Marcos Gasco Arrobas está próximo a cumplir sus primeros seis meses como alcalde de Chiclayo y hasta el momento suma una treintena de bajas en su equipo de funcionarios, ninguna obra iniciada, una denuncia por presunta corrupción y decisiones que lejos de resolver los problemas de la provincia los agudizan. Con ese ritmo, el futuro de la comuna local es cada vez más incierto.
La frivolidad de la autoridad municipal se puso en evidencia apenas el primer día de su mandato, cuando decidió caminar desde la Iglesia Santa María Catedral hasta el Palacio Municipal sobre una suntuosa alfombra roja, en tanto la ciudad se sumía en la suciedad y el caos resultado de la crisis de gobierno que dejó el recluido exalcalde David Cornejo Chinguel.
Ese mismo día Gasco tuvo que tragar el vergonzoso momento de ver cómo uno de los funcionarios, al que había designado como jefe del Centro de Gestión Ambiental, huyó de la ceremonia de juramentación pues pesaba sobre este una orden de captura.
Se trataba de Walter Pérez Carranza, involucrado en el caso de falsos proveedores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y contra quien el Poder Judicial había dictado mandato de prisión preventiva. Solo minutos antes de la huida del funcionario, Gasco Arrobas había señalado que en su gestión no permitiría “un solo indicio de corrupción”.
En las primeras semanas del nuevo gobierno edil, varias de las gerencias y subgerencias de la comuna se mantuvieron acéfalas, lo que confirmó la carencia de cuadros técnicos en el equipo que aupó a Gasco al sillón municipal. Todo hace indicar que en el afán de cubrir los puestos se omitieron los filtros correspondientes, al punto que se designó a Milagros Carranza Farro como gerente de Asesoría Jurídica de la comuna, pese a que había sido sentenciada a dos años de cárcel suspendida por participar de un matrimonio ficticio.
FUNCIONARIOS CON SENTENCIA
Sin embargo, el caso de Carranza Farro no fue el único que despertó sospechas sobre la falta de idoneidad de los convocados por Marcos Gasco. A la lista se suma la designación de Cristian Rosenthal Ninpaytan y Mario García Martínez, a quienes se nombró como gerente general y subgerente de Fiscalización de la municipalidad de Chiclayo, respectivamente.
Ambos fueron convocados por Gasco Arrobas pese a que tenían pendiente el proceso judicial seguido en su contra por el caso del incendio de las Galerías Nicolini, en Lima. A fines de enero, la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte de Lima confirmó el fallo en contra de los funcionarios, sentenciándolos a prisión suspendida en su ejecución e inhabilitándolos para el ejercicio de la función pública.
Pese a la claridad del fallo judicial, el alcalde insistió en mantener a Rosenthal Ninpaytan como gerente general de la comuna, hasta que no tuvo más remedio que aceptar su renuncia. Se dice que este sería hoy uno de los asesores tras bambalinas de la gestión edil.
CAMBIOS Y ROTACIONES
Si algo ha caracterizado a esta gestión en 150 días es la inestabilidad de sus funcionarios en los cargos. Varios renunciaron, pero otros fueron movidos entre las gerencias y subgerencias, buscando quizá calzar con los perfiles, los mismos que fueron ajustados con una de las primeras disposiciones emitidas por la administración.
En dos meses de gestión, Gasco Arrobas hizo 23 cambios de funcionarios e incluso la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo y la Policía Anticorrupción intervinieron el municipio al detectar que la subgerente de Sanidad y Vigilancia Sanitaria, Berenice Morales Vega, no cumplía con el perfil para ocupar este cargo, toda vez que es tecnóloga médica de profesión.
Peor aún, se estableció que en la municipalidad existen resoluciones de alcaldía que no aparecían publicadas y otras tantas en las cuales hay errores que generan suspicacia, llevando a pensar que no se ha sabido, si quiera, en qué puestos fueron nombrados determinados profesionales.
Sobre los funcionarios, la Contraloría General de la República ha emitido ya informes, señalando que varios no cumplen con el perfil requerido, incluso tras la adecuación forzada que emprendió el gobierno municipal. Uno de los designados es Fermín Valdivieso Villena, sobrino del alcalde, quien se desempeña como Procurador Público Municipal.
DESABASTECIMIENTO CON TRAMPA
Otro hecho que ha tendido una nube gris sobre la administración es la declaratoria de desabastecimiento inminente en el servicio de residuos sólidos, acuerdo que adoptó con el aval de la mayoría del concejo provincial y que posteriormente ratificó, pese a las advertencias y observaciones del Órgano de Control Institucional – OCI, que ha señalado en sendos informes que se trata de un proceso irregular, que no se ajusta a las normas vigentes.
Pasando por alto todo ello, la comuna sacó adelante el proceso de selección directa por más de un millón 800 mil soles para el alquiler de diez camiones compactadores, beneficiando a la empresa Veolia Servicios Perú. Sobre dicha contratación, OCI también se ha pronunciado, aseverando que la empresa no cumplía los requisitos mínimos y que los actos preparatorios del proceso no fueron los adecuados.
VEOLIA Y LA DENUNCIA PENAL
La contratación de Veolia como operadora de residuos sólidos en Chiclayo es uno de los casos más espinosos que al alcalde Gasco le tocará enfrentar ante la justicia. En el acta de otorgamiento de buena pro, suscrita a inicios de abril pasado, se consignó que la empresa contaba con el registro autoritativo emitido por el Ministerio del Ambiente, de acuerdo a lo que exige la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, pero el documento recién le fue extendido a Veolia el 24 de ese mes, dos días después de haber suscrito el contrato con la municipalidad.
