El 11 de enero pasado se inscribieron las 146 mil 57 hectáreas recuperadas de las comunidades campesinas Santo Domingo de Olmos, San Martín de Sechura y San Pedro de Mórrope a nombre del Gobierno Regional de Lambayeque, basándose en el Acuerdo Regional N°021 -2012 y su modificación, realizada el 25 de julio del 2012, con la finalidad de evitar las inscripciones de terceros. Sin embargo, el juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Edwin Siaden Díaz, emitió el 4 de marzo la Resolución N°07 con la cual declara nula la inscripción de las tierras en el Sistema Nacional de Registros Públicos – SUNARP, dejando al libre albedrío la compra y venta de las mismas.
El presidente de la comunidad de San Pedro de Mórrope, Humberto Llauca Morales, señala que el Acuerdo Regional del 2012 señala que en tanto las comunidades campesinas se pusieran de acuerdo en la firma de las actas de colindancia de las tierras estas serían devueltas.
“De manera conjunta dimos los primeros pasos y se registraron eficientemente las más de 146 mil hectáreas que correspondían a los comuneros. Sin embargo, nos dimos con la sorpresa que semanas más tarde este juez Edwin Siaden dicta una resolución que anula los derechos de protección a nuestras tierras. Estimamos que estaríamos perdiendo un aproximado de 70 mil hectáreas debido a dicha resolución”, explica.
Asimismo, agrega que la comunidad de Mórrope se encuentra indignada por la resolución del juez provisional, debido que se están arrebatando tierras consideradas patrimonio cultural por los comuneros morropanos.
En la misma línea, el presidente de la comunidad campesina de Olmos, Ismael Maza Cruz, determina que el 80 % de las 146 mil 57 hectáreas son comprendidas por la comunidad de Olmos y Mórrope, y el 20 % restante por las otras tres comunidades, indicando que su representada sería la principal afectada por el tráfico de tierras.
“Nosotros hemos puesto un pare ante esto porque no puede seguir pasando en nuestra comunidad, ya que con el tiempo se ven las consecuencias. No solo atenta hacia la propiedad, sino a la salud e integridad de los comuneros. En el 2014 se dio el caso en que un empresario se apoderó de 200 hectáreas y utilizó a los comuneros pagándoles un sueldo de 50 soles diarios, y estos se pusieron en contra de nosotros. En el 2015, estos mismos exigían que recuperáramos las tierras porque estaban siendo explotados debido a las irregularidades de pago y la falta del cumplimiento a los derechos laborales dentro de la empresa”, expresa.
Las tierras de la Zona de Controversia de las comunidades campesinas tanto para Olmos y Mórrope se encuentran en desuso, sin embargo, al ser recuperadas cada uno de los presidentes tiene la visión de utilizar estos recursos para beneficio de los comuneros.
“Con la devolución de las tierras se les entregaría primeramente a los comuneros, luego realizaríamos pozos en estas y habilitaríamos la agricultura a través del cultivo de exportación. Mórrope no puede permitir que gracias a la resolución se dé pase a la toma de estas 146 mil hectáreas por personajes terceros que no pertenecen a nuestra comunidad”, señala Humberto Llauce.
“En Olmos hay muchos atropellos y abusos. Siempre se han utilizado las tierras para la ganadería y la agricultura artesanal, y no frente a las grandes empresas que se han instalado. Estas hectáreas están en desuso pero no se encuentran abandonadas, y esperamos que al ser recuperados podamos emplearlas para la continuación de la agricultura artesanal”, manifiesta Maza Cruz.
El dirigente hace un llamado al gobierno central y a los candidatos para el Congreso, pues considera que se deben establecer propuestas a favor de las comunidades campesinas. Asimismo, agrega que deberían existir leyes en donde el Estado apoye a las comunidades, porque “han habido programas de gobierno que no han sido motivados para llegar a las comunidades de manera efectiva”.
Por otro lado, Humberto LLauce pide la participación del representante de la Defensoría del Pueblo, de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y del Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana, para ayudar a resolver la problemática a fin de evitar que se desencadene un conflicto social mayor.
ASPECTOS LEGALES
Durante el proceso de inscripción de las tierras de la Zona de Controversia de las comunidades campesinas de Mórrope, Olmos y Sechura, se habían registrado 21 partidas electrónicas inscritas por entidades externas las cuales buscaban adueñarse de 46 mil hectáreas, sin embargo fueron anuladas en el 2015.
“Ahora, debido a la Resolución N°07 del juez Edwin Siaden, estas 21 inscripciones anteriormente tachadas vuelven a estar activas para registrar las parcelas que ellos creen ser propietarios. No es justo que se trate así a las comunidades que son dueñas ancestralmente de las tierras. Este juez no sabemos a quién habrá obedecido y favorecido al emitir dicha resolución en contra a las comunidades. La rechazamos rotundamente y expresamos nuestra preocupación, y exigimos radicalmente que se devuelvan las tierras a los comuneros realizando las acciones adecuadas para ser escuchados”, reclama Ismael Maza.
Dentro de los otros problemas legales se encuentra el caso de Silverio Ramos Marrufo y Lorenzo Ventura Inoñan, el cual es el más controversial para las comunidades campesinas de Olmos, Mórrope y Sechura.
El presidente de la comunidad de Mórrope señala que los dos personajes presentaron un recurso de apelación ante la Resolución N°03 dada a favor de la protección de las tierras campesinas. No obstante, presentaron un proceso de nulidad para sancionar las irregularidades por parte de las comunidades campesinas, y dos medidas cautelares, las cuales aseguran los presidentes “ser inexistentes”.
“Sin nosotros tener conocimiento de la demanda, inician los procesos de nulidad a favor de Ramos Marrufo y Ventura Inoñan. Asimismo, a través de la Resolución N°06, con fecha del 14 de diciembre del 2015, se establecía que las inmatriculaciones realizadas con posterioridad al título del Gobierno Regional de Lambayeque son nulas y esta acción no es propia a una resolución aclaratoria. Es por ello que nuestros asesores legales respondieron con una acción de amparo, la cual buscaba esclarecer los fundamentos de la Resolución N°07 emitida por el juez del Tercer Juzgado Civil”, enfatiza Llauce Morales.
A través de la acción de amparo por parte de los defensores legales de las comunidades campesinas se solicita primordialmente la anulación definitiva de la Resolución N°07, la apelación y participación ante el proceso de nulidad establecido por los demandantes Silverio Ramos y Lorenzo Ventura, y, finalmente, la tacha a la medida cautelar del juez del Tercer Juzgado Civil.
“La medida cautelar dada en la Resolución N°05 quedaba sin efecto, por ende no hay medida cautelar a favor de los traficantes. Ya está consentida en la Resolución N°3, que bien dice que no existe posibilidad de tachar ese mandato. Ahora ficticiamente nos quieren hacer ver que esta medida cautelar aún existe, e incluso el demandante ha fallecido desde hace varios meses atrás. Las dos medidas cautelares que anularon el título del Gobierno Regional de Lambayeque fueron emitidas por el juez del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz mediante la resolución uno de fecha 20 de agosto del 2014, y por el juez del TERCER JUZGADO Civil Edwin Siaden Díaz”, menciona Maza Cruz.
