Los Trabajadores del Contrato Administrativo de Servicio están exigiendo al Congreso de la República del Perú que apruebe la derogatoria del régimen CAS. Señalan que actualmente tiene trabajos inestables, no cuentan con beneficios laborales como lo trabajadores de otros regímenes y los servidores públicos nombrados.
La secretaria general del Sindicato de la Gerencia Regional de Trabajo, Silvia Bautista Pastor, expresa que en marzo del 2018 la Comisión de Trabajo del Congreso a la República aprobó un dictamen para lo que los trabajadores CAS pasen a los regímenes de las leyes 276 y 728 según correspondiera, pero ha pasado un año y hasta el momento el legislativo no se han pronunciado al respeto, es por eso que junto a los trabajadores CAS de Lambayeque y a nivel nacional exigen que se apruebe la disposición.
Refiere que no es justo que los trabajadores CAS sean marginados por el Estado, pues debido a la inestabilidad laboral que tienen no pueden contar con créditos bancarios ni muchos menos contratos estables, ya que a ellos les renuevan sus labores cada tres meses cuando el presupuesto está destinado para todo un año.
“A nosotros los trabajadores CAS nos hacen contratos de dos a tres meses, por eso pedimos al Congreso que apruebe de una vez la derogatoria del régimen CAS”, manifiesta Silvia Bautista.
FAVORECIDOS
De aprobarse la derogatoria del régimen CAS miles de personas en todo en el Perú serían favorecidas. En Lambayeque más de cinco mil personas que laboran bajo el Contrato Administrativo de Servicios también se beneficiarán, ya que tienen varios años trabajando por un sueldo mínimo, sin haber mejoras y sin poder escalar a un puesto mejor, ya que ellas solo pueden quedarse en la modalidad con la que empezaron.
A pesar que en el 2018 se aprobó el proyecto de ley en el cual iban a pasar de manera progresiva el régimen CAS a la ley 276 o 728, el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, indicó que no había presupuesto por lo que esperaron que transcurra un año, pero hasta el momento no hay resultados.
“Nosotros no queremos pasar todos de golpe a la ley 276 o 728, pero sí de manera progresiva, porque existen personas que tiene hasta 10 años trabajando como CAS y cuando salgan se van a ir con las manos vacías, ya que no les dan CTS, ellos no tienen derecho a los beneficios de ley, sino solamente a su sueldo”, explica.
PLANTÓN
El 7 de marzo a nivel nacional los trabajadores del CAS realizaron un plantón, exigiendo al Congreso que apruebe la derogatoria del régimen. En Lambayeque no participaron muchos a pesar que invitaron a las demás bases, algunas personas no se hicieron presentes en la marcha por miedo a que tomen represalias contra ellos y puedan ser despedidas de sus centros de labores.
Bautista Pastor refiere que a pesar del miedo algunos trabajadores se unieron a la lucha para protestar contra el régimen discriminatorio, el cual quieren que sea eliminado.
“Si el Congreso no hace caso al pedido que los trabajadores del CAS estamos haciendo, con mayor fuerza y a nivel nacional realizaremos medidas drásticas con el objetivo de ser escuchados, ya que la Comisión de Trabajo aprobó el dictamen para que el CAS pase a la ley 276 o 728. Lo que falta es voluntad de parte del Congreso”, precisa.
La mayoría de los trabajadores CAS tiene contrato por tres meses y corre el riesgo de no recibir la renovación del contrato, es por eso que quieren que se apruebe la reforma, para de esta manera tener estabilidad laboral.
“El Estado es el primero que debe proteger a los trabajadores de cualquier régimen laboral, sea público o privado, pero no lo hace con el sector público, ya que siempre saca normas que benefician a los trabajadores del sector privado”, expresa.
La Cuna Municipal Virgen de Lourdes, ubicada al interior del Mercado Modelo de Chiclayo, alberga a los hijos de los comerciantes y público en general desde agosto de 1971. Sin embargo hace más de 20 años el mobiliario de esta institución no es renovado y las carencias propias de la falta de atención empiezan a causar estragos.
La cuna acoge a 60 niños divididos en cuatro aulas: lactantes, dos años, tres años y un aula de cuatro a cinco años, quienes están a cargo de ocho niñeras que son obreras municipales y reciben actualmente el apoyo de dos enfermeras técnicas.
Una fuente al interior de la cuna maternal señala que el mobiliario de esta data aproximadamente de 1995, año desde el cual este no se ha renovado, tal como pudo constatar Expresión al ver el estado de los colchones, sábanas, cunas, mesas y corrales para bebé.
Por ejemplo, debido al uso y constante lavado, las sábanas se encuentran desteñidas y se han vuelto bastante delgadas, “como papel cebolla”; algunas de las patas de las sillas están torcidas, otras mesas oxidadas, mientras que los colchones están agujereados en los extremos superiores e inferiores.
