Hace cinco años, cinco distritos por los que cruza la antigua Panamericana (hoy carretera al Nororiente), fueron afectados al consumir agua con arsénico. Esta historia cuenta cómo Pacora logró menguar el grave problema gracias a que la Red de Integridad supervisó un proyecto de agua potable prácticamente paralizado, así como a un alcalde empeñado en rescatar del envenenamiento a sus 8 mil habitantes.

Desde octubre de 2018 y durante varios meses, Pacora amaneció con largas filas de baldes, ollas y cilindros. Esperaban el agua que llegaba en cisternas. La empresa del servicio de saneamiento de Lambayeque-Epsel, que abastecía a la población, cortó el líquido de las cañerías, porque tenía arsénico por encima del límite que, según la OMS, es de 0.010 mg/l. Ya en junio, el agua sobrepasaba esos valores, según un informe que Epsel envió al municipio, pero que no se reveló a la población. Mientras el alcalde estaba de salida, unas 8 mil personas se envenenaban. Para instalar un removedor de arsénico, deberían esperar hasta la segunda quincena de febrero del próximo año.

La mañana del 23 de enero de 2019, los pobladores, en su mayoría amas de casa no aguantaron. Salieron a las calles por la falta de agua y por el arsénico que consumían. Madres e incluso profesores de colegios, portaban ollas, baldes de plástico vacíos y pancartas. Gritaban: “¡Queremos agua!”, mientras bloqueaban la exPanamericana, que hoy va al Nororiente, 55 kilómetros al norte de Chiclayo, donde está ubicada la planta de Epsel.

En asamblea, el nuevo alcalde, Virgilio Vidal Arboleda, presentó al gobernador, Anselmo Lozano Centurión, un proyecto de agua para Pacora y le pidió que se declare al distrito en emergencia (esta se iría a dar año y medio después, en agosto de 2020). Un mes después llegaron especialistas de la Universidad de San Marcos. Tomaron muestras de 11 pozos. Encontraron 6 con arsénico superior a los valores recomendados.

El veneno que causa cáncer

Allí acudió también el coordinador regional de la Mesa de concertación y lucha contra la pobreza, doctor Luis Montenegro Serquén. La Mesa es un espacio de encuentro para que la sociedad y el Estado se pongan de acuerdo sobre qué y cómo hacer para salir de la pobreza. Montenegro, químico farmacéutico, que ha seguido de cerca el problema, afirma que el arsénico causa intoxicación crónica y sus efectos característicos son lesiones cutáneas y cáncer. Dice que el metal va al riñón o al pulmón y puede provocar un tipo de cáncer. “Si no entendemos lo que sucede en los pueblos de Lambayeque, con el tiempo vamos a tener enfermos de gravedad”, sentencia. Precisa que no hay remedios caseros, ni medicinales que ayuden. “La única forma es evitar su presencia”.

Aparte de la protesta, los pobladores se adaptaron a esperar las cisternas. Y el alcalde Vidal sostenía reuniones con Salud, en las que pedía analizar a la población y reiteraba la emergencia. Le decían que no había financiamiento y que el gobierno regional-GORE, tenía limitaciones presupuestales.

Así pasó todo el 2019, de gestión en gestión, según lo recuerda Carlos Balarezo Mesones, en ese momento representante del Colegio de Ingenieros para la Mesa. “Era un alcalde muy perseverante e intenso”, agrega Sonia Arteaga, entonces secretaria técnica de la Mesa. “Convocaba a reuniones para ver la solución, e iba a todas relacionadas con el caso”.

Los primeros afectados

En las reuniones, el alcalde de Pacora levantaba su voz: “el agua, Pacora… el agua, Pacora...". En febrero de 2020, cuando el presidente Martín Vizcarra llegó al distrito de Mochumí, Virgilio Vidal aprovechó para pedir la declaratoria de emergencia. “Cuando me acerqué al presidente, mis compañeros alcaldes gritaron: ‘Oye, loco arsénico, dedícate a hacer obras, que estás solo pensando en el arsénico’”. Los alcaldes vecinos no repararon en que también sus distritos padecían y padecen de esto y que la situación podría y puede agravarse.

