La mañana del martes 6 de junio, un aproximado de 500 trabajadores de la empresa Agroindustrial Tumán llegaron hasta la sede de la Fiscalía Anticorrupción, ubicada en la cuadra nueve de la avenida Luis González, en Chiclayo. Esa no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo hacían. Era la vez número cincuenta que marchaban en protesta. La consigna fue la misma de siempre: lograr justicia para la empresa azucarera que -según refieren- fue desfalcada en más de 200 millones de soles por las ex administraciones judiciales. Sin embargo, 41 meses y 50 marchas después, el fiscal a cargo del caso, Luis Jaramillo Cubas, aún no formaliza la denuncia contra los presuntos responsables.
“El plazo de los cinco meses ya se cumplió, por eso es que nosotros hemos venido en marcha para exigirle al fiscal Luis Jaramillo Cubas que ya denuncie a estos señores que le hicieron daño a Tumán, llevándose más de 200 millones de soles. Le exigimos que pida una prisión preventiva para todos los que son culpables de esta desgracia en Tumán”, señaló el martes Vicente Castillo Nicolás, presidente del Frente de Defensa de Tumán, en alusión a los cinco meses adicionales que solicitó el fiscal Jaramillo, luego de que se venciesen los 36 meses que se dieron originalmente como parte de la investigación compleja.
Los investigados
El fiscal Luis Jaramillo, titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, tiene en sus manos el caso desde el 2022 (antes estuvo en manos del fiscal Juan Carrasco Millones), tiempo durante el cual solo se ha formalizado la investigación preparatoria, mas no se han realizado actos para preservar el patrimonio depredado a la empresa, que asciende a alrededor de 200 millones de soles.
El período investigado va del 2015 al 2019, siendo los aludidos Marcelino Llontop Suyón, Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Eguzquiza Sánchez, César Augusto Sandoval Lozada, Daniel Rioja Sánchez, Eric Benavides Timaná, entre otros.
“Son cuatro las administraciones cuestionadas, la denuncia se hizo en diferentes carpetas, pero luego la fiscalía consideró que se deberían agrupar en una sola y se acumularon en la Carpeta n.°18-2018, a cargo del fiscal Jaramillo. Él ha hecho algunas acciones a impulso nuestro y ha establecido que hay indicios razonables de la comisión del delito, ha formalizado la investigación y a pesar de que ha tomado declaraciones de los implicados del caso y ha podido establecer que -efectivamente- lo que nosotros decimos es cierto, hasta la fecha no ha tomado ninguna acción para preservar el dinero que se llevaron”, señala Gilberto Carrasco Lucero, abogado de los trabajadores.
Períodos
Entre las acciones de presunta irregularidad que se investigan durante el período comprendido del 12 de septiembre del 2015 al 15 de septiembre del 2016, donde estuvo al frente Marcelino Llontop Suyón, está la apertura de cuentas personales para depósitos de dinero por 4 millones 916 mil 287 soles, la cancelación de servicios no realizados, la cancelación de préstamos simulados, la emisión de recibos sin valor y la entrega de bolsas de azúcar a favor de terceros.
Asimismo, está el pago de un millón 481 mil 24 soles a las empresas: ‘Servicio Universal Click SAC’ y ‘Aseo y Servicios Diversos SA’; el pago a la empresa ‘Kapaucar’ por 2 millones 536 mil 787.30 soles, al Servicios de Estudio Jurídico GB&V SAC por 778 mil 166 soles y servicios legales por un millón 178 mil 683.06 soles.
Del 16 de septiembre del 2016 al 31 de octubre de ese mismo año las riendas de Tumán estuvieron administradas por Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Eguzquiza Sánchez y César Augusto Sandoval Lozada.
De este breve período se investiga la apertura de cuentas en dos entidades bancarias por parte de Alejandro Zevallos, la adquisición de suministros por un millón 970 mil 302.16 soles, gastos legales por 156 mil 738.60 soles, el pago al abogado Carlos Martín Castillo Olazo por 84 mil 653.20 soles y la emisión de recibos provisionales por un millón 89 mil 62.25 soles.
