Los regidores Isael Bustamante, Marino Olivera y Aureliano Castañeda pidieron que se realice una investigación en la Subgerencia de Logística y Recursos Humanos, donde se avaló el pago con orden de servicio a  favor de Shirley Margot Rojas García, quien viene prestando labores en el área de Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios – PAD. 

“Todos los días se denuncian actos de presunta corrupción en la Municipalidad del Distrital de José Leonardo Ortiz. Al alcalde se le hace conocer de los actos negativos que existen al interior de la comuna no con la intención de fastidiarlo o boicotear su trabajo, sino por hacerlo pisar tierra y así pueda encaminar en bien de la administración municipal, pero hasta el momento sigue reacio. Con su terca actitud, más bien da entender que apoya los actos negativos de sus más cercanos colaboradores, en este caso, sus funcionarios de confianza”, detalla el regidor Isael Bustamante Medina.

El fiscalizador, sobre quien el alcalde Epifanio Cubas Coronado, en más de una oportunidad, ha intentado evitar que participe con frases represivas a fin de evitar que sus denuncias se convierten en pedidos del día y se tomen acuerdos para desarrollar acciones de control, denunció que en la actualidad en la comuna leonardina existe una practicante a quien se le viene pagando un sueldo como si fuera personal profesional titulado.

Lo extraño de todo – refiere el fiscalizador – es que dicha persona no solamente contaría con aval del bueno del burgomaestre, sino también con la anuencia del subgerente de Logística de la municipalidad, Rald Clay de La Piedra Arévalo, y el subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda.

“Ambos personajes, hasta mediados del 2016, cumplieron labores similares en las municipalidades provinciales de Lambayeque y Cajamarca y hasta donde se tiene entendido habrían salido por la puerta trasera de las comunas, y ahora los tenemos en Leonardo Ortiz, avalando se pague con dinero de todos los leonardinos a una practicante como si fuera una profesional”, sostuvo el fiscalizador en la última sesión del concejo distrital.

EL NOMBRE

Isael Bustamante pidió al alcalde informe sobre un supuesto pago de haberes, como si fuera profesional, de la practicante Shirley Margot Rojas García, quien viene prestando servicio en el área de Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios –PAD, de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, a cargo de Jesenia Flores Tavera, adscrita a la subgerencia de Recursos Humanos que despacha Yuri Leonardo Castillo Castañeda.  

De acuerdo a la información que en sesión de concejo ofreció el regidor, Rojas García llegó hace cuatro meses atrás a la comuna para realizar prácticas profesionales, y presuntamente habría sido llevada por Jesenia Flores, y con el aval de Yuri Leonardo Castillo Castañeda, se quedó a realizar prácticas profesionales en el área de Secretaría Técnica del PAD.

“El que la señorita llegue como practicante a la Municipalidad de José Leonardo Ortiz no tiene que ver con ninguna falta o delito, lo extraño está que se le pague un sueldo como si fuera profesional, pero el caso es que ella no tiene la culpa, la responsabilidad es de quienes avalan que se haga ese pago como si fuera una profesional, cuando en esta sala todos sabemos que no es así y que se cuenta con gran número de profesionales que pueden apoyar en diferentes labores profesionales y ahorrarle dinero a la comuna”, detalló.   

¿AYUDA?

Isael Bustamante también detalló que le causaba extrañeza que sin que se haya llevado a consulta, así como certificar la problemática que se tiene en cuanto al presupuesto para el pago del personal, ya que en la actualidad se le adeuda tres meses salariales a los trabajadores, la practicante haya sido favorecida por el subgerente, quien en presunto acuerdo con el subgerente de Recursos Humanos, habría elaborado una orden de servicios bajo el sustento de un informe de necesidad urgente.

“Hasta la fecha, tengo entendido que la practicante ha recibió sueldo como empleada y para ello habría contado con la colaboración del subgerente de Logística, Rald de la Piedra Arévalo, y el aval del subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda”, indicó.

Anotó que en el cuaderno de control de ingreso y salida de personal, Rojas García firma como practicante. Sin embargo, en las planillas que mensualmente emite la Subgerencia de Recursos Humanos cobra como empleada profesional.       

“En la municipalidad no se tiene el dinero suficiente para contratar y pagar a más personal. Sin embargo, entre gallos y medianoche a una practicante se le hace un informe económico y al siguiente día ya está cobrando como profesional, eso es algo que no se puede entender y por ello se hace necesario que se desarrolle una investigación”, destacó.

RESPONSABLES

En su intervención, el regidor Marino Olivera Cruzado señaló en forma directa al Subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, de ser el principal responsable de que a la practicante Shirley Margot Rojas García, se le pague como profesional cuando aún no lo es, e incluso se quede a laborar en la comuna luego de haber culminado sus prácticas profesionales.

De igual manera, solicitó al seno municipal la presencia de Yuri Leonardo Castillo Castañeda y del subgerente de Logística, Rald de la Piedra Arévalo, para que se presenten en próxima sesión de concejo y expongan los motivos que tuvieron para incluir en la planilla laboral a una practicante.

“Resulta muy extraño que la señorita Shirley Margot Rojas García haya tenido esa suerte, cosa que quisieran tenerla todos los practicantes que hay en la municipalidad de José Leonardo Ortiz; es decir, ganar en forma inmediata un sueldo como si fueran profesionales”, señaló.

Asimismo, solicitó copia de los actuados con referencia al cobro de haberes que vendría haciendo Shirley Margot Rojas García se hagan llegar o pongan en conocimiento del Órgano de Control Interno - OCI, con el objetivo que desarrolle una minuciosa y rápida investigación con la finalidad de determinar de qué partida económica sale el dinero para cubrir los haberes mensuales de la aludida practicante, señaló.