Dadas las irregularidades de la declaratoria del desabastecimiento inminente en el servicio de residuos sólidos y la poco transparente contratación de Veolia, se presentaron diversas denuncias que han sido acumuladas en una misma carpeta fiscal, cuyo trámite deberá determinar si corresponde o no iniciar la acción penal contra el alcalde, los regidores que votaron a favor y los funcionarios que oficializaron el contrato.
JUGOSOS SUELDOS
En lo que va de su mandato, Gasco Arrobas se ha quejado de la falta de recursos en la comuna para atender los problemas más urgentes de la provincia. Empero, no su administración no vaciló en la asignación de jugosos sueldos para unos cuantos privilegiados en cargos de confianza.
Al mes, la Municipalidad Provincial de Chiclayo destina más de 300 mil soles para cubrir los sueldos de 44 gerentes, subgerentes y jefes de unidades, cuyas remuneraciones oscilan entre los cinco mil y siete mil soles.
Al respecto se tiene como antecedente que una de las primeras acciones de Marcos Gasco, con el respaldo de la mayoría del concejo, fue aprobar el incremento de su remuneración a 11 mil 50 soles, pretensión que tuvo que quedar en suspenso luego que el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, informara que no había emitido el decreto supremo correspondiente facultando el aumento o nivelación de sueldos de las autoridades municipales.
DECLARACIÓN QUE NO CUADRA
Gasco Arrobas cumplió con la presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al inicio de su mandato como autoridad. Sin embargo, algunos aspectos de esta llaman la atención.
Tal como consta en el documento, que es de acceso público en la Contraloría General de la República, Gasco Arrobas declaró tener como único ingreso, procedente del sector público, los nueve mil soles que percibe como alcalde de la provincia desde enero de este año, en tanto, pese a que es conocida su actividad empresarial (en el rubro gastronómico en Lima), no ha consignado ingresos del sector privado.
A ello se suma que Gasco Arrobas declaró poseer bienes valorizados en 930 mil soles y otros ingresos ascendentes a 75 mil soles, aunque no se especifica su procedencia. Lo que es público, de acuerdo a la norma vigente, es la información contenida en la segunda sección de la declaración de ingresos, bienes y rentas.
Para postular a la alcaldía de Chiclayo, Marcos Gasco presentó en su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, ingresos anuales por 216 mil soles, todos procedentes del sector privado, así como cuatro propiedades: una casa, un edificio y dos locales, todos en sociedad, valuados en aproximadamente seis millones 200 mil soles.
Si se compara las declaraciones del 2018 y el 2019 se notará una amplia diferencia en los montos detallados. Así, Gasco pasó de percibir más de 216 mil soles del sector privado el año pasado a nada este año, y de tener bienes (inmuebles) en sociedad por más de seis millones de soles a unos valuados en menos de un millón.
CERO OBRAS
Para este año, la Municipalidad Provincial de Chiclayo tiene asignado un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, ascendente a 130 millones 112 mil 696 soles, de los cuales ha ejecutado hasta el momento el 20.5 %. Del monto total, 52 millones 491 mil 120 soles están destinados a la ejecución de proyectos.
De acuerdo al Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la inversión en obras por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas, desde enero, es nula.
Por ejemplo, no se ha gastado nada de lo referido a “Estudios de pre inversión” (140 mil soles) y tampoco en el “Mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable y desagüe” (cinco millones 764 mil 687 soles).
El municipio tiene aprobados y con financiamiento 20 obras de rehabilitación de pistas y cuatro de agua y saneamiento. De estos tampoco ha ejecutado un sol.
COMPRA DE LECHE
El sobrino del regidor oficialista Carlos Montenegro Gonzales fue beneficiado por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas con un millonario contrato, convirtiéndose en proveedor de leche fresca de la municipalidad.
El 19 de febrero la comuna provincial lanzó la Licitación Pública SM-1-2019-MPCH-CS-1, para la “Adquisición de leche fresca y hojuelas para el Programa de Vaso de Leche 2019”, con un valor referencial de un millón 975 mil 326.64 soles. El expediente de contratación fue aprobado con la Resolución de Gerencia Municipal N° 08-2019-MPCH-GM, del 7 de febrero.
Para el primer ítem de la convocatoria (venta de leche fresca) solo se presentó el empresario Tulio Montenegro Vásquez, con una oferta ascendente a un millón 93 mil 453.57 soles, recibiendo 100 punto en la evaluación y el contrato correspondiente.
ORDENANZA PARA LOS AMIGOS
Hasta el momento, la careza del pastel en la gestión Gasco es la Ordenanza Municipal 07-2019, que autoriza la circulación de camiones de carga y descarga de más de 39 toneladas en el casco central de la ciudad, norma aprobada por la mayoría del concejo provincial y que beneficia directamente a la empresa de transportes propiedad de la familia del alcalde, así como a los familiares del regidor oficialista Pedro Ubillús Falla y al concejal Andrés Calderón Purihuamán.
El propio cuñado del alcalde, Luis Vigil Urdiales, y otros vecinos pidieron al Ministerio Público su intervención frente a la aprobación de la ordenanza. Ahora, se encuentra en curso una acción de amparo presentada por organizaciones de la sociedad civil para dejar sin efecto la norma, para cuya emisión no se tuvo siquiera estudio de suelos y menos el informe técnico de EPSEL respecto a la situación del saneamiento básico en las calles habilitadas para el tránsito pesado.
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