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Con la economía en recesión, el sector empresarial pide al gobierno nacional mejores condiciones para alentar la inversión y con ello asegurar que el país vuelva a crecer. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, Jesús Salazar Nishi, formula una crítica severa a los actores públicos, pues pese a que el país ha tenido recursos suficientes, el desarrollo no ha llegado a las familias más pobres, sobre todo en las regiones.
“Que hoy estemos en serios problemas es otra cosa, lo importante es que el Perú se abrió al mundo. Tenemos 22 acuerdos comerciales que hemos firmado con más de 56 países y ese relacionamiento económico es con casi el 86 % del PBI mundial. Es decir, tenemos un acercamiento comercial importante. Gracias a ello el año pasado pudimos alcanzar 108 mil millones de dólares por intercambio comercial”, menciona Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI.
El dirigente del gremio empresarial refiere que el marco comercial nacional es positivo en la medida que ha hecho posible crecer 3.5 veces a nivel económico desde 1993 hasta el 2022. Marca el inicio de ese período – asegura – la aplicación de la Constitución con su capítulo económico y la introducción de la economía social de mercado en el Perú.
“En inversión privada hemos crecido 6.4 veces, alcanzando un récord en el 2022 de 115 mil millones de soles; en exportaciones también hemos roto un récord histórico con 66 mil millones de dólares, muchas de ellas impulsadas por la minería y también por la agroindustria. Además, la pobreza se redujo en entre el 2004 y el 2022, pasando de casi el 60 % de pobreza a la cifra prepandemia del 20 %. Lamentablemente ese logro ha sido rebasado postpandemia”, anota.
Detalla que, pese a que en el escenario prepandemia la pobreza estaba a la baja y todas las actividades económicas del país ya se han reactivado, el Perú aún no logra recuperarse. Por el contrario, la pobreza sigue en aumento.
“El año pasado cerramos con 27.5 % de pobreza y todos sabemos que este año, lamentablemente, por los resultados económicos muy malos que vamos a tener, vamos a incrementar la pobreza. Estamos convencidos que la pobreza este año pasará del 30 %. Necesitamos acortar esa cifra, esa es una tarea urgente”, menciona.
Remarca que en años anteriores el Perú fue “la estrella de la región”, toda vez que entre el 2012 y el 2019 el país creció 3.8 % al año, mientras que América Latina, en promedio, creció sólo 1.2 %.
“Eso nos hizo colocarnos, inclusive, a la cabeza de la Alianza del Pacífico, países como Colombia, Chile y México estaban por debajo de nosotros. ¿Por qué crecimos a ese ritmo? Porque tuvimos una sólida política monetaria fiscal que hay que reconocer y cuidar, que es dirigida por el Banco Central de Reserva – BCR. Esa política continúa nos llevó a ese desarrollo, las exportaciones fueron mayores, tuvimos TCL que respaldaron esas exportaciones y el entorno externo fue favorable, pues creció el precio de los minerales y se dio un superciclo. A ello sumamos que tuvimos un marco normativo impulsor de la inversión privada”, refiere.
Crecimiento sin desarrollo
Sin embargo, Salazar Nishi precisa que no es lo mismo crecimiento económico y desarrollo nacional, por ello considera pertinente preguntarse si auge económico del país ha significado progreso real para los ciudadanos, sobre todo en las regiones más alejadas.
“En desarrollo estamos mal. Por ejemplo, solo el 39 % de peruanos a nivel nacional tiene acceso a agua adecuada; es decir, potable y tratada, pero en regiones como Amazonas el acceso al agua adecuada es de 7 % y en Pasco 4 %. Eso no es desarrollo. Ni hablar de la anemia. Tenemos 42 % de población infantil con anemia, eso es increíble y hay regiones como Ucayali y Puno donde la anemia llega al 65 y 67 %, respectivamente. La situación es grave, porque seis de cada 10 niños, entre 6 y 36 meses tienen anemia, cuando sabemos que a esa edad se forma el cerebro”, enfatiza.
El presidente de la SNI precisa que no es falta de recursos el problema para enfrentar estos aspectos que afectan a las regiones, sino cómo se gestionan y la efectividad del gasto público.