DESGOBIERNO

Otro regidor que se mostró en total acuerdo que el personal del Órgano de Control Interno –OCI, tenga conocimiento de los hechos e intervenga para individualizar las  responsabilidades, fue Aureliano Castañeda Hernández, quien sostuvo que en la casa edil existe un total desgobierno, que está llevando a que los funcionarios hagan lo que quieran, aunque no descarta que en este caso pueda existir el aval de la autoridad municipal.

“No es de ahora, sino desde el inicio de gestión la ingobernabilidad en la que vivimos, pero lo peor que puede haber en estos momentos es que tanto al subgerente de Logística y el de Recursos Humanos, Rald de la Piedra Arévalo y Yuri Leonardo Castillo Castañeda, al parecer, tendrían el aval del alcalde Epifanio Cubas Coronado para hacer o deshacer con los dineros de la institución, dinero que hace falta para muchas cosas y que estarían destinando para favorecer con el pago de sueldos a quien mejor les parece”, señaló.

ORDEN DE SERVICIO

A su turno, la primera autoridad municipal, Epifanio Cubas Coronado, dejó entrever que el pago de haberes a la practicante Shirley Margot Rojas García se debería a que había sido contratada para apoyar en la asistencia de los expedientes que en la actualidad se ventilan y se encuentran abandonados en la oficina de Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios – PAD, donde la responsable del área, Jesenia Flores Tavera, no se daría abasto. Dijo que no se habría visto mejor forma que coordinar con Yuri Castillo Castañeda para que a la practicante se le pague un sueldo y no se vaya de la oficina, debido a que - según ellos - había adquirido experiencia y tendría conocimiento del área.

La justificación dada por el alcalde no cayó bien entre los regidores, quienes agudizaron sus cuestionamientos.

“El contratante es el único responsable de la contratación de sus colaboradores y por tanto, conceptos tales como honorarios, salarios, subsidios, afiliaciones, indemnizaciones y demás prestaciones legales o extralegales que sobrevengan por causa o con ocasión del servicio prestado, en este caso el de Shirley Margot Rojas García, serán asumidos exclusivamente por la Municipalidad de José Leonardo Ortiz”, sostuvo el regidor Aureliano Castañeda.

Lo que más llamo la atención es que el sueldo de la practicante no sería nada despreciable.

El regidor Isael Bustamante detalló tener conocimiento de que en la municipalidad de José Leonardo Ortiz existen trabajadores repuestos judicialmente a quienes se les paga haberes que llegan a los 428 soles, otros ganan 600 y en otros casos llegan a lo mucho a los 800 soles, bajo el argumento que así lo ha ordenado el juez en su resolución de sentencia. 

Con severidad, los voceros del Comité Cívico de Lambayeque rechazaron las provocaciones y ataques del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, quien calificó de perdedores a los representantes de las instituciones de la sociedad civil, quienes han convocado a la Marcha del próximo 15 de marzo en exigencia de un proyecto integral que solucione los problemas del saneamiento básico en el departamento, así como el diseño y ejecución del drenaje pluvial.

El Comité Cívico de Lambayeque, conformado por más de cien organizaciones de la sociedad civil del departamento, ultima detalles para la manifestación convocada para el próximo miércoles, que se desarrollará desde las 10 de la mañana y partirá de cuatro puntos de concentración: el Parque Obrero, de la Avenida Pedro Ruiz; el Parque Eloy Ureta, al ingreso sur de la ciudad de Chiclayo; el Paseo de las Musas y la Biblioteca Municipal Eufemio Lora y Lora.

La medida de protesta general se da como respuesta al calamitoso estado del servicio de saneamiento básico en el departamento, más aún por la negligente gestión de los gobiernos locales que entre el 2009 y el 2016 manejaron mil 125 millones de soles para obras de agua y desagüe, cuyos proyectos han resultado ineficientes, o se encuentran abandonados, paralizados o en arbitraje.

La exigencia es que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y atienda la problemática de Lambayeque, que se ha hecho más severa por la presencia de las lluvias que precipitaron el colapso de las redes de agua y desagüe.

Asimismo, se demanda que desde el nivel central se asignen los recursos para el diseño, formulación y ejecución de un sistema de drenaje pluvial con capacidad para evacuar las aguas pluviales en la zona metropolitana de Chiclayo, en salvaguarda de la seguridad de las familias y de la propiedad privada.

SIN AFÁN POLÍTICO

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, una de las instituciones integrantes de la comisión de dirección del Comité Cívico, Olivio Huancaruna Perales, rechazó los señalamientos del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, quien sintiéndose aludido por la protesta convocada para el 15 de marzo ha declarado que existen intereses políticos y electorales detrás de la convocatoria.

“Nosotros no tenemos afanes políticos y mucho menos buscamos candidaturas, por lo que rechazamos enérgicamente lo dicho por el alcalde de la ciudad, quien lejos de atacar a la sociedad civil debería reflexionar sobre las tantas veces que los gremios, los colegios profesionales y las organizaciones hemos buscado acercamientos para ayudar a que su gestión tenga un mínimo de resultados a favor de la provincia”, aseveró en conferencia de prensa el líder de los empresarios.

Huancaruna Perales fue enfático al afirmar que no persigue ningún puesto público y que tampoco está preocupado en trabajar candidaturas ajenas, por lo que exhortó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por el discurso tendencioso de la autoridad municipal.

INCONTINENCIA VERBAL

Por su parte, el presidente del Colectivo Chiclayano Despierta, Pedro Torres Fernández, también le puso el alto al alcalde provincial, de quien dijo sufre de “incontinencia verbal”, al lanzar una serie de calificativos contra los representantes de la sociedad civil en su “desesperado afán de desacreditar a la Marcha del 15 de marzo”.

