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POR DA脩O ARQUEOL脫GICO: INICIAN DILIGENCIA FISCALES PARA DETERMINAR SUPUESTO ATENTADO EN EL MORRO DE ETEN

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1149

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La Fiscalía Provincial Mixta de La Victoria, con la Disposición N° 1, en la Carpeta N° 2406094500-2019-5356-0, determinó el inicio de las diligencias preliminares en sede fiscal para investigar el presunto atentado contra el área monumental denominada ‘Morro de Eten’.

 

El septiembre del año pasado la Comisaría de Puerto Eten remitió el Informe Policial N° 046-19-SEGMACRPOL-CPNP-PTO.ETEN-SI, con relación a las diligencias realizadas el 28 de agosto a solicitud de Orlando Barrantes Rabines y José Pejerrey Cruzado, ambos abogados de la Unidad Ejecutora Naylamp del Ministerio Cultura, quienes denunciaron atentados en la zona arqueológica denominada ‘Morro de Eten’, por existir obras de construcción.

Los atentados contra el patrimonio fueron denunciados también el 7 de octubre pasado por el Ministerio de Cultura, a través de su procurador público, Hemmer Alva Neyra, quien señaló que Omar Ramos Gaona habría dispuesto la construcción de una vivienda de material noble, de aproximadamente diez metros de largo por cuatro de ancho, en la zona intangible, por encontrarse dentro del sitio Huaca I – Morro de Eten A, declarada como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación con la Resolución Directoral Nacional N° 615/INC, del 11 de agosto del 2004, rectificada con la Resolución Directoral Nacional N° 386/INC, del 23 de marzo del 2006.

Cuando se realizó la constatación policial, el 28 de agosto, se encontró en la zona material de construcción, consistente en piedra, cemento, ladrillo, arenilla, madera y fierro, así como una máquina mezcladora y columnas de fierro armado para ser llenadas.

 

NUEVA DILIGENCIA

Adicionalmente a ello, el 4 de septiembre, a solicitud de uno de los abogados de la Unidad Ejecutora Naylamp y del arqueólogo Robertson Torres Chávez, personal policial de Puerto Eten se constituyó a la prolongación de la Calle Libertad, donde apreciaron que un área de 60 metros de largo por siete de ancho había sido removida, quedando expuestos restos óseos prehispánicos, así como fragmentos de cerámica, los cuales formarían parte de un entierro destruido en un 70 %. Sobre ese hecho se procedió al levantamiento de un acta.

En opinión del Ministerio de Cultura, Omar Ramos Gaona habría incurrido en la presunta comisión del delito al asentarse, excavar o remover sitios arqueológicos sin autorización de dicho sector, como señala el Artículo 226 del Código Penal.

 

SUPUESTO ABUSO

Por su parte, el mismo 4 de septiembre, Omar Ramos Gaona denunció en su agravio la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, señalando como responsables a funcionarios del Ministerio de Cultura.

Este argumentó ante la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo que en su condición de propietario de los sub lotes 1-4, 1-9 y 1-10 del Sub Lote 1-B, sector 6 de la Manzana T (predio acumulado en la Partida N° 11305823, de un área de 600 metros), adquiridos en forma onerosa a la Municipalidad Distrital de Puerto Eten, por la suma de 18 mil soles cada uno, ha estado realizado trabajos de construcción del proyecto denominado “Restaurante La Kolpa”, siendo informado por los obreros de la presencia de los funcionarios del Ministerio de Cultura y la policía, quienes referían que se estaba construyendo sobre zona intangible.

Argumentó que ese día fue informado que personal de la unidad ejecutora y la policía supuestamente amedrentaron a los trabajadores, diciéndoles que paralicen la obra, sino serían denunciados por el delito contra el patrimonio cultural.

Según Omar Ramos, en el 2017 la municipalidad de Puerto Eten había realizado trabajos con maquinaria pesada en la zona para nivelar los terrenos que después vendió, no habiendo encontrado ningún vestigio arqueológico. Para el denunciante, el fardo funerario que reportaron los funcionarios de la Unidad Ejecutora Naylamp y los agentes policiales “fue sembrado”.

Díaz después, Ramos Gaona denunció a los abogados de la entidad, así como al arqueólogo Robertson Torres Chávez por denuncia calumniosa, falsedad ideológica y falsedad genérica.

La fiscalía ha dispuesto que los involucrados rindan sus declaraciones, pero además que la Municipalidad de Puerto Eten remita copias del título archivado y los informes correspondientes que permitieron la venta del predio, así como el expediente para la tramitación de licencia de construcción a favor de Ramos Gaona. Del mismo modo, que las empresas prestadoras de servicios básicos remitan los expedientes de factibilidad de conexiones sobre el área en mención, que registros públicos comunique sobre las inscripciones que pesan sobre el área y los documentales que determinen la condición de área patrimonial.

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EN LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA: CONTRATARON COMO SUPERVISOR DE OBRA A INGENIERO NO HABILITADO Y SIN RNP

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1149

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  • Proyecto está valorizado en dos millones 769 mil 424.60 soles.

 

El colmo. En la Municipalidad Distrital de la Victoria se contrató a un supervisor de obra que carece de habilidad ante el Colegio de Ingenieros del Perú y sin inscripción vigente como consultor de obras en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, pese a que los términos de referencia de la contratación exigían tales requisitos.

 

Esa es la conclusión a la que arriba el Órgano de Control Institucional – OCI, de la comuna victoriana con el Reporte de Avance Ante Situaciones Adversas N° 001-2020-OCI/2738-SCC, elaborado sobre la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de las calles: Tramo 1275 – Ca. Orfebres (Ca. Ama Sua – Ca. Unión), Tramo 1276-Ca. Ayllu (Ca. Unión – Ca. Ama Sua), tramos 1277 Ca. Coricancha (Ca. Virú – Ca. Yahuarhuaca), Tramo 1278 Ca. Yahuarhuaca (Ca. Coricancha – Ca. Chinchaysuyo), Tramo 1282 – Ca. Los Amautas – Tramo 1288 – Ca. Cahuide, Tramo 1279 – Av. Chinchaysuyo (Ca. Miguel Grau – Ca. Los Incas”.