Otros aspectos preocupantes – indica – son: la informalidad laboral, que a nivel nacional es del 76 % y regiones como Huancavelica, 96 %; es decir nueva de 10 trabajadores no tienen ningún tipo de beneficio laboral.
“Es una realidad dura, porque el informal gana menos, no tiene vacaciones, seguridad social ni jubilación”, remarca.
También existe una brecha negativa en rendimiento escolar. Sólo el 9.4 % de los niños en edad escolar tiene comprensión lectora y buena respuesta ante las matemáticas. En Loreto sólo el 1 % de los escolares tienen esas competencias.
Por otro lado, a nivel nacional hay sólo 28 médicos por cada 10 mil habitantes, en promedio. Sin embargo, en Amazonas hay sólo seis médicos por cada 10 mil habitantes.
“¿Cómo hablar de desarrollo en un país con crecimiento económico si tenemos estas cifras? Ni hablar de la seguridad. A nivel nacional la percepción de inseguridad es muy alta y esta realidad nos dice que estamos muy lejos del desarrollo”, menciona.
Reducción de la pobreza
Jesús Salazar comenta que el Perú, entre el 2005 y el 2009 tuvo un crecimiento importante de 6.5 % anual, período en cual la pobreza cayó en 22 %; entre el 2010 y el 2014 el crecimiento fue de 5.2 % anual y la pobreza cayó en 8 %, mientras que entre el 2015 y el 2019 el crecimiento fue de 3.2 %, reduciéndose la pobreza en 1.6 %.
“En el 2022 lamentablemente nuestra economía sólo creció 2.7 % y el resultado fue un crecimiento de la pobreza, que aumentó en 1.6 %. ¿Cuál es el porcentaje de crecimiento para este año? No sabemos y muy probable que el indicador sea en negativo, con ello la pobreza va a crecer. Este es el tema en el que tenemos que trabajar”, señala.
Sostiene que si el Perú creciera en promedio 5 % al año, en ocho años se habría recuperado la tasa de pobreza prepandemia (20 %); si el crecimiento es del 2 %, la demora será de 20 años. “Con un crecimiento de menos del 1 %, tendíamos que esperar más tiempo, eso es indudable”, asevera.
Recuperación económica
Salazar Nishi manifiesta que para salir de los indicadores negativos de pobreza de manera rápida hay necesidad de recuperar el crecimiento económico.
“El ministro Alex Contreras ya aceptó que estamos en recesión y por más punche que le hayan puesto, la economía no ha despegado. Necesitamos generar inversiones productivas, pero ¿cómo las generamos si no hay confianza? El sector público y privado deben sentarse y mirar hacia un mismo objetivo, definiendo qué actividades hay que impulsar en el mediano plazo”, anota.
Añade que las proyecciones de crecimiento económico para el Perú hoy es una de las más bajas, mientras que en segundo lugar de los países con mejor proyección se ubica Paraguay. ¿Qué hizo Paraguay? Salazar Nishi comenta que el secreto ha estado en la reducción de impuestos para impulsar la inversión.
“Según la CEPAL, Paraguay va a crecer por encima del 4 % y esto se debe a la reducción del Impuesto a la Renta, bajándolo al 10 %, los mismo que el Impuesto a la Venta. Eso es lo que hace el mundo para competir. Al reducir los impuestos, los inversionistas, que andan buscando oportunidades para desarrollar sus proyectos, se han instalado en Paraguay. Aquí en el Perú seguimos con el 30 %, impuesto que además lo pagamos muy pocos porque la informalidad es muy alta. Somos poquísimos los que nos cargamos la responsabilidad tributaria. ¿Qué capital que busque rentabilizar su inversión va a venir con impuestos tan altos? Tenemos que reaccionar y aplicar las estrategias que hoy aplica el mundo”, manifiesta.
El past presidente de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI Lambayeque, Manuel García Peña, señaló que es preocupante el escenario que se tiene a nivel económico por la falta de liderazgo y la ausencia de proyectos que impulsen el desarrollo productivo a nivel regional.
El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, confirmó que el país se encuentra en recesión y ha señalado que con una serie de medidas, sobre todo para impulsar el gasto público, será posible la recuperación económica. ¿Cómo empresario y past dirigente gremial, cuál es su análisis de la situación que atraviesa el Perú en estos momentos?