“El alcalde sufre de incontinencia verbal y como siempre suele hacerlo no hace más que atacar. Se alude porque sabe que es uno de los responsables del estado en que se encuentra el sistema de saneamiento básico de Chiclayo, porque su incapacidad le ha impedido gestionar soluciones concretas al problema. Peor aún, su intromisión en EPSEL sigue causando daño a la gestión del agua y desagüe, y más porque mantiene al gerente general que trabajó en la época de ‘Los limpios de la corrupción’ como responsable de proyectos”, afirmó.

Torres Fernández cuestionó que el burgomaestre, enterado de la marcha convocada por la sociedad civil, haya emprendido una campaña mediática difundiendo logros que hasta hace una semana su gestión no podía exhibir, como señalar que se tiene un proyecto para la construcción del drenaje pluvial, o que se están consiguiendo recursos para obras de agua y alcantarillado.

“Nos ha llamado perdedores, y sí pues, hemos perdido nuestro tiempo esperando que como autoridad pueda, siquiera, darle una solución mediana a todos los problemas que tiene Chiclayo, principalmente con el saneamiento”, aseveró el dirigente de Chiclayano Despierta.

LA CONTRAMARCHA

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, condenó que la autoridad municipal haya convocado para el mismo 15 de marzo a un plantón con el apoyo de los comedores populares y los comités del Vaso de Leche, así como de las iglesias evangélicas, para – tal como ha referido el edil – “agradecer a Dios porque las lluvias no han seguido golpeando a Chiclayo”.

“Es una total provocación y desde ya hacemos un llamado al prefecto Rafael Aita Campodónico para que se abstenga de otorgar las garantías a la manifestación que quiere organizar el alcalde, porque además debe tener en cuenta que hace más de una semana y media el Comité Cívico de Lambayeque oficializó el pedido por escrito. Si el prefecto acepta garantizar la manifestación del señor Cornejo entonces está validando una provocación total a quienes participaremos de la Marcha Cívica. Nuestro compromiso es una medida pacífica y respetuosa, eso debe primar”, señaló Burgos Montenegro.

El decano del CIP Lambayeque recordó que su orden profesional ha estado permanentemente alcanzando recomendaciones técnicas al municipio de Chiclayo, tal y como lo ha hecho con otros municipios del departamento y el gobierno regional, para que se subsanen observaciones a los proyectos que se ejecutan. Sin embargo, estas han sido ignoradas.

“No pueden las autoridades decir que la sociedad civil no ha aportado en nada. Hemos hecho lo que nos corresponde, fiscalizar y recomendar. Ejecutar con eficiencia es una labor que les corresponde a ellas. Por otro lado, debo decirle al alcalde de Chiclayo que no seré candidato a nada, me ratifico porque ya lo he señalado antes, y, por lo tanto, puede dejar de excusarse en eso para desacreditar a la movilización del 15 de marzo”, dijo.

PEDIDO AL PRESIDENTE

El Comité Cívico de Lambayeque, constituido como portavoz de las organizaciones de la sociedad civil del departamento, ha elaborado un memorial al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en el que expone los principales problemas que afectan a la población, solicitando la inmediata intervención del Ejecutivo para que se inicien acciones que permitan superar, por ejemplo, el crítico estado del saneamiento básico y la carencia del drenaje pluvial.

El documento da cuenta que los representantes de instituciones de la sociedad civil y del empresariado de Lambayeque, reunidos en asamblea ciudadana el 20 de febrero del presente, luego de constituirse en Comité Cívico de Lambayeque, con una dirección colegiada conformada por representantes de siete instituciones, acordaron dirigir el memorial demandando la acción del Estado ante la situación que se vive en las tres provincias de la jurisdicción.

En el piden la realización de una sesión descentralizada del Consejo de Ministros, pero además que el gobierno nacional, a través de la PCM y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento declare de interés público la formulación, aprobación y ejecución del Proyecto Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Departamento de Lambayeque como solución integral al problema del servicio de agua potable y alcantarillado, articulando los proyectos en actual ejecución o en proceso de aprobación o ejecución. Este proyecto deberá estar coordinado con el Sistema de Drenaje Pluvia.

Asimismo, que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento designe una Comisión de Seguimiento y Fiscalización de los proyectos de saneamiento básico de Lambayeque que están en situación de no ejecutados, paralizados, judicializados o demorados con la finalidad de destrabarlos y lograr que cumplan las metas propuestas en los expedientes, evitando los adicionales de tiempo y presupuesto. Esta Comisión debiera incorporar a dos representantes de la sociedad civil y un representante del Gobierno Regional de Lambayeque.

Se solicita también la intervención y reorganización total e inmediata de la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, a través de los órganos correspondientes y estableciendo una administración eficiente y transparente que mejore sensiblemente la calidad del servicio que se presta a la población y que se garantice la participación de instituciones de sociedad civil departamental.

“La sociedad civil y el empresariado de Lambayeque han tomado nota del interés de su persona por enfrentar el problema del saneamiento básico en nuestro país y promover una Revolución Social, que por su naturaleza tiene que ver con la apuesta por una Vida Digna para toda la población. Este interés está en blanco y negro en su Plan de Gobierno y lo ha ratificado en su primer Mensaje a la Nación. Por ello abrigamos fundadas esperanzas que nuestras demandas encontrarán en usted el apoyo que requieren para materializarse”, finalizan las organizaciones de la sociedad civil. 