 

EL PROCEDIMIENTO

De acuerdo con el OCI, el ingeniero Luis Gustavo Vela Requejo, jefe de la División de Obras de la Municipalidad Distrital de La Victoria, mediante Informe N° 223-2019-MDLV/GDU-DO-LGVR, del 4 de diciembre del 2019, dirigido al gerente municipal Guillermo Valiente Salazar, requirió la contratación de un supervisor para la mencionada obra.

Así, vistos los proveídos y sellos del informe se advierte que este fue derivado a la Gerencia Municipal con proveído: “Para atención y trámite”, al día siguiente de su recepción, con visto bueno del gerente de Desarrollo Urbano, Ricardo Zapata Lozada.

Dicho informe fue recibido por la Gerencia Municipal el 5 de diciembre del año pasado, siendo que en la misma fecha fue derivado mediante proveído a la Gerencia de Administración para “continuar trámite”. La referida gerencia lo derivó a la Unidad de Logística para que se contrate al profesional solicitado. El informe también fue recibido por la Gerencia de Planificación y Presupuesto el 18 de diciembre.

 

LOS REQUISITOS

El informe señala lo siguiente: “Vista el Acta de Compromisos firmada por el titular de la entidad del distrito de La Victoria, Rony Olivera Morales, y el representante común de la empresa contratista Consorcio Cahuide, Salomón Caján Hernández, con fecha 20 de noviembre del 2019, en el cual acuerdan que previo al inicio de ejecución de la obra en mención se designará un supervisor o inspector de la obra”.

Al respecto, el jefe de la División de Obras indicó que “de acuerdo a la experiencia del plantel Profesional Clave solicitado para el residente de obra, el perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del procedimiento, según corresponda, deberá cumplir por lo menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra”, señalando al respecto la capacidad técnica y profesionales considerada en la Adjudicación Simplificada N° 008-2018-MDLV-LEY30556, convocada por la municipalidad para la contratación de la ejecución de la obra.

Es decir, al igual que el residente, el contratado como supervisor debía ser ingeniero civil, acreditar por lo menos 24 meses de experiencia como residente de obra, residente, jefe de supervisión, supervisor o inspector de obras iguales o similares, la misma que se computaría desde su colegiatura.

El Informe N° 223-2019-MDLV/GDU-DO-LGVR, contiene los términos de referencia “Servicios de Consultoría de Supervisión de la Obra”.

 

CONTRATACIÓN

A través del Informe N° 417-2019-MDLV/CZI-LOGIST, del 17 de diciembre del 2019, Carlos Zeña Inoñan, personal de apoyo de la Unidad de Logística, remitió a José Luis Mundaca Barboza, jefe de dicha unidad, la única propuesta económica de postores obtenida de la invitación a participar en la contratación de un ingeniero supervisor de la obra, siendo esta la del ingeniero Luis Enrique Flores Vizconde, precisando no haber obtenido respuesta de la correspondencia remitida al Colegio de Ingenieros del Perú – Lambayeque, y además que “dada la premura de tiempo se procede con el postor participante”, en este caso Flores Vizconde.

“Dicha propuesta económica fue presentada el 13 de diciembre del 2019 por el ingeniero Luis Enrique Flores Vizconde ante la Unidad de Trámite Documentario de la municipalidad, la Carta N° 21-2019-LEFV, adjuntando su currículum vitae documentado, siendo que en la misma fecha esta información fue recibida por la Unidad de Logística y derivada por el jefe de la unidad al señor Carlos Zeña Inoñan, personal de apoyo ‘para atender urgente’”, señala el informe del OCI.

Posteriormente, el 18 de diciembre, el alcalde de La Victoria y el ingeniero Luis Enrique Flores Vizconde, con Registro Único de Contribuyente – RUC N° 10092167122, suscribieron el Contrato de Locación de Servicios N° 098-2019-MDLV, Contrato de Consultoría de Obra – Supervisión de Obra, con el objeto de ejercer funciones de supervisor de la obra, por un monto de 30 mil soles y un plazo de ejecución de 62 días calendarios.

En el último párrafo del ítem 2.0 Objeto de la Consultoría, de los términos de referencia, señala que “para permitir la adecuada ejecución de la prestación, el postor deberá de estar inscrito en el RNP como consultor de obra”.

Dicho requisito fue además considerado en el ítem 12.0 Requerimiento mínimo con que debe contar de postor, de los términos de referencia, que indica que “podrán participar en el proceso de selección personas naturales o jurídicas que cuenten con certificado de Consultor de Obras otorgado por el OSCE (…)”.

 

HALLAZGOS DEL OCI

Sin embargo, al realizar la búsqueda de proveedores del Estado en el portal web del Registro Nacional de Proveedores, el 15 de enero del 2020, la Comisión de Control Concurrente ha constatado que Luis Enrique Flores Vizconde no cuenta ni tiene vigente su inscripción como consultor de obras.

Así también, efectuada la búsqueda en la página web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, respecto de la validación de vigencia en el RNP, se advierte que la inscripción del ingeniero Luis Enrique Flores como “ejecutor de obras” caducó el 14 de julio del 2012 y como consultor de obras – Consultoría de Obras Menores, el 7 de mayo del 2010.

“Lo expuesto se corrobora con lo indicado en la ‘Constatación de inscripción para ser participante, postor y contratistas’, obtenida de la página web del OSCE, donde aprecia que el ingeniero Luis Enrique Flores solo tiene vigente su inscripción como proveedor de bienes y proveedor de servicios desde el 17 de diciembre de 2019, un día antes de la fecha de suscripción del contrato”, asevera el informe del OCI.

En el ítem 13.0 Recurso Humano y Físicos Mínimos que proporcionará el postor de los términos de referencia, se precisa respecto del recurso humano, que el jefe de supervisión debe ser: “Ingeniero Civil colegiado y habilitado, con una experiencia de cuatro años como jefe de supervisión, supervisor, inspector de obras similares (…)”.

Sin embargo, de la consulta realizada en el portal web del Colegio de Ingenieros del Perú se aprecia que el ingeniero Luis Enrique Flores Vizconde, con colegiatura N° 52772, se encuentra en estado activo, pero “No Habilitado”.

“Estando a lo expuesto, se advertiría que el supervisor contratado para la obra no tiene vigente su inscripción como consultor de obras en el Registro Nacional de Proveedores ni se encuentra habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú, no habiéndose cumplido con tres ítems señalados en los términos de referencia, referidos a objeto de la consultoría, requerimiento mínimo con que debe contar el postor y recurso humano y físico que proporcionará el postor”, indica el Órgano de Control Institucional.