Posteriormente estuvo Alejandro Zevallos en solitario hasta el 20 de marzo del 2017. De este tiempo se investiga el contrato en Bagua con Alimenta Perú para la venta de azúcar por seis millones 315 mil soles, un depósito en su cuenta personal del Banco Continental por la suma de tres millones 15 mil soles y un depósito en una cuenta personal de Interbank a nombre del tesorero de apellido Cajusol por tres millones 300 mil soles
De acuerdo al Informe de auditoría, durante este período ingresaron 51 millones 804 mil 53 soles y hubo un egreso de 26 millones 319 mil 562 soles.
La fiscalía también investiga la administración judicial de Daniel Rioja Sánchez y Martín Guillermo Martínez Valdiviezo. Ellos estuvieron al frente de Tumán en dos períodos: del 21 de marzo del 2017 al 24 de abril de ese año y del 13 de octubre del 2017 al 30 de enero del 2018.
De esta administración la fiscalía investiga la aceptación de un pagaré en Sechura por tres millones 300 mil soles con la empresa Multinegocios del Pacífico SAC que no ingreso a la caja de Tumán y el otorgamiento de un poder a Salatiel Marrufo para aceptar un pagaré en Bagua a Multinegocios del Pacífico SAC por un millón 800 mil soles que tampoco ingreso a caja.
Además, la fiscalía investiga un hecho inusual: el mismo día en que se deja sin efecto la designación de los administradores judiciales (24 abril 2017) se aceptó una letra de cambio por dos millones 509 mil 40 soles que tampoco ingresó a caja. Al día siguiente también se vendieron 259 mil litros de alcohol por un valor 608 mil 650 soles con cheque a nombre del excajero.
De igual forma, se investiga el retiro de dos mil bolsas de azúcar que supuestamente iban a ser donadas a la Policía y el depósito en cuentas personales por 26 millones 192 mil 627.37 soles.
Finalmente, el Ministerio Público investiga la administración de Eric Benavides Timaná, del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2021. De aquí se recogen dos acciones de presunta irregularidad: las ventas de azúcar en bolsa, caña de azúcar en planta y melaza por la suma de 25 millones 180 mil 724.17 soles, monto del cual no se conoce el destino, y la anulación de facturas por 4 millones 64 mil 351.74 soles bajo el pretexto de un supuesto error.
“Hasta ahora no sabemos lo que ha arrojado el perito contable de la fiscalía, pero sí hay documentación, pruebas contundentes de que ellos sí han extraído el dinero de Tumán y por eso hoy se dan la buena vida. El señor Sandoval vive como un ricachón en Chiclayo, cuando antes no tenía ni para viajar de Tumán a Chiclayo; el señor Marcelino Llontop camina con un guardaespaldas, cuando ha sido un simple cortador; Leoncio Egúsquiza, un hombre que quebró Tumán en 1988 llevándose más de 450 mil intis, lo que era una planilla de los trabajadores. Hoy hacen lo que se les da la gana en Tumán, ellos están inmersos en esta desgracia que ocurre en Tumán”, sostiene Vicente Castillo.
Realidad de Tumán
Según refiere Castillo Nicolás, hasta los primeros meses del 2015, la empresa Tumán producía 7200 hectáreas de caña. Ese año, la administración judicial que lideraba Segundo Ordinola Zapata dejó 1500 hectáreas de caña planta y 6320 de caña soca. Sin embargo, la administración que le precedió, la de Marcelino Llontop, no lo aprovechó.
“Marcelino Llontop tuvo un imperio para darse el lujo de que solo moliera la caña de Tumán, ni siquiera de terceros. Hoy por hoy Tumán no produce nada. Los terrenos están totalmente abandonados. Tumán tiene 13 mil hectáreas, pero si hoy ven, los campos que antes eran de caña, ahora están llenos de maíz para llevar. Hoy los terrenos se alquilan para sus bolsillos. Incluso sabemos extraoficialmente que se han vendido terrenos. En los campos de cultivo hay casas de material noble de dos y tres pisos”, refiere.
El dirigente refiere que en el 2015 un promedio de 2000 trabajadores quedó fuera de sus labores. Hoy quedan entre 550 a 600 trabajadores, pero ellos ya no trabajan en el mismo Tumán, sino que lo hacen fuera.
