El Perú ha sido reconocido durante las últimas décadas por su estabilidad macroeconómica, con tasas de crecimiento sostenidas que en muchos periodos superaron el promedio regional, sin embargo, esa imagen de solidez contrasta con una realidad estructural que frena su desarrollo: la elevada tasa de informalidad; este fenómeno, lejos de ser un problema coyuntural, constituye una trampa de bajo crecimiento en la que millones de peruanos trabajan sin derechos laborales, sin acceso a seguridad social y con una productividad reducida. La informalidad no solo precariza las condiciones de vida de las familias, sino que también genera un costo silencioso para la economía en su conjunto, debilitando la recaudación fiscal, reduciendo la capacidad de inversión del Estado y limitando la competitividad del país frente a otros mercados emergentes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el periodo abril 2024 – marzo 2025, el 70,7 % de la población ocupada en el Perú trabajaba en condiciones de informalidad, la cifra es aún más dramática en las zonas rurales, donde alcanza el 94,6 %, mientras que en las áreas urbanas se mantiene en un preocupante 65,1 %, esta situación no es nueva: diversos informes de la OCDE, la CEPAL y el Banco Mundial han advertido reiteradamente que la informalidad en el Perú se ubica entre las más altas de la región, superando en más de veinte puntos porcentuales el promedio latinoamericano; este peso estructural impide que el crecimiento económico se traduzca en bienestar equitativo y sostenido para la población.

Hablar de informalidad es hablar de una paradoja: mientras el país presenta sólidos indicadores macroeconómicos, la mayoría de sus trabajadores vive al margen de la formalidad, el verdadero costo invisible no se mide únicamente en la baja productividad o en la pérdida de ingresos fiscales, sino también en la falta de oportunidades, en la imposibilidad de planificar un futuro y en la perpetuación de la desigualdad social.

El impacto de la informalidad en el Perú es múltiple y profundo, desde una perspectiva económica, el Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que un trabajador formal produce, en promedio, seis veces más que uno informal, esta brecha de productividad se convierte en un círculo vicioso: al no poder acceder a capacitación ni financiamiento, los trabajadores informales permanecen atrapados en actividades de bajo valor agregado, lo que reduce su capacidad de crecimiento y limita el dinamismo general de la economía; de esta manera, el país mantiene un gran segmento de su población ocupada en actividades poco productivas, lo que frena su competitividad frente a economías emergentes más diversificadas y con mayor nivel de formalización.

Pérdida de recaudación

Otro de los costos invisibles de la informalidad es la pérdida de recaudación fiscal, según estimaciones de la OCDE, cerca del 59 % del PBI peruano se genera en el sector informal, lo que significa que una parte considerable de la actividad económica no contribuye al financiamiento de servicios básicos como salud, educación o infraestructura, esta evasión estructural limita al Estado en su capacidad de redistribuir recursos y atender a las poblaciones más vulnerables, perpetuando así las desigualdades sociales. A nivel social, la informalidad se traduce en desprotección y vulnerabilidad, la CEPAL estima que más del 77 % de las mujeres trabajadoras en el Perú se encuentran en la informalidad, cifra que supera al 71 % de los hombres; este sesgo de género refleja la precariedad laboral de miles de mujeres que combinan responsabilidades domésticas con trabajos sin beneficios ni estabilidad, asimismo, el vínculo entre informalidad y pobreza es evidente: el 60 % de los hogares peruanos que dependen de ingresos informales se encuentran expuestos a riesgos constantes de inseguridad alimentaria, exclusión financiera y falta de cobertura en salud o pensiones.

Las causas de este problema estructural son múltiples, entre ellas destacan los altos costos no salariales asociados a la formalidad, la complejidad de la regulación tributaria y laboral, y la baja calidad del sistema educativo que limita las competencias de la fuerza laboral, en sectores como agricultura, pesca y construcción, la informalidad supera el 80 %, lo que evidencia que gran parte del aparato productivo nacional opera en condiciones precarias, ante este panorama, el crecimiento económico del Perú pierde fuerza y se vuelve incapaz de cerrar las brechas sociales y regionales que lo caracterizan.

La informalidad en el Perú constituye un obstáculo histórico y estructural que impide el despegue del país hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, sus consecuencias se sienten en todos los niveles: frena la productividad de los trabajadores, erosiona la capacidad fiscal del Estado, amplía las brechas de género y de ingresos, y debilita la cohesión social, aunque el Perú ha mostrado avances macroeconómicos, no ha logrado traducirlos en un sistema laboral y productivo sólido que asegure bienestar para la mayoría de su población, la persistencia de esta problemática explica, en buena medida, por qué el país no logra despegar, pese a contar con abundantes recursos naturales y estabilidad económica.

Desafío social

En este contexto, la informalidad no debe ser entendida únicamente como un problema económico, sino también como un desafío social y político, combatirla exige un cambio de enfoque: de la simple fiscalización hacia la construcción de un entorno que incentive la formalización, mejore las capacidades productivas y ofrezca verdaderos beneficios a quienes deciden integrarse al circuito formal.

Superar la informalidad en el Perú requiere de una estrategia integral, en primer lugar, es fundamental reducir los costos y barreras que desincentivan la formalización, simplificando los trámites y flexibilizando la normativa para las pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas por la rigidez del sistema actual, asimismo, se necesita una apuesta decidida por la educación y la capacitación laboral, reconociendo que solo una fuerza de trabajo calificada podrá transitar hacia actividades más productivas. De igual manera, resulta urgente modernizar las políticas de inclusión social, con un enfoque especial en mujeres y jóvenes, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a empleos de calidad, programas de capacitación, créditos accesibles, licencias equitativas y apoyo a emprendimientos pueden contribuir a romper el círculo de precariedad; finalmente, el Estado debe fortalecer los incentivos positivos hacia la formalización, garantizando que quienes se integren al sistema puedan acceder efectivamente a protección social, financiamiento y mercados más competitivos.

El Perú no podrá despegar mientras la mayoría de su población permanezca atrapada en la informalidad. Reconocer y enfrentar este costo invisible no solo es una necesidad económica, sino también un imperativo moral para avanzar hacia un país más justo, inclusivo y próspero.

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(*) Economista y docente de la Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte | esalazars@usmp.pe

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