El proceso de descentralización es esencial para un país, pues promueve la equidad y la eficiencia administrativa acercando la toma de decisiones a las realidades locales. En un diseño centralista, el poder y los recursos se concentran en la capital, marginando otras regiones y generando desigualdades. Este escenario debilita la unidad nacional y provoca conflictos sociales, haciendo la gobernabilidad un desafío.
Durante los primeros años de la República del Perú, las Juntas Departamentales jugaron un rol crucial. En esa época, la población estaba distribuida en varias ciudades, sin ninguna que concentrara más del 10% de la población total hasta 1931. Según Pedro Planas, los periodos de mayor estabilidad en el Perú coincidieron con tiempos de descentralización efectiva, sugiriendo que los órganos descentralizados aportaron estabilidad al régimen republicano.
En la constitución
Las constituciones que no incluían mecanismos de descentralización auténtica fueron promulgadas bajo líderes autoritarios como Santa Cruz (1826), Gamarra (1839), Leguía (1920) y Fujimori (1992). Particularmente, las intervenciones de Leguía y Fujimori fortalecieron el centralismo y debilitaron la institucionalidad. Durante el gobierno de Leguía, se crearon Congresos Regionales sin presupuesto ni capacidad ejecutiva, eliminando a las Juntas Departamentales y consolidando el centralismo. Este período también vio un aumento de funciones estatales y, por ende, una mayor concentración de poder en Lima, incrementando la desigualdad regional.
Entre 1940 y 1972, la población de Lima creció significativamente debido a políticas centralistas, pasando de concentrar el 9.4% de la población total a un 24.2%. Este crecimiento exacerbó la provisión desigual de servicios y la concentración de la riqueza en la capital. Durante el mismo periodo, se crearon órganos desconcentrados del gobierno nacional sin un criterio integral, sustituyendo a los organismos de administración descentralizada.
Fue recién el Congreso Constituyente de 1979 el que mostró una vocación descentralizadora, reflejada en su Constitución. Este definió al Perú como un "Gobierno unitario, representativo y descentralizado". Esta constitución impuso la regionalización como mecanismo para la descentralización, diferenciando regiones de departamentos y estableciendo un cronograma para el proceso, incluyendo la creación de un Fondo de Compensación Regional. Sin embargo, la creación de regiones a menudo respondió a la existencia de departamentos, ignorando criterios históricos, económicos y administrativos.
Entre 1988 y 1989 se crearon 11 regiones, pero la implementación fue deficiente. En 1990, se realizaron elecciones para establecer Asambleas Regionales, pero el proceso se complicó por la falta de recursos y personal capacitado. Con la llegada de Alberto Fujimori, se recortaron medidas favorables a la regionalización, culminando en el autogolpe de 1992 que disolvió los gobiernos regionales y los reemplazó por Consejos Transitorios de Administración Regional designados por el Ejecutivo.
La Constitución de 1993 estableció la descentralización como un proceso permanente, pero sus disposiciones fueron vagas y contradictorias. No definió claramente la autonomía política, económica y administrativa de las regiones, ni especificó los recursos o competencias de los mismos. Además, se creó el Ministerio de la Presidencia, encargado de las regiones, contradiciendo el espíritu descentralizador.
No existe alguna disposición que vincule la representación en el Congreso con las regiones, departamento o provincias. La ley electoral tampoco solucionó esta situación, la elección de Congresista s de 1995 fue por distrito único, lo cual agravó la situación siendo que finalmente se aprobó en la Ley de 1997. El Congreso pasó de tener una representación de provincianos de 76% en 1985 a 56% en 1995.
El Congreso de 1998 aprobó la Ley Marco de la Descentralización, que sustituyó los Consejos Transitorios de Administración Regional por Consejos Transitorios de Administración Departamental, señalando que la descentralización se haría a través de los departamentos y no de las regiones, contraviniendo las disposiciones constitucionales.
Del 2000 a la fecha
Desde el 2000, la descentralización en Perú ha tenido avances y retrocesos. Se lograron importantes pasos con la creación de los Gobiernos Regionales en 2002 y la elección de sus autoridades. Sin embargo, la falta de capacidad administrativa, problemas de corrupción y una inadecuada transferencia de recursos han limitado su impacto positivo. El centralismo persistente y decisiones clave concentradas en el gobierno central han generado desigualdades regionales. La crisis política recurrente y cambios frecuentes de liderazgo han impedido consolidar una estructura descentralizada efectiva. Fortalecer las capacidades institucionales y garantizar una distribución equitativa de recursos sigue siendo un desafío urgente.
En conclusión, el centralismo en Perú se ha fortalecido, especialmente a nivel político.
Restricciones en la formación de partidos políticos nacionales y la imposibilidad de poder gestionar los recursos generados en la propia región han dificultado la descentralización. Las campañas presidenciales nacionales también han sido una barrera para los movimientos regionales.
La experiencia peruana muestra que si bien se han iniciado algunos procesos descentralizadores estos luego han sido revertidos, por lo cual es fundamental un arreglo institucional que asegure un proceso gradual, permanente y democrático. La representación democrática y la rendición de cuentas son esenciales en un estado descentralizado y moderno, así como para que los políticos y autoridades sirvan a los intereses y necesidades de los ciudadanos.
(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com
El Gobierno Regional de Lambayeque, a través de la unidad ejecutora Sede Central, contrató en abril pasado con una empresa de Áncash la compra de S/ 195 mil en cuyes, hembras y machos de la raza Perú y tipo mejorado. Ese mismo mes emitió una orden de servicios a favor de un proveedor de Junín, que sólo días antes tramitó su permiso para facturar, por la compra de más cuyes, por un monto ascendente a 57 mil soles. Los cuyes serán entregados a asociaciones de naturaleza privada.