“A mí nadie me ha vacado por corrupción y mucho menos por atentar contra el desarrollo y engrandecimiento del distrito de José Leonardo Ortiz. Quiero dejar en claro que yo he buscado mí vacancia por motivos y razones que son muy conocidas por la comunidad leonardina. No quiero ser cómplice de una gestión nefasta que va de mano con la incapacidad y la corrupción de funcionarios”, sostuvo Billy Zuñe Serquén, quién el último fin de semana fue notificado por la Secretaría General de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, a cargo de Eliza Crespo Chiroque, que el concejo municipal había acordado vacarlo.

Otro que también ha sido vacado, aunque dice desconocer si había sido notificado por estar fuera de la región, es Rubén Flores Arcila, quien destaca que a él tampoco lo vacan por corrupto, sino buscó su salida del concejo distrital hasta en dos oportunidades “por ser muy difícil luchar contra la corrupción enquistada que existe en la municipalidad de José Leonardo Ortiz y que es avalada por el alcalde del distrito”.

Ambos, quienes fueron vacados por el seno edil en la última sesión de concejo por haber faltado a tres sesiones ordinarias de manera consecutiva, tal como lo dispone el inciso 7 del artículo 22 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, coinciden en señalar que en repetidas oportunidades denunciaron actos de corrupción, pero nadie hizo nada. “Ni el alcalde, ni control interno, ni la Contraloría, y mucho menos la fiscalía tomaron en cuenta sus denuncias”.

BILLY ZUÑE

Billy Zuñe Serquén indica que por el momento siente tranquilidad consigo mismo, al saber que pronto ya no será parte de la gestión del alcalde Epifanio Cubas Coronado, de quien dijo que “desde que asumió la administración de la municipalidad de José Leonardo Ortiz nada se ha hecho por mejorar o darle el prestigio que el distrito se merece”.

“La gran mayoría de los leonardinos apostaron por el cambio. Leonardo Ortiz venía de tres y hasta cuatro períodos municipales de desastre y sumisión en la corrupción y el atraso. Epifanio Cubas fue parte de esas gestiones como regidor, pero en esos momentos cumplió funciones de tenaz fiscalizador y en su momento hizo lo suyo, denunciando actos de corrupción. Sin embargo, cuando asumió la alcaldía terminó siendo peor que los burgomaestres que lo antecedieron”, señala Billy Zuñe.

Detalla que a fines de julio del 2016 hizo llegar al seno municipal y al mismo alcalde una carta en la que hacía conocer ser representante del Partido Político Frente Amplio, y que al asumir su función como regidor dejó de lado su filiación política para sumarse a trabajar ya que el distrito de José Leonardo Ortiz lo exigía. “A un año y medio de gestión decidí dar un paso al costado ante el rosario de denuncias de presunta corrupción contra los funcionarios de la más entera confianza del burgomaestre, las que caían en saco roto”, acota.

“En estos 26 meses he venido participando en distintas actividades en mi condición de regidor, en donde he sido partícipe de evidenciar y reclamar su incapacidad, falta de autoridad y decisión, alto nivel de corrupción, entre otras acciones negativas y negligentes que ha demostrado hasta la fecha como alcalde de la comuna, pese a las observancias que le he venido haciendo en las reiteradas sesiones de concejo, para que cambie su actitud de gobernabilidad municipal y enrumbar al desarrollo en infraestructura, salubridad, seguridad y otras obras que son necesarias y reclamadas por la población de nuestro distrito”, escribió Billy Zuñe en una misiva a la autoridad municipal en la que demás le dice: “Usted ha demostrado desinterés total frente a los problemas que tiene José Leonardo Ortiz, los mismos que han sido dejados por las gestiones pasadas y que con su actual gestión se han agudizado”.

LA ADVERTENCIA

De igual manera, detalla en la carta que: “No siendo partidario de las acciones, omisiones y políticas que usted viene desarrollando dentro y fuera de la comuna distrital, ya que no cuenta con un plan de gobierno a desarrollar, ante la falta de autoridad en la toma de decisiones, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y sus modificatorias, me veo en la necesidad de hacerle de conocimiento de mis abstenciones de asistir y participar en las sesiones de concejo siguiente por los motivos antes descritos”.

Finalmente, Billy Zuñe le aclara a Epifanio Cubas y le recuerda que fue elegido por el pueblo para servirlo, y no para atender a un pequeño grupo con intereses particulares.

“Por todo ello, quiero expresar mi rechazo total frente a la incapacidad que a la fecha ha demostrado en su condición de alcalde y trabaje con proyección social para que así salga del estado de abandono en que se encuentra el distrito de José Leonardo Ortiz”, puntualiza en la carta que Billy Zuñe.

IMPROVISACIÓN

Billy Zuñe aclara que en más de una oportunidad reclamó por la actitud y la forma en que se toman las decisiones al interior de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, las que – asegura - nunca son consultadas con las personas idóneas.

Las decisiones que se han tomado para atender una necesidad del distrito – señala – “las han hecho con improvisación y es por eso que las cosas están mal hechas”.

 “Mi decisión de postular como regidor no fue para el bienestar de un grupo de personas, sino para el beneficio de la población de todo Leonardo Ortiz. Tampoco me esmeré por ocupar una silla en el concejo edil para hacer daño al distrito y coludirme con los que le hacen daño, sino para trabajar y mejorarlo”, sostuvo Billy Zuñe.

Explica que las constantes denuncias públicas sobre presuntos actos de corrupción y ante la decidía de las autoridades para atender las quejas y canalizarlas en los órganos de control competente, su familia y las personas que lo conocen le recomendaron dar un paso al costado, buscando su vacancia de la manera más simple: dejando de asistir a las sesiones de concejo.

“En la comuna existen muchas cosas negativas y omisiones, como es el caso de las consultas para hacer o desarrollar algo, pasando por encima la Secretaría General del municipio; es decir, también existe una informalidad para hacer las cosas, que luego, cuando se dan cuenta del error que han cometido, tratan de subsanar sin importarles que atropellan los derechos de los demás”, sostuvo.  