Por eso, desde la cuna maternal vienen tocando puertas de diversas instituciones, a través de oficios, solicitando donaciones en mobiliario y también pintura, pues hace bastante tiempo que también el recinto no se pinta.
Además, señalan al interior de la cuna que producto de las lluvias también el agua ha empezado a acumularse en el techo, aunque advierten que Defensa Civil ya ha respondido a su llamado y ha inspeccionado la infraestructura.
PROBLEMA CON LOS ROEDORES
Otro problema que presenta la cuna es la cercanía con los comerciantes, particularmente con los del sector hierbas. Tan solo con abrir la ventana de los ambientes uno se topa con los puestos de los vendedores, lo cual ha ocasionado que por las tardes, después de haber regresado los niños a sus casas, ingresen roedores.
La presencia de roedores, desde luego, ha ocasionado que también ingresen gatos a este recinto, los cuales se las ingenian para ingresar por las rendijas bajo la puerta. Personal de la institución comenta que incluso los felinos llegan a subirse a las camas de los lactantes, dejando su pelo desperdigado en los colchones, motivo por el cual se ha dado la disposición de que tanto sábanas como colchones se guarden en los baños para que animales ya no pueden acostarse sobre estos.
FONDO INSUFICIENTE
La cuna maternal, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia, recibe un fondo de alimentos de mil 400 soles para la preparación del desayuno y almuerzo que reciben los niños, cuyos padres pagan un derecho de 1.50 soles diario para que ingresen a la institución.
Sin embargo, según manifiestan en el recinto, este fondo sería insuficiente para proveerles de un menú balanceado a los niños, ya que se necesitarían entre mil 800 y dos mil soles para atenderlos adecuadamente.
Por lo general la dieta en la cuna maternal consta de leche en el desayuno y papillas en el almuerzo para los lactantes, mientras que para los niños de dos años en adelante el menú consiste de sopa de verduras, menestras, papa sancochada con pollo al horno, ensaladas, tallarines verdes, entre otros.
TALLERES
A pesar de las dificultades, en este recinto se las ingenian para que los niños reciban sus talleres de estimulación temprana y jornadas médicas. Hace poco se realizaron talleres de autoestima y contra el bullying, y ya está programada una evaluación de estado nutricional.
Además, una de las novedades para este año es contar con el servicio de odontología y también se ha hecho el pedido para contar con una nutricionista. Sin embargo, señalan al interior de la cuna, se necesita contar también con un presupuesto para contratar a este personal y capacitar a las obreras municipales que trabajan como niñeras.
El tráfico ilícito de droga es el delito que más se registra en la jurisdicción policial de la comisaría de Campodónico. Dentro del sector existe una población de 90 mil habitantes distribuidos en asentamientos humanos, pueblos jóvenes y urbanizaciones.
El mayor Rogger Artieda Vásquez, comisario de Campodónico, expresa que a su mando tiene un total de 104 policías que realizan servicio operativo y administrativo. Su jurisdicción cuenta con cuatro sectores y en cada uno tiene un jefe de patrullaje, un patrullero y motocicletas con equipo logístico. Además, en cada lugar se han abierto cuadernos de contacto ciudadano, donde los policías están obligados a firmar para hacer saber que la presencia policial está perenne.
Los sectores II y IV son de alta peligrosidad y comprenden los pueblos jóvenes y asentamientos humanos Saúl Cantoral, Jorge Chávez, El Molinito, Fanny Abanto y zonas aledañas como Puente Blanco, donde la incidencia delictiva es alta. Allí la policía trabaja para disminuir el índice delincuencial.
En un trabajo conjunto con el grupo de policía de inteligencia, están reduciendo el índice delincuencial en la jurisdicción. Según el comisario, en comparación de otros años ha reducido los crímenes en un 98 %, porque están trabajando de la mano con la población para la mejora de la sociedad y porque el plan estratégico policía - comunidad está dando resultados.
RESPUESTA INMEDIATA
“Estamos recibiendo información de la ciudadanía, de nuestras juntas vecinales y estamos respondiendo a su llamado inmediatamente”, relata Rogger Artieda.
En lo que va del año la policía de Campodónico ha logrado decomisar más de dos kilos de Pasta Básica de Cocaína, ha recuperado ocho vehículos reportados como robados, además ha logrado intervenir a personas requisitoriadas por diferentes delitos.
Las denuncias por violencia familiar son las que más se registran en la comisaría de Campodónico. A diario reciben de seis a ocho denuncias. Las personas que denuncian el hecho, están siendo vigiladas por la policía para evitar que el agresor vuelva incurrir en el mismo delito.
Con el propósito de prevenir los casos de feminicidios, el personal policial brinda charlas informativas y a la semana realizan en diferentes pueblos jóvenes y asentamientos humanos eventos para la no violencia hacia la mujer y conversatorios con psicólogos para la población con el propósito de disminuir los casos de agresión y asesinatos en agravio de la población femenina.
