No sólo el gobierno de Pedro Castillo tiene resultados negativos de gestión, también el Congreso de la República tienes serias deficiencias en materia legislativa. El parlamento, dominado por agrupaciones de derecha extrema, tiene un objetivo específico desde el comienzo de sus funciones: buscar por todos los medios la vacancia del mandatario. El rechazo al Parlamento seguirá subiendo si los partidos políticos y líderes de los mismos, no son capaces de despojarse de intereses mezquinos y de apetitos personales y de grupo.
Analistas políticos, congresistas, medios de comunicación y la opinión pública han hecho cada uno, de acuerdo a su percepción de lo que acontece en el país, una evaluación pormenorizada sobre los cien días del gobierno del presidente Pedro Castillo. Cada quien ha expuesto sus argumentos para graficar la situación política, económica y social desde que el mandatario asumió funciones, el 28 de julio pasado. Para los opinólogos y el ciudadano de a pie, el mandatario no ha tenido los reflejos ni la inteligencia para actuar en tiempos de crisis política, la improvisación, la falta de criterio y sus acciones erráticas han sido el común denominador hasta hoy. Castillo tampoco ha sido capaz de sacudirse, desde un inicio, de las ideas extremistas y desfasadas de Vladimir Cerrón, así como de sus influencias negativas en el Ejecutivo; no ha tenido la madurez suficiente para enfrentar los problemas más álgidos y darles una solución coherente; ha carecido del temperamento y personalidad para imponer su sello en el gobierno, sin que caiga en el autoritarismo. Del mandatario se ha dicho de todo, se lo ha criticado hasta el cansancio por sus decisiones equivocadas, confusas, por sus polémicas y contradictorias declaraciones públicas que solo han generado más incertidumbre. Castillo camina sobre una cuerda muy delgada que puede romperse en cualquier momento, sino hay cambios sustanciales que permitan generar estabilidad y enrumbar al país por la senda del progreso.
Pero así como al presidente de la República se le exige cuentas de su gestión de cien días, la misma obligación tiene que hacerse al Congreso por la enorme responsabilidad que tiene entre manos en materia legislativa, considerando que este poder del Estado en el último quinquenio tuvo un protagonismo exagerado y dañino en el devenir de la política nacional (básicamente de Fuerza Popular y el Apra). Además, porque con nuestros impuestos cada uno de sus 130 integrantes perciben más de 25,000 soles mensuales de remuneración, por ello como sociedad civil y por haberlos elegidos como nuestros representantes, se les tiene que pedir un balance de la labor que realizan (o la que dejan de realizar) las veces que sea necesario. ¡Basta de mediocridad e incapacidad, urge un Congreso más eficiente y calificado!
Su objetivo es claro
El actual Parlamento, dominado por agrupaciones de derecha extrema y centro derecha, juega su propio partido, tiene un objetivo específico desde el comienzo de sus funciones: buscar por todos los medios la vacancia de Pedro Castillo (hasta hoy no aceptan la derrota electoral infringida en las urnas el pasado 6 de junio). No por algo modificaron su reglamento para regular el procedimiento que limita la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo, que según constitucionalistas genera un quiebre en el equilibrio de poderes (aquí actuaron diligentemente las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País). Por ahora el Congreso está protegido y a salvo de una posible disolución si el caso lo ameritara, hasta que el Tribunal Constitucional evalúe el recurso impugnatorio presentado por el gobierno.
Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sobre la desaprobación del Legislativo, éste llega a 75%, lo que representa un alza de 14 puntos porcentuales en tan solo un mes. En tanto que el rechazo a la gestión de la presidenta de esta institución, María del Carmen Alva, alcanza el 58%. El 49% de entrevistados cree que la política peruana está peor. Ello demuestra que la labor realizada por el Congreso en este periodo es bastante cuestionable, muy desalentador, tiene una gran deuda con la población que demanda la aprobación de leyes esenciales para la vida de los peruanos, y no solo normas interesadas para sus grupos políticos o grupos de poder, tal como ha sucedido en los últimos 30 años. En estos cien días no habido una sintonía con el clamor de las distintas regiones del país, que piden a gritos a la clase política mayor madurez y sensatez en sus decisiones, llegar a consensos entre las bancadas y con el Ejecutivo, mediante el diálogo, para aprobar leyes que conduzcan, por ejemplo, a una reactivación económica firme y sostenida en el tiempo, que se asignen partidas presupuestarias importantes para sectores claves como salud, educación, agricultura, entre otros.