No obstante, las comunidades campesinas alertan a las autoridades que al no ser atendidas de manera justa, estas se pronunciarían con diferentes manifestaciones, generando así un posible conflicto social en los próximos meses.
“Esperemos que este juez recapacite y reconozca que está haciendo demasiado daño a las comunidades. Una medida cautelar pretende en un expediente que dos mil 500 hectáreas tumbe a las 146 mil hectáreas inscritas anteriormente por el Gobierno Regional de Lambayeque. Olmos tomará las carreteras y hará movilizaciones, tomaremos la Bocatoma Miraflores, haremos desalojos de las terceras personas en estas tierras. Se habla de 21 inscripciones que han recobrado vigencia convirtiendo así 47 mil hectáreas pertenecientes a terceros y no podemos tolerarlo”, alerta Ismael Maza.
Asimismo, el presidente de la comunidad campesina de Mórrope expresa que, a pesar de ser un pueblo pacífico no callarían “los abusos cometidos por entidades de poder que están arrebatando las tierras”.
“La reacción del pueblo cada vez que se entera se va indignando más, y eso puede a llevar a un caos si esto no se resuelve. Queremos que se entere el pueblo, además llegar a las autoridades locales, regionales, nacionales, el Poder Judicial y que se dé solución a esto. Los representantes legales ya han demostrado las acciones que se han tomado. Queremos que nos atiendan y corrijan este atropello que se ha hecho a las comunidades campesinas”, concluye Humberto Llauce.
2016-03-18
Tremenda labor la que tiene el fiscal Javier Quiroz Grosso, quien acaba de ser designado coordinador de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo y tiene en sus manos la investigación de casos emblemáticos como “Los limpios de la corrupción” y “Los wachiturros”, donde toda la opinión pública está a la espera de los resultados. El fiscal ofreció una amplia entrevista a Expresión, dejando clara su visión de la problemática de la delincuencia y de cómo afrontarla. La solución – afirma - pasa por la aplicación de una política de desarrollo social y prevención del delito.
La pregunta central de la entrevista cae por su propio peso y tiene que ver con el aumento de la delincuencia en el Perú. ¿Qué hacer frente a este flagelo? “El problema no está solo en temas penales o si se reprime con mayores sanciones; eso es un paliativo”, nos respondió.
El fiscal Quiroz señaló que “el tema de fondo viene de más atrás y ese aspecto el Estado debería trabajar más con política de prevención”. Recordó que hace un tiempo se ha implementado el Plan Nacional de Política Criminal, que es un programa orientado a trabajar fundamentalmente en la prevención, porque la tendencia moderna de otros países es la prevención y no la represión.
“Esa suele ser la última vía, es que si el Estado trabaja como debe ser en aspecto de prevención se puede disminuir los índices delincuenciales que han incrementado, pero hay varias cosas que analizar, no es solo el tema de administración de justicia o que está fallando o que los operadores no hacen lo que deben hacer, eso es todo un problema, eso quizá se hace más visible en la fase de administración de justicia, pero tampoco podemos culpar a esta como el factor exclusivo de incremento de la delincuencia. Mucho se ha dicho que a raíz de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional los índices de delincuencia se han incrementado, pretendiendo los vientos anti reforma culpar al código de este despunte cuando no es así. Hay un factor social que se tiene que trabajar, esta parte procesal es un medio para hacer una justicia más efectiva, pero son políticas sociales que tiene que incrementar el Estado para disminuir la delincuencia”, señaló.
MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Más adelante señaló que hay muchos factores que han influido en tema de administración de justicia. “La población ha sentido una desazón por las autoridades, no se han sentido respaldados y consideran que muchas decisiones han sido injustas, pero estamos en camino para revertir ese concepto; creo que ahora sí se puede afirmar que los operadores jurídicos, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público que somos los encargados para canalizar los reclamos de la población, estamos trabajando con mayor empeño y en contra de la corrupción, que es un flagelo que viene agobiando a la sociedad y a los funcionarios mismos. Creo que a estas alturas las personas están confiando más en el sistema, aún hay cosas que corregir, pero eso se irá poco a poco enmendando”, dijo.
Respecto a la llamada “prisión preventiva”, manifestó que a esta hay que tomarla con mucho cuidado, porque es un mecanismo de prevención para evitar que una o más personas investigadas por un hecho grave puedan fugar o puedan perturbar el curso normal del proceso.
Añadió que “siempre tenemos la idea de que es una medida excepcional no debe hacer una regla solo para algunos casos se puede implementar la prisión preventiva, ya corresponderá a cada fiscal evaluar si en un caso concreto corresponde solicitar una prisión preventiva, porque nosotros, como fiscales, solo la requerimos, pero finalmente es el órgano jurisdiccional quien la dicta en función a lo que nosotros ofrecemos como elemento de convicción. Hay casos en lo que sí nos sirve, pero también debemos reconocer que en algunas acciones la prisión preventiva se solicita como un mecanismo de presión para obtener un resultado procesal, en eso debemos ser muy cuidadosos”, enfatizó.
LA COLABORACIÓN EFICAZ
Al ser consultado sobre los llamados colaboradores eficaces y si estos son importantes para ayudar al fiscal en su investigación, precisó que “el procedimiento de colaboración eficaz es un mecanismo que ayuda en las investigaciones, pero esa información dada por los colaboradores debe ser corroborada”.
Dijo que no solo se trata de dirigir una incriminación por lo que dice una persona a quien se le asigna un código de identidad reservada para prevenir cualquier ataque o represalia. “No se trata de tomar ese solo dicho para incriminar a alguien porque eso es muy pernicioso, debido a que si solo se trabajara con lo que dice un colaborador que no es corroborado, creo que todo el mundo estaría expuesto a que cualquier persona aparezca de la nada y diga: ´Yo sé que tan funcionario o persona está involucrado en tal delito´, porque bastaría ese solo dicho para que una persona vaya a un detención preventiva o preliminar”, señala.
Quiroz Grosso comentó que se tiene que trabajar con mucho cuidado, “porque es un sistema que tiende a la eficacia, pero está en función a cómo nosotros responsables de la investigación trabajemos con ese colaborador eficaz; lo que nos diga debe ser corroborado mínimamente y solo a partir de ello podemos adquirir otra información que nos permitirá incriminar a esa persona, solo de esa manera se puede trabajar adecuadamente. No hay que hacer un trabajo abusivo de colaboradores eficaces, es una fuente importante de investigación pero no la exclusiva”.
CASOS EMBLEMÁTICOS
¿Qué cree usted que puede haber fallado o faltado en el Ministerio Público para no haber concluido con las investigaciones respecto a “Los Limpios de la Corrupción”?
Lo que pasa es que estamos ante un caso complejo. Es una situación inédita y novedosa, porque nunca se había visto una presunta organización criminal como la que se pone al descubierto con la investigación. Entonces se inicia contra un grupo pequeño de imputados pero que con el avance de las investigaciones se determina que cada uno tiene diversos nexos, y hay toda una red que estaría vinculada con hechos ilícitos y esto lleva a que la investigación se amplié y se convierta en un caso complejo e incluso se está estableciendo que está se aplique a la Ley de Crimen Organizado, que permite ampliar el plazo de investigación, obviamente sometido a un control jurisdiccional.
¿Cree que el órgano competente amparará este pedido?