JUNTAS VECINALES
Actualmente Campodónico cuenta con 110 juntas vecinales, pero con un trabajo esmerado quieren llegar a crear 150 juntas vecinales para que con la comunidad puedan disminuir la delincuencia.
“En menos de un mes y medio la comisaría de Campodónico cuenta con 110 juntas vecinales y es un logro, porque estamos trabajando por el cambio y por la seguridad de la ciudadanía”, relata.
La ciudadanía puede llamar directamente al comisario a su número 989095676 para acabar con la falsa ideas y rumores de la población que indica que el patrullero no llega y si llega es cuando ya terminaron los hechos. Con una llamada al comisario, inmediatamente los cinco vehículos patrulleros y las dos motocicletas con las que cuenta la dependencia policial estarán en el lugar donde se suscite el hecho criminal.
“Doy mi número personal para que las personas puedan llamarme y yo acudir con los policías a mi mando hasta el lugar donde se está solicitando la ayuda”, comenta el comisario de Campodónico.
Dos funcionarios de la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas están sentenciados. Se trata del gerente general del municipio, Cristian Rosenthal Ninpaytan, y el gerente de Fiscalización, Mario García Martínez. Pese a la comunicación enviada por el Órgano de Control Interno – OCI, el burgomaestre se niega a cesarlos, sobre todo porque sobre ellos también pesa la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
Como salida, la administración Gasco, en defensa de sus funcionarios, señala que se esperará el pronunciamiento de la Corte Suprema de la República al recurso de casación que ambos funcionarios han presentado contra la sentencia emitida a fines de enero en el caso de la Galería Nicolini, en Lima, en el que fueron hallados responsables del delito de omisión de funciones.
Sin embargo, la casación es procedente solo en dos circunstancias: de manera ordinaria cuando la condena establecida es superior a los seis años, figura inaplicable para el presente caso, o, de manera extraordinaria, cuando el proceso pueda significar aportes para la mejora jurisprudencial.
LA SENTENCIA
El 31 de enero pasado la Cuarta Sala Especializada en los Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima, emitió su fallo en el Expediente N° 04686-2017, confirmando la sentencia del 30 de julio del 2018 contra Cristian Rosenthal Ninpaytan, Mario García Martínez y otros.
A los ahora funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se les halló como autores del delito contra la administración pública en su figura de omisión en cumplimiento de sus funciones en agravio de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que fueron condenados a un año de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución y condicionada por el mismo período al cumplimiento de reglas de conducta.
Además, ambos quedaron inhabilitados por la autoridad judicial conforme al inciso 1 y 2 del Artículo 36 del Código Penal por el término que dure la sentencia.
Fijó, además, 50 días multa con razón de tres soles diarios de su renta equivalente al 25 % de su ingreso diario que abonarán los sentenciados a favor del Tesoro Público, así como el pago de una reparación civil a favor del Estado ascendente en 30 mil soles.
HECHOS IMPUTADOS
A Rosenthal Ninpaytan y García Martínez se les imputó haber omitido y retardado, ilegalmente, actos y funciones correspondientes a sus cargos, en sus condiciones de Gerente de Fiscalización y Control y Subgerente de Operaciones y Fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, respectivamente, trasgrediendo con ello las disposiciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la comuna, aprobado por la Ordenanza N° 812-MML y sus modificatorias (Ordenanza N° 2041), funciones prescritas en los artículos 163 (Gerencia de Fiscalización).
Estas disposiciones estaban relacionadas a las operaciones de fiscalización, control, detección de infracciones, imposición de sanciones, visitas de seguridad, inspecciones técnicas de seguridad, medidas de defensa civil, entre otros, del Centro Comercial Nicolini, ubicado en el Jirón Huarochirí 424 del cercado de Lima.
Como se recuerda, el incendio ocurrido en junio del 2017 en la galería Nicolini dejó como saldo dos jóvenes trabajadores muertos y más de mil comerciantes perjudicados. Los bomberos tardaron siete días en rescatar los cuerpos de las víctimas de siniestro, que develó las condiciones en las que trabajaban.
El contralor de la República, Nelson Shack Yalta, ha señalado que la institución de control esperará el pronunciamiento judicial para determinar qué acciones tomar.
“El funcionario ha sido sentenciado en segunda instancia, pero el caso se encuentra en casación y por lo tanto no ha terminado. Cuando ya se tenga una sentencia firme recién deberá procederse a la separación del funcionario, porque lo contrario el alcalde incurriría en una irregularidad”, aseveró el jefe máximo de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, especialistas en derecho penal refieren que la suerte de los funcionarios de Gasco Arrobas está echada, pues son amplias las posibilidades de que el recurso de casación sea declarado improcedente.
