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LO CULPAN DEL NO LICENCIAMIENTO: FRENTE DE DEFENSA DE LA UDCH EXIGE SALIDA DE ORTIZ PRIETO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1154

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  • La Universidad Particular de Chiclayo dejará de prestar servicios educativos oficialmente el 19 de agosto del 2021.
  • Exigen al nuevo Congreso la derogatoria de los Decretos Supremos Nº 016-2019 Y Nº 034-2019, que brinda ‘salvatajes’ a las universidades públicas.

 

Los líos al interior de la Universidad Particular de Chiclayo – UDCH, no tienen cuando acabar. Han transcurrido ocho meses desde que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, denegara el licenciamiento institucional a la casa de estudios superiores, mediante  la Resolución de Consejo Directivo Nº 098-2019-SUNEDU/CD, del 23 de julio pasado, pero el tiempo los problemas solo se han agravado.

 

A casi año y medio de que la universidad cierre definitivamente sus labores educativas, mientras desde la alta dirección confían aún en que el nuevo Parlamento interpele al ministro de Educación por lo que consideran una “violación a la autonomía universitaria”, el Frente de Defensa de la UDCH, presidido por José Leopoldo Cabrejos Yovera, exige la salida del Alberto Ortiz Prieto, hasta hoy rector del recinto educativo.

 

LICENCIAMIENTO

La Universidad Particular de Chiclayo fue creada el 24 de enero de 1985, mediante la Ley Nº 24086, la cual sería posteriormente modificada por la Ley Nº 24778. Seis años después, el 30 de octubre de 1991, la Asamblea Nacional de Rectores, a través de la Resolución Nº 997-91-ANR, le otorgó el reconocimiento definitivo de funcionamiento.

El 17 de octubre del 2016 la Universidad Particular de Chiclayo presentó ante la SUNEDU su solicitud formal para someterse al proceso de licenciamiento. Solo dos meses después el órgano adscrito al Ministerio de Educación notificó a la universidad que en 49 de los 50 indicadores analizados había encontrado observaciones, por lo que le requirió que acreditase información sobre la subsanación de estos.

Pese a contar con solo 10 días para levantar las observaciones, el 12 de enero del 2017 la UDCH solicitó a la SUNEDU una ampliación del plazo para remitir la información solicitada. Dicha acción se repetiría hasta en seis oportunidades en que la universidad remitió documentación, la cual fue considerada “inconsistente e  imprecisa, siendo insuficiente para emitir un pronunciamiento respecto a las Condiciones Básicas de Calidad”, según se desprende en la resolución.

 

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 

Una de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por SUNEDU para el licenciamiento institucional es la disponibilidad de personal docente a tiempo completo en no menos del 25 %.

Al respecto, según la Carta Notarial remitida por el Frente de Defensa de la UDCH a Alberto Ortiz Prieto, a los ocho meses de solicitado el licenciamiento se despidió sin causa a alguna a un aproximado de 30 docentes nombrados a tiempo completo, motivo por el cual la universidad no pudo acreditar tener ni el 10 % de estos.

“No ha podido garantizar que cuenta con una plana docente permanente, que desarrolle su función pedagógica y académica, dado que menos del 10 % de los docente con carga lectiva tiene un régimen de dedicación a tiempo completo”, se lee en la resolución.

El Frente de Defensa también cuestiona el incumplimiento de la condición básica referida al desarrollo de líneas de investigación, pues consideran que con el despido de los 30 docentes se dejó sin recursos humanos para cumplir dicho requerimiento.

Además, responsabiliza a Ortiz Prieto de no haber alcanzado la condición de “Equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones como bibliotecas, laboratorios, talleres, entre otros”, puesto que el 30 de enero del 2018, mediante la Resolución Nº 066-2018-CU-UDCH, se aprobó “hacer un corte contable sobre el concepto de goce vacacional y liquidar a todos los que han acumulado vacaciones”.