El órgano jurisdiccional será quien tome la decisión, pero la fiscalía ha sustentado las razones por la cuales se está pidiendo que se amplié el plazo de prisión preventiva para estas personas que se considera son parte nuclear de dicha organización delictiva. Eso es todo un tema amplio de investigar. Cuando estamos frente a este tipo de casos, en un principio solo se ve la punta del iceberg, pero aseguro que es un trabajo complicado hay pericias que se tiene que realizar que, hasta donde tengo conocimiento, todavía está pendientes.
¿Por qué resulta complicado esta investigación?
Para poder desenmarañar todo eso hay que hacer un trabajo de base, buscar en la documentación expedientes, de acuerdo al lineamiento que se está siguiendo en la investigación. Entonces, el caso tiene muchas aristas; tenemos casos de todos los tipos, cada uno con su particularidad. A nosotros nos puede resultar fácil resolver un caso de los denominados difíciles en un plazo razonable, pero cuando hablamos de crimen organizado ya son otros parámetros.
¿Eso significa tener todo un equipo profesional?
Implica contar con el apoyo de un equipo de profesionales que no tenemos. Los fiscales encargados están trabajando con todo su esfuerzo y de manera exclusiva, pero pese a ello la complejidad del curso hace que tengan que dedicar todo el tiempo del mundo, porque son cerca de 120 personas las investigadas, no es fácil. Si todo eso se acumula en una sola investigación se vuelve demasiado complicado. Nos falta equipo de peritos que trabajen de manera permanente en estos casos y eso lo hace tedioso. La voluntad existe, pero no tenemos todos los recursos que necesitamos para realizar toda la investigación. Con decirle que a veces tenemos casos que son tan sencillos como falsificación de documento en los que requerimos una pericia grafotécnica, una pericia grafiloscópica, de homologación de huellas dactilares con el sistema de Reniec para identificar una huella y eso nos toma cinco o seis meses, y en esos casos estamos hablando de lo sencillo.
¿A qué se debe esto?
Porque los únicos que trabajan con nosotros son el Departamento de Criminalística de la Policía y ellos reciben a todas las Fiscalías de Chiclayo, La Victoria, Cayaltí y todas partes de la región Lambayeque…
Sobre el caso de los “Wachiturros”, ¿qué puede informar?
Esta investigación se ha hecho en base a testimonios y declaraciones. Hay versiones de colaboradores eficaces y sobre ello se ha construido la investigación. Las imputaciones están en marcha y yo recién estoy avocándome en el conocimiento del caso, pero obviamente hay que ver el curso de la investigación que falta para firmar su imputación o desestimar. Hay que tener en cuenta que por mandato del Código Procesal Penal nosotros los fiscales tenemos que buscar los elemento de convicción, de cargo y de descargo, sin prejuicio de lo que pueda hacer la defensa del imputado.
Entonces en el curso de la investigación y basado en el principio de objetividad nosotros tenemos que acopiar toda la información; si afirmamos la imputación que se hizo inicialmente apuntamos a una acusación con miras a un juicio oral. Pero si en la investigación no se encuentra ningún elemento que afirme la imputación inicial, lo que corresponde es solicitar un sobreseimiento. El caso se ha declarado complejo, entonces estamos hablando de ocho meses, con posibilidad de ampliarse a ocho meses más previo requerimiento al Poder Judicial. Aún hay mucho por investigar.
¿Qué le garantiza a los litigantes que vienen a su Coordinación de Fiscalía?
Las personas que me conocen bien saben que trabajo con limpieza institucional y bajo los lineamientos de honestidad, transparencia, y eso es lo que constantemente estamos inyectando todos los integrantes de nuestra Coordinación Fiscal. Pueden haber errores, pero tengan la seguridad que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo el trabajo con transparencia honestidad, probidad y eso es lo que van a encontrar los litigantes que recurran no solo a la Fiscalía, sino al Ministerio Público en general, porque es una política institucional. Puede tener la ciudadanía la tranquilidad de que al venir a nosotros van a encontrar una respuesta, que va a buscar la eficacia y eficiencia en resolver sus casos.
¿Cuál es su actitud con la prensa?
Yo soy una persona asequible a la prensa. Tampoco me gusta salir siempre en los periódicos, porque no es nuestra función, pero sí también pido y estoy en mi derecho de pedir que se informe de manera objetiva y siempre buscando la versión de ambas partes, porque en este cargo estamos expuestos a muchas cosas, a quejas, a que nos creen historias y no nos dan la oportunidad de dar nuestra versión, y eso es atentatorio contra nuestra dignidad como funcionarios como personas. Hace poco tuve una experiencia desagradable con un colega del Ministerio Público que no trabaja en esta sede, quien habría lanzado información que afecta mi imagen como funcionario y esto ha sido motivo de una queja de mi parte.
¿Cuántos expedientes?
A nivel del Ministerio Público en Lambayeque entiendo que hay más de mil 500 expedientes o carpetas fiscales en trámite. En Fiscalía a mi cargo debo tener unas 100 carpetas o casos en investigación.
¿Cuál es el objetivo de su gestión?
Disminuir la carga procesal y para eso debemos ser selectivos con los casos. Ocurre que las personas piensan que la vía penal es el medio más rápido para solucionar sus controversias y nos traen casos que no tienen contenido penal. Mi objetivo es filtrar todo, establecer si el caso es de materia penal y si es delito. Estamos trabajando para ser más selectivos; desde la coordinación podríamos ser el primer filtro, pero no podemos abarcar solo ese trabajo en coordinación porque es demasiado extenuante, regularmente ingresan 300 denuncias en un turno de seis días, y de ellas una de las funciones de la coordinación es calificar cada una de esas denuncias para haber a que fiscal se le asigna.
SIDE BOARD
PALABRAS DE HONOR
¿Qué significa haber asumido la Coordinación de esta importante Fiscalía del Ministerio Público en Lambayeque?
Asumimos la coordinación una vez más con responsabilidad para continuar el trabajo que se ha venido haciendo y corrigiendo lo que haya que corregirse; siempre con la mira de hacer un buen trabajo para la comunidad y por una institución como el Ministerio Público.
¿Qué lo ha llevado a aceptar este cargo?
Hace tres años yo fui coordinador y conozco el trabajo de la coordinación provincial. Ahora, en vista de que mis superiores confían en mi persona para dirigir esta corporativa, he aceptado. Ustedes saben, tenemos bajo nuestro cargo casos importantes donde se investiga a varios funcionarios. Decidí aceptar y agradezco la confianza de mis superiores que voy a honrar en todos los extremos, aplicando justicia de acuerdo a ley y conciencia.
¿Hace qué tiempo labora en el Ministerio Público?
Tengo 12 años como fiscal titular. En el 2002 ingresé como fiscal adjunto y en el 2009 ascendí a fiscal provincial; desde entonces vengo desempeñando en esta corporativa.
¿Dónde ha estudiado?
En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Beatriz Alva Hart, asesora laboral y vocera de la administración de la empresa, rechazó los actos de violencia sucedidos en los últimos días y que son liderados por personas ajenas a agroindustrial. Son aproximadamente 400 trabajadores, de los dos mil que tiene Pomalca, quienes se mantienen en huelga desde el 12 de febrero pasado, pese a que la Gerencia Regional de Trabajo ha declarado la medida como ilegal.
