiene que alinearse a la revolución tecnológica. China está poniendo de rodillas a los demás países del mundo que hoy todavía se consideran hegemónicos porque la revolución china es absolutamente arrasadora, pero en sentido constructivo. No es Chancay solamente lo que tiene que verse, se tiene que ver Eten. Eten tiene que estar conectado al mundo”, reflexiona Olivio Huancaruna.
El puerto de Chancay, considerado como el mayor puerto comercial de Sudamérica, fue inaugurado durante el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico – APEC, que se desarrolló del 10 al 16 de noviembre en Lima y contó con la presencia del presidente chino Xi Jinping.
“A nuestra clase política, a esa gente que todavía tiene residuos de esa maldad que es el socialismo, a quienes yo llamo como ‘sindigarcas’, que son los jefes de los sindicatos, les diría que vean a China”, expresa.
Ausencias en el CADE
De otro lado, Olivio Huancaruna también se pronuncia respecto a la Conferencia Anual de Ejecutivos – CADE, que estuvo marcada por la ausencia de la presidenta Dina Boluarte, cuya asistencia se esperaba al menos para el cierre.
“El Perú nunca se detiene. Y los emprendedores y los empresarios no paran, lo poco que se hace lo hacemos todos los que estamos en el mundo empresarial, pero no hay forma de que una sociedad viva en el día a día si es que no se trabaja, nos corresponde darle la continuidad. Desgraciadamente, esto no solo está en manos de los empresarios, sino que debe haber alianzas con el sector político”, menciona.
Sobre las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Julio Cáceres Arce, quien indicó que la ausencia de la presidenta y de los ministros -lejos de amilanarlos- los impulsa a seguir trabajando ante la indiferencia de la clase política, hace un llamado a la consciencia y reflexión.
“Una pendiente ascendente no siempre es en línea recta, tiene altibajos, por tanto, yo estoy de acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa en el sentido de que esto no debe mellar. Sin embargo, no debemos dejar de identificar cuáles son los problemas, las cosas que realmente no se están haciendo bien para que el Perú en general tome consciencia y se corrijan cosas de inmediato”, anota.
Reinfo y cambio climático
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque señala que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera – Reinfo, hasta el 30 de junio del próximo año no solucionará el problema de fondo de la minería informal.
“Lo que pasa es que no se han hecho las cosas como debieron hacerse, ampliarlo no va a solucionar nada y no ampliarlo tampoco. Se tienen que hacer las cosas de manera diferente. La actividad minera ilegal es mucho más grande que el narcotráfico y la gente no es consciente de eso. No hay una solución policiaca ni jurídica, es todo en su conjunto”, indica.
En cuanto al período de déficit hídrico por el que atraviesa Lambayeque y la costa norte en general, refiere que nunca se actúa de forma preventiva, sino sobre la marcha cuando la escasez ya está presente.
“El clima está cambiando y vamos a ir a extremos mayores. Debemos adelantarnos a estos fenómenos, ver una perspectiva a 100 años, 200 años. Eso significa convertir a nuestra costa en verde. Hay tanto recurso que se pierde y no se hace la obra que realmente se necesita”, manifiesta.
En opinión de Huancaruna, una alternativa sería traer las aguas del río Marañón a la costa, pues el río Huancabamba hoy por hoy ya no abastece ni siquiera a Olmos.
“Traer el Marañón a la costa nos ayudaría muchísimo al desarrollo macrorregional y nacional. Así como la naturaleza nos golpea con su clima, también tiene recursos que se pueden aprovechar muy bien. Hay un montón de organizaciones que viven de obstruir y destruir para nunca llegar al desarrollo porque no es un ambiente amigable para ellos, pero la vida y el desarrollo de toda una sociedad es mayor a ellos. Hoy el Huancabamba no alcanza ni para Olmos, encima de ello Piura quiere hacer un proyecto más grande que Olmos. Se van a ir a otras cuencas”, enfatiza.
El afán de figuración del gobernador regional de Lambayeque y sus constantes viajes a Lima no sirvieron de nada. La Ley de Presupuesto para el 2025 reduce en casi 300 millones de soles el presupuesto el presupuesto asignado este año al departamento, con un impacto directo en los recursos para proyectos de inversión, es decir, obras de desarrollo.