El 27 de marzo, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el Gobierno Regional de Lambayeque convocó la Adjudicación Simplificada AS-SM-29-2024-GR.LAMB-1, “Adquisición de cuyes reproductores para los diferentes planes de negocio, para mejorar la producción y productividad de los agentes económicos organizados - Metas: 210, 217, 276, 241, 207 y 271”, estableciendo un valor referencial de 216 mil 118 soles.
El comité de selección estuvo conformado por Aland Alarcón Vásquez, como presidente, Eduardo Cortavarría Ledesma, primer integrante, y Diafanador Pérez Vegas, segundo integrante. Los dos primeros como representantes de la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo y el último de la Oficina de Logística.
El 17 de abril, el comité adjudicó al postor Granja Perú SAC, descalificando al segundo postor, Consorcio Fundo Padrio Pradera (con domicilio en Huancayo, Junín), por no acreditar experiencia de contratación suficiente.
Así, el 30 de abril el jefe de la Oficina Regional de Administración, Carlos Escalante Gómez, firmó el Contrato n.° 0000027-2024-GR.LAMB/ORAD, con el gerente titular de Granja Perú, Asunción Luna Huyaney. La empresa, cuya adjudicación fue 195 mil 500 soles, tiene domicilio legal en Huarapampa, Huaraz, Áncash.
Incongruencias en contrato
Sin embargo, tras la revisión de los documentos del proceso y la contratación, Expresión ha detectado incongruencias en lo que se señalan las bases integradas y el contrato firmado entre Escalante Gómez y el representante de Granja Perú.
Esto debido a que las bases especifican que la empresa deberá entregar 4,937 unidades de cuyes, mientras que la suma de unidades en el contrato asciende a 6,508.
Asimismo, en las bases se señala que serán siete asociaciones de productores a las que la empresa deberá entregar los cuyes a 10 días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. Empero, en el documento contractual sólo figuran cuatro asociaciones. Lo expuesto se trataría de un error material, pero que también podría constituirse en un vicio del acuerdo.
La división de los 195 mil 500 soles ofertados por Granja Perú SAC entre las 4,937 unidades que señalan las bases, arroja a un costo unitario de 39.49 soles por cuy.
Primera compra
Por otro lado, el 1 de diciembre del año pasado, el Gobierno Regional de Lambayeque lanzó el proceso AS-SM-75-2023-GR.LAMB-1, “Adquisición de cuyes de raza Perú Tipo I Etapa reproductor”, el mismo que fue adjudicado al Consorcio Fundo Padrio Pradera (descalificado en el proceso de este año), representado por Carlos Colonio Díaz, quien ofertó los 1,056 cuyes requeridos por 57 mil 940 soles.
El contrato fue suscrito el 9 de abril de este año entre Colonio Díaz y el jefe de la Oficina Regional de Administración. Los 1,056 debieron entregarse a los 5 días contados a partir de la firma de contrato para beneficiar a cuatro agentes económicos organizados (asociaciones privadas de productores).
Para el pago en cumplimiento del contrato, el 17 de abril se emitió la Orden de Servicio n.° 259.
En total, entre el contrato con Granja Perú SAC y el Consorcio Fundo Padrio Pradera, el Gobierno Regional de Lambayeque estima pagar 253 mil 474 soles por la compra de cuyes.
En Agricultura
Estas compras son paralelas a las que desarrolla la Gerencia Regional de Agricultura, que el 21 de mayo lanzó el proceso AS-SM-9-2024-GR.LAMB/GRA-1, “Adquisición de cuyes reproductores para la ejecución del proyecto ‘Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva del cuy en las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe del departamento de Lambayeque’ con CUI 2317287”. La entrega de la buena pro está prevista para este 30 de mayo.
Con este proceso se espera la compra de 8,352 cuyes para beneficiar a otras 58 asociaciones productoras.
+ NOTICIAS:
Habría actuado contra miembros del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque porque sancionaron disciplinariamente a su esposo, el también notario Pedro Abraham Valdivia Dextre
Mediante resolución N° 09, del 27 de mayo del 2024, el jefe de Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, dispuso abrir procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, Karim Virginia Ninaquispe Gil, por la presunta comisión de falta muy grave, tipificada en el numeral 5 del artículo 47º de la Ley de Carrera Fiscal, Ley Nº 30483; es decir, por actuar en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo.
La resolución de Arteaga Vera se sustenta en el informe signado con el N° 2411010000-2023-378-0, del 29 de enero del 2024 emitido por el responsable (e) de la Comisión de Investigación Preliminar para Procedimiento Disciplinario de la Oficina Desconcentrada de Control de Lambayeque, Telésforo Vásquez Figueroa, quien fue de la opinión de haber mérito para abrir procedimiento disciplinario contra la abogada Karim Virginia Ninaquispe Gil, en agravio del notario José Oréstedes Santisteban Calderón y su hijo Rainerio Alexis Santisteban Chávez.
Pero eso no es todo. El jefe de Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, también ha solicitado al fiscal Coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, José Oscar Guevara Gilarmas, remita copias de la carpeta fiscal Nº 216-2021, donde la fiscal Karim Ninaquispe viene investigando por el delito de peculado por extensión, al notario Carlos Alberto Caballero Burgos, no descartándose que la investigación sea porque Caballero Burgos fue quien dispuso investigación disciplinaria contra el notario Pedro Abraham Valdivia Dextre, esposo de la fiscal investigada.
ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL
El proceso disciplinario contra la fiscal Karim Ninaquispe no solamente es de conocimiento de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque, sino que también se ha puesto en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control, entidad encargada del control funcional de fiscales y del del personal de función fiscal.
Entre sus principales funciones de la Autoridad Nacional de Control está la de investigar, en el marco del procedimiento administrativo-disciplinario, hechos, acciones u omisiones que constituyan infracciones disciplinarias por parte de fiscales y del personal de la función fiscal, así como imponer las sanciones disciplinarias que correspondan y formular las recomendaciones de destitución respectivas.
CARGOS FORMULADOS
Conforme a la resolución en debate, a la fiscal Karim Virginia Ninaquispe Gil, se le atribuye haberse avocado al conocimiento del caso Nº 407-2023, originado por una supuesta denuncia anónima por el delito de lavado de activos, a pesar que ella habría tenido conocimiento que uno de los denunciados era el notario José Orestedes Santisteban Calderón, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque.
Según la queja contra Karim Ninaquispe, tenía conocimiento que con fecha 10 de agosto de 2023 el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque, presidido por José Orestedes Santisteban Calderón, había remitido los expedientes administrativos Nº 01-2016 y 09-2019 al decano del Colegio de Notarios de Lambayeque, para que ejecute las sanciones de suspensión por los espacios de tiempo de 30 y 15 días, contra el notario Pedro Abraham Valdivia Dextre, esposo de la fiscal investigada.
Se hace conocer que la segunda sanción, la de 15 días, era de conocimiento público al haber sido publicada en los diarios La República y El Peruano los días 17 y 19 de agosto del año 2023; y, que al momento de ejecutarse encontraron resistencia del notario sancionado, motivando que José Orestedes Santisteban Calderón, en su calidad de presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque, inicie un nuevo procedimiento administrativo disciplinario por infracción muy grave, contra el notario Pedro Abraham Valdivia Dextre, dictando como medida cautelar una suspensión por 90 días, tal y como consta en la resolución N° 01-2023 del 27 de setiembre del año 2023, contenida en el expediente N° 11-2023.
Sin embargo, a los pocos días de emitirse la nueva sanción contra Valdivia Dextre, el 11 de octubre del año 2023 la fiscal Karim Ninaquispe emite la disposición Nº 01 en la carpeta fiscal Nº 407-2023, en la que ordena iniciar diligencias preliminares de investigación por el plazo de 8 meses contra el notario José Oréstedes Santisteban Calderón y su hijo Rainerio Alexis Santisteban Chávez, por el presunto delito de lavado de activos.
DENUNCIA ANÓNIMA
Karim Ninaquispe apertura la carpeta fiscal en base a una denuncia anónima, sospechosamente hallada tirada en el piso del interior de la sede policial anticorrupción, por la suboficial PNP de tercera Karen Morales Luis, la mañana del 30 de setiembre del 2023.
La denuncia anónima no fue ingresada formalmente por mesa de partes el día de su hallazgo, y aleatoriamente sea asignada al fiscal de turno que correspondía, sino que fue entregada al jefe de la Policía Anticorrupción, quien luego de 72 horas, el 2 de octubre del 2023, recién remitió la denuncia directamente a la fiscal Karim Ninaquispe.
Todo ello sucedió posterior a las acciones administrativas disciplinarias tomadas por el Colegio de Notarios de Lambayeque, contra el esposo de la fiscal Karim Ninaquispe, el notario Pedro Abraham Valdivia Dextre, no desestimando que la denuncia por lavado de activos podría tratarse para frenar toda acción de sanción disciplinaria contra el esposo de la representante del Ministerio Público.
URGAN EN FISCAL COORDINADOR
A los medios de prueba presentados por la parte afectada, el notario José Oréstedes Santisteban Calderón y su hijo Rainerio Alexis Santisteban Chávez, el jefe de Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, también ha requerido que el fiscal Coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, José Oscar Guevara Gilarmas, informe respecto al número de denuncias anónimas recibidas por dicha sede fiscal, desde su inicio.
Igualmente, se ha solicitado se remita copia del cuaderno de cargos de las denuncias que durante el año 2023 hayan sido asignadas a la fiscal Karim Ninaquispe Gil; así como copia del archivo Excel del mes de octubre de 2023, mediante el cual las denuncias son distribuidas a la FECOF.
Lo peticionado por el jefe de Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, se ampara en el oficio N° 479-2023-MP-FN-DC-FPCEDCF- LAMBAYEQUE-JOGC, del 24 de noviembre de 2023, donde el fiscal Coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, José Oscar Guevara Gilarmas, afirma que a través de la mesa de partes las denuncias son distribuidas de manera proporcional y equitativa entre cuatro despachos.
RESPETO AL TURNO
En el documento se hace conocer que de todo ello se lleva control en un archivo Excel; tomando con prioridad las denuncias que se generen durante el periodo de turno del despacho fiscal; y, dentro de éstas, las que estén dirigidas directamente a los fiscales que hubieren prevenido o tomado conocimiento del hecho.
De igual manera, se hace conocer que la fiscal Karim Virginia Ninaquispe Gil, consignó en el cuaderno de cargos de entrega de denuncia Nº 3: "1) CF 407-2023 – el nombre de “Karim Turno", cuando realmente no se encontraba de turno. Mucho menos, no debió recibir la denuncia anónima al no haber prevenido el caso y tampoco haber tomado conocimiento del caso con anterioridad.