La situación expuesta – se indica – advierte la contratación de un profesional que no cumpliría con algunos de los requisitos establecidos en los términos de referencia emitidos para su contratación, lo que conllevaría a que el trabajo que viene realizando el supervisor de la obra, los informes y/o documentación derivada del mismo carezcan de la validez legal requerida, por cuanto no se encuentra habilitado para el ejercicio de su profesión. Asimismo, el no tener vigente su inscripción como consultor de obra no le permitiría prestar los servicios para el que fue contratado.

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ADVIERTE INDECOPI: SOLO TRES COBROS EST脕N PERMITIDOS EN LOS COLEGIOS PARTICULARES

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1149

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  • Las instituciones educativas de orden privado solo pueden cobrar cuota de ingreso, matrícula y pensión mensual.
  • El costo de la matrícula no debe superar el de una pensión de enseñanza.

 

A diferencia de los colegios nacionales en los que solo está permitida la cuota por concepto de APAFA, la jefa de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI Lambayeque, Ana Leyva Wong, advierte a los padres de familia que en las instituciones educativas privadas son tres los cobros que están regulados por ley: la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión mensual.

 

Respecto a los tres conceptos, Leyva Wong explica que tanto la cuota de ingreso como la de matrícula son pagos únicos, siendo la segunda un monto que no debe exceder el costo de una pensión mensual. Asimismo, señala que bajo ninguna causal la institución educativa puede exigir el pago adelantado de las pensiones. 

 

TRANSPARENCIA

Del mismo modo, Leyva Wong manifiesta que como parte de la campaña ‘Al colegio con INDECOPI 2020’, el ente protector de los derechos de los consumidores supervisará que las instituciones educativas cumplan con brindar la información adecuada a los padres de familia respecto al servicio que ofrecen.

Dentro de estos aspectos destaca que el Decreto de Urgencia Nº 002-2020 establece un marco de transparencia que exige a las instituciones educativas a brindar información oportuna 30 días antes de iniciado el proceso de matrícula sobre el monto y la fecha de pago de los cobros permitidos por los tres conceptos antes indicados.

Refiere que antes de la promulgación del decreto, solo se preveía que dicha información se brindara durante el proceso de matrícula.

Asimismo, la norma indica que antes de concluido el período lectivo las autoridades de los colegios deben brindar información sobre el monto de las pensiones de enseñanza del siguiente año, a fin de que los padres estén advertidos respecto a un posible aumento de estas.

“Otro aspecto contemplado en este decreto es que antes de iniciar el proceso de matrícula los colegios deben contar con una data histórica sobre el monto de las pensiones de enseñanza, matrícula y cuotas de ingreso que se han cobrado en los últimos cinco años. En caso de tratarse de un colegio recientemente constituido, este deberá contar con la estadística desde que inició sus actividades educativas”, sostiene.

 

EXIGENCIAS

De igual forma, menciona que las instituciones educativas están obligadas a brindar un boletín informativo al inicio del año escolar a los alumnos sobre normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, a fin de evitar casos de ‘bullying’ (acoso entre compañeros en los colegios).

“Este es uno de los casos más recurrentes de los que ha tomado conocimiento la oficina regional de INDECOPI. A través de las inspecciones que realizamos hemos podido detectar que los colegios no ponen a disposición de los padres y los alumnos esta información, por ello es importante hacerles recordar a las instituciones que deben cumplir con esta obligación”, asevera.

Las instituciones deben contar con por lo menos un profesional de psicología debidamente colegiado y habilitado, el Libro de Registro de Incidencias, el Libro de Reclamaciones, así como medidas de asistencia y protección ante situaciones de acoso escolar. 

 

SANCIONES

La jefa del INDECOPI sostiene que el incumplimiento de lo normado puede acarrear sanciones que van desde una amonestación hasta multas equivalentes a 450 Unidades Impositivas Tributarias – UIT.

En el 2018 la Oficina Regional de INDECOPI registró mil 428 denuncias, de las cuales 103 fueron por concepto de servicios educativos, terminando 28 con sanciones efectivas que superaron las 93 UIT. De estas, 11 se resolvieron a través de un procedimiento ordinario y 17 mediante uno sumarísimo.

Refiere que dicho año los casos más denunciados fueron por la falta de idoneidad en la prestación del servicio y la carencia de información de las condiciones económicas. 

En tanto, el 2019 el número total de denuncias que acogió la Oficina Regional del INDECOPI fue de mil 627, de las cuales 111 fueron por servicios educativos, generando 36 de estas una sanción efectiva, seis por procedimiento ordinario y 30 por sumarísimo. El total de la multa, a diferencia del 2018, disminuyó a 46 UIT.

El año pasado los casos más denunciados fueron por la falta de idoneidad en la prestación del servicio educativo y el cobro de cuotas extraordinarias.

En cuanto a reclamos, el 2018 la oficina regional recibió mil 937, de los cuales 39 fueron por servicios educativos, mientras que en el 2019 la cifra aumentó a dos mil 249 y 35, respectivamente.

En el caso de los reclamos, estos se acogen gratuitamente, mientras que para realizar una denuncia se requiere el pago de una tasa administrativa.

 

FISCALIZACIÓN

En cuanto a la fiscalización, Leyva Wong manifiesta que el 2018 se realizaron supervisiones en 47 instituciones educativas, las cuales motivaron 31 procedimientos de oficio. De estos, 16 generaron procedimientos administrativos sancionadores, siendo 12 los declarados fundados, cuya multa total fue de más de 268 UIT.

En tanto, el 2019 se realizaron 83 supervisiones más respecto al año anterior, de las cuales 16 fueron motivo de un procedimiento de oficio, siendo cinco de estas las que depararon en un procedimiento administrativo sancionador, cuyos casos fundados fueron tres. Las multas, aunque corresponden a menos procesos, fueron mayores a las del 2018, superando las 453 UIT.

El año pasado se realizaron tres acciones de fiscalización para verificar que las instituciones educativas cuenten con la autorización del Ministerio de Educación – MINEDU, para brindar el servicio, en las cuales se detectó que una ubicada en Chiclayo no tenía la formalidad.

