A mes y medio de que la Gerencia Regional de Trabajo de Lambayeque transfiera totalmente el área de fiscalización a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, el gerente Abel Gonzales Sánchez afirma que se han inspeccionado a tres mil 600 Micro y Pequeñas Empresas – MYPES, en lo que va del año, de las cuales alrededor del 30 % han sido sancionadas.
Explica que estas sanciones obedecen a la renuencia para formalizar de sus trabajadores, la inasistencia a comparecencias y el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo.
“Antes nos encargábamos de la inspección de todas las empresas, incluidas las del régimen general. Sin embargo, ahora solo vemos a las MYPE y ya hemos avanzado en el proceso de trasferencia del área de fiscalización para que desde el 13 de diciembre la SUNAFIL se haga cargo de esta labor”, menciona.
Refiere que antes la Gerencia de Trabajo contaba con ocho inspectores, pero ahora solo cuenta con dos para todo el departamento, los cuales no se dan abasto para cubrir a todas las MYPE, lo que ha hecho que haya un número considerable de expedientes sin resolver. No obstante, apunta que están avanzando para lograr una transferencia saludable y ya solo dedicarse a las orientaciones.
La transferencia obedece a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 069-2019-TR, del 1 de marzo de este año, mediante la cual se establece que las competencias de funciones, personal, y acervo documentario, así como la fiscalización inspectiva y potestad sancionadora del gobierno regional pase temporalmente a la SUNAFIL.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gonzales Sánchez indica que una de las sanciones más emblemáticas que han impuesto es a la Municipalidad Provincial de Lambayeque, la cual obedeció a la muerte de un obrero de limpieza pública por no contar con el respaldo de los implementos de seguridad y salud en el trabajo. Dicha sanción correspondió a una multa por más de 629 mil soles.
“Nosotros orientamos a las organizaciones tanto públicas como privadas para que mejoren sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo, no para que eviten las sanciones, sino los accidentes que pueden ocasionar un daño irreversible”, menciona.
Apunta que de forma conjunta con la SUNAFIL también inspeccionaron una fábrica de reciclaje camino a Lambayeque en la que encontraron a trabajadores encerrados bajo llave en un almacén.
“Incluso encerraron a nuestro personal de fiscalización durante 30 minutos para intentar ocultar las pésimas condiciones en las que laboraban sus trabajadores, pues la falta de higiene y seguridad era evidente”, sostiene.
Afirma que por ahora la gerencia no certifica a las empresas que cumplen con los estándares de seguridad y salud en el trabajo, pero se está trabajando para emitir dichos documentos, pues es una política del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
TRABAJO INFANTIL
Del mismo modo, comenta que en lo que va del año han detectado a tres empresas que mantenían a menores de edad trabajando. Refiere que justamente uno de estas es la fábrica recicladora, donde hallaron a un niño de nueve años.
Menciona que las otras empresas donde se encontraron menores laborando fue en una ladrillera camino al sector Chacupe en La Victoria, una empresa dedicada a la extracción de yeso en Mórrope y un restaurante en las inmediaciones del terminal de Ormeño.
Explica que todos estos operativos se realizan en conjunto con la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, Migraciones y el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Prevención del Delito. Las multas impuestas ascienden a 200 mil soles por cada menor encontrado, las mismas que no son reducibles.
FOMENTO DEL EMPLEO
Por otro lado, Gonzales Sánchez indica que este año se han inscrito seis mil jóvenes en el programa del Certificado Único Laboral para Jóvenes – CERTIJOVEN, cifra que esperan aumentar en dos mil más al culminar el año.
Refiere que este programa tiene por objetivo que los jóvenes de entre 18 a 29 años pueden sacar sus antecedentes policiales, judiciales, certificados de estudios y de trabajo (en caso haya tenido alguno) de forma gratuita.
Comenta que para acceder a este beneficio solo hace falta que el joven se acerque con su Documento Nacional de Identidad – DNI, al Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo, donde le otorgarán un usuario y una contraseña, con lo cual podrá acceder a cualquier convocatoria de manera oportuna, ya sea en una entidad pública o privada.
Afirma que también trabajan en mesas de diálogo con las personas con discapacidad en aras de promover su empleabilidad, a través de la bolsa de trabajo o la Semana del Empleo, actividades en las que han convocado a empresas que requieren contar con este personal.
“Uno de los problemas que hemos detectado es que las empresas ponen requisitos muy elevados en el perfil para una persona con discapacidad, limitando así su acceso”, comenta.
PARALIZACIONES
Por otro lado, indica que este año han sido 10 los gremios sindicales que han solicitado ante la Gerencia de Trabajo la autorización para realizar una paralización, de las cuales solamente se les ha brindado la autorización a dos: al gremio de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y a los de la empresa Agroindustrial Cayaltí.
Apunta que, en el caso de la paralización del Sindicato de obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, esta fue declarada ilegal porque el gremio no podía dejar de lado las áreas vulnerables de la ciudad en aspectos como el recojo de la basura, además que no avisaron con la suficiente anticipación al empleador.
Añade que, aparte de autorizar las paralizaciones, también la gerencia interviene como mediador para encontrar una solución pacífica a las medidas de protesta, tal como ocurrió con los trabajadores de la Agroindustrial Cayaltí, quienes se encontraban siete meses impagos, pero tras la mediación se llegó al compromiso de que la empresa cumpla con el pago progresivo de las remuneraciones devengadas, beneficios sociales y cuotas sindicales en un plazo de seis meses.
CONSTRUCCIÓN CIVIL
De otro lado, señala que este año se han desarrollado dos mesas de diálogo con los sindicatos de construcción civil, una a inicios de año en Pomalca y otra entre mayo y junio, en la que solo participaron cuatro directivas de los 52 inscritos formalmente.
Explica que de los 52 sindicatos inscritos, 42 son los que se encuentran en actividad. Para trabajar en el rubro, el sindicato debe tener la autorización de la gerencia y contar con el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC, a fin de ser habilitado para formar parte de una obra.
“Lo que nosotros hacemos es orientar al sindicato para que se formalice y pueda acceder de manera pacífica a una obra de construcción civil”, sostiene.
Asimismo, señala que tienen en cartera varios proyectos como abrir una dependencia del Centro Integrado Formaliza Perú para asesorar a los empresarios en materia de formalización, así como instituir el Consejo Regional de Trabajo, en el cual deberán participar representantes del sector público, privado, sindicatos de empresas como Electronorte, EPSEL, las municipalidades, universidades, entre otros.
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