A ello, la suboficial PNP de tercera. Karen J. Morales Luis, en su declaración sostiene que enviaron la denuncia anónima al despacho de la fiscal cuestionada, porque le indicaron que ella estaba de turno; sin embargo, ella no se encontraba de turno. Además, ese día, 2 de octubre del año 2024, la fiscal cuestionada no previno, no tomó conocimiento del caso y no había flagrancia delictiva, porque la denuncia anónima había sido encontrada el día 30 de setiembre del 2023.
DEBIÓ INHIBIRSE
En los cargos formulados, reza la resolución N° 09 del 27 de mayo del 2024, la fiscal Karim Ninaquispe debió haberse inhibido de investigar al notario José Oréstedes Santisteban Calderón y su hijo Rainerio Alexis Santisteban Chávez, por el presunto delito de lavado de activos, a sabiendas que uno de ellos era notario y presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque, y era la persona que había emitido resoluciones de sanción disciplinaria contra el notario Pedro Abraham Valdivia Dextre.
DECLARADA REBELDE
En la resolución N° 09, el jefe de Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, requiere a la fiscal Karim Ninaquispe que en el plazo de cinco días hábiles presente su informe de descargo, adjuntando documentos sustentatorios pertinentes.
En caso de incumplimiento, la fiscal Karim Ninaquispe Gil será declarada rebelde, sin que ello signifique estancamiento del proceso disciplinario.
Ex directivos se habrían apropiados de más de 200 millones de soles
Las denuncias penales contra las administraciones judiciales que tuvieron a cargo el “desarrollo” de la empresa agroindustrial Tumán, parecen estar estancadas en el Ministerio Público, lo cual impide que se avance con las investigaciones y los responsables que han llevado a la crisis y a la miseria a la empresa azucarera sean castigados con todo el peso de la ley.
Mientras tanto, la empresa se encuentra paralizada y los trabajadores no reciben sus salarios y beneficios sociales desde el año 2015, cuando en la otrora “gran azucarera del norte” la masa laboral y sus familias vivían con tranquilidad. “Ahora, la situación es muy distinta, viviéndose en situaciones extremadamente difíciles”, reveló Gilberto Carrasco Lucero, abogado del Frente de Defensa de los Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán.
“Es de importancia que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para desbloquear esta situación y garantizar los derechos de los trabajadores. Además, se requiere de investigaciones diligentes ante las denuncias presentadas y la implementación de soluciones que permitan reactivar las operaciones de la empresa de manera justa y transparente. Los trabajadores no deben ser los principales afectados por esta problemática”, señaló.
Hace tres años
Carrasco Lucero detalla que desde el año 2021; es decir, hace tres años, se han presentado denuncias penales ante el Ministerio Público por parte del Frente de Defensa de los Trabajadores de la empresa Tumán, por apropiación y supuesta desaparición de más de 200 millones de soles.
Estas denuncias –añade- están dirigidas contra aquellos trabajadores que asumieron cargos como administradores judiciales desde el año 2015. Dichos administradores judiciales no habrían actuado de forma favorable para los intereses de los trabajadores y la empresa, sino que por el contrario, habrían empeorado aún más la situación social y económica de los empleados y sus familias.
La sucesión constante de administraciones judiciales agravó aún más la situación en la azucarera, cuyas disposiciones provenían de diversos juzgados y distritos judiciales.
Lo más preocupante -señala- es que a pesar de haber denunciado en su momento y oportunidad a las cuestionadas administraciones judiciales, el Ministerio Público no haya actuado con la debida diligencia para investigar y solicitar la sanción penal que corresponda. Todo esto mantiene desprotegido a los trabajadores, quienes siguen padeciendo las consecuencias de la grave situación.
“Se hace imperativo que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva, identifiquen las responsabilidades y tomen las medidas necesarias. No puede permitirse que esta situación de abandono y negligencia se prolongue aún más”, acotó.
Campos sin siembra
Desde el año 2015, la empresa Tumán dejó de sembrar y cosechar caña de azúcar, limitándose únicamente a consumir lo que ya estaba sembrado y a vender esa producción, cuyos dineros nunca ingresaron a la caja de la empresa sino a cuentas personales de los administradores judiciales, lo que implica un posible desvío de fondos y un manejo irregular de los recursos de la empresa, en detrimento de los trabajadores y de la propia sostenibilidad del negocio.
“Es una situación que denota un grave incumplimiento de las funciones y responsabilidades de los administradores judiciales designados, lo que nos lleva a actuar para no permitir que este tipo de prácticas irregulares queden impunes”, señaló.
Auditoria de parte
Los trabajadores, a través de su Frente de Defensa, realizaron una investigación e incluso una auditoría administrativa en la empresa azucarera, con el objetivo de determinar los ingresos y egresos de dinero.
Los resultados ha dejado preocupada a la masa laboral, apuntando a un presunto desvío de fondos y un manejo fraudulento de los recursos de la empresa por parte de los administradores judiciales, en una conducta que constituiría en graves delitos.
Es fundamental y crucial -señala- que se restablezca la legalidad y la transparencia en la administración de la empresa Tumán, y que se haga justicia en favor de los trabajadores.
Primera denuncia
Los trabajadores agremiados en el Frente de Defensa, presentaron una denuncia inicial ante el Ministerio Público, específicamente ante la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, en el año 2021. Esta denuncia se encuentra en la carpeta fiscal número 261-2021, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe.
A la fecha, no hay resultados a pesar de estar el periodo de investigación preliminar próximo a vencer, siendo necesario que la representante del Ministerio Público actúe con diligencia y celeridad, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, tomar una decisión sobre si continúa o no con la investigación contra la administración judicial que dirigió Marcelino Llontop Suyón en compañía de Diógenes Bocanegra Irigoín y Jorge Antonio Paredes Delgado.