De acuerdo al detallado de la ley aprobada en el Congreso de la República, tomando como base el proyecto presentado en agosto por el poder Ejecutivo, el Gobierno Regional Lambayeque recibirá en el 2025 un total de 2286 millones de soles, 290 millones menos que lo presupuestado para este año, en el que el monto total llegó a 2576 millones.
Esto significa que mientras los recursos para Lambayeque serán menores en el 2025, otros departamentos como Piura y La Libertad, con mayor eficacia política por parte de sus autoridades regionales, recibirán más dinero. Piura, según el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, tendrá 4123millones y La Libertad, 3657millones.
Lo que no se gasta
Este año, la gestión de Jorge Pérez Flores recibió para la ejecución de proyectos de inversión (obras), 783 millones 964 mil 460 soles, de los cuales, al 4 de diciembre, de acuerdo al portal de Transparencia Económica del MEF, se ha devengado el 67.8 %, es decir, 531 millones 740 mil 725 soles. Lo que falta por invertir asciende a 248 millones 223 mil 735 soles, cifra muy similar a lo que se dejo de gasta en el 2023, cuando el monto superó los 250 millones.
De las unidades ejecutoras del gobierno regional, la Sede Central es la que maneja mayor presupuesto, con una asignación de 354 millones 495 mil 197 soles, de los cuales se han gastado hasta el momento 62.4 %.
Entre los proyectos presupuestados para este año pero que la incapacidad regional no ha podido concretar, están la ejecución del nuevo Hospital Referencial de Ferreñafe, el Instituto Enrique López Albújar y la pavimentación de San Carlos, en José Leonardo Ortiz. Solo la obra del hospital de Ferreñafe supera los 160 millones de presupuesto.
Situación en municipios
De los 38 municipios de Lambayeque, los que tienen mejor ejecución del presupuesto de inversión son: Íllimo (73.8 %); Reque (71.1 %); Motupe (70.9 %); Mochumí (60.4 %); provincial de Lambayeque (55.0 %); Túcume (52.6 %); Pimentel (48.4 %); provincial de Chiclayo (45.7 %); Incahuasi (45.6 %); Manuel Antonio Mesones Muro (45.6 %); Cañaris (44.9 %); Salas (44.1 %); Jayanca (42.9 %) y La Victoria (40.6 %).
Las municipalidades que han gastado entre el 39 y el 20 % del presupuesto anual para obras son: Picsi (39.7 %); Pítipo (38.5 %); Lagunas (37.5 %); Zaña (37.1 %); Puerto Eten (34.2 %); Ciudad Eten (33.8 %); José Leonardo Ortiz (32.5 %); Monsefú (30.5 %); Pucalá (27.9 %); provincial de Ferreñafe (26.5 %); Nueva Arica (25.4 %) y Pátapo (21.3 %).
Alcaldes jalados
Los municipios con la peor ejecución de gasto de inversiones en el 2024 son: San José (19.7 %); Chóchope (17.7 %); Olmos (17.0 %); Pomalca (13.9 %); Chongoyape (12.7 %); Pacora (11.5 %); Pueblo Nuevo (10.8 %); Tumán (8.0 %); Santa Rosa (5.6 %); Oyotún (5.2 %); Cayaltí (5.2 %) y Mórrope (1.2 %).
El cuidado por el sector Salud ofrecido en campaña por el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, fue solo eso, ofrecimiento. A los constantes cambios en la Gerencia Regional de Salud – Geresa, se suman también movidas de todo tipo en el Hospital Regional, el más importante que tiene la jurisdicción, donde no solo se habría designado en puestos clave a personas que no cumplirían con el perfil, sino también existirían trabajadores fantasmas, cuyos sueldos están programados pese a no tener vínculo laboral con el nosocomio.
El 18 de noviembre, la entonces jefe de la Unidad de Logística del hospital, Kelly Marino Aguilar, remitió cerca de las 9:30 p. m., el Oficio n.° 0011-32-2024-GR.LAMB/GERESA/HRL-ULO, al director de la entidad, Carlos D’angelo Ramos, y al gerente general regional, Ranjiro Nakano Osores, advirtiendo situaciones por al menos preocupantes relacionadas con trabajadores y exservidores, contratados bajo la modalidad de Servicios No Personales.