Precisamente sobre esto, Alva Hart señala que los huelguitas no han alcanzado un pliego de reclamos laborales, que permitan el inicio de un proceso de negociación para su atención debida. Por el contario, el 29 de febrero alcanzaron un petitorio a la Gerencia General exigiendo, como primer punto, “el archivamiento inmediato de denuncias penales contra los secretarios generales, trabajadores y vocera”, la periodista Giovanna Constantini Guevara.
“Nosotros no vamos a retroceder y no vamos a retirar ninguna denuncia penal. Nos han pedido que pese a estar en una paralización ilegal se les paguen los días de paro; nos acusan de incumplir los acuerdos de la Mesa de Diálogo del 2015 y eso es falso, porque ya la Defensoría del Pueblo ha informado que todos los acuerdos se han cumplido de manera progresiva. Hablan que estamos afectando el patrimonio de la empresa y esto es también falso, y han pedido el cese de las hostilizaciones pero no dicen cuáles son”, refiere la abogada.
DERECHOS A PAGAR
El viernes 11, los trabajadores en paralización alcanzaron un nuevo petitorio, esta vez abordando temas de orden laboral. Lo que demandan es el pago de la escolaridad y de los días laborados antes del inicio de su medida de protesta.
“La empresa atraviesa un problema grave de liquidez, ya van más de 16 millones de soles en pérdida al día de hoy, pero aun así reconocemos que lo que solicitan en el segundo petitorio es legal. Siendo así, hemos visto la manera de conseguir el financiamiento para cumplir con este requerimiento porque es de ley, y lo que es de ley es de ley, así ellos sean los que originan la pérdida económica. Debe quedar eclaro que Pomalca ha cumplido con el pago de los sueldos de febrero y de la escolaridad de todos los trabajadores que han venido laborando de manera regular, así como de los que se han ido reincorporando de manera progresiva”, explica.
Beatriz Alva añade que a través de los jueces de Paz se ha dado respuesta al segundo petitorio formulado por los sindicatos de Pampa Grande, Saltur y Sipán. “El 18 de marzo se van a pagar las remuneraciones por los días trabajados desde el 21 de enero al 11 de febrero. Respecto a la escolaridad, debe quedar claro que este es un beneficio que Pomalca voluntariamente otorga a sus trabajadores desde hace algunos años. No es un tema legal, porque no existe una ley para el sector privado que obligue el pago de la escolaridad. En el caso de la empresa esta se convirtió en una obligación por usos y costumbres, y es algo que lo vamos a reconocer. El derecho ellos no lo han perdido, pero deben entender que la empresa tiene en estos momentos un problema de liquidez, pero además que la escolaridad se paga dentro del primer trimestre calendario de cada año. La escolaridad se pagará el 25 de marzo. Cumplir con estos pagos representa un desembolso de 300 mil soles, aproximadamente”, menciona.
TERCERAS PERSONAS
La asesora laboral denunció una vez más la participación de personas ajenas a la empresa que buscan generar la desestabilización de la azucarera, sin medir el impacto que se tiene sobre la seguridad de los trabajadores y su economía. Producto de la violencia motivada en el marco de la huelga, la empresa ha perdido el control de sus instalaciones en Saltur y Pampa Grande, así como de tres unidades vehiculares.
“Están usando los carros de la empresa, sobre los cuales ya existe orden de captura, para generar daños a los trabajadores que sí trabajan normalmente. El lunes se registró un episodio de esta naturaleza en el sector Zanjón III, donde agredieron a los trabajadores de campo con piedras lanzadas desde uno de los camiones”, expone.
Asimismo, anunció que se realizarán las investigaciones internas para determinar si es que personal de la empresa encargado de la seguridad ejecutó disparos la semana pasada, cuando una turba de hombres encapuchados intentó ingresar a la fábrica, llegando incluso a tumbar una pared.
Por otro lado, refirió que el área Legal de la Empresa Agroindustrial Pomalca inició la distribución de 17 cartas de preaviso a igual número de trabajadores, quienes por infringir el reglamento interno y cometer actos de violencia en perjuicio de personas y patrimonio de la azucarera, pueden ser despedidos. El procedimiento se ha iniciado de manera preventiva, aun cuando la Ley de Productividad señala que los despidos, en casos como los registrados en los últimos días, pueden ser directos.
Finalmente, Beatriz Alva señaló que la administración evalúa la contratación de una empresa de seguridad especializada, que sin necesidad del uso de armas letales, pueda resguardar las instalaciones de la fábrica y el normal desarrollo de las actividades en los campos.
Luego de 27 meses y dos días de permanecer internado en el Penal de Ancón I, en Lima, el coronel Jorge Linares Ripalda recobró su libertad. En diciembre del 2013, cuando se desempeñaba como jefe de la II DIRTEPOL Lambayeque, el oficial fue apresado en el marco de una investigación iniciada por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, la misma que solicitó prisión preventiva en su contra, mandato que fue prolongado hasta en dos oportunidades. Sin embargo, lejos de avanzar y alcanzar solidez, las imputaciones sobre su accionar en una presunta organización criminal se han debilitado.
Linares Ripalda salió de prisión el martes último y de inmediato se dirigió a su vivienda para reencontrarse con sus familiares. Desde distintas partes del país habían viajado para ver al hombre que pasó de héroe a villano en solo un año, y sobre el cual se han tejido una serie de acusaciones que hasta el momento el Ministerio Público no ha podido demostrar con claridad.
PRISIÓN PREVENTIVA
El 20 de diciembre del 2013 el Poder Judicial dispuso el mandato de prisión preventiva contra Linares Ripalda y los otros investigados, presuntos integrantes de la organización denominada el Nuevo Clan del Norte, por un período de nueve meses, medida a la que en marzo del 2014 se le amplió un nuevo plazo de 18 meses.
Sin que ello fuera suficiente, el Ministerio Público solicitó en septiembre del año pasado una nueva prórroga, esta vez de 14 meses más, requerimiento que fue aprobado de circunstancias cuestionables por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que despacha el juez Rirchard Concepción Carhuancho.
Ante esta decisión del magistrado, la defensa legal del coronel Linares apeló, llegando el asunto a la Sala Penal Nacional, la misma que declaró fundado el recurso y dispuso su liberación por vencimiento del plazo de la prolongación de la prisión preventiva.
MENOS DELITOS
Horas después de la liberación del exmando policial, Expresión dialogó Claudia Linares Romera, quien durante los últimos 27 meses ha encabezado la dura batalla legal para demostrar la inocencia de su padre.
“La fiscalía pedía que se mantenga la prisión preventiva para continuar investigando, basándose en que puede hacerlo los 36 meses, pero hasta dónde iban a llegar si en todo este tiempo no han podido demostrar nada. Pedían prolongar la prisión preventiva para supuestamente asegurar que mi padre esté presente en la parte intermedia y en el juicio, porque según los fiscales es de alta peligrosidad”, señaló.
Claudia Linares dijo que resulta sorprendente que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado se mantenga en la postura de considerar de alta peligrosidad al coronel Linares Ripalda pese a que en el trascurrir de los meses ha ido retirando diversos tipos penales de la investigación. Mencionó, por ejemplo, que se ha excluido de la etapa preparatoria los presuntos delitos de extorsión, encubrimiento y lavado de activos. “Si han retirado estos delitos, cómo pueden seguir sosteniendo que mi padre es un criminal como ellos dicen”, enfatizó.
