Gremio de bodegueras advierte que la delincuencia se ha convertido en un problema económico nacional que afecta la subsistencia de miles de negocios.
La Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) advirtió que la creciente ola de inseguridad ciudadana no solo impacta económica y socialmente a los pequeños negocios, sino también sobre el crecimiento del país. Según un reciente informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC), entre 2021 y 2024, el Perú perdió entre S/ 6.060 millones y S/ 6.618 millones en actividad productiva debido al aumento de delitos como robos, extorsiones y homicidios.
En ese sentido, Agremub dio a conocer que, solo entre enero y agosto de este año, 2600 bodegas cerraron sus puertas a nivel nacional, principalmente por asaltos y cobro de extorsiones, mientras que, en 2024, la cifra alcanzó las 3000 bodegas. “El miedo se ha vuelto parte del día a día. Muchas de nuestras asociadas han tenido que cerrar por amenazas o porque ya no pueden asumir los costos de protegerse”, señaló Carla Campos, presidenta de la asociación.
De acuerdo con el informe del CPC, la inseguridad le resta al país 0,2 % del valor agregado bruto (VAB) anual, es decir, se dejó de ganar entre S/ 6.060 millones y S/ 6.618 millones, lo que afecta la producción y el empleo.
Las pérdidas económicas se concentran en Lima (S/ 2707 millones), Callao (S/ 527 millones), La Libertad (S/ 493 millones), Piura (S/ 371 millones) y Áncash (S/ 254 millones), regiones que reúnen más del 70% del impacto total. En estas zonas, la delincuencia se ha convertido en un factor que frena el crecimiento y pone en riesgo la sostenibilidad de los pequeños negocios.
Carla Campos resaltó que el 70% de las bodegas en el país son dirigidas por mujeres, muchas de ellas madres de familia que dependen de su negocio para subsistir. “Las bodegueras estamos en la primera línea. Somos parte del tejido económico del barrio, pero también somos las más expuestas. No solo nos quitan el sustento, nos quitan la paz. Trabajar con miedo no debería ser normal”, expresó la representante gremial.
El gremio advirtió que las extorsiones y los robos no solo afectan directamente los ingresos de las emprendedoras, sino que también reducen el consumo en los barrios y encarecen los precios. Entre 2019 y 2025, las denuncias por extorsión crecieron un 75% y los homicidios se duplicaron, según datos del CPC. A esto se suma que 43,6% de las víctimas no denuncia por desconfianza o miedo a represalias, lo que agrava el subregistro de delitos.
Para Agremub, la inseguridad ciudadana debe abordarse como una prioridad económica y social. “Las bodegueras no pedimos privilegios, pedimos seguridad. Sin seguridad no hay inversión, no hay empleo ni desarrollo. El país pierde miles de millones, pero, sobre todo, pierde su confianza”, concluyó Carla Campos, presidenta del gremio.
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