Es un momento complicado y podemos decir que es tardía la reacción del ministro de Economía, porque se venía diciendo desde los primeros meses del año que había desaceleración económica y productiva, los consumos internos habían bajado enormemente y se proyectaba una caída. Estamos próximos al fin de año y no hemos tenido ningún síntoma de recuperación.
Los paliativos que se están dando para supuestamente reactivar la economía no van a tener impacto, porque son sobre todo de gasto de fondos públicos para emergencia. No hay una reactivación económica en los niveles que quisiéramos. Las intervenciones que se están haciendo en los ríos, como prevención por el Fenómeno El Niño, no aseguran un despegue sostenido de la economía.
¿Considera que al gobierno le falta una visión clara de lo que se quiere con el sector empresarial? No hay proyectos mineros en marcha ni mayores inversiones en infraestructura o agroindustria, por ejemplo.
Hay pérdida de empleo, pérdida de producción y empresas que desde principios de año han visto disminuida su capacidad, incluso despidiendo trabajando y declarándose en quiebra financiera. En Lambayeque, sin ir muy lejos, hemos tenido estos casos.
El empleo se ha desacelerado, hay muchas empresas que han dejado de contratar o están reduciendo planillas.
Lo que se necesitan son medidas que se ajusten a las necesidades del sector empresarial y permitan el despegue económico. Ahí es urgente que el sector financiero dé facilidades para que las empresas puedan restructurarse, pues hay falta de liquidez y se necesita un salvataje inmediato.
¿Tienen problemas para el desarrollo de actividades económicas y productivas, además del escenario de desconfianza por la crisis política?
Sí, se ha planteado una nueva zonificación industrial y bajo ese marco muchas municipalidades están cursando cartas a las empresas industriales para que se reubiquen, porque las zonas donde actualmente se encuentran son consideradas como áreas de expansión o zonas urbanas. Ya no hay áreas de amortiguamiento para zonas industriales.
Ese es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando y que se suma a una larga cadena. Primero tuvimos El Niño 2017, luego la pandemia, la crisis política, el ciclón Yaku, ahora la recesión y vendrá nuevamente El Niño.
¿Sienten que el clima político ha pasado una fuerte factura sobre la economía y el sector productivo?
Desde luego, el asunto político ha influido demasiado en la caída de la economía porque las inversiones se han ahuyentado y el consumo interno ha bajado, de tal manera que las consecuencias soy muy fuertes. Los empresarios y productores estamos pasando momentos críticos, por lo que hacemos un llamado a los grandes gremios empresariales y a la clase política para que dialoguen y vean qué se puede mejorar en el mediano plazo a fin de recuperar al país.
Otro aspecto necesario es que se impulsen proyectos relacionados con el sector productivo como los parques industriales o el Terminal Portuario Regional, en el caso de Lambayeque. ¿Es correcto?
Desde el sector empresarial hemos pedido reiteradas veces que se trabaje en grandes obras, proyectos definitivos para el desarrollo de las regiones. Por ejemplo, en Lambayeque es impostergable la necesidad de trabajar en un plan integral de agua, desagüe y colectores, así como el drenaje pluvial de Chiclayo, que es una obra de impacto y puede alentar el consumo. Lo mismo que con la infraestructura hidráulica para el almacenamiento del agua y la ampliación de la frontera agrícola.
Respecto al Terminal Portuario, es un proyecto anhelado por los lambayecanos con un impacto sobre el comercio y la producción de todo el nororiente, hasta Loreto e incluso el noroeste del del Brasil, pero la clase política tiene que mirar con proyección futura y trabajar justamente en este tipo de obras que son necesarias.
También es urgente resolver el problema de la zonificación. Chiclayo ya tiene un Plan de Desarrollo Metropolitano, ahora falta que las autoridades no digan qué se va a hacer en función a esa herramienta. Necesitamos obras de impacto, porque después de Olmos no se ha hecho otra obra de impacto en la región. Eso nos preocupa enormemente.
¿Falta liderazgo de las autoridades políticas en Lambayeque?
Lambayeque parece tierra de nadie, veo que el gobernador regional suscribe convenios por todos lados, pero lo que se necesita es aterrizar y decir qué se va a hacer y cuándo. Necesitamos obras de impacto para que la región crezca y se genere bienestar para la población. Hacia ello debemos ir.