Se hace muy difícil – explica – “trabajar al lado de alguien que no entiende las cosas de la administración pública, y que lejos de vivir cada día en el orden, es todo lo contrario. Lo que más llama la atención es que al señor alcalde parece no importarle nada”.

“Epifanio Cubas se preparó para otra cosa, menos para administrar, dirigir y controlar una municipalidad muy compleja y con una serie de problemas” recalcó.

RUBÉN FLORES

Rubén Flores fue el primero que al empezar el 2016 anunció su alejamiento del municipio leonardino. En su momento declaró que dejaría de asistir a las sesiones de concejo para lograr su vacancia, al sentirse impotente e incapaz para enfrentar la corrupción que existe dentro de la municipalidad, “la que desarrolla y ejecuta sus acciones a vista y paciencia del alcalde Epifanio Cubas Coronado”.

“Entre mis planes no está volver a la municipalidad de José Leonardo Ortiz, al menos en esta gestión, porque con tanta inoperancia del alcalde, sería una vergüenza seguir ocupando una silla en el seno del concejo municipal. Ya se deben haber cumplido las tres sesiones ordinarias en que he faltado para que declaren mi vacancia”, destacó.

Recordó que en el seno del Jurado Nacional de Elecciones ya existe un primer pedido de vacancia por inasistencia a tres sesiones ordinarias de concejo que fue solicitado en octubre del año pasado, el que lejos de ser llevado a sesión de concejo habría sido manipulado.

“En su solicitud, el ciudadano Jorge Sánchez Montalvo adjuntó copias del libro de asistencias de la oficina municipal de Secretaría General; donde se puede advertir que mi persona faltó a las sesiones de concejo los días 23 y 26 de julio; 2, 13 y 19 de agosto y el 12 de setiembre”, detalló.

Explica que en los meses que ha estado en la gestión edil no se le ha convocado en comisiones especiales para tratar la problemática del distrito.

“A partir de diciembre del 2016 decidí apartarme del municipio de José Leonardo Ortiz, pero no para correrme y esconderme porque tenga miedo, sino que desde fuera de la comuna, como un ciudadano común y corriente y hasta dirigente social, puedo luchar contra la corrupción que no solamente está enquistada en las diferentes áreas de la comuna, sino que nadie hace nada por erradicarla y exterminarla”, sostuvo.

Para Rubén Flores otra de las razones para buscar su vacancia es la inercia de sus colegas, que – según dijo – “prefieren hacerse los ciegos antes que mostrar a la comunidad leonardina el grave problema de presunta corrupción que se vive al interior de la administración municipal”.

Tras llegar a acuerdos con el Ministerio Público por la información proporcionada contra la presunta red criminal “Los limpios de la corrupción”, empezaron a comparecer ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo los colaboradores eficaces, quienes buscan sortear la prisión efectiva pese a los graves delitos aceptados según su propia declaración.

Aunque las audiencias se realizan en estricto privado y los rostros de los colaboradores son cubiertos por seguridad, trascendió que la jueza Cecilia Grandez Rojas rechazó los primeros acuerdos sustentados por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, a cargo del fiscal Sergio Zapata Orozco, por considerar que deberían imponerse penas efectivas.

Pese a que la ley le faculta al Poder Judicial sentenciarlos por debajo del mínimo legal, muchos de los exfuncionarios no merecerían penas suspendidas por el engranaje de delitos que se les atribuye en la investigación que tiene más de 200 imputados, entre ex servidores públicos, proveedores, familiares y personas de su entorno.

CÓDIGOS EN RESERVA

Entre los exfuncionarios que tuvieron activa participaron en la gestión municipal del exburgomaestre, Roberto Torres Gonzáles, figuran los protegidos con el código 070- 2014, 09-2014 y 22- 2014, quienes han detallado con lujo de detalle cómo operaban, los bienes que adquirieron y los delitos que supuestamente cometieron otros ex servidores y proveedores.

Aunque en algún momento hubo fuertes rumores que se les revocaría la comparecencia por haber ocultado información a la fiscalía, nada de eso ocurrió, y continuaron gozando de libertad sin verse afectadas sus actividades sociales y económicas.

DELACIONES

Al código 09- 2014, por sus mismas declaraciones, se la ha formalizado investigación por los delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, cohecho activo genérico, falsificación de documentos (uso de documento privado falso), peculado doloso por apropiación, cohecho pasivo impropio y cohecho pasivo propio.   

El 9 de diciembre del 2014 compareció ante el fiscal revelando que era presionado por el exalcalde de Chiclayo para pagar a proveedores y constructores bajo la amenaza de destituirlo del cargo.

“Nos solicitaban que aceleremos los pagos de algunos proveedores con el argumento que se necesitan materiales con urgencia y cuando se trataba de pago a contratistas para no detener las obras y caer en el atraso de las mismas, conforme al calendario de programación”, narró.

En otra parte de su testimonio reveló que había que darle parte del dinero al exalcalde por las licitaciones grandes que se daban en el SATCH y la MPCH y “se amarraban a las empresas para que ganen las licitaciones”. Entre las contrataciones más grandes que se hacen todos los años está de la Seguridad y Vigilancia, las mismas que dejaban 10 % del contrato, aseveró.

Incluso llegó a indicar que en la MPCH habían trabajadores fantasmas “por lo cuales yo comencé a indagar pero luego de llegar al hilo de la madeja me decían que era ‘recomendado’, que no me meta en el asunto”, contó.

En una oportunidad para pagar a peritos se sacó dinero del SATCH en forma de efectivo, por lo que se envió una carta al SATCH diciendo que por razones de Fiestas Patrias las entidades bancarias no trabajarían en forma normal y para asumir gastos diarios urgentes nos debía remitir en efectivo la suma de 80 mil nuevos soles.