“Este informe tiene como objetivo señalar y describir la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones, deberes y funciones proveídas por el profesional técnico Noruska Stephany Guzmán Hernández, que perteneció al área de Adquisiciones de la Unidad de Logística, bajo la modalidad de trabajo presencial del Hospital Regional de Lambayeque”, precisa el documento al que tuvo acceso Expresión.
Guzmán Hernández es contadora pública de profesión y su primera experiencia con el Estado fue precisamente al inicio de la gestión de Jorge Pérez Flores como gobernador, ingresando al Hospital Regional de Lambayeque en julio del año pasado con una orden de servicios por S/2000, generada a partir del Oficio n.° 000664-2023-GR.LAMB/GERESA/HRL-PL [4545159 - 16].
Dicha contratación se repitió otras siete veces, de acuerdo al portal de Proveedores del Estado.
El informe elevado por la exjefa de Logística del hospital da cuenta que Guzmán Hernández se ausentó del 11 al 18 de noviembre de este año de su puesto de trabajo “sin evidenciar ni argumentar el objetivo real de su inasistencia ante el administrador y jefe de unidad”.
Sin embargo, lo más grave es que se detectó que sus actividades no solo estaban incompletas, sino que había información incongruente en la documentación que había elaborado respecto al sinceramiento del personal locador del hospital.
“El sinceramiento de la lista de locadores, la cual fue solicitada por su jefa de unidad antes de que se ausente de su cargo, no solo se encuentra incompleta de integrantes que vienen trabajando actualmente en el nosocomio, sino que existen montos no reconocidos pendientes de indagación”, señaló la jefa de Logística.
De acuerdo al detalle consignado en el documento, el mismo que se puede corroborar en el Sistema de Gestión Documentaria – Sisgedo, con el código 515533624-1, enviado al jefe de la Oficina de Planeamiento del hospital, Nilton Díaz Lluén, “se encuentran montos proyectados necesarios para cubrir los pagos de los locadores hasta el mes de diciembre y que sirven como base y sustento con que el Área de Planeamiento del Hospital Regional ha solicitado la habilitación del presupuesto al Gobierno Regional de Lambayeque”.
“Esta lista – se indica en el informe – debería reflejar y confirmar a los señores del gobierno regional los profesionales que se encuentran laborando actualmente en el hospital, pero esta lista demuestra también la solicitud presupuestal para personas que ya no trabajan más en la institución”.
Uno de los casos expuestos es el de Miriam Karla Díaz Pérez, quien laboró en el hospital hasta septiembre pasado. Pero ese no es el único caso. Marino Aguilar detalló también que se evidenció en la lista casillas de “trabajadores” cuyos nombres se desconocían, pero con montos de remuneraciones ascendentes a S/4000 mensuales. En total, fueron dos casillas, que proyectadas hasta diciembre, suponían el pago de S/12 000 por cada “trabajador”, sumando un total de S/24 000. Dichas casillas presentaban los códigos “E1” y “E2”.
“Es importante señalar que la única encargada del tema de pago de locadores hasta el viernes 8 de noviembre y que lleva un registro claro y preciso de todos los profesionales del HRL es la señorita Noruska Stephany Guzmán Hernández y además de lo expuesto está confirmado a dos personas desconocidas, inexistentes y que no son reconocidas en el área de Contrataciones, pero han sido consignadas para solicitar disponibilidad financiera como si estuviesen laborando actualmente hasta el mes de diciembre”, precisa el informe que fue enviado al director del hospital y a Nakano Osores.
Esto significa que, además de las casillas con código “E1” y “E2”, estaban registrados: Agustín Aguirre Castro, con un sueldo de S/4000 mensuales (12 000 en lo proyectado hasta diciembre), y Jesús Martínez Panta, también por el mismo monto, haciendo un total de otros S/24 000 que habían sido solicitados como disponibilidad presupuestal.