“Mientras ello ocurre, los trabajadores de la empresa Tumán sufren graves perjuicios a causa de esta situación, por lo que es imperativo que las autoridades competentes le den prioridad a este caso y tomen las medidas necesarias para proteger sus derechos. No puede permitirse que el paso del tiempo perjudique aún más a esta comunidad laboral”, dijo el letrado.
Más denuncias
Posteriormente, se interpuso otras denuncias contra las administraciones judiciales de César Augusto Sandoval Lozada, Alejandro Zevalles, Daniel Rioja y Manuel Guillermo Martínez, las que se encuentran en la misma situación de espera.
“El denominador común que se ha descubierto, es que las ventas del producto que producía la empresa agroindustrial Tumán, era que todo se vendía, pero el dinero se depositaba a las cuentas personales de los administradores judiciales, perjudicando a la empresa y a los trabajadores, los que ahora ven como los bienes de la empresa se venden como chatarra”, señala Carrasco Lucero.
No pueden justificar
A la actualidad, todas las denuncias que se han interpuesto, desde el 2015 al año 2022, -explica- se han acumulado en la Carpeta Fiscal N° 018-2018, la que se encuentra a cargo del fiscal José Luis Jaramillo, quien ha tomado algunas declaraciones de los involucrados, entre ellos a César Augusto Sandoval Lozada, quien habría podido justificar el dinero que recibió en sus cuentas.
“En sus cuentas se registra depósitos de dinero por parte de la empresa Alimenta Perú. Dicha empresa depositó 6 millones de soles, de los cuales una parte se depositó en la cuenta de César Augusto Sandoval Lozada, y otra parte se depositó en la cuenta del tesorero de la administración judicial”, explicó.
Frente a esa situación -afirma- se ha considerado necesario que se le ponga la atención adecuada, presentando peritajes de parte para demostrar la cantidad de dinero que debió ingresar a la empresa y que no está registrado.
“El Ministerio Público también ha considerado necesario realizar una pericia contable. En mayo del 2023 se nos informó que había presupuesto para realizarla, pero a la fecha aún no tenemos resultados”, detalló.
Otra preocupación de los trabajadores es que el plazo de investigación de la carpeta fiscal N° 018-2018 ya está por vencer y el fiscal aún no decide si acusa o sobresee.
“La preocupación es que al término del plazo el fiscal sobresea o acuse sin tener los fundamentos que el acto penal requiere para acusar, caso contrario se irá al archivo definitivo”, resaltó.
Inventaron crímenes
“En la afectación a la empresa Tumán y en las investigaciones realizadas en contra de los inversionistas, hay intereses subalternos, así como un sinnúmero de actos dolosos e incluso se han inventado crímenes para evitar la presencia de inversionistas, por parte de algunas autoridades que ya no están en el Ministerio Público.
Para mejorar la situación económica, laboral y social de la empresa Tumán, no existe interés de los defensores del Estado e incluso del mismo procurador, quien a la fecha no se presenta a ninguna investigación a pesar de haber sido debidamente notificado”, explicó.
Millones tras millones
El letrado no descartó la existencia de una “mano negra” con vínculos de intereses en la crisis que se vive en la empresa Tumán, la que ahora ha puesto al descubierto y ha llevado a determinar la existencia de una deuda laboral de 250 millones de soles.
En compromisos tributarios, hasta el 2023, Tumán tenía una deuda de 200 millones de soles. Además, por año, desde su crisis, Tumán está dejando de percibir 110 millones de soles anuales.
En la azucarera -sustenta- no hay siembra, no hay cosecha, no hay molienda, la que ahora se hace imposible porque la fábrica no está en buenas condiciones e incluso algunos accesorios han desaparecido.
“Luego de las administraciones judiciales, surgieron nuevos millonarios en Chiclayo. Desde el 2015 los trabajadores no perciben haberes y beneficios sociales. Se hace necesario que cuanto antes se realice la pericia oficial del Ministerio Público contra las ex administraciones judiciales y evitar que en juicio los responsables de la desgracia en Tumán puedan encontrar alguna forma de evadir su responsabilidad”, indicó.
Caos en propiedades
En este disturbio, se ha producido un gran desorden lo que significa ganancias de algunos. Hay invasión de tierras de Tumán, aprovechamiento y explotación particular de las tierras, así como aprovechamiento de su patrimonio, al no existir un directorio legal.
“Hace poco un tráiler cargado de caña de azúcar de Tumán fue intervenido por la Policía, pero el Ministerio Público dispuso se le entregue al señor Alejandro Zevallos como presunto depositario, y cuando se le solicitó lo devuelva, se ha negado a hacerlo, aprovechándose del caos que existe en la azucarera”, dijo Carrasco Lucero.
Descabezado
En estos momentos – relata- no existe directorio en la empresa agroindustrial Tumán. De facto aparece Alejandro Zevallos, quien está tratando de utilizar los pocos recursos que quedan de la empresa.
“El señor Alejandro Zevallos no tiene mandato judicial, él y sus acompañantes se están imponiendo por la fuerza a los trabajadores; sin embargo, el Ministerio Público no avance con las investigaciones y vía la legalidad vuelva el orden a la empresa azucarera”, sentenció.
El CPC Walter Culqui Carrera, gerente general de Azucarera Pomalca, denunció que Hebert Mejía Ramírez, uno de los actuales poseedores de las tierras invadidas en Samán, propiedad de la empresa, acudió a la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque para solicitar se declare los predios de la empresa en abandono, con el objetivo de apropiarse definitivamente de más de 30 hectáreas de este dominio en el campo San Miguel, valorizado en varios millones de soles, situación que deberá ser dilucidada por Asesoría Legal del Gobierno Regional de Lambayeque.