En cuanto a los medidores de agua adquiridos por EPSEL a TRIVECA – según el colaborador - todo el proceso con esta empresa, desde la primera adquisición, estuvo arreglado con una comisión del 10 %. “Esto lo puedo corroborar porque en varias oportunidades el suscrito estuvo presente en las reuniones que sostenía el presidente del directorio de EPSEL y el gerente de Industrias Triveca”, anotó.

En base a otros colaboradores eficaces e imputados acogidos a la colaboración sincera se sabe que el código 09-2014 recibía todo tipo de dávidas aprovechando el cargo clave que desempeñaba en la MPCH.

OTRO COLABORADOR

De igual modo, al Colaborador Eficaz con clave 022- 2014, en base a sus mismas manifestaciones, se le ha formalizado investigación por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio y cohecho pasivo propio.

En sus manifestaciones del 6 de octubre del 2014 relató una serie de ilícitos que presumiblemente cometieron sus ex compañeros en la gestión de Roberto Torres Gonzáles, actualmente recluido en el penal de Chiclayo.

Narró que en la primera gestión del exburgoamestre las obras se ejecutaban sin existir expediente técnico, supervisión de obra y disponibilidad presupuestaria. “Solo bastaba la disposición verbal del alcalde y lo ejecutaba el gerente de proyectos y obras”, aseveró.

“En el SATCH se generaban licencias de funcionamiento para todo tipo de negocio y el modus operandi era realizar operativos permanentes con personal que estaba a mi cargo a locales de diversas empresas con la finalidad de infraccionarlas u observarlos por incumplir las normas municipales. Luego de ello los representantes y propietarios buscaban al alcalde entregaban diversos montos y este me llamaba por teléfono para que se le den las facilidades y como era subordinado laboralmente accedía”, dijo el colaborador ante el fiscal.

Un proyecto importante en el segundo gobierno de Torres Gonzáles fue la obra de cambio de redes y reposición de la Avenida Elvira García y García, que – según testimonio - fue direccionada a pedido del alcalde para que gane la empresa Triple A.

Lo mismo sucedió con la obra de colector de la Avenida Augusto B. Leguía entre el tramo de la calle Ferreñafe y Óvalo El Pescador, donde se utilizó el cauce de la acequia para arrojar las aguas servidas. “Por tal razón se declaró en emergencia y la obra se convocó con exoneración del proceso de selección colgado ante el SEACE otorgándose la buena pro al Consorcio Colector Leguía”, señaló.

También narró que por acuerdo de Directorio de EPSEL se estableció que para el año 2014 se realice la obra en Campodónico en convenio con la MPCH sobre reposición de pavimento, ya que las redes de desagüe se cambiaron con el financiamiento del Ministerio de Vivienda. “Debido a que fue observado el convenio entre EPSEL y la MPCH se hizo una adenda para que sea la municipalidad la que ejecute la obra a través del proceso de selección. Lo anecdótico del caso es que antes de la firma de la obra, el alcalde tenía relación con el contratista, ya que fueron a verme un par de veces a EPSEL a impulsar el proyecto de financiación y para pagarle su valorización que ascendía a un millón de soles aproximadamente”, reveló.

PROPIEDADES

Respecto a sus propiedades indicó  que compró un departamento en la calle León Barandiarán donde entregó como inicial la suma de 50 mil dólares y el saldo fue financiado por el banco. “El bien lo coloqué a nombre de mi suegro”, reveló en aquella ocasión.

“Compré un automóvil marca KIA modelo Picanto que se encuentra a mi nombre y con servicio de taxi disperso y afiliado a la empresa de transportes Taxi Cayaltí SAC, además de un terreno ubicado en la Urbanización La Florida que lo vendí en su momento”, contó.

El colaborador aseveró que el alcalde compró un inmueble a su pareja sentimental Katiuska Del Castillo Muro en la calle César Vallejo en la Urbanización Cabrejos Falla, no precisando montos, ni notarios donde se transfirió el bien, no obstante, dicha propiedad incautada por la fiscalía tuvo que ser devuelta a su verdadero dueño al corroborarse que la información era falsa.

El 20 de octubre del 2014, compareció ante la Fiscalía para narrar que vendió una camioneta marca Toyota que estaba a nombre de su hermana y compró una camioneta Toyota Modelo RAC 4 valorizada en 25 mil dólares y la puso a nombre de una amiga.

“El viernes 17 de octubre tomé la decisión de ir a verla para comunicarle que iba a declarar respecto a la camioneta y ella se asustó pero le dije que esperara porque iba a comunicar a la fiscalía, pero me doy con la sorpresa que hoy lunes 20 de octubre se ha presentado para declarar con respecto a la camioneta pero ha sido porque yo le dije”. Con tal declaración, el colaborador subsanó la omisión en sus primeras declaraciones en torno a sus bienes.

Agregado a ello, recién el 19 de enero del 2015 hizo entrega de una vivienda de 45 metros cuadrados, edificada en 4 niveles de material noble ubicada en la Av. 28 de Julio PJ Diego Ferré a nombre de su hermano. “Este bien inmueble lo mencioné inicialmente cuando pedí ser colaborador y como quiere que se debe su existencia a través de dinero que no era de fuente lícita cumplo en su entrega para que se muestre mi grado de arrepentimiento”, anotó.

MÁS DELITOS

De otro lado, la acusación contra el CE 070- 2014 ha sido formalizado por los delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, peculado doloso por apropiación, cohecho pasivo impropio, colusión agravada y cohecho pasivo propio.

El citado  colaborador estaría vinculado a la participación directa en diversos procesos de licitación pública en razón de haberse desempeñado como miembro del Comité Especial en 28 procesos de selección para la ejecución de obras públicas.