“El 2019 hubo menos procedimientos, pero más intervenciones. La causa radica en que,  adicionalmente a la supervisión en temas educativos, el año pasado se fortalecieron las visitas orientativas por parte del INDECOPI. Lo que se busca a través de estas es que todas las instituciones educativas cumplan con la normativa y los padres de familia no se vean afectados con situaciones recurrentes como la exigencia de cuotas extraordinarias, el direccionamiento en la compra de útiles y uniformes en determinados establecimientos, la exigencia del pago de las pensiones de enseñanza en forma adelantada o la retención de documentos frente a las deudas”, asegura.

No obstante, Leyva Wong hace la salvedad que en muchos de los casos en los que los procedimientos administrativos sancionadores fueron declarados fundados las instituciones educativas presentaron recursos impugnatorios, los cuales son evaluados por un tribunal del INDECOPI.

 

MEDIDAS CORRECTIVAS

La jefa del INDECOPI en Lambayeque menciona que en caso de afectación a los consumidores también se pueden dictaminar medidas correctivas menores como ordenar la devolución del dinero en caso se detecte un cobro indebido.

Asimismo, refiere que el INDECOPI puede ordenar una medida de adecuación  de la conducta del colegio, tal como la publicación de un anuncio dentro de la institución para dar a conocer una información que haya sido obviada o mejorar los canales de comunicación con los padres de familia.

 

ESTADÍSTICAS

Según datos del INDECOPI, en los últimos 20 años la oferta de las instituciones educativas privadas a nivel nacional aumentó en un 57 %, mientras que la matrícula en estos se duplicó, de modo que hoy uno de cada cuatro estudiantes asiste a un colegio particular.

A nivel nacional, entre el 2016 y el 2018, el INDECOPI detectó más de mil colegios privados con algún grado de informalidad como no contar con la autorización de funcionamiento para ofertar alguno de los niveles de la educación básica regular (inicial, primaria o secundaria) o brindar el servicio en una dirección distinta a la autorizada por el sector.

Finalmente, se identificaron más de 200 instituciones educativas a nivel nacional que no contaban con la autorización del MINEDU para prestar el servicio.

“En Lambayeque no existen colegios que hayan reiterado alguna conducta ineducada. Al contrario, por lo general se adecúan a la norma. Así, vemos que las instituciones educativas ya cuentan con sus libros de reclamaciones y evitan el cobro de pensiones adelantadas y la exigencia de cuotas extraordinarias. Sin embargo, exhorto a los padres a que hagan la denuncia o el reclamo correspondiente si es que observan que alguna entidad comete una infracción a la norma”, sentencia.  

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POR ENCIMA DE TUMBES, PIURA Y LA LIBERTAD: BCR: LAMBAYEQUE CRECI脫 4.7 % EN LOS 脷LTIMOS DIEZ A脩OS

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1149

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  • Exportaciones crecieron considerablemente, siendo el arándano y la palta los recursos mejor posicionados.

 

Pese a las serias limitaciones de infraestructura que tiene el departamento, entre el 2009 y el 2018 este logró un crecimiento del 4.7 %, superando ampliamente a Tumbes, Piura y La Libertad, e incluso al promedio nacional.

 

Así lo dio a conocer Julio Ortiz Berrú, especialista en Economía del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva – BCR del Perú, Sucursal Piura, durante el desayuno empresarial realizado por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.

En el decenio, Lambayeque fue el décimo departamento con mayor crecimiento del norte, superado por Apurímac, Cusco, Huánuco, Ayacucho, San Martín, Arequipa, Ica, Amazonas y Lima. En este período, Tumbes creció 3.8 %, al igual que Piura, y La Libertad 3.4 %.

“El mayor crecimiento departamental fue el de Apurímac, generado por la inversión del proyecto minero Las Bambas, que en el 2016 inició la fase de producción de cobre, logrando que la región crezca 15.5 %. Le siguió Cusco con el Gas de Camisea, que entre el 2009 y el 2018 triplicó su producción; Huánuco por la central hidroeléctrica de Chaglla, Ayacucho por la mina Inmaculada, y Arequipa con la ampliación de Cerro Verde. Sin embargo, Lambayeque creció 4.7 %, por encima del promedio de crecimiento general del país que fue de 4.3 %”, comentó Ortiz Berrú.

 

EL PBI DEPARTAMENTAL

Respecto al 2019, la economía de Lambayeque creció 1.5 % en el primer semestre debido al dinamismo presentado en sectores como Telecomunicaciones, que se desarrolló en 6.3 %; Agropecuario, con 4.4 %, y Comercio, que creció en 2.8 %.

“Sin embargo, en el tercer trimestre del año pasado la economía disminuyó en 1.3 % debido a un menor crecimiento del sector agropecuario”, indicó.

Según el Banco Central de Reserva, el sector agropecuario presentó un decrecimiento, entre octubre y diciembre del año pasado, de 32.2 %.

El mayor crecimiento del Producto Bruto Interno – PBI, de Lambayeque, se registró en el 2012, cuando se llegó al tope de 9.5 %. Los otros años de crecimiento fueron el 2010 (6.8 %), el 2011 (5.8 %) y el 2009 (5.3 %).

 

PRINCIPALES SECTORES

Julio Ortiz mencionó que los sectores más dinámicos de la economía lambayecana en los últimos diez años son: Telecomunicaciones, con un crecimiento que llegó al 11.3 % en su pico más alto; Construcción, que pudo alcanzar el 9.6 % de desarrollo; la Administración Pública, con 7.1 % de incremento de inversiones en obras, principalmente; Petróleo con 6.2 %; Alojamiento con 5.3 % y Comercio con igual porcentaje.

“En Lambayeque, el 42.7 % de la Población Económicamente Activa – PEA, ocupada se concentra en el sector Servicios; seguido del 21.8 % que se dedica al rubro de Comercio, el 19 % está en el sector Agropecuario; el 9.7 % en el sector Manufactura; el 6 % en Construcción; el 0.7 % en Pesca y el 0.1 % en Minería. Otro aspecto resaltante es que el 25.8 % del empleo en Lambayeque es formal y el 74.2 % es informal. Lambayeque concentra el 3.9 % de la PEA ocupada a nivel nacional”, refirió.

La Población Económicamente Activa de Lambayeque se conforma de 654 mil 882 personas según la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. De estas, el 55.4 % son varones y el 44.6 % mujeres.