A estos se suman otros dos casos: el de dos personas que fueron consignadas en puestos de jefatura cuando en realidad cumplían función de asistentes administrativas: Rosa Cristina Sánchez Silva, con un sueldo proyectado de S/2500 mensuales proyectado hasta diciembre, S/7500 en total, pese a que laboró solo hasta octubre; y Vanesa Petro Lecca, también con un sueldo de S/2500 mensuales, S/7500 hasta diciembre.
Expresión accedió a la Orden de Servicios n.° 0001303, del 21 de noviembre, a nombre de Petro Lecca, en la que se confirma que su función es la de “servicio de monitoreo y seguimiento de procesos de gestión: servicio de asistente administrativo para la Unidad de Mantenimiento del Hospital Regional de Lambayeque”, no como jefatura.
“Fui solo un día”
El abogado Agustín Aguirre Castro es una de las personas que aparece en la lista elaborada por Guzmán Hernández, con un sueldo de S/4000 mensuales proyectados hasta diciembre. Expresión conversó con él y negó haber tenido vínculo laboral con el Hospital Regional de Lambayeque, toda vez que nunca firmó o recibió una orden de servicios. Como se ha indicado, su nombre figura en la nómina elaborada al 8 de noviembre por la asistente administrativa.
“A mí me invitó el administrador del hospital (Humberto Muñiz Vargas), para apoyar en la elaboración de informes, porque el personal no los levanta por falta de tiempo, informes de Contraloría. Fui un día, en octubre, pero no pude continuar porque la jefa de Logística (Kelly Marino), me pidió mi código del OSCE (Registro de Proveedor del Estado – RNP), pero yo no lo tengo. Yo le expliqué que no venía a contratar con el Estado, sino como personal de apoyo, pero me explicó que por normativa no podía tener orden de servicios y entonces me retiré. Repito, solo fui un día”, declara.
Aguirre Castro señala que se le indicó que su remuneración sería de S/4000 y laboraría bajo la modalidad de locador hasta diciembre. “Soy abogado penalista y veo también casos civiles, me llamaron para informes y eso para mí es sencillo de hacer, así que acepté, pero no recibí nunca una orden de servicios ni firme contrato, no he tenido vínculo con el hospital”, añade.
Siendo así y habiendo acudido a inicios de octubre, ¿cómo se explica que en noviembre aparezca en la lista de personal locador y con sueldos proyectados hasta diciembre? Agustín Aguirre manifiesta su sorpresa.
Acceso permitido
Pero lo de los trabajadores con sueldos proyectados, pero sin vínculo laboral en el hospital no es lo único que Marino Aguilar detectó respecto de la servidora Guzmán Hernández.
La entonces jefa de Logística informó que “todos los estudios de mercado de locadores asistenciales y administrativos” no habían sido realizados, pese a que había locadores invitadores que ya estaban laborando sin previa cotización de sus servicios.
Peor aún, Guzmán Hernández se habría conectado de manera remota a los servidores del hospital a través de la herramienta AnyDesk, “realizando labores que se desconocen, sin el conocimiento y autorización de su jefe directo”.
“Con todos los precedentes encontrados y corroborados respecto a su mal manejo de la función pública se le indicó al promediar las 9:00 a. m. (del 18 de noviembre) que ya no continuaría laborando más en el hospital, y es preciso exhibir que la señorita Noruska Stephany Guzmán Hernández, se ha quedado en las instalaciones hasta promediar las 20:00 horas en la Oficina de Planeamiento, con el conocimiento y consentimiento del jefe del área y del administrador del hospital”, concluye en su informe Marino Aguilar.
El reemplazo
Como se ha dicho, la jefa de Logística emitió el informe el 18 de noviembre, pasada las 9:30 p. m. Al día siguiente, ya tenía reemplazo.
En el puesto fue designado Ernesto Oliden Barón, cuyo grado académico, según la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – Sunedu, es de bachiller en Administración, egresado de la Universidad Señor de Sipán, diploma obtenido en el 2014.
Dicha designación trasgrede el Manual de Organización y Funciones – MOF, del hospital, en el que se exige como requisito para el cargo el título profesional.