En estos se advierten el direccionamiento a favor de las empresas ganadoras versión corroborada de acuerdo a su propia declaración al igual que la del CE 011-2015 que confirma la modalidad de concertación.

Igualmente en sus declaraciones ante el Ministerio Público ha reconocido su actuar delincuencial al reconocer que recibió y solicitó dádivas conocidos como “diezmos”.

Pilar Cabrera califica de caduco al actual Directorio de la empresa del agua y exige su recomposición.

La crisis en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, es cada vez más severa. Los estados financieros de los últimos años han arrojado millonarias pérdidas que se originan en la deficiente gestión de la paramunicipal, la misma que desde el año pasado se encuentra en la lista de las empresas en las que debe aplicarse el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, dispuesto por el Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento – OTTAS.

Las pérdidas económicas en EPSEL han llegado a picos negativos de 13 millones de soles al año, aun cuando la empresa mantiene el monopolio en la prestación del saneamiento básico en 26 de los 38 distritos que tiene el departamento, incluyendo a las tres capitales provinciales.

Durante el gobierno municipal de Roberto Torres Gonzales la situación de la empresa se agravó. Los problemas no solo fueron económicos sino también de orden técnico y clara muestra de esto fue la elaboración del expediente para la renovación de la red de saneamiento básico en el casco central de Chiclayo, obra presupuestada en 28 millones de soles, y que resultó con serias anomalías.

Otras deficiencias fueron el incumplimiento de metas del primer Plan Maestro Optimizado 2009 – 2014; el uso de recursos de la empresa para obras de pavimentación en Campodónico y San Martín, y los escándalos de corrupción que precedieron a la licitación de los emisores principales, por ejemplo.

La gestión edil de Roberto Torres como alcalde de Chiclayo tuvo el control absoluto de EPSEL entre el 2007 y el 2014.

La posición de accionista mayoritaria de la comuna provincial le dio al hoy recluido exburgomaestre el poder para la remoción de los gerentes de línea y la designación de la presidencia del Directorio, que en los años de mayor crisis estuvo en manos de Percy Quesquén Díaz.

“Para toda la colectividad lambayecana, sabido y conocido es que los ocho años de oscurantismo, de una corrupción instalada dentro de nuestra institución, agudizaron cualquier gestión que haya venido dándose en la empresa. Eso por una parte, lo otro es la injerencia política”, señala Pilar Cabrera Zelada, secretaria general  Sindicato Único de Trabajadores de Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque.

MANEJO DEL DIRECTORIO

El control de la entidad por parte del municipio de Chiclayo continúa, y la injerencia política de la administración del alcalde David Cornejo Chinguel, por ejemplo, ha hecho posible que desde enero del 2015 hasta el momento Néstor Salinas Vásquez se mantenga como gerente general de EPSEL, funcionario cuyo antecedente más próximo es precisamente haber liderado el equipo que diseñó el mal expediente de la obra para el casco central de la ciudad, y sobre quien pesan investigaciones por otras presuntas irregularidades como el uso de dinero reservado para el PMO 2009 – 2014 para obras de pavimentación en la época de Torres Gonzales.

“Nosotros abrigamos la esperanza que un nuevo directorio, una nueva gestión, podía darle un giro diferente a la empresa. Para ello se ha contado con el apoyo del 100 % de los trabajadores. Sin embargo, a la fecha tenemos que lamentarnos porque es una decepción tremenda ver un directorio totalmente indolente, indiferente y que ha agudizado la crisis”, señala Pilar Cabrera.

El directorio de EPSEL está conformado por cinco miembros: César García Espinoza, representante de la comuna de Chiclayo y quien tiene la presidencia; Roger Inga Durango, representante del Gobierno Regional de Lambayeque; José López Díaz, representante de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz; Humberto Sullón Prado, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Eduardo Tagle Ramírez, quien figura como representante de la sociedad civil aun cuando su acreditación es írrita por cuanto fue designado por la inexistente Cámara de Comercio de Ferreñafe.

LA RECUPERACIÓN

Pilar Cabrera refiere que si bien la empresa ha reportado saldos negativos en los últimos años, justamente la principal tarea de la alta dirección, que incluye al gerente general, ha debido de adoptar las medidas correctivas que permitan la recuperación económica de EPSEL, cuyos fondos deben ser destinados íntegramente a la operación óptima y el mantenimiento eficiente del sistema de tratamiento, saneamiento básico y estabilización en los distritos donde tiene presencia la entidad.

“Toda gestión, cuando es bien conducida, cuando es bien llevada, asume la crisis como reto y en este caso eso no ha sucedido. Como sindicato hemos suscrito actas (con la alta dirección) que no hablan de prestaciones de derechos económicos, sino de trabajar en una alianza estratégica para reflotar a nuestra empresa EPSEL, pero nada de eso se ha concretado”, afirma.

La propuesta presentada por los trabajadores se sustenta – explica – en tres criterios técnicos. El primero está referido al sinceramiento de la tarifa catastral, “porque hay muchos usuarios que teniendo un consumo restringido de agua potable pagan tarifas comerciales, y también están quienes  evaden el pago real de consumo, que teniendo la obligación de pagar más lo hacen como si tuvieran uso domiciliario”.

El segundo criterio es la lucha frontal contra el clandestinaje y el tercero es la recuperación del agua no facturada.

“Nosotros como empresa facturamos el 100 %, sin embargo cobramos el 50 %. Por eso, dentro de las metas el sindicato ha alcanzado por escrito diversas propuestas al Directorio, entre ellas la aplicación de un programa para reducir el agua no facturada, que eso va a significar mejorar los ingresos de la empresa. Los ingresos de la empresa, que quede bien claro, lo que pagamos todos los usuarios, deben ser utilizados para la operación y mantenimiento de los servicios. Los grandes proyectos son obligación de las municipalidades y la búsqueda de inversión pública, obligación del Estado”, remarca la dirigente.