 

AGROPECUARIO

“Entre enero y octubre del 2019 la producción agropecuaria disminuyó en 8.3 %, debido a la menor producción de arroz y maíz amarillo duro. En los últimos diez años, la producción agropecuaria se ha orientado principalmente al mercado interno”, resaltó Ortiz Berrú.

El año de mayor crecimiento del sector Agropecuario fue el 2018, cuando se alcanzó un incremento del 12.1 %. Años negativos en el último decenio fueron el 2010 (-1.5 %), el 2011 (-4.5 %), el 2013 (-8.7 %), el 2014 (-0.2 %) y el 2016 (-1.3 %)

Del período enero – octubre del año pasado, el producto que más aportes generó para el sector Agropecuario fue el arándano, cuya producción tuvo 51.1 % de crecimiento. En el caso del arroz y el maíz amarillo duro, estos tuvieron caídas del 31.7 y el 21.3 %, respectivamente.

 

PESCA

Ortiz Berrú comentó que entre enero y noviembre del año pasado el sector Pesca creció en 149.2 %, esto debido a la mayor captura de bonito, recurso que pasó de 282 toneladas a cinco mil 167; la lisa, con un crecimiento de captura del 44.9 %; el tollo (344.8 %) y la cachema (19.2 %).

En el decenio, el 2008 fue un año positivo para la pesca departamental con un crecimiento del 26.7 %, en el 2014 la producción incrementó en 54.1 % y en el 2015 se alcanzó el pico de crecimiento del 111.1 %. El resto de años hubo indicadores negativos, siendo el 2011 el año de menor producción, cuando el sector cayó en 28.9 %.

 

MANUFACTURA

De acuerdo a la estadística del BCR, el sector Manufactura reportó un crecimiento del 1.4 % entre enero y noviembre del 2019, debido a la mayor producción de azúcar, explicado por la mayor producción de AgroOlmos y la Empresa Agroindustrial Pomalca.

Otros productos que representan contribuciones para el sector son el arroz pilado, el café soluble, el jugo de fruta, el aceite esencial de limón, la cáscara deshidratada de limón y el alcohol etílico.

En diez años, el 2008 fue el más auspicioso para el sector manufacturero, cuando el crecimiento alcanzó el 10.1 %, al igual que en el 2010. En los años siguientes, la evaluación positiva fue de 4.4 % en el 2011; 6.1 % en el 2012; 2.1 % en el 2013; 0.4 % en el 2016 y 8.2 % en el 2018.

 

EXPORTACIONES

Ortiz Berrú comentó que en los últimos años la estructura de las exportaciones ha cambiado en Lambayeque, registrando un crecimiento promedio anual de 6.1 % entre el 2010 y el 2018.

Así, en el 2018 las exportaciones de café sumaron 81 millones de dólares, empero en el 2010 estas llegaron a 169 millones de dólares.

La venta de conserva de pimiento ha mostrado una evolución positiva. En el 2010 se comercializó por 20 millones de dólares, pero en el 2018 la cifra llegó a 86 millones de dólares.

En el caso de la palta, el crecimiento es considerable. De seis millones de dólares por exportaciones de este producto en el 2010, Lambayeque pasó a 61 millones en el 2018. Respecto al arándano, en el 2018 las ventas sumaron 59 millones de dólares.

En el 2010 las exportaciones lambayecanas se distribuían de la siguiente manera: café (53 %), conserva de pimiento (6 %), jugos de fruta (7 %), mango (2 %), frejoles (6 %), uvas (3 %), azúcar (2 %), alimentos animales (2 %) y otros (17 %).

Hasta el 2018, la distribución de las exportaciones lambayecanas ha variado. La estadística más actual señala que el 12 % está compuesto por palta fresca, el 11 % por el arándano, el 16 % por pimiento y conservas; el 10 % por uvas; el 9 % por alimento para animales; el 5 % por jugo de frutas; el 2 % por magos; el 6 % por espárragos; el 10 % por uvas; el 16 % por café y el 3 % lo conforman otros productos.

Del mismo modo, los destinos de las exportaciones lambayecanas han cambiado. Mientras que en el 2010 el 50 % de los productos iban a Europa (Alemania 20.9 %; Países Bajos 11.6 % y Bélgica 5.9 %); el 34 % a Norteamérica (Estados Unidos 30.8 % y Canadá 2 %); el 8 % a América del Sur (Ecuador 3.5 %; Chile 1.8 % y Colombia 1.7 %); el 4 % al Asia y el 5 % a otros países; el panorama actual es distinto.

El 45.8 % de las exportaciones van a Europa, con ingreso del Reino Unido como mercado de destino (8.2 %); el 31 % a Norteamérica; el 12.7 % a América del Sur, con un crecimiento notable de los envíos a Ecuador (10.4 %); el 4.8 % al Asia y el 8 % al resto de países.

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POSTORES PRESENTARON 32 OBSERVACIONES A LAS BASES DE LICITACI脫N: EL PEOT POSTERGA POR SEGUNDA VEZ EJECUCI脫N DE MILLONARIA OBRA

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1149

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  • Reparación del camino adyacente al Canal Taymi se pretendió realizar bajo administración directa, pero el Órgano de Control Institucional – OCI, observó los procedimientos seguidos por la entidad.

 

Desde agosto del año pasado, el Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT, trata de que la obra consistente en la reparación del tránsito en el camino de servicio adyacente al Canal Taymi, en la jurisdicción del distrito de Pátapo, sea ejecutada. Sin embargo, pese a los esfuerzos que hasta hoy en día realiza para lograr este objetivo, no ha sido posible la iniciación y su posterior puesta en valor, todo ello a pesar al tiempo transcurrido desde la aprobación del primigenio expediente técnico, con Resolución Gerencial N° 145-2019, emitida el 17 de mayo del 2019.

 

Mediante el Informe de Orientación de Oficio N° 07-2019, emitido por la Oficina de Control Institucional – OCI, del PEOT, suscrito por el jefe de dicho ente contralor, Jorge Burga Ludeña,  dirigidos al gerente general Leopoldo Fernández León, le fue advertido entre otros aspectos, presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico y la transgresión a la normativa vigente, al decidir que dicho proyecto sea ejecutado técnica y financieramente por cuenta propia; es decir por administración directa, pese a que – como reza el documento –no contar con el personal técnico – administrativo, ni con los equipos necesarios para ejecutar la obra bajo la modalidad decidida.