Oliden Barón habría sido denunciado por el presunto delito contra la libertad sexual (violación), el 16 de septiembre de este año, en agravio de la ciudadana de iniciales D.J.Z.Q.
+ NOTCIAS:
El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, es una de las órdenes profesionales más grandes del departamento, con más de 12 mil agremiados, quienes desde este viernes 6 de diciembre elegirán a los directivos para el período 2025-2026. En el proceso compiten cuatro listas, cuyos candidatos coinciden en la necesidad de reimpulsar la presencia de la institución en el quehacer jurídico y social.
Jorge Alarcón Gasco
Lista n.° 1
Como cabeza de la Lista n.° 1 postula Jorge Alarcón Gasco, conocido integrante de diversas organizaciones de la sociedad civil y quien se desempeñó como secretario de la última gestión del exdecano Carlos Martínez Oblitas y presidente de la Comisión Centenario del ICAL.
“Conocemos la gestión del colegio y vemos que en los últimos dos años ha caído el posicionamiento del ICAL en el departamento y no se ha mejorado en los servicios a los agremiados, siendo una institución que agrupa a casi 12 mil abogados, siendo aspectos importantes la actualización, capacitación y especialización jurídica. Cuando tuve la oportunidad de participar en el consejo directivo del colegio se creó el aula virtual, siendo uno de los pocos colegios de abogados del país que cuenta con un recurso de ese tipo”, menciona.
Refiere que otros aspectos que no se puede descuidar es la defensa profesional, pues existen casos de abogados que no reciben la atención debida en las instituciones de justicia o la Policía Nacional.
“De ser elegidos, planteamos cuatro ejes de trabajo: formación jurídica, gratuita y de calidad; bienestar real para el abogado y su familia; infraestructura y gestión que inspire confianza y transparencia con posicionamiento en Lambayeque. Nuestros colegas lo están entendiendo así y eso nos asegura el respaldo para concretar esas propuestas”, señala Alarcón Gasco.
Propone la conformación de una comisión pro vivienda, que busque la habilitación de un área a urbanizar, trabajo que se realizará con una visión de largo plazo. Asimismo, la suscripción de convenios con clínicas particulares para la atención de los abogados y sus familias, con acceso a descuentos especiales. Respecto al Fondo Mortuorio, plantea que los abogados reciban el 40 % en efectivo del monto que le corresponde al cumplir 30 años de colegiado.
“El 60 % restante se utilizaría para atender alguna enfermedad que pueda tener el abogado o los gastos de sepelio. Se debe ser más flexible con el acceso al fondo por parte de los colegiados, pues hay muchos que no tienen acceso a seguridad social”, indica, cuestionando que en los últimos dos años no se ha dado mantenimiento al Centro de Convenciones del ICAL, obra que dejó terminada la gestión de Martínez Oblitas, donde existen espacios para velatorio, consultorio jurídico, biblioteca y salas múltiples.
“Proponemos la implementación del ascensor en el edificio principal, pues actualmente no se usan el tercero, cuarto y quinto nivel, están abandonados y convertidos en depósitos.
La lista de Alarcón Gasco está integrada por: Zelmy Rosario Camacho (vicedecana); Luis Mesones Carrasco (director secretario); Ivone Zárate Izquierdo (directora de Economía); Wilmer Cueva Ruesta (director académico); Luis Heredia Clavo (director de Ética Profesional); Yvan Pérez Solf (Defensa Profesional); Luis Tineo de los Ríos (Bienestar y Extensión Social); Nadia Bravo Hidalgo (Comunicaciones e Informática); Miriam Campos Guevara (Biblioteca y Promoción Cultural); Melissa Távara Romero (Derechos Humanos); José Álvarez Bravo (Estudio Jurídico Gratuito) y Gilberto Rodríguez Carrasco (Deportes y Recreación).
Tito Esteves Torres
Lista n.° 2
Liderando la Lista n.° 2, postula como decano el reconocido abogado penalista Tito Esteves Torres, quien ostenta el grado de post doctor en Derecho, obtenido en el extranjero, y ha ocupado cargos en la función pública.
