El 30 de septiembre el presidente Martín Vizcarra Cornejo anunció la disolución del Congreso de la República tras la negativa de este de aprobar la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para modificar la modalidad de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, procediendo a la elección de uno de los magistrados.
Sumado a ello, el mandatario convocó a nuevas elecciones parlamentarias, las cuales según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones se realizarán el 26 de enero próximo. Al respecto, dos especialistas coinciden en que este Congreso debe ser copado por nuevos rostros que realicen las reformas políticas que quedaron pendientes en el disuelto parlamento.
“El Congreso que disolvió Vizcarra era deleznable, tuvo una conducta sumamente condenable, sobre todo en la Comisión de Ética, donde blindó a algunos personajes como el exjuez César Hinostroza o el todavía fiscal supremo Pedro Chávarry. Además, la prepotencia de la bancada mayoritaria le generó un desprestigio a la institución parlamentaria que, dicho sea de paso, se mantiene desde 1995. Creo que el presidente estiró al máximo la Constitución planteando la negación fáctica”, sostiene el especialista en derecho constitucional Freddy Centurión González.
Por su parte, el especialista en innovación y gestión empresarial Marco Alvitez Monteza refiere: “Este Congreso fue decepcionante, se vieron disputas de personas que buscaron su propio interés y no el del pueblo que los eligió, eso motivó que se llegue a un punto límite donde el único camino para avanzar era la disolución”, asevera.
ELECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Centurión González menciona que el próximo Congreso tiene muchos temas pendientes para un tiempo muy reducido, pues solo tendría tres legislaturas ordinarias para trabajar. “Se pueden hacer reformas constitucionales, sí, pero solo parciales, el plazo no alcanzaría para que se haga más”, comenta.
Indica que uno de los temas que debe priorizarse en el Parlamento es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, dado que desde su instalación, en 1996, no se ha cumplido una continuidad en lo periodicidad de los tribunos.
“Inicialmente se eligieron a siete magistrados, pero luego el gobierno de Alberto Fujimori expulsó a tres vocales, con lo cual el Tribunal quedó mutilado. Recién en el 2001 se integró a tres magistrados, lo cual generó una línea de tiempo distinta respecto a los otros cuatro, pues los segundos terminaban su período en un tiempo distinto a los primeros. Más adelante, en los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala, no se eligió a los tribunos en el año que debía hacerse, hasta llegar al punto que en el 2013 solo había uno con derecho para seguir en el cargo (Óscar Urviola), y seis por elegir”, menciona.
Señala que debe debatirse la modalidad en la elección de los miembros del Tribunal, pues si bien en el Congreso disuelto se designó a algunos juristas que tenían contactos con los parlamentarios, el modelo meritocrático también tiene un problema que radica en la tergiversación de la que fue víctima, pues en la práctica el Congreso terminó maltratando a los letrados que, tras pasar una serie de exámenes, llegaban al pleno.
“Los congresistas que entrevistaban a los candidatos lo hacían desde un plano de superioridad. Con qué nivel un congresista que – por ejemplo – falsifica sus estudios va a debatir con un abogado que está encargado de interpretar la Constitución. A nadie le gusta que lo humillen”, menciona.
REFORMAS
Asimismo, Freddy Centurión considera complicado que se realice la reforma electoral, aunque refiere que es primordial debatir la forma de representación en el Congreso, pues en la elección del 2016 Fuerza Popular alcanzó 73 escaños con el 39 % de los votos en primera vuelta, mientras que la agrupación que ganó los comicios presidenciales solo obtuvo 18 curules.
Además, apunta que no ve factible que el próximo Congreso elimine la inmunidad parlamentaria, mas sí considera que debe limitarla, pues es una figura que protege al congresista ante cualquier persecución ocurrida en virtud de su labor fiscalizadora, pero que ha terminado convirtiéndose en sinónimo de impunidad.
INFORMALIDAD
Por otro lado, Alvitez Monteza menciona que el nuevo Congreso debería tener en propuestas legislativas su agenda que ayuden a enfrentar la informalidad en el sector empresarial.