EL PLAN MAESTRO

EPSEL no alcanzó las metas del primer Plan Maestro Optimizado – PMO, que tuvo vigencia entre el 2009 y el 2014, pese a las exigencias realizadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS.

Según comenta la secretaria general del sindicato, recién ahora la empresa ha sincerado la información remitida a la superintendencia, “gracias al resultado del trabajo realizado por el ingeniero Jorge Aspíllaga Valderrama”, quien – sostiene – ha logrado en cuatro meses lo que no se había podido establecer en los últimos tres años respecto al PMO.

“Hoy la SUNASS ya tiene toda la información completa y debe evaluar, por qué, porque la información que se enviaba irresponsablemente contenía proyectos que ni siquiera se podían cumplir y eso sí, para mí, era una estafa a la población. A la ciudadanía hay que hablarle con la verdad, y por eso nosotros seguimos exigiendo que en el nuevo Directorio debe participar un representante de las organizaciones populares como parte de la ciudadanía, para que cumpla un rol fiscalizador, para que todos aquellos fondos que envía el Estado sean manejados de manera transparente”, asevera.

RECOMPOSICIÓN

Para Pilar Cabrera es urgente que el actual directorio de EPSEL dé un paso al costado y al recomponerse se cambie también a la totalidad de la alta gerencia de la empresa, debido a sus resultados no calzan ni con las necesidades de la entidad ni con las expectativas de la población.

“El actual directorio no ha estado a la altura de la responsabilidad que le correspondía y, sin embargo, sigue haciendo sesiones. Por Dios, no han tenido la hidalguía de darle cara a la colectividad después de todo lo que ha pasado. Cuatro millones 800 mil llegaron (a inicios del 2016) para el Fenómeno El Niño, el sindicato ha venido exigiendo su ejecución desde el año pasado. ¿Acaso no se pudo prever? Claro que sí, y hasta ahora, pese a que hemos pedido que se nos expliqué cómo es que se ha invertido ese dinero, no se informa nada. ¿Por qué se molesta el staff gerencial cuando nosotros, como sindicato, en nuestra labor de fiscalización, buscamos conocer cómo se manejan esos fondos para darle también respuesta a la colectividad? ¿Por qué no se tomaron las previsiones? ¿Dónde está el plan de contingencia. Que no nos vengan a decir que las cosas no se pudieron hacer?”, señala.

Sobre el gerente general, la dirigente afirma que este ha debido, hace mucho, evaluar los resultados de su trabajo al frente de la empresa y por ética renunciar.

“Todos los profesionales tenemos que hacernos una autoevaluación en algún momento de nuestra carrera. Comienza por ahí la cuestión ética. Si yo considero que lo que estoy haciendo no está dando resultados debo autoevaluarme y dar un paso al costado. A los trabajadores nos parece que lo que perjudica y retrasa es un paralelismo, porque ahorita hay dos gerentes prácticamente. Uno es Néstor Salinas Vásquez y el otro es el ingeniero Gustavo Castellanos Custodio, que siendo el gerente Operacional, toma decisiones. En la empresa hay un gerente general paralelo con aval del alcalde Cornejo”, denuncia.

Añade que aun cuando Castellanos Custodio es un profesional reconocido y que logró un control de calidad óptimo en el suministro de agua potable, como ingeniero químico debe limitarse a sus funciones y no traspasar el espacio que le corresponde al gerente general.

“Zapatero a tu zapato. En EPSEL hay ingenieros sanitarios que están relegados. Esta empresa de saneamiento debe ser gestionada y manejada por un ingeniero sanitario y con experiencia”, enfatiza.

RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA

Asimismo, Cabrera Zelada indica que el alcalde de Chiclayo también tiene responsabilidad, porque él es el presidente de la junta empresarial y debe velar porque el funcionamiento de la entidad sea el correcto.

“También responsabilizo a todos los integrantes de la junta empresarial. Los municipios son miembros accionistas de esta empresa y no deben ponerse a un costado. Ellos son los dueños. Si yo soy dueño de mi casa entonces debo estar pendiente y fiscalizar cómo se manejan las cosas. Me parece que no solo son indiferentes, sino que son incapaces de responder al mandato que les ha dado la ciudadanía, pero confío en que finalmente será la ciudadanía la que los evaluará y calificará si respondieron o no”, asevera.

LA INTERVENCIÓN

Pilar Cabrera deja en claro que la posición del sindicato es a favor de la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, del OTTAS en EPSEL, siempre y cuando se garantice el no ingreso de un operador privado.

Reconoce que la gestión de la empresa no es posible en las condiciones actuales, más al quedar acreditado que los aspectos técnicos desde hace mucho tiempo han sido desplazados por la injerencia política y que los actos de corrupción afectan de manera directa el desempeño de la entidad en la prestación de los servicios.

“Tenemos dos baterías, dos lagunas de estabilización: Pampa de Perros y San José, y desde el año 2012 el sindicato denunció ante el directorio que presidía Percy Quesquén,  que los sólidos se encontraban en suspensión por falta de mantenimiento, y no solamente eso, sino que nuestros compañeros trabajadores laboran en precarias condiciones, no hay vestuarios, están con todo el ambiente contaminado y eso tampoco le interesa a esta gestión, a este directorio, por más que nosotros hemos hechos sendas denuncias públicas. Nosotros no nos oponemos a la intervención de la empresa, a la reorganización total y a la innovación tecnológica. Lo que sí rechazamos es el ingreso del operador privado”, señala.