“Mi plan de trabajo se sustenta en dos lineamientos generales: la recuperación del liderazgo y protagonismo, perdido hace 25 años, en el ICAL. El estatuto manda que el colegio fije posición ante los problemas jurídicos, políticos y sociales, pero frente a lo que sucede el colegio hoy no dice nada. Constitucionalmente tenemos facultades de iniciativa legislativa, pero no se presentan proyectos que tengan algún beneficio para Lambayeque. También se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, pero no se usa la herramienta. Mi compromiso es recuperar el liderazgo. El segundo aspecto es el referido a los beneficios para los abogados”, anota.
Al respecto, Tito Esteves explica que el abogado recibe como Fondo de Previsión Social S/6000 al fallecimiento, por lo que propone ejecutar el incremento del 100 % del monto, aprobado hace dos gestiones, y entregar parte del mismo al colegiado en vida.
“Me comprometo a entregar un adelanto del 100 % para enfrentar los problemas de salud que pueda tener el abogado. Por otro lado, es de mucha preocupación el tema de la vivienda. Si bien el colegio ya no puede ofrecer la compra de un terreno y construir casas, como se hizo cuando había menos de mil abogados en Lambayeque, lo que sí podemos hacer es que el colegio suscriba convenios con inmobiliarias serias para ejecutar los proyectos con costos accesibles”, anota.
Plantea también convenios con clínicas para la atención en salud para el abogado y sus familias. En lo académico, propone entablar acuerdos con universidades del extranjero para la especialización de los abogados. Asimismo, ofrece que en el primer año de gestión adquirirá el lote para la construcción de la sede Jaén.
Sobre el centro de esparcimiento del ICAL, Esteves Torres menciona que su plan considera la construcción del cerco perimétrico y la habilitación de dos canchas de fútbol, así como una plataforma deportiva. “Mi compromiso es hacerlo de manera inmediata, sí es posible. Miramos hacia adelante y queremos que los abogados puedan tener dónde pasar con sus familias los fines de semana”, precisa.
La lista de Esteves Torres está integrada por: Angélica Sobrino Olea (vicedecana); Luis Quiñones Sampi (director secretario); Raúl Gonzáles Acuña (director de Economía); Yuri Díaz Jaime (director académico); Maryories Rengifo Montaño (directora de Ética Profesional); Gandi Vásquez Gómez (Defensa Profesional); Edwin Bardales Ventura (Bienestar y Extensión Social); Clara Pérez Vásquez (Comunicaciones e Informática); Ángel Tello Rodríguez (Biblioteca y Promoción Cultural); José Millones Reque (Derechos Humanos); Guiuliana Saavedra Flores (Estudio Jurídico Gratuito) y Luis Salazar Díaz (Deportes y Recreación).
Enrique Rodas Ramírez
Lista n.° 3
Encabezando la Lista n.° 3 postula el ex juez superior Enrique Rodas Ramírez, reconocido también por su labor como docente universitario. Rodas Ramírez fue decano del ICAL y elegido representante de los colegios de abogados del Perú en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
“He cumplido un ciclo profesional como juez y creo que es el momento de devolverle a la comunidad jurídica los conocimientos adquiridos a través de mi formación. Estoy preparado para esta nueva etapa de mi vida, porque pienso que la seguridad jurídica y la legalidad deben ser recuperadas, y más el tiempo perdido por las anteriores juntas directivas. Hay aspectos de prioridad por atender”, manifiesta.
Rodas Ramírez indica que sus propuestas se agrupan en dos líneas de acción: continuar en el trabajo académico y de capacitación, con énfasis en las tecnologías, pues sostiene que es urgente capacitar en el uso, por ejemplo, de la Inteligencia Artificial con los abogados de hasta 45 años, quienes deben formarse desde ya en el aprovechamiento de este tipo de herramientas.
“También considero que es necesario que el colegio cuente con un laboratorio clínico. Todos los médicos piden análisis, pero estos tienen costos elevados en el mercado. Queremos que los abogados accedan a estudios a precios bajos. Si el destino nos permite llegar a este objetivo, también proponemos que el colegio cuente con tomógrafos, para el control preventivo de enfermedades como el cáncer”, precisa el candidato y añade que médicos reconocidos de Lambayeque se han comprometido a otorgar consultas gratuitas a solicitud de su consejo directivo.