De acuerdo a lo contenido en el expediente técnico se requiere contar con 10 maquinarias de diferentes características, de las cuales el PEOT solo posee cuatro. Además, el informe reveló que la entidad, desde enero del 2017, solo ha ejecutado tres obras bajo la modalidad de administración directa.

Evidenciados los presuntos hechos irregulares por parte de la OCI, se advirtió en ese entonces que el presupuesto de obra consignado en el expediente técnico se habrían incluido precios unitarios que serían superiores a los precios del mercado, lo que determinaría que el presupuesto asignado para dicho proyecto podría estar sobrevalorado, poniendo en riesgo el buen uso de los recursos públicos y la adecuada ejecución de los trabajos.

 

PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS

La OCI pudo advertir, además, que para la ejecución de esta obra, el PEOT ya había convocado varios procedimientos para la contratación de bienes y servicios, los cuales en algunos casos ya habían sido adjudicados y, en otros, cancelados.

Así se tiene el caso de la adquisición de más de 25 metros cúbicos de material granular para afirmado por el valor referencial considerado en las bases equivalente a un millón 500 mil soles, la cual fue realizada bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica, resultando ganador de la misma empresa COHERSA S.A.C., quien luego del procesos de rebajas (pujas), logró obtener la buena pro proponiendo un precio sustancialmente menor al establecido, equivalente aproximadamente a 780 mil soles; es decir, 50 % menor al valor base propuesto.

Bajo esta condición se habría evidenciado que efectivamente los precios contenidos en el expediente técnico podrían haber estado ya sobrevalorados, como lo expuso la OCI.

En este extremo, se tiene que pese a la adjudicación a favor de COHERSA S.A.C., el PEOT tuvo una negativa reiterada de suscribir el contrato con el adjudicatario desatendiendo los repetidos requerimientos por parte del mismo, quien ha manifestado públicamente el inicio de acciones legales tendientes a resarcir el daño causado por el PEOT al no suscribir el contrato respectivo.

Asimismo, la entidad convocó el Concurso Público N° 01-2019-GR.LAMB/PEOT, con un valor estimado cercano al millón de soles, con la finalidad de contratar el servicio de alquiler de una excavadora, cinco volquetes, cuatro rodillos vibratorios, un cargador frontal y un tractor, como así también siete motoniveladoras que deberían utilizarse en los trabajos a realizar, procedimiento que estando en curso tuvo que ser cancelado debido a la advertencia del órgano contralor. 

 

HECHOS ACTUALES

Advertidos los presuntos hechos irregulares por parte de la OCI, el titular del PEOT tomó la decisión de modificar la modalidad de contratación cuestionada, determinando que el mencionado proyecto tenía que ser realizado bajo contrata, razón por la cual procedió a aprobar el expediente de contratación correspondiente y un nuevo expediente técnico, el cual fue consentido mediante la Resolución Gerencial N° 000309-2019-GR:LAM/PEOT, del 14 de noviembre de 2019.

Para tal contratación  se estableció un valor referencial de cuatro millones seis mil 905.92 soles, para luego nombrar al comité de selección, que para este caso está conformado por Raúl Ramírez Zamora, en calidad de presidente, y Luis Israel Rojas León y Francisco Delgado Seytuque, como integrantes, y este colegiado proceda a elaborar las bases del procedimiento y convocar el proceso denominado Licitación Pública N° 1-2019-GR. LAMB/PEOT, el cual fue publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 12 de diciembre de 2019.

Se programó tanto la absolución de consultas y observaciones y la integración de bases para una determinada fecha, lo que no fue posible por la serie de postergaciones que realizó el comité al absolver los cuestionamientos por parte de los participantes, debido, principalmente, a que el comité no estuvo completo o algunos de sus integrantes se encontraba de comisión de servicios.

 

OBSERVACIONES

Transcurrido casi un mes, el 10 de enero recién se publicó el pliego absolutorio de las 32 observaciones a las bases planteadas por siete participantes en el proceso, quienes en su conjunto cuestionan aspectos formales respecto a los requisitos para la acreditación de la experiencia de los profesionales que tuvieran que ejecutar el proyecto, como así también la antigüedad de la maquinaria, el monto de experiencia requerido contrapuesto a las bases estandarizadas y fundamentalmente el tipo de obras similares ejecutadas que deben servir para acreditar el monto de experiencia requerido.

Muchas de las observaciones no han sido acogidas por el comité, dando motivo para que los participantes, a pesar de que las bases fueron integradas sin otorgar el plazo previsto para que estos puedan solicitar al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, su pronunciamiento, que para este caso correspondía considerar tres días entre la absolución de observaciones e integración de las bases, el 17 de enero el comité decidió elevar el pliego absolutorio ante el OSCE, que deberá emitir su pronunciamiento y advertir cuestionamientos de oficio, en un plazo no menor a 10 días hábiles.

Mientras tanto el proceso se encuentra suspendido en su tramitación, consecuentemente sometido a una demora que compromete su pronta adjudicación y la posterior contratación para el inicio de la ejecución antes del inicio del período de lluvias.

 

OPINIÓN

Jorge Chávez Pita, consultor en contrataciones del Estado, manifiesta que desde que el PEOT pretendió ejecutar la obra bajo la modalidad de administración directa, los valores referenciales establecidos para la compra de bienes y contratar servicios se mostraban elevados, tal es así que cuando la subasta convocada para la adquisición de material afirmado fue adjudicada, el postor ganador ofertó el 50 % del valor base establecido.

Asimismo, manifiesta que el procedimiento en curso se dilatará por cuanto las bases del proceso están estableciendo condiciones limitativas y restrictivas que permiten presumir que el proceso estaría direccionado, razón por la cual, los participantes han tenido que recurrir al OSCE, quien en los plazos previstos dilucidará los cuestionamientos vía la emisión del pronunciamiento respectivo, el cual podría demandar un lapso aproximado de 15 días hábiles para que ello suceda y continuar con los posteriores procedimientos hasta lograr la adjudicación del proceso y su posterior formalización contractual.

Anota que no se puede descartar que adjudicado el proyecto alguno de los postores demande la impugnación del mismo, lo que retrasaría aún más la ejecución del mismo.

