¿Con qué cara los alcaldes constantemente reclaman más presupuesto al gobierno nacional si está probada su incapacidad para el manejo de los recursos? La corrupción no es el único problema de la administración pública, lo es también la ineptitud con la que los titulares de los pliegos, a nivel distrital, provincial y regional, manejan los recursos asignados.
A lo largo de este año nos hemos ocupado de mirar cada trimestre el desenvolvimiento del Gobierno Regional de Lambayeque y los 38 municipios del departamento en cuanto a la ejecución del presupuesto de inversión, que es el que asigna el Ejecutivo para la realización de obras y proyectos de desarrollo.
Es ese el tipo de gasto que realmente debe preocuparnos a todos los ciudadanos, pues el gasto corriente resulta siendo casi automático, pues la mayor parte del dinero se va en el pago de sueldos, aunque claro, tal como evidenciamos en esta edición, no siempre los sueldos van para gente que trabaja. También hay fantasmas remunerados.
Ya desde el año pasado advertimos que el gobierno regional dejaría de invertir poco más de S/250 millones, dinero sumamente necesario para reducir las brechas que existen en el Lambayeque, con el que se habría cubierto, por ejemplo, la brecha en conexión vial, que asciende a S/178 millones, aproximadamente.
Sin embargo, hay situaciones aún más preocupantes, más caóticas… más vergonzosas.
Los municipios distritales de Mórrope, Cayaltí, Oyotún, Santa Rosa y Tumán, son los que peor ejecución del presupuesto de inversiones muestran al cierre de esta edición, a solo 27 días de terminar el 2024, pese a las grandes carencias que afectan a sus poblaciones, hoy mal representada por personajes que jugaron a ser políticos y hoy simplemente merecen lástima.
Este año, Mórrope, uno de los cinco distritos más pobres de Lambayeque, recibió 9 millones 565 mil 234 soles para proyectos, de los cuales – según el Ministerio de Economía y Finanzas – ha ejecutado solo el 1.2 %, es decir, 110 mil 523 soles.
Este año su municipio se vio envuelto en un escándalo de corrupción mayúsculo, con la alcaldesa vacada y el gerente general capturados por integrar una red dedicada a festinar los recursos públicos. Hoy, en prisión preventiva, esperan el juzgamiento por sus delitos, pero el pueblo que les confió su gobierno sigue postergado y pobre.
En segundo lugar, está Cayaltí, que habiendo recibido 20 millones 479 mil 137 soles para obras, reporta un avance del 5 %, equivalente a un millón 20 mil 449 soles.
Luego están Oyotún, con una ejecución del 5.2 % de los 22 millones 635 mil 412 soles recibidos, lo que asciende a 1 millón 178 mil 100 soles; Santa Rosa, con 5.6 % de los 5 millones 296 mil 820 soles asignados (296 mil 724 soles gastados), y Tumán, con 8 % de los nueve millones 841 mil 682 soles de presupuesto para obras. El gasto ha sido únicamente de 790 mil 289 soles.
Sobre Tumán, resulta condenable que siendo un distrito golpeado con severidad por la paralización de la empresa azucarera, que es la principal actividad del distrito, tenga también paralizado el aparato municipal por la incapacidad de quienes lo dirigen.
La no ejecución del presupuesto de inversiones representa un peligro permanente, pues si el dinero no se compromete simplemente retorna al erario nacional y, en consecuencia, todas las gestiones para conseguirlo habrán sido en vano. ¿Son conscientes los alcaldes de la alta factura que harán pagar a sus ciudadanos? Parece que no.
¿Qué hace deficiente a la inversión pública? Los especialistas señalan algunos aspectos, entre ellos la burocracia y la falta de capacidad técnica, y es que muchas entidades carecen de personal capacitado para planificar y gestionar proyectos, lo que sumado a procesos burocráticos engorrosos, dificulta la toma de decisiones rápidas y efectivas. Además, existe una alta rotación de funcionarios, lo que afecta la continuidad de los proyectos.
Hay también falta de liderazgo y coordinación. La falta de alineación entre las diversas entidades involucradas en proyectos (ministerios, gobiernos locales y regionales, reguladores, entre otros) genera ineficiencias.
Y hay un tercer factor que no debe pasar desapercibido, y es la incertidumbre y miedo a la fiscalización, pues los funcionarios suelen evitar tomar decisiones por temor a sanciones de los órganos de control, como la Contraloría. Este factor desincentiva la ejecución de proyectos importantes, especialmente en los gobiernos subnacionales.
El panorama en Lambayeque es bastante desalentador a nivel de gestión pública, pues ni la gestión regional ni las gestiones municipales han dado la talla y ya consumieron la mitad del mandato. El próximo año empiezan a sonar los tambores de la retirada.