Retrocesos peligrosos
En manos de este parlamento también estaba el acelerar la reforma política impulsada desde el 2019, para tener una democracia más fortalecida, partidos mejor organizados y consolidados, e instituciones que generen más confianza de la población. Sin embargo, lo primero que han hecho es aprobar dos contrarreformas electorales para los comicios regionales y municipales del 2022. Es decir, se han suspendido las elecciones primarias abiertas y universales de los candidatos, bajo el pretexto de que esto generará contagios por la covid-19 y que la ciudadanía no debe inmiscuirse en la autonomía de los partidos, y ahora se impondrá la designación a dedo desde las cúpulas, tal y como se ha hecho a lo largo de la historia republicana. Pero no solo ello, también han aprobado una ley que suspende el pago de multas de los partidos políticos, es decir que podrán realizar trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sin pagar las multas correspondientes. Como reseña la exministra de Justicia, Ana Neyra, “desde julio el foco de la agenda legislativa no ha sido avanzar en la reforma política pendiente. Lo que más preocupa es que con todo lo que cuesta cada norma aprobada, se busque retroceder en estos pequeños, pero significativos avances”.
Pero ello no es todo. Tal y como lo detalla una nota periodística de La República, en el grupo de Fiscalización hay comisiones con serio retraso para su instalación, siendo el caso más notorio la llamada Comisión Vizcatán que hasta hoy no funciona. Según el portal del Congreso, hay apenas nueve normas publicadas en El Peruano, como producto del debate y la aprobación en el Pleno. Tres de estas normas son de simple trámite, agrega el diario, pues provienen del Ejecutivo: dos tienen que ver con autorizaciones para el ingreso de personal militar extranjero al territorio peruano y la tercera es sobre una autorización de viaje al exterior del presidente Castillo. Otras tres normas publicadas también tienen la connotación de simple trámite: la resolución que ratifica a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva; la resolución que aprueba la agenda legislativa de este Congreso, y el reglamento del concurso público para el Tribunal Constitucional, cuyo texto fue copiado del Parlamento anterior. Y de las tres normas que quedan, una salió tras la muerte del terrorista Abimael Guzmán: ley que regula la disposición final de los restos de condenados por terrorismo. Es decir, hasta aquí no se evidencia ningún esfuerzo mayor en el trabajo congresal. Y es que los grupos de derecha están más interesados en vacar al presidente de la República, que en discutir y elaborar normas trascendentes, útiles y necesarias.
Construir consensos
María del Carmen Alva había calificado los primeros cien días del gobierno de Castillo como “cien días perdidos, cien días de desastre”. Pero la máxima funcionaria del Congreso no se da cuenta que su gestión también es un desastre, con rasgos obstruccionistas -todavía no al exasperante nivel del fujimorismo del 2016- y de intolerancia que son un serio obstáculo para consolidar la democracia y construir consensos con el Ejecutivo, tan indispensables para la gobernabilidad y estabilidad de un régimen. Este Legislativo está más interesado en interpelar y censurar ministros que no son de su agrado, que en elaborar una agenda mínima de trabajo. Como señala la exministra Aída García Naranjo, “el Congreso está desaprobado por vacador y obstruccionista, y porque no tiene nada que mostrar como gestión, salvo 20 comisiones investigadoras, una de las cuales sigue indagando los resultados de las elecciones generales del presente año”. El rechazo a la gestión del Parlamento seguirá subiendo en los próximos meses, si los partidos políticos y los líderes de los mismos no son capaces de despojarse de intereses mezquinos y de apetitos personales y de grupo, y anteponen las reales demandas ciudadanas para tener un país más viable, con un futuro más alentador que el presente.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
No sólo el gobierno de Pedro Castillo tiene resultados negativos de gestión, también el Congreso de la República tienes serias deficiencias en materia legislativa. El parlamento, dominado por agrupaciones de derecha extrema, tiene un objetivo específico desde el comienzo de sus funciones: buscar por todos los medios la vacancia del mandatario. El rechazo al Parlamento seguirá subiendo si los partidos políticos y líderes de los mismos, no son capaces de despojarse de intereses mezquinos y de apetitos personales y de grupo.