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PACIENTES Y SUS FAMILIARES LAS AGREDEN: ENFERMERAS DEL ALMANZOR AGUINAGA DENUNCIAN FALTA DE PROTECCI脫N

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1149

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  • El año pasado hubo un promedio de 20 agresiones reportadas al Sindicato de Enfermeras del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.
  • Se mantiene el déficit de 55 enfermeras para abastecer la demanda de atenciones en el nosocomio.

 

El 13 de enero el caos que suele reinar en el servicio de Emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo rebasó los límites de lo cotidiano. La secretaria del Sindicato de Enfermeras de dicho nosocomio, Indira Puican Orbegoso, cuenta que aquel día una enfermera, cuyo nombre prefiere mantener en reserva por miedo a represalias, le solicitó alrededor de las 2:30 de la tarde a una paciente que acomode su silla de ruedas, de modo tal que pudiese ingresar a otro enfermo a su costado.

 

Aquel día, cuenta Puican Orbegoso, la paciente tuvo una reacción airada frente al requerimiento de la enfermera, la cual fue soliviantada por el hijo de la misma, situación ante la cual la profesional de salud decidió no proseguir con el altercado y continuar con sus labores.

Sin embargo, caída la noche, nuevamente el hijo de la paciente le increpó a la enfermera por su accionar, pero esta vez intentando agredirla, hecho que no ocurrió dado que un colega de la profesional de salud se encontraba allí para defenderla. No obstante, a los pocos minutos la situación se desbordó.

“Según relata la enfermera, tras ver frustrado su intento de agredirla, el hijo de la paciente llega con otro familiar suyo y es allí donde en colaboración con él la encierran detrás de la puerta de tópico para proceder a empujarla contra la pared. Quiso quitarle el celular, pues ella iba a llamar a seguridad, pero no pudo y en el intento le lastimó el brazo. Felizmente, la enfermera logró escapar hacia el servicio de Pediatría donde varios colegas la socorrieron. En el acto también un policía la atendió para poner la denuncia”, revela Puican Orbegoso.

Los presuntos agresores, según el parte policial, son Carlos Percy Tirado y Fernando Tirado Gálvez, este último exalcalde del distrito de Reque.

Puican Orbegoso afirma que todos los días en los pasillos de Emergencia se recibe entre 30 y 70 pacientes, quienes por las mismas condiciones en las que se encuentran no pueden recibir la atención especializada por parte de las enfermeras.

 

SEGURIDAD

La dirigente sindical comenta que constantemente las enfermeras del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo son víctimas de agresiones, principalmente verbales, las cuales muchas veces no llegan siquiera a registrarse porque no se convierten en denuncias efectivas.

Señala que en el 2018 una de ellas fue víctima de agresión física, mientras que el año pasado se registraron 20 actos de violencia verbal contra enfermeras, por lo cual solicitan a las autoridades del nosocomio que se establezcan mejores mecanismos de protección.

“El personal de vigilancia, al menos en el servicio de Emergencia, no se abastece. Lo que estamos solicitando ahora como gremio es haya un policía las 24 horas del día, además de los dos o tres agentes de vigilancia que brindan resguardo”, apunta.

Añade que como sindicato han procedido también a denunciar al presunto agresor, quien es abogado, ante su colegio profesional, y han solicitado la intervención del Centro de Emergencia Mujer y del Colegio de Enfermeros del Perú – Consejo Regional IX Lambayeque.  

 

CARENCIAS

En esa línea, la dirigente manifiesta que persiste el déficit de 56 enfermeras en el referido centro hospitalario, pues solo han entrado tres de estas profesionales por concepto de reposición. Asimismo, apunta que también requieren de técnicos en enfermería, pues en el servicio de Emergencia solo hay siete, cuando se necesitarían 11 más de ellos para darse abasto en la atención.

“Es preocupante la falta de este personal porque eso ocasiona que las enfermeras debamos hacer también sus labores, lo cual disminuye la calidad de atención que le brindamos al paciente y hace que muchas veces no podamos darle la solución oportuna a sus problemas. El técnico es el encargado del traslado de los pacientes de un servicio a otro, de su aseo personal, ayudan en el cambio de camas, traen medicamentos de farmacia y colaboran en procedimientos propios de emergencia”, afirma.

Resalta que en los demás servicios también faltan entre uno y dos de estos profesionales, principalmente en medicina interna, urología, nefrología, geriatría y consulta externa.

Indica que actualmente hay 488 enfermeras laborando en el Hospital Almanzor Aguinaga, de las cuales 54 están destinadas al servicio de Emergencia.

Además, revela que por norma técnica en Emergencia una enfermera debería atender a cuatro pacientes, pero en la práctica atienden entre 30 a 45 pacientes. Asimismo, indica que en Trauma Shock solo deberían atender a dos pacientes.

“Si uno entra al servicio de Emergencia verá que todo es un tumulto, parece un mercado. Eso hace que la enfermera no pueda brindarle atención adecuada, efectiva y personalizada al paciente. Por ejemplo, si hay que darle una medicina a la una, termina recibiéndola a las tres, puesto que la enfermera debe atender a muchos pacientes antes”, sostiene.

Además, manifiesta que solo en emergencia faltan un promedio de 20 camillas y 50 sillas de ruedas.

“Ahora no tenemos déficit de medicamentos como en algún momento que llegaron a faltar incluso gravol y metamizol. Lo que persiste es que cada enfermera debe adquirir sus propios tensiómetros, pulsoxímetros y hasta termómetros porque no hay los suficientes en el nosocomio”, advierte.

 

INTROMISIÓN

Po otro lado, Puican Orbegoso señala que el 10 de enero el Sindicato de Enfermeras del Seguro Social de Salud – SINESS, Base Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, le cursó una documentación al médico Romel Castañeda Vásquez, gerente de dicho nosocomio, por una presunta intromisión dentro de las estructuras de enfermería respecto a la programación, desplazamiento y rotación de las enfermeras.

Apunta que, si bien es cierto no todas las enfermeras están conformes con los desplazamientos (cambios de un servicio a otro), el gremio sindical como tal respalda las decisiones de Clarivel Díaz Olano, jefa del Departamento de Enfermería de dicho hospital.

“Solo han sido tres o cuatro los desplazamientos, no más, los cuales fueron consensuados por la jefa del departamento con todo su equipo. Lo que hace el gerente es decirles a las enfermeras que vuelvan al servicio donde han estado antes y él no puede hacer eso porque ya se dio la orden. Nosotras estamos a disposición de todo el hospital”, apunta.