El funcionario de la Azucarera Pomalca refirió que está situación es anómala porque cuando se tomaron por asalto las tierras de propiedad de la azucarera, se denunció la invasión, se demostró la propiedad, se realizaron las denuncias policiales, fiscales y el Poder Judicial inició un juicio contra los presuntos invasores, identificados como los incitadores de esta acción ilegal.
Tras nueve años del inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Público, éste acusó por usurpación a los invasores del predio Samán, requiriendo al Poder Judicial que imponga cinco años de pena privativa de la libertad.
Es así que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, que despacha el fiscal José Eduardo Céspedes García, formuló acusación por el delito de usurpación agravada, contra ocho personas, quienes habrían invadido de manera violenta un área aproximada de 30 hectáreas del predio Samán, en el campo San Miguel de propiedad de Azucarera Pomalca.
Historia del caso
Culqui Carrera relató a Expresión que el hecho se produjo el 30 de septiembre del 2015, habiendo trascurrido 9 años para que se formalice la investigación contra Teodosia Culqui Culqui, América Mendoza de Montalván, Dina Muñoz Livaque, Julián Anticona Dominguez, Darío Muñoz Livaque, Juan Eleuterio Saavedra Gonzáles, Henry Petter Huauya Huamán y Rosa Gonzáles Munayalle, entre otros, solicitando una pena privativa de la libertad de 5 años. Asimismo, la empresa Pomalca ha solicitado la restitución del predio usurpado conforme a ley.
A la fecha, este proceso se encuentra en la etapa de juicio oral ante el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, que despacha el juez Juan Cubas Bravo, en donde algunos de los acusados como Dina Muñoz Livaque, Darío Muñoz Livaque, Juan Eleuterio Saavedra Gonzáles y Rosa Elvira Gonzáles Munayalle habrían aceptado su responsabilidad penal por el delito de usurpación agravada, solicitando acogerse a la conclusión anticipada en el juicio.
Rara situación
Uno de los actuales poseedores de las tierras invadidas de propiedad de la empresa Pomalca, Hebert Mejía Ramírez, ha recurrido ante la Gerencia Regional de Agricultura para solicitar se declare en abandono parte de la tierra usurpada y, pese a la oposición formulada por la empresa, se emitió la Resolución Gerencial Regional N° 0453-2022-GR.LAMB/GRA, del 28 de diciembre del 2022, declarando ilegalmente el abandono y la reversión del área a favor del Estado.
Esta situación, sin justificación legal, bajo el argumento que dicha área no está siendo utilizada para la agricultura, cuando se trata de un espacio invadido desde el 2015 por los acusados. Actualmente, este procedimiento se encuentra en segunda instancia, y será el Gobierno Regional de Lambayeque el que resuelva la apelación interpuesta por la empresa Azucarera Pomalca.
“El Gobierno Regional de Lambayeque debe emitir un pronunciamiento final y contundente en respeto a la propiedad de privada, dando la razón a la empresa Pomalca, que es propietaria del predio invadido, conforme a una jurisprudencia de la Corte Suprema, evitando impunidad y que traficantes de terrenos continúen realizando este tipo de acciones ilegales. El Estado está obligado a respetar la propiedad privada, vivimos en un Estado de Derecho y exigimos garantías para las inversiones”, señaló Walter Culqui Carrera.
MP SUMA 31 CONDENAS POR CORRUPCIÓN EN LO QUE VA DEL AÑO
En el 2023, el Distrito Fiscal de Lambayeque se posicionó en el primer puesto a nivel nacional en productividad, al resolver más de 80 mil carpetas de investigación. A decir de la presidenta de la Junta de Fiscales, Carmen Mirada Vidaurre, el compromiso es mantener ese nivel de resolución de casos y avanzar en la lucha contra la criminalidad con investigaciones más céleres y eficaces.
Miranda Vidaurre explica que entre enero del 2023 y abril de este año, ingresaron a las fiscalías de Lambayeque (que comprende también a las provincias cajamarquinas de Jaén, San Ignacio y Cutervo), 112 mil 982 casos, de los cuales 55 mil 536 corresponden a delitos contra el patrimonio, siendo 27 mil 367 por hurto.
“Entre el 2023 y lo que va del año hemos obtenido cerca de ocho mil condenas en las fiscalías provinciales penales y mixtas corporativas”, destaca en diálogo con Expresión.
Avances fiscales
El Ministerio Público de Lambayeque cuenta con 42 fiscalías provinciales y 243 fiscales, quienes el año pasado lograron concluir 80 mil 591 casos, teniendo un promedio de productividad de 572 casos por cada fiscal, con lo que el distrito se ubicó como el primero a nivel nacional.
“Esto demuestra el esfuerzo permanente de los fiscales provinciales y adjuntos provinciales, así como del personal que labora en cada despacho fiscal, habiendo sido reconocidos por el señor fiscal de la nación, Juan Carlos Villena Campana, como el distrito fiscal, que a pesar de tener un menor número de fiscales en comparación con otros y con mayor densidad geográfica, ha logrado avanzar con éxito en la solución de los casos”, refiere.
Otro logro en el 2023 es la acumulación de 50 sentencias condenatorias de hasta 35 años de cárcel por el delito de organización criminal y otros, así como 60 condenas por delitos contra la administración pública (corrupción), cuyos involucrados deberán devolver los montos apropiados ilícitamente, que superan los siete millones de soles.