Analistas políticos, congresistas, medios de comunicación y la opinión pública han hecho cada uno, de acuerdo a su percepción de lo que acontece en el país, una evaluación pormenorizada sobre los cien días del gobierno del presidente Pedro Castillo. Cada quien ha expuesto sus argumentos para graficar la situación política, económica y social desde que el mandatario asumió funciones, el 28 de julio pasado. Para los opinólogos y el ciudadano de a pie, el mandatario no ha tenido los reflejos ni la inteligencia para actuar en tiempos de crisis política, la improvisación, la falta de criterio y sus acciones erráticas han sido el común denominador hasta hoy. Castillo tampoco ha sido capaz de sacudirse, desde un inicio, de las ideas extremistas y desfasadas de Vladimir Cerrón, así como de sus influencias negativas en el Ejecutivo; no ha tenido la madurez suficiente para enfrentar los problemas más álgidos y darles una solución coherente; ha carecido del temperamento y personalidad para imponer su sello en el gobierno, sin que caiga en el autoritarismo. Del mandatario se ha dicho de todo, se lo ha criticado hasta el cansancio por sus decisiones equivocadas, confusas, por sus polémicas y contradictorias declaraciones públicas que solo han generado más incertidumbre. Castillo camina sobre una cuerda muy delgada que puede romperse en cualquier momento, sino hay cambios sustanciales que permitan generar estabilidad y enrumbar al país por la senda del progreso.
Pero así como al presidente de la República se le exige cuentas de su gestión de cien días, la misma obligación tiene que hacerse al Congreso por la enorme responsabilidad que tiene entre manos en materia legislativa, considerando que este poder del Estado en el último quinquenio tuvo un protagonismo exagerado y dañino en el devenir de la política nacional (básicamente de Fuerza Popular y el Apra). Además, porque con nuestros impuestos cada uno de sus 130 integrantes perciben más de 25,000 soles mensuales de remuneración, por ello como sociedad civil y por haberlos elegidos como nuestros representantes, se les tiene que pedir un balance de la labor que realizan (o la que dejan de realizar) las veces que sea necesario. ¡Basta de mediocridad e incapacidad, urge un Congreso más eficiente y calificado!
Su objetivo es claro
El actual Parlamento, dominado por agrupaciones de derecha extrema y centro derecha, juega su propio partido, tiene un objetivo específico desde el comienzo de sus funciones: buscar por todos los medios la vacancia de Pedro Castillo (hasta hoy no aceptan la derrota electoral infringida en las urnas el pasado 6 de junio). No por algo modificaron su reglamento para regular el procedimiento que limita la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo, que según constitucionalistas genera un quiebre en el equilibrio de poderes (aquí actuaron diligentemente las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País). Por ahora el Congreso está protegido y a salvo de una posible disolución si el caso lo ameritara, hasta que el Tribunal Constitucional evalúe el recurso impugnatorio presentado por el gobierno.
Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sobre la desaprobación del Legislativo, éste llega a 75%, lo que representa un alza de 14 puntos porcentuales en tan solo un mes. En tanto que el rechazo a la gestión de la presidenta de esta institución, María del Carmen Alva, alcanza el 58%. El 49% de entrevistados cree que la política peruana está peor. Ello demuestra que la labor realizada por el Congreso en este periodo es bastante cuestionable, muy desalentador, tiene una gran deuda con la población que demanda la aprobación de leyes esenciales para la vida de los peruanos, y no solo normas interesadas para sus grupos políticos o grupos de poder, tal como ha sucedido en los últimos 30 años. En estos cien días no habido una sintonía con el clamor de las distintas regiones del país, que piden a gritos a la clase política mayor madurez y sensatez en sus decisiones, llegar a consensos entre las bancadas y con el Ejecutivo, mediante el diálogo, para aprobar leyes que conduzcan, por ejemplo, a una reactivación económica firme y sostenida en el tiempo, que se asignen partidas presupuestarias importantes para sectores claves como salud, educación, agricultura, entre otros.