El Ministerio Público ha reducido su investigación a solo tres delitos: asociación ilícita para delinquir, usurpación (por la presunta toma irregular de la cantera de Mesones Muro), y hurto.
“Hurto, como si una banda delincuencial, que supuestamente estaba integrada por 25 personas, se iba a conformar para cometer hurto. ¿Por qué han consignado esa figura? Porque de otra forma hubiera sido imposible que se impute la asociación ilícita para delinquir. Con un solo delito (usurpación), no se podía configurar lo otro, tenían que tener mínimo dos. ¿Por eso quería la fiscalía mantener más tiempo preso? No hay forma”, precisó Claudia Linares.
EJERCICIO POLICIAL
Durante los 27 meses en los que ha permanecido recluido en el penal de Ancón I, Linares Ripalda no ha recibido su remuneración como coronel de la Policía Nacional, lo que evidentemente complicó aún más la situación económica de su familia, la misma que – según su hija – se ha sostenido gracias a la generosidad de familiares y amigos.
“Debo agradecer a mis familiares y a muchos amigos de la promoción de mi padre, porque si no hubiera sido por ellos qué sería de nosotros. Mi hermana consume medicamentos caros porque sufre de convulsiones, y si no fuera por el apoyo recibido no sé qué habría pasado. Yo tuve que dejar de trabajar para dedicarme íntegramente a la defensa de mi padre, muchas personas me han visto en afán de limpiar la imagen que con mala intención otros ensuciaron para que así él pueda regresar a Chiclayo con la frente en alto. Aquí no solo hubo una fuerte carga emocional, sino también una gran carga económica”, mencionó.
Al recuperar su libertad, Jorge Linares está habilitado para retornar al ejercicio de sus funciones en la Policía Nacional. Para ello deberá presentar un informe ante la Inspectoría de la institución, cuya jefatura ostenta actualmente el general Eleuterio Díaz Pérez, quien fue jefe de la Región Policial Nor Oriente cuando Linares Ripalda fue jefe de la DIRTEPOL Lambayeque.
La figura de Díaz Pérez ha sido protagónica en el caso de Linares Ripalda, pues fue este quien lo citó a su despacho para que sea detenido y posteriormente conducido a Lima. Es más, Díaz Pérez negó haber tenido conocimiento del grupo de inteligencia que exjefe de la DIRTEPOL conforme incluso negó que este haya dirigido el operativo de captura a Ángel León Arévalo, Viejo Paco, cuando se desarticuló a la organización criminal La Gran Familia, en diciembre del 2012.
“Él está asignado a Chiclayo hasta ahora, pero tiene que seguir lo que su comando le diga. Si el comando lo mantiene en Chiclayo, perfecto, se queda; pero si el comando lo manda a otro lado él tiene que cumplir. El informe lo tiene que presentar a Inspectoría y aunque en Inspectoría estuviera Abimael Guzmán, mi papá es una persona que ha estado en investigación solo tiene que presentar ese documento para que pueda trabajar, al igual que lo están haciendo los demás, porque todo el grupo de inteligencia ya están haciéndolo, ya están reincorporados”, afirmó.
El cargo que Linares Ripalda ocupaba antes de su detención ya no existe, toda vez que las Direcciones Territoriales de la Policía Nacional – DITERPOL fueron desactivadas. “Le correspondería en consecuencia un puesto de acuerdo a su rango, entonces si estamos hablando de un coronel tiene que ser un puesto que le corresponde”, precisó.
Claudia Linares dijo además que las condiciones de defensa del oficial van a mejorar, debido a que estando en libertad él mismo podrá ver la conducción de su caso y acumular mayor material que permita demostrar su inocencia.
“No es lo mismo que él participe de las audiencia por videoconferencia a que lo haga físicamente, ahora él podrá trabajar su caso e incluso ofrecer información a los medios de comunicación cuando su comando lo permita. Otro aspecto importante es que ahora en el aspecto emocional podrá equilibrar la tensión que le generaba la falta de recursos económicos”, indicó.
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Continúan las diligencias en el marco de la investigación dispuesta por el fiscal Carlos Napoleón Ticona Pari, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, contra la comunicadora Giovanna Constantini Guevara y otros por la presunta comisión de los delitos de falsedad documentaria y falsedad genérica, los mismos que se habrían configurado en el proceso eleccionario de la candidatura presidencial del Frente Amplio, realizado en octubre pasado.
Aun cuando la periodista no habría aceptado recibir la notificación del Ministerio Público en su domicilio, la División de Investigación Criminal – DIVINCRI Chiclayo, a la que se ha encargado las indagaciones del caso, ya tomó los testimonios de dos de los involucrados en la denuncia, quienes habrían participado en la comisión del presunto fraude electoral en el distrito de Pomalca, donde se anularon más de tres mil votos obtenidos de manera irregular a favor del líder del partido Tierra y Libertad, Marco Arana Zegarra, quien pugnó por representar al Frente Amplio como candidato presidencial.
Expresión tuvo acceso exclusivo a las declaraciones dadas a la Policía Nacional por Mario Samuel Obando Villegas y Enrique Palacios Zapatas, ex colaboradores de confianza de Constantini Guevara e interlocutores de la misma según los audios alcanzados al Ministerio Público en los que se coordinan las acciones previas a la votación interna del Frente Amplio para favorecer a Arana Zegarra.
Como se sabe, tras las elecciones en el Frente Amplio, realizadas el 4 de octubre del 2015, se inició una discusión interna respecto a los votos que el líder de Tierra y Libertad había acumulado en el distrito de Pomalca, donde supuestamente obtuvo más de tres mil adhesiones. Pese a los airados reclamos de Constantini Guevara, quien incluso viajó a Lima con una delegación de pomalqueños, las votaciones para dicha jurisdicción fueron anuladas y con ello logró convertirse en candidata presidencial la congresista Verónika Mendoza Frisch.
EL OPERADOR
Obando Villegas es trabajador de campo de la Empresa Agroindustrial Pomalca y se convirtió en cercano colaborar de la periodista luego de iniciada la huelga en dicho ingeniero azucarero registrada en el 2015.
Este brindó sus declaraciones en la Oficina de Investigaciones de Delitos de Estafas y Otras Defraudaciones de la DIVICAJ/PF-CH, el pasado 8 de marzo a las 10:45 de la mañana, con presencia del representante del Ministerio Público.
El declarante dijo tener pleno conocimiento de la denuncia formulada contra Constantini Guevara por Benicio Terrones Olivos, contenida en la Carpeta Fiscal N° 93-2016-DI-2°FPPC-CH por el presunto delito contra la fe pública, precisando además que no es militante del Frente Amplio y que su participación en el proceso eleccionario interno fue únicamente de apoyo.
“Con el partido solo soy participante de apoyo al mismo, por intermedio de la señora Giovanna Constantini Guevara, quien tenía como cargo, según tengo entendido, como coordinadora de dicho partido, tenía interés de ingresar como candidata al Congreso, uniéndome a este partido desde el 6 de agosto del 2015 por invitación de ella misma, a quien conozco desde esa fecha por ser la que abarcaba los anexos y poblados de Pomalca, luego en su casa en Chiclayo en la Urb. Santa Victoria realizaba sus reuniones privadas con dirigentes. El local del partido Frente Amplio desconozco, esta persona era quien me llamaba para cualquier actividad que se haría en Pomalca”, dice textualmente la declaración ante la policía.