“El trabajador de Tumán tiene que salir del distrito para traer comida y educación a sus hijos. Hoy ningún trabajador recibe un sol. Somos más de 5000 trabajadores en Tumán que no hemos recibido ni un sol por nuestro tiempo de servicio. Muchos se han obligado a jubilarse a los 60 años, a los 58, para siquiera llevarse algo del seguro que les dan. La mayoría de los trabajadores que no cumplieron los 65 años se vieron obligados a jubilarse con una irrisoria mensualidad de 450 soles”, apunta.
El arándano se ha convertido en un producto estrella de la agroexportación peruana y viene dándole un fuerte impulso a Lambayeque, una de las dos regiones del país donde se cultiva a gran escala. Gracias al clima favorable y a proyectos de irrigación como Olmos, este pequeño fruto azul no solo aporta antioxidantes, sino que también conquista mercados internacionales, genera empleo y eleva la competitividad local.
En este contexto, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) informó que Lambayeque aportó el 22 % de la producción nacional de arándanos durante 2024 (78,762 toneladas), consolidando su posición como el segundo productor más importante, solo superado por La Libertad. De hecho, Carlos León, economista de REDES, informó que el arándano lambayecano tuvo un desempeño sobresaliente el año pasado.
“El valor de la producción de arándano en nuestra región dio un gran salto, creciendo un impresionante 81,5 % frente al 2023 y alcanzando los 706 millones de soles. Así, el arándano se ha convertido en el motor del agro lambayecano. Solo en 2024, este fruto representó el 42 % de la producción agrícola en Lambayeque. Sin duda, el arándano está de moda”, sostuvo León.
Punta de lanza
Los arándanos también han reforzado su liderazgo en exportaciones, alcanzando el 49.5% de las exportaciones totales en 2024, por encima del 38.5 % en 2023, consolidándose como el principal producto de exportación de la región. Entre los principales destinos destacan Estados Unidos (52.4 %), Países Bajos (25.5 %) y China (7 %). Según la Asociación de Productores y Exportadores de Arándanos del Perú, las exportaciones de arándanos generaron alrededor de 120 mil empleos directos a nivel nacional, con una participación mayoritaria de mujeres.
“El crecimiento sostenido del arándano en las exportaciones de Lambayeque no es casualidad, sino el resultado de años de inversión, innovación y trabajo coordinado entre el sector privado y el Estado. Hay que destacar el impacto social: estamos hablando de un sector que genera miles de empleos formales, lo que contribuye a la inclusión económica y el desarrollo sostenible de la región. El reto ahora es mantener esta competitividad, diversificar mercados y seguir apostando por la sostenibilidad y la calidad como diferenciadores clave”, analizó León.
Desafíos y oportunidades
El crecimiento de la producción de arándanos en Perú ha sido una de las historias de éxito más destacadas del sector agroexportador. Sin embargo, aún existen desafíos importantes que deben ser atendidos para sostener este dinamismo en el tiempo. Uno de los retos más urgentes es la sostenibilidad del recurso hídrico.
“El arándano depende de una gestión hídrica eficiente y sostenible, pues es una planta que debe ser regada frecuentemente, y que necesita de un suelo constantemente húmedo. Si no se asegura el acceso al agua en los valles productivos, podríamos enfrentar una caída en los rendimientos y una pérdida de competitividad frente a otros países. Proyectos como Olmos son un ejemplo de cómo se puede enfrentar este desafío, pero aún falta mucho por hacer en infraestructura y gobernanza del agua”, señaló León.
Otro desafío clave es la alta concentración de las exportaciones en un solo mercado: Estados Unidos. Este país representa actualmente más del 50% de las compras internacionales de arándanos peruanos. Aunque la demanda se mantiene firme, la reciente imposición de aranceles por parte de EE.UU. subraya la necesidad de diversificar los destinos comerciales. Según León, para mantener una ventaja competitiva es imprescindible apuntar a exportar en contraestacionalidad.
“La contraestacionalidad ocurre cuando un país produce y exporta un bien en una época del año en la que otros países no pueden hacerlo. Por ejemplo, cuando en el hemisferio norte es invierno y no hay producción de arándanos, países del hemisferio sur, que están en verano, sí pueden cultivarlos y exportarlos. Esto les permite aprovechar la escasa oferta en el norte y vender a mejores precios”, explicó León.