Añade que como gremio no podrían asegurar si existe algún tipo de favoritismo hacia algunas enfermeras por parte del gerente del hospital, pero han iniciado un proceso de investigación, después del cual podrán concluir los motivos de las presuntas interferencias de la autoridad del nosocomio en las atribuciones del Departamento de Enfermería.  

“Como sindicato salvaguardamos los derechos de las agremiadas y las funciones propias de las enfermeras. Tenemos una jefa que es la máxima autoridad y de ella dependen los traslados de un servicio a otro. Con el documento que hemos cursado le estamos manifestando al gerente que rechazamos su intromisión en las funciones propias de enfermería”, asevera.

Añade que así como los médicos tienen atribuciones propias en las que no pueden inmiscuirse las enfermeras, lo mismo ocurre con ellas y sus funciones.

“Son varios casos en los que el gerente ha tratado de inmiscuirse generando confusión en el personal de enfermería. Nuestra profesión es tan igual que la del médico y se tiene que respetar. Por ejemplo, estamos capacitadas para asumir cualquier cargo jerárquico. No tan solo somos licenciadas, somos administrativas, docentes y muchas contamos con grado de magísteres y hasta doctoras, por lo que podemos asumir una jefatura o gerencia”, afirma.

 

+NOTICIAS:

  • Aproximadamente 300 enfermeros del hospital cuentan con especialidad registrada en el Colegio de Enfermeros del Perú. En el nosocomio, cerca de 55 tienen especialidad en el área quirúrgica, más de 20 en nefrología y 70 en emergencias. Además, hay 15 enfermeros intensivistas.
  • En el área de hospitalización hay entre 10 y 12 enfermeros por piso.

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OLIVIO HUANCARUNA: 鈥淣O CREO QUE CON EL NUEVO CONGRESO CAMBIEN LAS COSAS EN EL PA脥S鈥

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1149

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El presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Olivio Huancaruna Perales, dijo no tener muchas expectativas del próximo Congreso, debido a que los nuevos parlamentarios tendrán poco tiempo para ejercer sus funciones, pero además – la gran mayoría – desconoce de aspectos legislativos y, sobre todo, de lo que es realmente importante para el desarrollo del país.

 

Huancaruna Perales señala que la disolución del Congreso, ocurrida el 30 de septiembre del año pasado, fue una variable que no se consideraba para el análisis económico del país, pues se tenía confianza en que tanto el Legislativo como el Ejecutivo alcanzarían niveles de entendimiento para superar las diferencias y disputas que evidenciaron desde el 2016.

“Sucedida la disolución del Congreso habría que preguntarse qué aportó ello al desarrollo de la economía o de la actividad empresarial. Yo puedo afirmar que nada. Al contrario, la situación generó un incremento de la incertidumbre, porque los problemas en el país son de otra naturaleza, que no se resuelven con la disolución de un poder del Estado”, manifiesta el también vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.

Huancaruna Perales precisa que si la corrupción es uno de los principales problemas del país, la solución no es aplicar algunas de las facultades que otorga la Constitución Política actual a los poderes del Estado.

“La aplicación de facultades como la de disolver el Congreso puede dar cierto matiz, pero no resuelve el problema de fondo. En mi opinión, lo sucedido el 30 de septiembre no era la salida. Hemos pasado de un clima de conflicto a uno de incertidumbre, porque no sabemos qué va a ocurrir con el próximo Congreso, considerando su composición”, asevera.

 

LA AGENDA

En consecuencia, el dirigente de los exportadores sostiene que son pocas las expectativas que para la clase empresarial genera la elección del domingo 26 de enero, máxime porque el nuevo Parlamento tendrá menos de año y medio para cumplir con las funciones congresales de representar, legislar y fiscalizar.

“Lo peor sería que se ponga en agenda discutir el cambio de constitución o el del régimen económico. Si esa es la agenda de la izquierda para el próximo Congreso sería catastrófico, porque significaría atraso por décadas para el país. Un viraje a eso sería lamentable. Yo considero que las posiciones de izquierda, por más que se traten de mostrar desde el punto de vista social, no dejan de ser nocivas. Ya hemos tenido un siglo de prueba de modelos socialistas en varios países del mundo ni en ninguno de ellos hay algo por rescatar. ¿Qué población ha decidido libremente mantener un modelo socialista? Ninguna”, cuestiona.

 

LA CAPACIDAD

Olivio Huancaruna insiste en que es poco probable que haya cambios en el país con la elección del nuevo Congreso.

“Quizá se elija a quienes tengan un vocabulario convincente, adornado o ilustrado, pero en valores son iguales o peor que los que fueron disueltos el año pasado. ¿Puede haber excepciones? Claro que las hay, pero no creo que esas sean las dominantes. Si hay buenas candidaturas y propuestas, lamentablemente estas quedan arrinconadas por aquellas de naturaleza grupal y que solo buscan servirse de la política. No he visto una sola agrupación interesada en los aspectos productivos y de desarrollo. Todas están preocupadas en copar el poder. En lo personal, no creo que con el nuevo Congreso cambien las cosas en el país”, señala.

El presidente de AREX Lambayeque enfatiza en los tiempos que dispondrá el nuevo Parlamento, que dadas las circunstancias podrá ejercer solo tres legislaturas, de las cuales la última, entre marzo y julio del 2021, se verá opacada por el escenario electoral nacional de ese año.

“¿Qué podemos esperar? Creo que con un poco de meditación podemos decir que nada. Los que saldrán elegidos este domingo, ¿conocen de constitución?, ¿saben realmente de desarrollo y función legislativa? Irán a aprender y mientras tanto, ¿qué? Lo que yo veo es que aquí el interés está concentrado básicamente en el poder y el poder es opuesto al desarrollo”, indica.

Anota que la clase intelectual del país se ha dedicado al mundo social, mas no a los aspectos productivos y de desarrollo.

“Hay una habilidad para encontrar culpables, pero no soluciones; habilidad para dilatar los tiempos, para dejar de hacer, para mostrar desinterés por lo que realmente importa para el país. El presidente de la república, por ejemplo, tiene un discurso que para hacer realidad tiene que pasar por decisiones políticas y a veces quienes toman las decisiones no están interesados en que ese discurso se convierta en hechos. A mí, verdaderamente, me da pena que hoy la gente se conforme con que se proyecte un crecimiento de la economía del 2 %”, precisa. 

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