Según se lee en la carta notarial, los beneficiados con dicha medida habrían sido Ortiz Prieto y el director de Recursos Humanos Hugo Rolando Rivera Barboza. El primero habría cobrado en cuatro cuotas de julio a octubre del 2018 un total de 885 mil 15.04 soles, mientras que el segundo en una sola cuota 68 mil 744 soles.

Se manifiesta en el escrito notarial que con 952 mil 959.04 soles que se cobró en total se hubiese podido equipar a las facultades con laboratorios y talleres.

Asimismo, los representantes del Frente de Defensa de la UDCH señalan que entre el 2015 y el 2018 existen informes técnicos de “gastos excesivos y no razonables” en pasajes nacionales e  internacionales, alimentación, alojamiento, asesorías, multas, entre otros, que superarían los ocho millones de soles, lo cual afectó el patrimonio de la universidad e impidió que se logre el licenciamiento.

 

MÁS CUESTIONAMIENTOS

En el punto 7 de la carta notarial se denuncia que el local del edificio central administrativo de la universidad no se encuentra dentro de los bienes inmuebles de la misma, sino que sería propiedad del Banco Continental, entidad que la mantendría hasta que la casa de estudios superiores pague la total del arriendo financiero que superaría los siete millones de soles. 

Además, refieren que si bien Ortiz Prieto fue elegido en junio del 2015 y su período termina dentro de cuatro meses, la UDCH no tiene legalmente Asamblea Universitaria, pues las elecciones de enero del 2017 para representantes docentes ante dicho órgano de gobierno fueron anuladas judicialmente, no habiéndose realizado desde entonces un nuevo acto plebiscitario.

Asimismo, cuestionan que tanto Ortiz Prieto como otros funcionarios tengan procesos penales por fraude en la administración de la universidad, estafa agravada, apropiación ilícita y falsedad ideológica, según el Caso Nº 3229-2018, que obra en la Primera Fiscalía Provincial Penal; mientras que otros trabajadores tengan procesos por fraude en la administración de personas jurídicas, tráfico de influencias y organización criminal, según la Carpeta Fiscal Nº 2693-2019, en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa.

Para el Frente de Defensa de la UDCH, todo ello amerita la renuncia de Ortiz Prieto al cargo de rector. “De todo esto se deduce que pareciera que usted no quiso el licenciamiento de la Universidad Particular de Chiclayo, no estuvo en su voluntad; por lo tanto usted es el único responsable del no licenciamiento institucional y el cierre de su servicio educativo el próximo año… En consecuencia, resulta ilógico e irracional que siendo responsable de la extinción de nuestra casa superior de estudios y viole sus leyes, la siga conduciendo, utilizando sus recursos que le quedan”, se lee.

 

DEROGATORIAS

Por otro lado, el Frente de Defensa de la UDCH denuncia ante los nuevos parlamentarios un presunto trato desigual a las universidades del país, por su condición de públicas y privadas. Precisamente, cuestionan la emisión del Decreto Supremo Nº 016-2019-MINEDU, del 19 de octubre pasado, en el que se aprobó la ejecución de un plan de emergencia para las universidades públicas con licencia institucional denegada por SUNEDU.

Dicha norma tiene por finalidad que las universidad públicas puedan ejecutar un plan de emergencia durante el plazo máximo de cese establecido, es decir dos años, después del cual podrán volver a solicitar la licencia institucional en un nuevo procedimiento, de acuerdo al marco legal.

Además, denuncian el Decreto de Urgencia Nº 034-2019, del 24 de diciembre pasado, mediante la cual se incorpora la Décimo Segunda Disposición Complementaria Final a la Ley Nº 30220 – Ley Universitaria, la cual estipula que el Ministerio de Educación conformará una comisión reorganizadora en aquellas universidades públicas con licencia institucional denegada, a fin de obtener el licenciamiento.

“Es clara y evidente la discriminación que cometen las autoridades con las universidades privadas y el privilegio para las públicas al otorgarles hasta tres oportunidades para su licenciamiento… (Los decretos) devienen en violatorios a la Constitución Política e impopulares, por lo que deben ser derogados”, manifiestan en el documento dirigido a la opinión pública.

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