Finalmente, la competitividad del sector –su capacidad de generar y mantener una oferta más atractiva que otros– también enfrenta retos internos. Si bien el Perú fue el segundo país con mejor rendimiento por hectárea en 2023, este rendimiento no ha mostrado mejoras significativas en los últimos años según las estimaciones, e incluso ha disminuido un 15% desde 2018. Este estancamiento plantea la necesidad de modernizar los procesos productivos, incorporar tecnologías más eficientes y promover la capacitación técnica de los trabajadores del campo.
“El futuro del arándano peruano dependerá de su capacidad para adaptarse a escenarios cambiantes, innovar desde el campo y diversificar sus rutas hacia el mundo. Con una estrategia clara, estos desafíos pueden convertirse en impulso para un nuevo ciclo de crecimiento”, concluyó Carlos León de REDES.
El lunes 5 de mayo, mientras se desarrollaba una reunión con dirigentes de los once mercados municipales para socializar el proyecto de ordenanza del nuevo reglamento de mercados, un grupo de comerciantes del Modelo protestó en el frontis de la municipalidad contra lo consideran un cobro excesivo de la merced conductiva, que estaría contemplado en el nuevo reglamento. El próximo lunes deberá realizarse otra reunión para seguir socializando este reglamento que, al cabo de más de dos años, aún no ha podido lograr un consenso.
Al respecto, Mercedes Quispe Alejandría, regidora de la municipalidad de Chiclayo, explica que son tres los puntos en discusión: el monto de pago por concepto de merced conductiva, la transmisión por herencia de los puestos y el tiempo de conducción. Mientras tanto, sigue en suspensión la Ordenanza Municipal n.° 0016-2020.MPCH-A, de la gestión de Marcos Gasco, y el cobro de la merced conductiva se realiza bajo la fórmula prevista en la Ordenanza n.° 017-2005-GPCH, aprobada en la gestión del entonces alcalde José Barrueto Sánchez.
Merced conductiva
Quispe Alejandría explica que durante la gestión del exalcalde Marcos Gasco se aprobó la Ordenanza Municipal n.° 0016-2020.MPCH-A, la cual estipulaba que el pago de la merced conductiva se haga en virtud del metraje de cada puesto, sin embargo, esta norma quedó en suspensión debido a que no existía el sustento técnico legal pasa su aplicación. Debido a ello, hoy la merced conductiva se cobra bajo la fórmula de una ordenanza emitida hace veinte años, ya derogada, donde lo máximo que paga cada conductor de puesto es 45 soles. Es decir, S/1.50 por día.
“Han pasado más de dos años de conversación entre el Ejecutivo y los dirigentes de los mercados. Se supone que el proyecto que llegó a nosotros para su aprobación ya estaba socializado, pero el mes pasado, cuando se realizó la sesión de concejo, la alcaldesa pidió que se postergue ese punto de agenda porque al parecer faltaba la socialización referente a la merced conductiva, porque los dirigentes de los comerciantes sindicaban que la fórmula del cobro no podía ser bajo la Ley de Bienes Estatales, la cual establece el cobro por tasación, sino que pedían que sea de acuerdo a la Ley de General de Municipalidades”, sostiene.
La munícipe agrega que esto no puede ser posible, dado que la Ley de General de Municipalidades no establece una fórmula para aplicar la merced conductiva. Apunta que la propuesta que los comerciantes han presentado desde el primer día es que el aumento sea del 50 %, es decir, que como máximo paguen S/62.50 por mes, monto que -en su opinión- no alcanza para cubrir los servicios básicos que se brindan en el mercado.
“Ya que el mercado Modelo no ha pasado Defensa Civil por lo deteriorado de su infraestructura, el tasador tendría que basarse en la zona comercial de cada puesto. Estimamos que eso arrojaría un pago mensual por merced conductiva de entre 300 a 350 soles por puesto. El tasador tiene que ver cuál es el costo que genera mantener los mercados. Actualmente es la municipalidad la que subsidia su funcionamiento. Si quisiera pagar vigilancia, limpieza, personal y servicios básicos con los ingresos que genera el mercado, no podría. Realmente no cubre (…) Cuando un propietario alquila un bien, lo hace para generar ingresos, no para terminar pagándole los servicios al inquilino”, explica en alusión al Modelo.
