La empresa beneficiada por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas, con un contrato directo de más de un millón 800 mil soles para el recojo de la basura, cursó a Expresión una carta notarial demandando la rectificación de la información propalada en la Edición N° 1111, referida a los cuestionamientos que pesan sobre esta por la celebración del acuerdo con la Municipalidad Provincial de Chiclayo cuando no contaba con el Registro como Operadora de Residuos Sólidos ante el Ministerio del Ambiente. Acciones de la propia compañía nos permiten ratificarnos.
La carta firmada por Adolfo Pulgar Soarez, gerente jurídico de Veolia Servicios Perú SAC, señala que lo informado por Expresión “genera juicios de valor negativos” contra la empresa y “afectan el normal desenvolvimiento del contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Chiclayo”.
“Rechazamos absolutamente estas expresiones por afectar nuestra buena reputación e internar posicionarnos con sus lectores como si nuestra empresa hubiera contratado con la municipalidad sin contar con registro de operaciones”, dice la misiva.
CONTRATO SIN REGISTRO
Al respecto, Expresión responde que es así. El contrato entre Veolia Servicios Perú SAC y la Municipalidad Provincial de Chiclayo fue suscrito el 22 de abril pasado, fecha en la cual la empresa carecía del Registro de Operadora de Residuos Sólidos ante el Ministerio del Ambiente.
Esto se confirma porque el registro recién fue expedido a favor de la compañía el 24 de abril, tal como consta en el documento que la misma empresa hizo circular el jueves 2 de mayo, adjuntando una nota de prensa señalando que sí contaba con la autorización del Ministerio del Ambiente. El registro inicialmente le fue negado a Veolia por el incumplimiento de requisitos, con la Resolución Directoral N° 0034-2019, de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, el 17 de enero de este año.
CONTRADICCIÓN DE PULGAR
Es más, el propio Adolfo Pulgar Soarez, a través de Magda Quesquén Sánchez, hizo llegar el 30 de abril, vía correo electrónico, a los medios de comunicación una nota de prensa (bajo el formato de pregunta – respuesta), en el que señala que Veolia no tenía el registro ante el Ministerio del Ambiente.
En párrafo final de dicho documento adjunto señala textualmente: “Nosotros tenemos autorización de Digesa, tal cual nos pide la norma. La autorización es de EPS-RS (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos) y es por 5 años. En la actualidad estamos tramitando la autorización de EO (Empresa Operadora) porque las funciones de Digesa han sido asumidas por Minam (Ministerio del Ambiente), pero no significa que permisos anteriores no sean válido”.
Si el registro fue obtenido el 24 de abril, dos días después de la suscripción del contrato con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ¿por qué el gerente jurídico de la empresa señaló el 30 de abril en la nota de prensa enviada a los medios de comunicación que dicho documento estaba en trámite?
EL CERTIFICADO DE DIGESA
Como refiere la respuesta del propio Pulgar Soarez, la defensa de la municipalidad y de Veolia al contrato se centró en la existencia del documento emitido el 3 de enero del 2018 por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud a nombre de la contratista, cuyo numeral cuarto indica enfáticamente que: "El registro tiene vigencia de cuatro (04) años y no constituye autorización de funcionamiento u operación".
Tal como se indica, el registro de la DIGESA no era suficiente para que Veolia se convierta en operadora de residuos sólidos, contraviniendo lo señalado por la Ley de Gestión de Residuos Sólidos que exige el registro ante el Ministerio del Ambiente para que una empresa alcance la condición de operadora.
SOBRE EL REGISTRO DE DIGESA
El mismo 2 de mayo, el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, recibió el Oficio N° 001158-2019, dirigido por la gerente regional de Salud de Lambayeque, María Esther Collantes Santisteban, dándole a conocer el Informe N° 000027-2019-GR.LAMB/GERESA-L-DESA-PLOV, en el que se señala que se estaba infringiendo con el Artículo 135 de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, pues Veolia (como continúa haciéndolo) vertía residuos en lugares no autorizados (pampas de Reque), lo que constituye en una infracción muy grave.
Pero además, que para el desarrollo de las operaciones vinculadas al manejo de residuos sólidos las empresas deben inscribirse previamente en el Registro del Ministerio del Ambiente como operadoras. No tener tal condición se constituye en una infracción grave.
“Veolia Servicios Perú SAC asume tener un Registro de Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos basados en la Ley 27314, modificada por el Decreto Legislativo N| 1065 y su reglamento aprobado con D.S. N° 057-2004-PCM, cuando esta ley ha sido derogada, encontrándose en vigencia la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos con D.L 1278 y su reglamento con D.S. N° 014-2017-MINAM, con fecha 21 de diciembre del 2017, dado que los registros emitidos no serían válidos debido a que se ha emitido fechas posteriores a la ley vigente, puesto que se ha aplicado una ley y su reglamento derogados”, señala el informe de la Dirección de Salud Ambiental canalizado a través de la Gerencia Regional de Salud.
HECHO IRREGULAR
Llama la atención que en su carta notarial Veolia no señale absolutamente nada sobre la irregular calificación que recibió cuando se suscribió el Acta de Buena Pro del proceso de adjudicación directa, el 5 de abril pasado.
En dicho documento, el subgerente de Logística y Servicios Internos, Edgardo Siadén Ortega, señaló que había recibido copias simples del Registro Autoritativo por parte de Veolia como Operadora de Residuos Sólidos expedido por el Ministerio del Ambiente, lo cual es falso, pues como se ha explicado la empresa obtuvo dicho registro recién el 24 de abril.
Pulgar Soarez refiere en la carta que si este medio no procede a rectificarse sobre la información difundida procederá a tomar las acciones legales, lo cual consideramos como una amenaza directa a la libertad de expresión e información, más aún porque el contenido en el informe publicado por Expresión se ajusta a los hechos y documentos existentes.
Al cierre de esta edición se conoció de una denuncia presentada por los regidores de oposición de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por la presunta comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible contra el alcalde, los funcionarios involucrados en la contratación de Veolia y los regidores que aprobaron la declaratoria del desabastecimiento inminente del servicios de residuos sólidos y la posterior adopción de un acuerdo rectificatorio.
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