Mario Obando ha señalado que fue despedido de la azucarera Pomalca el 14 de agosto pasado por paralizar su labor e incentivar a otros trabajadores, “todo ello por motivación” de Giovanna Constantini, “quien se presentaba como una dirigente que luchaba por los intereses de cada trabajador, con pago y trato justo por parte del empleador”.
“Luego ha resultado que no era la persona que todos los representantes de los trabajadores creíamos, siendo mi persona un seguidor de esta supuesta dirigente o vocera como se hacía conocer. Sin embargo, al ser despedido me mostraba documentos sobre mi situación laboral que se estaba luchando para mi regreso y todo era falso, hasta la fecha estoy sin trabajo. Luego con esa persona siempre nos reunimos y se trataba dos temas: la problemática de la clase trabajadora de la empresa y en lo relacionado al partido político, siendo en esto último que he incurrido en hechos irregulares por indicación de la misma, ya que nos reuníamos en esta ciudad de Chiclayo y en el mismo Pomalca”, señala.
EL FRAUDE
El excolaborador de Constantini Guevara ha reconocido ante la policía cuál fue su participación previa a las elecciones internas del Frente Amplio. Con claridad refiere que trabajó en la recolección de las firmas en padrones que luego habrían servido para la contabilización de votos supuestamente a favor de Marco Arana.
“Mi participación ha sido la de recabar firmas por las calles de San Francisco de Asis y Pomalca, con huellas de impresión dactilar, directamente a cédula de sufragio y a un padrón en hoja suelta, para cuyo efecto se les indicaba a los otorgantes que era un apoyo para el padre Arana y a ella como congresista. He recabado y captado un promedio de 69 firmas, aclarando en lo que respecta a mi persona, ya que otros han recibido indicaciones en dicho sentido y que han recabado en ciertos lugares firmas bajo el mismo procedimiento, llegando esta señorita Constantini con más dirigentes de Frente Amplio a mi domicilio y me enseñó a llenar el padrón principal que iría a Lima, esto fue el mismo día 4 de octubre del 2015 en horas de la noche”, indicó.
Obando Villegas ha reconocido además que es él quien interviene en los audios entregados a la fiscalía, confirmando que su interlocutora es Constantini Guevara, de quien recibe las indicaciones de su accionar en el proceso interno del Frente Amplio.
“Sí es mi oz y lo escuchado en el mismo es lo que yo he hablado, no hay manipulación en dicho audio, del cual desconozco cómo es que se hizo esta grabación, ni para qué fines y cómo es que ha llegado a poder del denunciante. Esta llamada o comunicación ha sido el día sábado 3 de octubre del 2015, entre la tarde o anocheciendo, no recuerdo muy bien, la voz es de la señorita Giovanna Constantini Guevara; lo que está trascrito del audio es cierto, los padrones los hemos recogido de la imprenta sito en la calle 8 de Octubre N° 142-B, los recogimos el día sábado 3 de octubre del 2015 a las 15.00 horas en un taxi, también ha estado presente el señor Carlos Enrique Palacios Zapata, me dio un promedio de 300 hojas, así como 300 sticker recogidos de la misma imprenta, lo cual como dije llené hasta 69 firmas a favor de Marco Arana y una a favor de Verónica Mendoza, supuestamente me dijo Giovanna para que no se den cuenta al momento del conteo, el ingreso de las cédulas se hizo al ánfora en mi casa, lugar donde llegó luego ella y otros dirigentes que supuestamente no sabían nada, esto correspondía a las votaciones solo de San Francisco y las votaciones de esas ánforas se hizo en mi casa, solo hice lo que ella me indicó y la forma cómo debía de proceder”, declaró.
AGRESIONES
Obando Villegas ha denunciado que el 9 de octubre pasado fue víctima del robo de su celular en la intercepción de las calles Grau y Cabrera, a la altura de la piscina municipal de Chiclayo, hecho que se repitió el último 5 de marzo, al promedio las 4:30 de la tarde, cerca al Coliseo Cerrado, cuando cuatro sujetos desconocidos lo agredieron físicamente.
“Me indicaron que me deje de cojudeces y que si voy a declarar el día martes, o sea hoy en esta unidad policial me van a matar, que soy un soplón y que eso no se le hace a la compañera y me han mencionado el nombre de Giovanna Constantini, y que si hablo la verdad me van a matar”, señaló ante la Policía Nacional el extrabajador azucarero, añadiendo que teme por su integridad y la de su familia, debido a que también habría recibido amenazas de la seguridad de la periodista.
Al igual que Obando Villegas, Carlos Palacios Zapata brindó sus declaraciones a la policía el martes 8 de marzo, confirmando lo ya señalado por el exoperador de Giovanna Constantini.
Palacios Zapata también ha sido cercano colaborador de la periodista. Actualmente se desempeña como secretario general de los trabajadores de la agroindustrial Pomalca en Saltur.
“He efectuado el recorrido con la persona de Giovanna Constantini Guevara a la diferentes mesas instaladas en los anexos el día 4 de octubre del 2015, donde yo tenía conocimiento y por indicación de ella que se estaba presentando al congreso, donde se verificaban si las actas estaban llenas y estaban listas para ser entregadas, esta visita se hizo a los anexos de Pomalca, Saltur, Sipán, Pampa Grande, Pacherres, esto ha sido el mismo día de las elecciones internas desde las 8 de la mañana, recorrido que hizo solo mi persona y ella. Se alquiló un carro para poder desplazarnos”, respondió al ser consultado sobre su participación en el proceso del Frente Amplio.
El 18 de febrero, Palacios Zapata dirigió una carta notarial a Constantini Guevara exigiendo su rectificación por las aseveraciones hechas por esta, como llamarlo “traidor”, “Judas”, “vendido”, “dirigente amarillo”.
“Su persona con absoluto menosprecio a la veracidad de la información con animus difamandi, se refiere que mi persona de mala forma y propicia que los demás vecinos y trabajadores de la Empresa Pomalca arremetan contra mis hijos en las calles diciéndoles: ‘ahí van los hijos del traidor’ y eso es prueba evidente que además de mi persona, puede propiciar violencia en contra de mis hijos. También va en contra mi honor y reputación, toda vez que la información tendenciosa e inexacta, que usted transmite sin medir consecuencias alguna, genera que algunos trabajadores vayan a mi hogar de manera violenta a tratar de buscar agredirme verbal y físicamente”, señala la carta.
El 11 de marzo, al promediar las 9:30 de la mañana, una turba de manifestantes encabezada por Vidal Vásquez Contreras, dirigente del sector Pampa Grande, trató de ingresar a las instalaciones de la Empresa Agroindustrial Pomalca en Saltur, agrediendo a Carlos Palacios Zapata. El trabajador recibió el impacto de una piedra a la altura del pómulo izquierdo y una en el muslo derecho, mientras era acusado de "traidor", "soplón" y "amarillo".