Tiempo de conducción y herencia
El otro punto en discusión, refiere la munícipe, es que en el nuevo reglamento se pretende quitar, a la muerte del conductor, la herencia de su puesto del mercado a sus familiares directos. En contraparte, lo que sí se contempla es la opción preferencial para que ellos asuman la conducción del puesto.
“La controversia que ahora tiene la municipalidad es que cuando muere un conductor se aparecen cuatro o cinco hijos y no hay cómo determinar a qué hijo le corresponde el puesto porque no se pueden heredar. Los puestos no son propiedad de los conductores, son propiedad de la municipalidad”, indica.
Asimismo, señala que otro punto en discusión es el plazo de la conducción, pues en la Ordenanza 017 se contempla que esta sea a tiempo indeterminado. Ahora hay dos propuestas: una del ejecutivo municipal, que plantea que sea a cuatro años; y otra de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la municipalidad, que propone que sea a seis, tiempo máximo que la ley permite dar en conducción un bien del Estado.
La Contraloría General de la República, a través de la Subgerencia de Control de Megaproyectos, emitió el Informe de Hito de Control n.° 4055-2025-CG/MPROY-SCC, relacionado a la “Ejecución de la solución integral de la cuenca del río La Leche en el marco del contrato Estado a Estado”.
El informe arroja la existencia de dos situaciones adversas, siendo la primera las constantes inasistencias del director del Plan de Estudio Arqueológico y las sustituciones del director del PEAL y del residente de arqueología en la ejecución del PEA-SHBP, gestionadas por contratista, a pesar de no cumplir con los Términos de Referencia del subcontrato NEC3 y sus términos contractuales, con lo que se incumple lo establecido en el contrato NEC3 y genera incertidumbre sobre la calidad de los entregables de los trabajos realizados.
La segunda situación adversa versa sobre las incongruencias entre el objetivo del proyecto y la descripción de las obras contenida en el contrato NEC3, debido a que se suscribió únicamente el contrato del componente A (defensas ribereñas), sin prever la ejecución conjunta del componente B (presas de laminación), pese a que el Plan Integral establece una interdependencia directa entre ambos.
Esto – dice la Contraloría – “genera incertidumbre sobre la capacidad de resiliencia de las estructuras que se ejecutarán en el Proyecto de Defensas Ribereñas del río La Leche y podrían afectar la seguridad de la población”.
El contrato NEC3 para la intervención en el río La Leche fue suscrito entre la desaparecida Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, ahora Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN, y el Consorcio Ríos del Norte, conformado por las empresas SACEEM SA Sucursal del Perú y Guintoli.
El proyecto de defensas ribereñas del río La Leche, con un costo de S/243 millones 923 mil 772, forma parte de la solución integral de la cuenca del río La Leche, plasmada en el “Plan integral para el control de inundaciones y movimientos de masa en la cuenca del río La Leche”, que incorpora un portafolio de proyectos de intervenciones estructurales y no estructurales con el objetivo de alcanzar los niveles deseados de protección y seguridad, mediante la reducción de riesgos de desastres. Estos trabajos comprenden intervenciones en los distritos de Pacora, Íllimo, Túcume, Pítipo y Ferreñafe.
De acuerdo a lo que explica la Contraloría, el plan integral consideró la implementación de tres componentes, los cuales fueron declarados viables con proyectos de inversión, siendo dos de estos: “Creación del Servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el río La Leche, en 53 Localidades de los distritos de Pacora, Íllimo y Jayanca en la provincia de Lambayeque y en los distritos de Pítipo y Incahuasi de la provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque” (“Proyecto Defensas Ribereñas del Río La Leche”), y “Creación del servicio de protección en 8 puntos críticos de riberas del río vulnerables ante el peligro de inundaciones y servicios de protección en 29 puntos críticos de quebradas vulnerables ante el peligro de movimiento de masa de la cuenca media y alta del río La Leche, en los distritos de Incahuasi y Pítipo, Tocmoche y Miracosta, de la provincia de Ferreñafe del departamento de Lambayeque y la provincia de Chota del departamento de Cajamarca” (Presa laminadora).