En la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, se logró el decomiso de 721 kilos de marihuana, 193 kilos de clorhidrato de cocaína, 74 kilos de alcaloide de cocaína y 15 kilogramos de Pasta Básica de Cocaína – PBC; así como 64 vehículos incautados y 119 sentencias condenatorias.
Respecto delitos de lesiones y agresiones, las fiscalías consiguieron mil 263 sentencias condenatorias y 39 cadenas perpetuas por violación sexual contra menores. En materia ambiental, 110 condenas y la imposición de reparaciones civiles por más de 880 mil soles.
En lo que va del año, el Ministerio Público de Lambayeque ha obtenido 31 sentencias condenatorias por delitos de corrupción.
Carga y recursos
“Cuando se implementó el Nuevo Código Procesal Penal en Lambayeque, en el año 2009, se proyectó que cada fiscal tendría a su cargo aproximadamente 350 casos al año, como máximo. Sin embargo, hemos superado largamente esa posibilidad y ahora encontramos fiscales que tienen una carga de hasta mil casos por resolver, muchos de ellos a la espera de la programación de fechas para las audiencias en el Poder Judicial”, manifiesta la fiscal decana.
La falta de personal fiscal y administrativo es una limitante para el Ministerio Público. Carmen Miranda comenta que siendo aproximadamente 700 personas las que laboral en el distrito fiscal, el número es insuficiente para atender la totalidad de la carga.
Como ejemplo cita lo que sucede en la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR, donde hay sólo tres fiscales provinciales, seis adjuntos y 12 servidores administrativos.
Denuncias de Tumán
“Esta fiscalía atiende casos complejos, al igual que la fiscalía de corrupción de funcionarios, pero en este caso la situación se hace aún más crítica porque en la FECOR se ven también casos por lavado de activos, que son muy complejos de resolver. Por ello, por ejemplo, los trabajadores de la azucarera Tumán, que han denunciado malos manejos de los administradores judiciales, reclaman constantemente”, acota.
Explica que la denuncia de los trabajadores de Tumán inicialmente fue por irregularidades en el manejo de la empresa referida a los años 2020 y 2021, la misma que posteriormente se amplió incorporando hechos referidos a años anteriores, hasta llegar al 2016.
“Al incorporarse nuevos hechos y a nuevas personas, lo que se tiene que hacer es acumular y para probar el lavado de activos se necesitan pericias. Los trabajadores reclaman porque los tiempos van pasando, pero deben comprender que por la ampliación de las denuncias, y estando estas referidas todas al manejo de la empresa, el caso se va complejizando. No hay riesgo de prescripción, eso debe quedar claro”, indica.
Carmen Miranda comenta que no hay peritos suficientes para atender las necesidades en relación a los casos de lavado de activos. Señala que existe un proyecto que involucra la construcción de un ambiente específico para peritos, que se ubica en la sede del Ministerio Público en José Leonardo Ortiz, siendo esa la primera etapa. La segunda etapa es la asignación de presupuesto para la contratación de los peritos.
Refiere que se necesitan, mínimamente, 15 peritos, pues cada perito resuelve un informe cada cuatro meses en promedio. En la actualidad, para los casos de corrupción de funcionarios, se cuenta sólo con un perito contable.
Confianza en la institución
“La situación actual ha generado críticas negativas contra nuestra institución y eso es razonable. No podemos negar que lo que ha sucedido afecta la credibilidad de nuestra institución. Sin embargo, consideramos que tenemos que resurgir, sobreponernos y trabajar para que el Ministerio Público recobre el brillo que alguna vez tuvo. Hay que separar a los buenos funcionarios de los malos, a los buenos fiscales de los malos y eso la población lo sabe”, precisa.
Finalmente, Carmen Miranda considera necesario que los representantes en el Congreso de la República reflexionen con mayor detenimiento y amplíen el debate sobre las iniciativas que se han presentado respecto al sistema de justicia, concretamente a la creación de la Escuela Nacional de Magistratura, que pasaría a reemplazar a la Junta Nacional de Justicia.
+NOTICIAS
Visiblemente incómodo por las preguntas de Expresión, el gobernador regional Jorge Pérez Flores dijo no saber cómo es que se gastan los recursos públicos en la gestión que dirige; aseguró que seguirá viajando al exterior y reconoció que hasta el momento no informa al Consejo Regional sobre su periplo por Taiwán, pese a que el plazo ya se venció.
El miércoles último desde la Oficina de Comunicaciones del Gobierno Regional de Lambayeque se convocó a una conferencia de prensa en la que, supuestamente, tanto el gobernador como otros funcionarios responderían sobre temas de coyuntura.
La cita fue a las 9:30 de la mañana en la sede regional. El gerente general del pliego, Ranjiro Nakano Osores se excusó de no poder responder a la prensa porque debía acudir a una sesión del Consejo Regional a exponer sobre el mecanismo de obras por impuestos, en tanto el gobernador participaba en una actividad en un hotel de Chiclayo. La conferencia nunca se realizó.
No obstante, los medios de comunicación abordaron a Pérez Flores en los pasillos de la sede regional, donde se pronunció, en principio, por la detención de su exgerente regional de Infraestructura, Virnel Serna Guerrero, y del exdirector de Liquidación y Supervisión, Freddy Ramos García, involucrados en una investigación por el presunto cobro de coimas a los contratistas de una obra educativa en Incahuasi, esto mientras gozaban de la confianza de la autoridad.