+ NOTICIAS
La denuncia presentada en nuestra edición 949 sobre las presuntas irregularidades en el concurso para la encargatura de la dirección del Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús, en el que resultó favorecida la docente María Angélica Vásquez Vásquez, ha traído cola. Parte del escándalo se centra en que la ganadora presentó a la Comisión Evaluadora de la Gerencia Regional de Educación un módulo educativo en cuya carátula aparece como coautora. Sin embargo, dicho material habría sido plagiado. Lo sorprendente es que con una carta notarial ahora piden a una de las verdaderas autoras retirar su nombre de la obra.
La historia comienza así: Con Resolución Viceministerial N° 077-2015, del 20 de noviembre del 2015, el Ministerio de Educación convocó al proceso de evaluación para la encargatura de las direcciones y cargos jerárquicos de los institutos y escuelas de educación superior, y los postulantes debían pasar por dos etapas: la evaluación del expediente de postulación y la entrevista personal.
Una de las candidatas fue María Angélica Vásquez Vásquez, quien no solo ingresó su expediente fuera del tiempo establecido de acuerdo al calendario del Ministerio de Educación, sino que incluyó el módulo “Componente Desarrollo Personal – Bloque Temático: Desarrollo Personal I”, presentándose como supuesta coautora junto a Silvia Josefina Aguinaga Vásquez, Carmen Calbay Rodríguez y Segundo Juan Sánchez Tarrillo.
Sin embargo, Expresión confirmó que el módulo fue elaborado a pedido del Ministerio de Educación por la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, teniendo como especialistas a las psicólogas Nancy Coronado Corrales y Magaly Pérrigo Figueroa, como parte del Programa de Especialización en Matemáticas – Nivel de Educación Secundaria 2012 – 2014 (I Ciclo), publicado en agosto del 2012, y no para el Instituto Sagrado Corazón de Jesús como señaló la postulante en su expediente.
VOZ DE LA ESPECIALISTA
El índice del documento presentado por Vásquez Vásquez y el de las psicólogas es completamente igual, salvo en la Sesión N° 05, donde el primer caso omite cuatro páginas. En la presentación los párrafos también son iguales, con la mínima diferencia en el uso de algunas palabras. Eso también sucede con los gráficos y esquemas.
Expresión presentó en la edición 949 las declaraciones de la psicóloga Nancy Coronado, quien no solo se mostró sorprendida por lo sucedido, sino que además explicó detalles respecto a cómo es que se elaboró el módulo y cuál fue el nivel de participación de Segundo Juan Sánchez Tarrillo.
“Fue un convenio de la Universidad Pedro Ruiz con el Ministerio de Educación, nosotros postulamos a la universidad, porque es la que escoge a su personal y ganamos, y el ministerio dentro de las cláusulas para cuando uno entra como facilitadora era que se tenía que desarrollar un módulo, el cual debía ser aprobado por el ministerio para que con ese módulo se pueda trabajar con los profesores de manera presencial. Nosotros lo hicimos, lo presentamos, el ministerio lo aprobó y trabajamos con ese módulo en el 2012”, explica Coronado Corrales.
Sánchez Tarrillo, quien figura como coautor en lo presentado por Vásquez Vásquez, también aparece en el módulo original como responsable de la diagramación y la corrección de estilo.
“Él prácticamente no llevó ninguna clase pero estuvo en la capacitación del ministerio y entonces avanzó el trabajo solo, y a mí me pareció que hubiera sido muy malo que no se le considerara, aun cuando no lo hubiera terminado. Por ese motivo es que creí conveniente incluirlo. Él sí puede aparecer como coautor porque sí fue a Lima a la capacitación, aunque no concluyó el trabajo y tampoco desarrolló ninguna clase con los profesores”, detalla.
LA CARTA
El 4 de marzo pasado, Segundo Sánchez Tarrillo, identificado con DNI N° 16784873, dirigió una carta certificada por la Notaría Santa Cruz a la psicóloga Magaly Pérrigo Figueroa, suscrita “en su condición de autor del Módulo Formativo, titulado Desarrollo Personal”, para solicitarle el retiro de su nombre.
En la misiva, Sánchez Tarrillo dice que elaboró el módulo como material de trabajo para desarrollarse en agosto del 2012 en el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente del Ministerio de Educación, teniendo como entidad formadora a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
“Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el retiro inmediato de su nombre como coautora del módulo antes referido en mi condición de integrante del equipo de especialistas, cuyo conocimiento he tomado a raíz de la información periodística propalada a través del Semanario Expresión, publicación en la que la psicóloga Nancy Coronado Corrales informa detalles del trabajo intelectual que supuestamente ha desarrollado conjuntamente con su persona”, indica.
Sánchez Tarrillo afirma que el documento es autoría exclusiva del equipo docente integrado por Vásquez Vásquez, Aguinaga Vásquez y Calvay Rodríguez.
El firmante de la carta notarial precisa que de no acceder a su pedido, iniciaría las acciones penales contra Magaly Pérrigo Figueroa.
LA RESPUESTA
Días después de recibida la misiva, Magaly Pérrigo respondió por el mismo conducto a Sánchez Tarrillo, ratificándose en su postura de haber elaborado el material educativo junto a la psicóloga Nancy Coronado Corrales.
“En agosto del 2012, como profesional en Psicología fui contratada para incorporarme al equipo de especialistas del Bloque Temático Especializado en Desarrollo Personal I, denominado así para sus programas de especialización, por el Ministerio de Educación en convenio con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, hasta su culminación en diciembre de ese año”, explica.
Anota que como parte de la estructura básica del sílabo Desarrollo Personal, el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo encomendó a los responsables del Bloque Temático de la especialidad de Matemática la elaboración del módulo informativo, cuya denominación del título estuvo condicionada al componente y su relación con las capacidades a desarrollar.
“El trabajo fue culminado en su mayoría por mi persona y la psicóloga Magaly Susana Pérrigo Figueroa, cumpliendo de esta manera con el cronograma establecido tanto para los avances, revisión, corrección, aprobación y publicación en agosto del 2012 por el MINEDU y la UNPRG, material necesario para continuar con lo emanado por las entidades contratantes, el cual podrá ser acreditado en su debido momento por las entidades formadoras si así fuera conveniente”, asevera.
En consecuencia, Pérrigo Figueroa considera que Sánchez Tarrillo intenta atribuirle una conducta antijurídica al acusarla de un presunto plagio que no cometió. “No me he atribuido, ni me atribuyo ni he difundido la autoría ni coautoría del módulo titulado Componente de Desarrollo Personal, quien se arrogó esa potestad de calificar y determinar fueron los contratistas como son el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tal como lo acredita la contracarátula del modo, que refiere que ‘se prohíbe la reproducción parcial o total del texto sin autorización del MINEDU’”, enfatiza en su carta de respuesta la psicóloga.
Los últimos años no solo han sido telúricos para la administración de justicia en Lambayeque por la revisión de diversos casos de corrupción y la desarticulación de organizaciones delictivas conformadas por autoridades y funcionarios para defraudar al Estado, sino también por la fuga de varios de los protagonistas, quienes hoy deberían estar recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo. ¿Dónde están los prófugos?
EL “LIMPIO” PLAZA ARBULÚ
El primer caso es el del ferreñafano Guillermo Plaza Arbulú, implicado en la investigación seguida por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo a la presunta organización denominada Los Limpios de la Corrupción, la misma que habría liderado durante su permanencia como alcalde de la provincia Roberto Torres Gonzales, y en la que habrían participado regidores, funcionarios, familiares, colaboradores y proveedores. Plaza Arbulú se encuentra en este último grupo.