Primera situación adversa
Mediante la Resolución Directoral N.° 000257-2024-DCIA-DGPA-VMPCIC/MC, del 13 de junio de 2024, el Ministerio de Cultura autorizó la ejecución del “Proyecto de Evaluación Arqueológica con excavaciones restringidas de Potencialidad para la construcción de Diques de protección de las defensas ribereñas dentro del Santuario Histórico del Bosque de Pómac, en los distritos de Pacora, Íllimo, Túcume y Pitipo, y Ferreñafe, designando como director del PEA a un especialista en arqueología propuesto por el contratista.
Dada la complejidad del proyecto –que contempla la ejecución de doscientos ochenta y seis (286) unidades de excavación distribuidas en doce (12) ámbitos de trabajo en diques y cauces de río La Leche–, se dispuso que tanto el director del PEA como el residente de Arqueología debían estar colegiados, habilitados y cumplir otros requisitos.
El Contratista emitió la Carta de Recomendación (Letter of Recommendation, LOR) 10, mediante la cual recomendó la suscripción del subcontrato con la empresa Servicios Especializados de Asistencia de Arqueología S.A.C. – SEDASAR S.A.C. Esta empresa propuso como personal clave a Luis Eduardo Salcedo Camacho como director del PEA, con 5,24 años de experiencia, y a Marco Antonio Valderrama Rivera como residente de Arqueología, con 6,66 años de experiencia, ambos cumpliendo con los requisitos establecidos en los TDR.
Sin embargo, ambos profesionales fueron reemplazados, designándose a personal que no alcanzada la experiencia mínima y, por lo tanto, no cumplía con los TDR, contraviniendo lo señalado en el subcontrato para PEA.
Informa Contraloría que durante la visita de inspección realizada por la Comisión de Control el 18 de marzo pasado a la ejecución del PEA-SHBP, no se constató la presencia del director PEA ni del residente de Arqueología, situación que fue registrada en el Acta de Inspección.
“De todo lo expuesto, se advierte que el proceso de designación y reemplazo del Director del PEA y del Residente de Arqueología, en el marco de la ejecución del PEA-SHBP, presentó una serie de inconsistencias y omisiones por parte del Contratista al no respetarse los requisitos mínimos de experiencia establecidos en los TDR, ni las disposiciones contractuales del Subcontrato NEC3, lo cual se evidencia en los casos de profesionales que asumieron funciones sin cumplir con el perfil requerido, incumpliendo lo estipulado en la Cláusula G230.1 del Contrato NEC3, que establece que el Contratista debe asegurar que los trabajadores del sitio del Subcontratista tengan las habilidades y experiencia adecuadas para el tipo y calidad del trabajo que realizan. Sumado a esto, se identificaron constantes inasistencias del Director del PEA, lo cual fue materia de la NAT205 y evidenciado durante la inspección realizada por la Comisión de Control, lo que genera incertidumbre sobre la calidad de los entregables y la correcta ejecución de las actividades del PEA-SHBP”, señala el informe de control.
Segunda situación adversa
Respecto a la segunda situación detectada, la Contraloría señala que la ARCC (Ahora ANIN) suscribió únicamente el Contrato del Componente A (Defensas Ribereñas), dejando de lado el Componente B (Presas de Laminación), pese a que, según el propio Plan Integral de la cuenca de río La Leche, ambos componentes son interdependientes.
“Existen incongruencias entre el objetivo del Proyecto y la Descripción de las Obras del Contrato NEC3 toda vez que, si bien el contrato exige generar resiliencia y sostenibilidad a través de soluciones definitivas basadas en estudios y análisis técnicos, la ejecución parcial del Plan Integral -limitada únicamente al Componente A (Defensas Ribereñas)- contraviene dicho propósito”, precisa el informe.
Lo que advierte Contraloría es que el diseño de las defensas ribereñas se ha hecho considerando caudales laminalados (reducidos) por la existencia de las presas que no se están construyendo, lo que genera una situación de vulnerabilidad que podría afectar con severidad a las poblaciones asentadas en la parte baja del río La Leche.
