Los ciudadanos chiclayanos vienen soportando grandes decepciones al haber sido traicionados políticamente en los dos últimos gobiernos locales, esta situación ha generado una particular actitud de exigencia a la autoridad edil que recientemente asumió el sillón municipal. Los chiclayanos no están dispuestos a soportar una decepción más, por ello es que están muy atentos y sensibles a cualquier error que se puede desencadenar nuevamente en una crisis institucional.
La exigencia de un buen gobierno es alta y por ello el accionar de nuestras autoridades debe estar no solamente en línea con los valores éticos y morales sino alineados al nivel de expectativas de la población. Esta situación toma relevancia por la relación existente entre los temas de actos de corrupción u errores administrativos entendidos por la población como actos de corrupción y el de la gobernabilidad. Esta relación puede entenderse al menos en dos sentidos. Si se entiende por gobernabilidad la capacidad que el poder político tiene para conducir a la sociedad en una cierta dirección, entonces el factor de la legitimidad resulta indispensable. Si hablamos de gobernabilidad democrática, y no de imposición autoritaria, es evidente que solo el poder que es considerado válido por la población puede gobernar efectivamente. Un poder sin credibilidad está incapacitado de desarrollar políticas públicas, es decir, de proponer metas y cursos de acción a la población. Y, por lo tanto, el espectáculo de la corrupción es un serio límite a la gobernabilidad, pues ella resta credibilidad a los gobernantes.
Hoy más que nunca es momento acciones concretas para poner freno a este mal porque además de las enormes pérdidas económicas, a herido de muerte la legitimidad del orden democrático y ha destruido la gobernabilidad del sistema entendida ésta como la capacidad del poder político para conducir las políticas públicas para lograr bienestar de nuestra sociedad.
Desde otro punto de vista y en línea con (Lerner, 2018), la corrupción atenta contra la gobernabilidad al hacer que las acciones del Estado resulten costosas e ineficaces. La corrupción es la causa de la dilapidación de los recursos públicos. Ella disminuye las posibilidades de que se satisfaga realmente alguna necesidad de la población. Y además interfiere con los programas de gobierno razonables, si los hay, al desviarlos para priorizar acciones que den ocasión al lucro ilegal. La proliferación de obras públicas innecesarias y sobrevaluadas en nuestro país debería relevarnos de mayor explicación al respecto.
Esta relación entre corrupción o percepción de la misma y gobernabilidad debe ser considerada por las autoridades ya que al debilitar la gobernabilidad la ciudadanía empieza el proceso de deslegitimación social de sus autoridad y con ello un desánimo que se traduce en la baja tasa de impuestos locales, baja recaudación, bajo presupuesto para realizar obras, descontento ciudadano y se forma un perfecto círculo vicioso enemigo del desarrollo local. Es decir nuestra autoridad local no solo debe ser honesto y transparente sino también parecerlo y lamentablemente hay un filón de acciones en los primeros treinta días del año que no apuntan en esa dirección, por ello estas líneas de reflexión.
Doctor en Economía.