La orden de captura en su contra fue dada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria el 30 de septiembre del 2014 y debió ejecutarse en el mismo operativo con el que se detuvo a la pareja sentimental de Torres Gonzales y parte de sus funcionarios. Indicios han llevado al Ministerio Público a postular la tesis de que Plaza Arbulú fue testaferro del exalcalde.
En septiembre del año pasado, su hermano, Luis Plaza Arbulú, dijo que si el investigado no se había puesto a derecho era porque se habrían presentado “pruebas falsas en su contra”, poniendo como condición para su entrega a las autoridades judiciales que se emita un pronunciamiento de la Fiscalía de Control Interno por la queja presentada contra el fiscal Sergio Zapata Orozco, dedicado a exclusividad a la investigación del caso.
La participación de Guillermo Plaza habría sido fundamental en la organización delictiva que operó en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el ex Servicio de Administración Tributaria, EPSEL y la Beneficencia.
Según la fiscalía, este habría utilizado al criador de chanchos Víctor Cubas Llaguento para crear una empresa fantasma, “Multiservicios Santa Lucía”, la misma que se convirtió en proveedora de la comuna. El abogado de este señaló en noviembre del 2014 que el falso empresario recibió 350 soles por registrarse en SUNAT y abrir cuentas bancarias. Incluso aseveró que este había sido amenazado de muerte si daba su testimonio a las autoridades judiciales.
Para el 21 de marzo se ha programado la audiencia de prisión preventiva contra el investigado.
REELECTO Y PRÓFUGO
En las elecciones del 5 de octubre del 2014, el alcalde aprista de Pacora Jaime Urbina Urbina fue reelegido por sus vecinos para el período 2015 -2018, sin embargo no pudo iniciar su segundo mandato porque se convirtió en prófugo de la justicia.
El 17 de diciembre del 2014 la Primera Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo revocó la comparecencia restringida dada a Urbina Urbina por la jueza Gloria Loconi Captián, ordenando la prisión preventiva contra la entonces autoridad por un período de nueve meses, tal como había solicitado al Poder Judicial la fiscal Magaly Quiroz Caballero.
La investigación se inició contra Jaime Urbina por la aparición de un audio en el que se oye la presunta negociación de una coima por la compra de un volquete sobrevalorado. La medida de prisión preventiva también fue dispuesta contra el entonces gerente general de la comuna de Pacora y un tercero, identificado como Raúl Távara Monja, vendedor de la empresa Tracto Camiones USA.
A mediados de enero del 2015 la Policía Nacional estuvo cerca de capturar a Urbina Urbina, llegando hasta una vivienda ubicada en el caserío El Verde, a una hora de la zona urbana de Jayanca. Se sabe que horas antes de la llegada de los agentes a la zona, el exalcalde se había desplazado a otro lugar.
Meses después la dirigencia aprista de Lambayeque decidió suspender los derechos partidarios de Jaime Urbina, acusado de colusión en perjuicio del Estado y la comuna de Pacora. El Jurado Nacional de Elecciones le retiró su credencial.
TREMENDO FISCAL
Indudablemente uno de los casos más sonados del 2015 es el del exfiscal Esdras Sánchez Moreno, quien fue condenado a nueve años y dos meses de prisión tras comprobarse que participó del secuestro y posterior extorsión del empresario Ricardo Coronado Li. El escándalo sacudió al Ministerio Público en pleno.
El 20 de julio del año pasado la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lambayeque declaró a Sánchez Moreno, quien se desempañaba como fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, culpable del delito de cohecho pasivo específico. A este también se le fijó una multa de 40 mil 457 soles y una reparación civil de 15 mil soles a favor del Estado.
Según la sala, existen pruebas suficientes para acreditar que Sánchez Moreno solicitó una coima de 20 mil soles al empresario a cambio de dejarlo en libertad, pues había sido detenido presuntamente por participar en usurpación de tierras.
El exfiscal, quien pedía en una investigación por obras mal ejecutadas una sanción de 30 años de prisión contra el exalcalde Roberto Torres Gonzales y 19 funcionarios de la comuna, también quedó inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
CATEDRÁTICO EN FUGA
La presunta entrega irregular de más de mil grados de maestría en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, desató, también el año pasado, una profunda investigación fiscal contra el entonces director de dicha institución Juan Aguinaga Moreno y otros catedráticos y trabajadores.
En septiembre, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Grández Rojas, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Aguinaga Moreno y cuatro personas más, decisión que fue confirmada ese mismo mes por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lambayeque, la misma que ordenó la captura del catedrático, quien hasta el momento se mantiene prófugo de la justicia.
Según los familiares de Aguinaga Moreno, quien también es investigado por el presunto cobro de asignaciones irregulares junto a otras exautoridades de la universidad, este se mantiene a buen recaudo porque no existen garantías para su seguridad, y porque consideran que la medida de prisión preventiva resulta excesiva “para una persona con domicilio y trabajo conocido, y arraigo familiar”.
Lo particular de este caso es que aun estando no habido por la justicia, la Oficina de Recursos Humanos de la UNPRG otorgó cuatro meses de vacaciones pagadas a Aguinaga Moreno, asignándole 26 mil 828 soles correspondientes a los años 2013 y 2014.
AMARGO CHERO
Una sentencia de la Corte Suprema de la República, emitida en abril del 2014 y notificada recién el seis de enero pasado, ordena cuatro años de prisión efectiva para el abogado Wilfredo Chero Villegas, hoy prófugo de la justicia.
El Poder Judicial considera a Chero Villegas, junto a ocho extrabajadores de la Empresa Industrial Chucarapi y la Central Azucarera Chucarapi – Pampa Blanca, de Arequipa, culpable del conflicto desatado por el control de las mismas, luego que instalara una administración ilegal valiéndose de una medida cautelar concedida en Lambayeque por el exjuez Pedro Pablo Cornejo Morajes, destituido y quien fue recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo.
Inicialmente, el abogado y sus coimputados fueron sentenciados a dos años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, así como al pago de una caución de cinco mil soles, fallo que fue confirmado en segunda instancia por la Sala Penal de Arequipa. No conformes con la decisión judicial recurrieron a la suprema vía casación, resolviendo esta no solo recovar el mandato de los jueces de la región sureña, sino reformularlo y dictar prisión efectiva a los acusados, ordenando su captura a nivel nacional.
El caso se remonta al 2006. En octubre de ese año, el abogado, flanqueado de más de 300 sujetos armados, tomó posesión violenta de las empresas, acto que fue validado por el juez de Paz de segunda nominación de Cocachacra – Arequipa. De acuerdo a lo contenido en el fallo de la Corte Suprema, los vigilantes del complejo azucarero fueron encañonados, amenazados y golpeados, a fin de evitar que pongan resistencia a la toma de las instalaciones. Dos meses después, el Poder Judicial ordenó el ingreso de los legítimos propietarios de las empresas, sin embargo los usurpadores volvieron a usar la fuerza para apoderarse del ingenio.
Resultado de la ilegal ocupación, estos se beneficiaron de la comercialización del azúcar, la melaza y otros insumos producidos en Chucarapi.