Retrocesos peligrosos
En manos de este parlamento también estaba el acelerar la reforma política impulsada desde el 2019, para tener una democracia más fortalecida, partidos mejor organizados y consolidados, e instituciones que generen más confianza de la población. Sin embargo, lo primero que han hecho es aprobar dos contrarreformas electorales para los comicios regionales y municipales del 2022. Es decir, se han suspendido las elecciones primarias abiertas y universales de los candidatos, bajo el pretexto de que esto generará contagios por la covid-19 y que la ciudadanía no debe inmiscuirse en la autonomía de los partidos, y ahora se impondrá la designación a dedo desde las cúpulas, tal y como se ha hecho a lo largo de la historia republicana. Pero no solo ello, también han aprobado una ley que suspende el pago de multas de los partidos políticos, es decir que podrán realizar trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sin pagar las multas correspondientes. Como reseña la exministra de Justicia, Ana Neyra, “desde julio el foco de la agenda legislativa no ha sido avanzar en la reforma política pendiente. Lo que más preocupa es que con todo lo que cuesta cada norma aprobada, se busque retroceder en estos pequeños, pero significativos avances”.
Pero ello no es todo. Tal y como lo detalla una nota periodística de La República, en el grupo de Fiscalización hay comisiones con serio retraso para su instalación, siendo el caso más notorio la llamada Comisión Vizcatán que hasta hoy no funciona. Según el portal del Congreso, hay apenas nueve normas publicadas en El Peruano, como producto del debate y la aprobación en el Pleno. Tres de estas normas son de simple trámite, agrega el diario, pues provienen del Ejecutivo: dos tienen que ver con autorizaciones para el ingreso de personal militar extranjero al territorio peruano y la tercera es sobre una autorización de viaje al exterior del presidente Castillo. Otras tres normas publicadas también tienen la connotación de simple trámite: la resolución que ratifica a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva; la resolución que aprueba la agenda legislativa de este Congreso, y el reglamento del concurso público para el Tribunal Constitucional, cuyo texto fue copiado del Parlamento anterior. Y de las tres normas que quedan, una salió tras la muerte del terrorista Abimael Guzmán: ley que regula la disposición final de los restos de condenados por terrorismo. Es decir, hasta aquí no se evidencia ningún esfuerzo mayor en el trabajo congresal. Y es que los grupos de derecha están más interesados en vacar al presidente de la República, que en discutir y elaborar normas trascendentes, útiles y necesarias.
Construir consensos
María del Carmen Alva había calificado los primeros cien días del gobierno de Castillo como “cien días perdidos, cien días de desastre”. Pero la máxima funcionaria del Congreso no se da cuenta que su gestión también es un desastre, con rasgos obstruccionistas -todavía no al exasperante nivel del fujimorismo del 2016- y de intolerancia que son un serio obstáculo para consolidar la democracia y construir consensos con el Ejecutivo, tan indispensables para la gobernabilidad y estabilidad de un régimen. Este Legislativo está más interesado en interpelar y censurar ministros que no son de su agrado, que en elaborar una agenda mínima de trabajo. Como señala la exministra Aída García Naranjo, “el Congreso está desaprobado por vacador y obstruccionista, y porque no tiene nada que mostrar como gestión, salvo 20 comisiones investigadoras, una de las cuales sigue indagando los resultados de las elecciones generales del presente año”. El rechazo a la gestión del Parlamento seguirá subiendo en los próximos meses, si los partidos políticos y los líderes de los mismos no son capaces de despojarse de intereses mezquinos y de apetitos personales y de grupo, y anteponen las reales demandas ciudadanas para tener un país más viable, con un futuro más alentador que el presente.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