Propone también hacer valer las facultades del colegio para presentar acciones de inconstitucionalidad frente a normas que afectan la seguridad jurídica del país. “El colegio tiene que pronunciarse. El congreso dicta leyes y el juez las aplica, pero no todas las leyes son buenas y el colegio no puede quedarse en silencio. Hay que recuperar ese espacio.
“El equipo que lidero es paritario y diverso, conformado por litigantes, académicos e investigadores de todas las áreas. Este equipo garantiza una gestión exitosa. Respecto al referéndum, considero que es un aspecto que no tiene mayor justificación, pero si la asamblea manda que se realice, así será”, asevera.
La lista de Rodas Torres está integrada por: Gloria Quevedo Salazar (vicedecana); Carmen Atoche Flores (directora secretaria); Patricia Chero Silva (directora de Economía); Erick Obiol Anaya (director académico); Lenka Otoya Tasayco (directora de Ética Profesional); José Quiroga Seclén (Defensa Profesional); Alejandrina Osores Condeso (Bienestar y Extensión Social); Carlos Rodas Quintana (Comunicaciones e Informática); Patricia Falen Guerrero (Biblioteca y Promoción Cultural); Miguel Porro Rivadeneira (Derechos Humanos); Abel Gonzáles Sánchez (Estudio Jurídico Gratuito) y Miguel Hurtado Díaz (Deportes y Recreación).
Leopoldo Yzquierdo Hernández
Lista n.° 4
Con más de 25 años de labor universitaria y como abogado litigante, Leopoldo Yzquierdo Hernández encabeza la Lista n.° 4. Su postulación – sostiene – obedece al deber de contribuir a la solución de las necesidades del ICAL.
“Nuestro programa se enmarca en tres ejes importantes: la capacitación de calidad, el bienestar del abogado y la defensa legal y del Estado de derecho. Sobre el primer punto, si bien se han realizado cursos y capacitaciones, creemos que deberían ser especializados tal como se hace en la Academia Nacional de Magistratura para elevar el nivel de los abogados. Asimismo, proponemos gestionar becas y pasantías con universidades extranjeras para quienes quieras participar”, señala.
Yzquierdo Hernández propone retomar el proyecto de construcción del centro de esparcimiento de la orden, en la medida que se cuente con los recursos suficiente. “Incluso se puede gestionar un préstamo y pagarlo con los ingresos de la orden, un proyecto que tenga continuidad. Todos los agremiados necesitamos de un lugar de esparcimiento. Por otro lado, muchos de los abogados jóvenes alquilan oficinas para sus audiencias, porque no tienen recursos para pagar una propia. En los pisos que no se usan se pueden implementar espacios para ello. El abogado también necesita ser protegido y eso lo haremos a través de la dirección de Defensa Profesional”, menciona.
Propone también fortalecer convenios de salud para atención de los abogados, con una propuesta real y que facilite mejores servicios a los colegiados.
“Hay espacios donde podemos instalar un gimnasio, implementaremos el ascensor y haremos accesible el fondo previsional para los abogados mayores, quienes tendrán la posibilidad de disfrutar en vida de esos recursos”, acota el candidato.
Leopoldo Yzquierdo anota que de llegar al decanato, velará para que el colegio tenga una presencia clara en los intereses de la sociedad, pronunciándose ante cualquier tipo de ilegalidad o corrupción.
La lista de Yzquierdo Hernández está integrada por: Carlos Sánchez Coronado (vicedecano); Cecilia Carcelén Romero (directora secretaria); Perci Vergara Vásquez (director de Economía); Eliu Arismendiz Amaya (director académico); Leonardo Túllume Garnique (director de Ética Profesional); Juan Vásquez Caro (Defensa Profesional); Jhony Alcántara Mondragón (Bienestar y Extensión Social); Karol Dávila Montenegro (Comunicaciones e Informática); Robinson Sánchez Bravo (Biblioteca y Promoción Cultural); Junior Vásquez Torres (Derechos Humanos); Lucy Zapata Meoño (Estudio Jurídico Gratuito) y Grace Callirgos Salazar (Deportes y Recreación).