El mandatario solicitó al gobernador seguir el trámite. “Pero este quería desarrollar proyectos más ambiciosos y pensaba dejar que el municipio resuelva el caso; aunque ya no era un problema distrital, sino regional y acaso nacional”, afirma hoy José Carlos Sánchez, coordinador del Proyecto de USAID Perú Inversión Pública Transparente-TPI.

La idea era “buscar soluciones integrales, como una planta de tratamiento de agua”, recuerda Lozano. Señala que otro proyecto que proponía era traer agua por gravedad desde el reservorio Tinajones, tendiendo tubería hacia las actuales redes. Pero ello demandaría 800 millones. A mediados de año elevó al Consejo de Ministros el informe de Salud: De 312 niños, de 6 a 12 años, unos 167 dieron positivo con arsénico (53.6%). Recién el 26 de agosto de 2020, Vizcarra firmó el DS N° 143-2020-PCM, declarando la emergencia.

Sonia Arteaga rememora que con el 2020 llegó el Covid 19, que agravó la situación. “Se pedía lavado de manos, pero Pacora no tenía agua. Solo llegaba en cisternas y de vez en cuando. También cada análisis costaba 300 soles. Con el país en pandemia, ya no se podía declarar en desastre a Pacora”.

En diciembre de 2020, en plena pandemia, se constituyó la Red de Integridad, en el marco del Proyecto TPI, donde confluyeron representantes de la sociedad civil, colegios profesionales e instituciones diversas de Lambayeque.

Otros 243

En enero de 2021, Salud reveló que, de 315 menores de 5 a 12 años, unos 243 (77%) tenían niveles altos de arsénico, adicional a los 167. El alcalde pidió la intervención inmediata de las entidades que abastecen del líquido. En el GORE recién se elaboraban los términos de referencia para contratar al consultor que haría los estudios técnicos de una planta de agua. El perfil estaría en dos meses y medio y el expediente técnico en tres. Es decir, medio año más para supuestamente darle calidad de vida a los pobladores. A mediados de febrero el gobierno concedió una nueva prórroga a la emergencia. Esta vez, el DS N° 026-2021-PCM lo firmó el presidente, Francisco Sagasti.

Mientras tanto y después de tanto buscar, el alcalde de Pacora consiguió un pozo de agua en el caserío Cerro Escute, que tendría las condiciones mínimas de pureza, como demostraron los análisis y gestionaría que, a partir de ahí, se elabore un proyecto para el agua saludable.

Según Sonia Arteaga, hasta abril del 2021, a pesar de cuatro decretos de emergencia consecutivos, Salud, Vivienda, Educación, Ambiente, Interior, Defensa, Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Desarrollo e Inclusión Social, no habían logrado atender las necesidades de Pacora.

El proyecto Huaca Rivera

En mayo de 2021 el GORE anunció el proyecto “Huaca Rivera”: “Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la zona urbana del distrito de Pacora-Lambayeque”, con 1’776, 875 soles por administración directa. Una tubería de 4.2 kilómetros y 6 pulgadas de diámetro, llevaría agua a Pacora, con 45 litros por segundo. Se bombearía hasta la planta de agua para 3 mil familias del sector urbano. También habría un punto para cisternas a las zonas rurales. La obra se inició en julio, con un nuevo presidente: Pedro Castillo Terrones.

En agosto, la entonces secretaria técnica del TPI, Sonia Arteaga, puso en cartera el proyecto, considerando que la obra iba a generar enorme impacto social. Pidió acompañar el proceso, para ver si se consolidaba el expediente técnico y se abastecía de agua saludable al distrito. Así, un equipo de USAID y Transparencia, que vino de Lima, visitó Pacora. Vio el cartel de obras, una supervisión permanente y se conversó con los usuarios finales. Allí estuvo el alcalde, Virgilio Vidal. “Aún no contábamos con una ficha de observación estandarizada, como ahora; pero recogimos información, que sirvió para el reporte, en el tema de articular esfuerzos, que es el rol que tenemos. En diciembre, para la segunda visita, ya teníamos las cosas más claras”, recordó José Carlos Sánchez. El 26 de abril de 2022 visitaron la obra cuando el tendido y conexiones ya habían concluido y representaban el 97% de avance. Sin embargo, faltaba comprar la bomba, el tablero y trabajos de conexiones eléctricas y se coordinaba con el GORE para concluir al 100%.