“Actualmente constituir una empresa en el Perú demora entre 21 y 24 días, mientras que en Chile tarda solo un día y en Finlandia dos horas. ¿Por qué nos demorarnos tanto si en otros países lo hacen en mucho menos tiempo?”, cuestiona.
Explica que es inadmisible que para la búsqueda y reserva de un nombre (primer paso para el proceso de constitución de una empresa) el empresario se tarde entre uno a tres días, cuando eso podría hacerse en dos minutos si se digitaliza, lo mismo que la elevación de la minuta en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, la cual tarda siete días hábiles.
Añade que el Congreso también debe trabajar en comunicar lo que hace, pues se han emitido normas positivas como la Ley Nº 30309 – Ley de Promoción de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica, pero el emprendedor por lo general no conoce de estos beneficios.
“Es cierto que el Congreso ha dado leyes en favor de la innovación, pero no se están comunicando adecuadamente. Estas normas no las conoce el pueblo. En Lambayeque hay 81 mil negocios, de los cuales solo 138 son grandes empresas, medianas 56 y el resto son Micro y Pequeña Empresa - MYPE, pero si tú le preguntas a alguno de los MYPE si conoce los beneficios que brinda el Estado, te dirán que no”, asevera.
Asimismo, menciona que también deben hacerse esfuerzos por comunicar el Decreto Legislativo Nº 1269, por medio del cual se establece el Régimen MYPE Tributario que agrupa a quienes obtienen rentas de tercera categoría y sus ingresos no superan las mil 700 Unidades Impositivas Tributarias – UIT.
INCENTIVOS
Añade que debe legislarse desde el Congreso normas que brinden beneficios tributarios a los pequeños empresarios, ya que las estadísticas revelan que existen 200 mil negocios informales, lo cual representa un promedio mayor (80 %) al de la media nacional de 66 %.
“Si tenemos ese nivel de informalidad es porque algo estamos haciendo mal. Tal es este la situación que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, se hospedó en Lambayeque. Desde el Congreso pueden hacerse cosas para que el empresario ya no haga tantas colas, pague de forma virtual y, por ejemplo, se le deduzcan los impuestos del último mes si paga de forma puntual sus impuestos”, comenta.
AFP
Por otro lado, Alvitez Monteza menciona como tema pendiente para el próximo Congreso la reforma del sistema de pensiones, la cual no debe involucrar necesariamente la devolución del dinero de las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, a los pensionistas, pues eso generaría inestabilidad económica.
“Hay congresistas que proponen legislar para la devolución de todos los aportes, eso me parece adecuado, siempre y cuando haya un límite. Una alternativa razonable sería que pueda retirarse parte del fondo y que sea destinado hacia un banco, bajo una cláusula de que no puedas retirar todo tu dinero”, indica.
Explica que si todos los pensionistas empiezan a retirar sus fondos, habrá mucho dinero en el mercado y eso propiciaría la desvalorización de la moneda, lo cual a la postre generaría inflación. “Si la idea es quitarle a las AFP el fondo, está muy bien, pero otra entidad lo debe resguardar”, anota.
ELECTOR
Marco Alvitez refiere que en los próximos comicios los electores deben analizar los antecedentes de los candidatos, incluidos los penales, así como su formación académica y las propuestas que ofrecen, las cuales deberán ser diferenciadas de simple populismo.
A su turno, Centurión González apunta que el elector no debe dejarse llevar por la oratoria del candidato, sino por su eficacia, sobre todo si ya ha sido parlamentario.
“La eficacia de un congresista no se mide necesariamente por su producción legislativa, porque hemos visto casos de proyectos donde piden que se declare de interés histórico las supuestas momias humanoides de Nasca. Un legislador puede tener 120 proyectos, pero ¿cuántos se convierten en leyes y de estas cuántas se llegan a aplicar? Hay otras funciones como la de representar y fiscalizar, cuestiona.
Señala que espera de este próximo Congreso sangre nueva, lo cual no implica necesariamente cuestiones etarias, pues pueden haber personas que no sean jóvenes, pero con las competencias necesarias para formar parte del parlamento.
“El elector en principio debe informarse, si el sistema político peruano no representa adecuadamente a la ciudadanía ni resuelve los problemas sociales, no solamente es culpa de los gobernantes, sino también de nosotros por haberlos elegido”, sentencia.
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