“Son extrabajadores que están ahora en manos de la fiscalía y el Poder Judicial para determinar su nivel de responsabilidad. Nosotros estamos trabajando con probidad, tenemos la asistencia técnica de la cooperación suiza y de Estados Unidos, a través de USAID, para poder garantizar una transparencia en todos nuestros procesos administrativos. Los hechos de investigación son por presuntos cobros o presunta coacción, pero creo que lo más importante es que se llegue a una investigación. Ya las personas están en custodia del Poder Judicial y tendrán que presentar sus descargos”, dijo Pérez Flores.
A modo de consejo, la autoridad refirió que el servidor público tiene normas administrativas que cumplir, porque de lo contrario tendrá actos civiles, penales y administrativos que enfrentar, tal como sucede con la investigación iniciada por el Ministerio Público en la cual está comprendido por la adjudicación y posterior firma de contrato con el Consorcio Vial VI, para la construcción de la carretera Ferreñafe – Mamape, pese a que fue advertido de la existencia de documentación falsas, situación que a fines de abril reconoció con la resolución que declaró la nulidad del acuerdo contractual.
Dicho consorcio recibió un adelanto de aproximadamente 900 mil soles como adelanto de obra.
Los almuerzos
El martes último, Expresión informó que el jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Sede Central, Antonio Bazán Chero, elevó el Oficio n.° 000248-2024-GR.LAMB/OFCOM [515379388 - 1], del 28 de mayo, dirigido a la jefa regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Fanny Farroñan Sánchez, en el cual solicitó la incorporación del presupuesto para la celebración del Día del Servidor Público, programada el miércoles 29 de mayo.
El monto requerido fue de S/ 35,400 para cubrir 500 almuerzos, a un costo de S/ 70.80 cada uno.
Consultados sobre si aquel requerimiento no resultaba excesivo, Pérez Flores respondió entre sonrisas:
“No creo que tengamos tanta plata, déjeme evaluar, no sé la cantidad de plata que se pueda destinar y teniendo de conocimiento que se puede pedir, pero no sé cuántos se habilite”.
Expresión le recordó a Pérez Flores que en septiembre del año pasado su gestión pagó S/ 33,150 al proveedor Sergio Rey Parraguez, por el servicio de “coffee break para el evento de exposición pública de planes de negocio”, con la Orden de Servicios n.° 1902, por lo que existen antecedentes de gastos onerosos en su administración.
“Sí, son actividades que nos las ha hecho el gobernador Jorge Pérez, hay acciones que se tienen que hacer dentro de un plan de trabajo, lo hacen todas las instituciones. Ustedes saben que el gobierno regional es una de las instituciones que más personal tiene, pero voy a averiguar”, trató de explicar Pérez Flores.
Sólo en los primeros 10 meses de la gestión de Pérez Flores, el gobierno regional gastó S/ 185,142.03 en almuerzos, refrigerios y compra de alimentos para funcionarios, servidores e invitados.
Seguirá viajando
Asimismo, se pagaron S/ 112 mil entre enero y octubre por viáticos en los viajes de diversos funcionarios, entre ellos el gobernador, que incluso recibió viáticos en el feriado por Fiestas Patrias. También se gastaron S/ 113 mil en la compra de pasajes aéreos para los desplazamientos de éstos, principalmente a Lima.
¿Volverá a viajar? Se le preguntó al gobernador regional. “Las veces que sean necesarias, cuando tengas las invitaciones y que todo esté en la regla, sí lo voy a hacer”, respondió.
Pérez Flores y su gerente general, Ranjiro Nakano Osores, se prepararían para volver a salir del país, esta vez con destino a Rumanía.
Así se señala en el Informe n.° 000002-2024-GR.LAMB.GGR, presentado el martes 28 de mayo por Nakano Osores a Pérez Flores, en el que da cuenta de que "la embajada de Rumanía brindará todas las facilidades para el viaje que realizará en la fecha del 24 al 30 de junio del presente año al mencionado país".
Este sería el tercer viaje de Pérez Flores al extranjero en lo que va del año, pues del 22 al 30 de abril viajó a Taiwán para participar de un Curso Avanzado de Relaciones Exteriores de la República de China. Sin embargo, pese a que la autorización del Consejo Regional señala expresamente que tenía 15 días a partir de su retorno para informar sobre el resultado de dicha salida al extranjero, hasta el momento el gobernador no ha cumplido con ello.
"Los documentos (informes) van a llegar", se justificó la autoridad ante la omisión.
Del 24 de febrero al 1 de marzo, Jorge Pérez y Ranjiro Nakano viajaron a España, para participar del Mobile World Congress 2024, organizado por la empresa Huawei.
Video promocional
Tampoco supo precisar cómo es que el 26 de abril pasado, la administración emitió la Orden de Servicios n.° 3247, registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, a favor del abogado Francisco Nolberto Aurich Terrones, con RUC n.° 10166361988, para la "producción y realización de video promocional", para lo cual se compromete al pago de S/ 10 mil.
“No lo conozco al señor, si así cuesta un programa, un servicio… La administración de todo esto no la hace el gobernador regional de Lambayeque, yo entiendo la posición que se tiene respecto a atañarme (sic) una actividad administrativa hacia la autoridad del gobierno regional y lo comprendo. Sin embargo, déjeme evaluar esto y si algo ocurre en contra de la norma, porque no ocurre nada fuera de la norma, se dejará sin efecto”, mencionó.
Añadió que el Órgano de Control Institucional – OCI, está activo y también el trabajo del Ministerio Público.
“Hay que evaluar por qué se compra, dónde se compra, por qué se hace en un lugar específico… Voy a tomar conocimiento y tomaré las medidas necesarias”, anotó.