La supervisión constante

A pesar de que el trayecto e instalación de tuberías estaban ejecutados, el gobierno regional no compraba la bomba. Cuando lo hizo, la Red de Integridad encontró deficiencias en el expediente de compra. Se había colocado una marca determinada, que resultó un problema de direccionamiento. La supervisión y recomendaciones de la Red continuó por meses, hasta que se logró ingresar la bomba al Gore y llevarla a Pacora. “Fue un golazo para la Red, según lo reconoció el mismo alcalde Virgilio Vidal, pues los usuarios de Pacora o algún comité distrital no tuvieron ese rol. La Red lo hizo por su función y por la preocupación que generaba el problema”, señala Sánchez Manayay.

Cumplir uno de los 15 estándares en la contratación pública por las entidades públicas, significa que no tiene o ha reducido la ocurrencia del riesgo identificado que podría afectar la integridad, eficiencia o transparencia durante la ejecución de la inversión. “Y, en el caso de Pacora, se buscaba verificar el cumplimiento de los estándares de integridad 1 y 11; referidos al cierre de brechas y a la supervisión de obra, respectivamente”, explica. Precisa que se incidió en la supervisión, porque esta informa qué falta, cuáles son las deficiencias, qué problemas hay en el expediente técnico, etc.

Sánchez recuerda que, al inicio, el proyecto TPI no fue tan bien visto, porque al parecer no cumplía los requisitos, por el presupuesto muy bajo de la obra, que era por administración directa. Además, TPI era una organización nueva en la supervisión y no se tenía la guía de indicadores con los estándares de hoy. Al gobierno regional también era muy difícil llegar. No había apertura. Nunca se reunieron con el nuevo gobernador Luis Díaz, sino con su gerente, Jorge Montenegro y después con el nuevo gerente, Marty Llontop, quien se involucró más. Para romper esta falta, en el mismo gobierno regional, Sonia Arteaga expuso la problemática y pidió el respaldo del gobernador. Aclaró que la Red nace en la Comisión Regional Anticorrupción. Al final, dieron las facilidades.

“Por ello, este rol que cumplió la sociedad civil en Chiclayo se puede replicar en otros espacios. Sí es posible trabajar con obras por administración directa. Ello, aparte de cuánto se invierta; o si la obra terminó en el tiempo o no”, dice Sánchez Manayay. Y Sonia Arteaga agrega que hay que pensar del otro lado: ¿Qué pasaba si no se hubiera hecho seguimiento y no se logra comprar la bomba? ¿Qué se hubiera hecho si no se hubiera tenido un alcalde que se involucre en las gestiones a realizar? Y responde: nunca se hubiera modificado el expediente técnico mal elaborado y no se hubiera comprado la bomba. Y el ingeniero Carlos Balarezo, ahora secretario técnico de TPI, añade que “para hacer incidencia, seguimiento a este tipo de obras, hay que ganarse el pleito, tener una mirada desde afuera”.

Después de varios meses, la obra se inauguró en diciembre de 2022 y con ello el alcalde Vidal terminó satisfecho su gestión municipal. A julio de 2024, el pozo de Huaca Rivera está en pleno funcionamiento, proporcionando agua limpia. Lo confirmó el operador de la estación, Julio Coronado. Y el subprefecto, Fernando Rivera Coronado anunció que pedirá que la dotación de agua se amplíe a otros caseríos, que tienen cañerías, pero que por la contaminación del líquido se cerraron, como lo comprobamos en Pueblo Viejo.

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(Próxima entrega: Agua con arsénico: Cómo cerrar el “círculo infinito” en los pueblos de Lambayeque)

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