La sociedad civil se ha mostrado muy dispuesta de dialogar y proponer, creo que aún existe esa disposición, pero las autoridades no se han tomado el trabajo de asumir esos planteamientos con seriedad. Si el gobierno regional o los municipios tienen carencia de equipos técnicos, que se apoyen en la sociedad civil.
Problema transversal también es el de la corrupción y la inseguridad ciudadana, que ahuyentan las inversiones. ¿Cree que hay alguna propuesta concreta del gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales al respecto?
El problema de inseguridad ciudadana no es nuevo, viene de hace varios años y es una situación ante la cual el Estado no se ha preparado en lo absoluto ni ha dado una respuesta razonable y concreta. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional no han sabido estructurar un plan que sea efectivo, sumado a que no se ha tenido un verdadero control migratorio a quienes han ingresado al Perú procedentes de Venezuela y Colombia. Hoy vemos las consecuencias de esa negligencia a nivel estatal.
Lo que muy poco se dice es que producto del escenario de inseguridad que tenemos en el país, las familias y los empresarios tenemos que invertir más en tecnología y seguridad, lo que representa un sobrecosto, que no se compensa por el panorama económico actual.
No se ha formulado un plan de seguridad impulsado por la Policía Nacional en el cual se recoja las inquietudes o preocupaciones de los empresarios. No se trata de hacer reuniones sociales o aisladas, sino de promover espacios con resultados. Con inseguridad no habrá inversión.
Por su experiencia como empresario presente en diferentes regiones, ¿cuál cree que es la visión de desarrollo que se tiene, hay mejores condiciones por el liderazgo de sus autoridades o el panorama es similar al de Lambayeque?
Hay regiones donde el escenario es mucho más alentador como Arequipa, La Libertad y Piura, donde se observa el un acercamiento permanente entre las autoridades políticas, la academia y los gremios empresariales. Esa articulación, además del peso político que le dan sus representantes en el Congreso, hace posible mejores resultados. Miremos a La Libertad, donde ya se inicia la tercera etapa de Chavimochic o se ha puesto en operatividad el puerto de Salaverry pese a su arenamiento. Aquí todavía no se sabe qué va a pasar con la Presa Limón del proyecto Olmos, donde es urgente su recrecimiento.
Las inversiones han crecido en Piura y Trujillo, y en el centro estamos nosotros, un poco a la deriva.
¿Existe preocupación por lo que pasará en los próximos meses con el fenómeno El Niño?
Desde luego que sí, porque nuevamente estamos repitiendo historias. Después de El Niño Costero se centralizaron los recursos, se encargó al Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, los trabajos de descolmatación y defensas ribereñas, y fue la corrupción la que estuvo presente en todo momento. Ahora se han encargado más de 190 millones de soles a la Autoridad Nacional del Agua – ANA, y Contraloría ya advierte la lentitud de los trabajos.
No queremos trabajos mínimos, que al primer crecimiento de los caudales desaparezcan, necesitamos obras definitivas para los próximos 30 o 40 años.
Luego de una supervisión a los servicios de videovigilancia con que cuentan las municipalidades distritales de La Victoria y José Leonardo Ortiz, caracterizadas por sus altos índices delictivos, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Chiclayo pudo advertir con preocupación que un gran porcentaje de sus equipos se encuentran fuera de servicio o no han recibido el mantenimiento adecuado, dificultando así las labores de lucha contra la inseguridad ciudadana.
Así lo dio a conocer el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, quien reveló que, en el caso del distrito de José Leonardo Ortiz, cerca del 60 % de sus 49 cámaras de videovigilancia se encuentran inoperativas. Una situación similar se pudo evidenciar en la central de videovigilancia de la Municipalidad Distrital de La Victoria, donde 12 de sus 20 cámaras se encuentran inoperativas. Además, el equipo de almacenamiento de imágenes también se encuentra fuera de servicio y el área no cuenta con servicio de conectividad a internet.
Comunas provinciales
La supervisión también comprendió a la Municipalidad Provincial de Lambayeque, donde se pudo detectar que más de la tercera parte de las 135 cámaras de videovigilancia con que cuenta dicha comuna se encuentran inoperativas.
En el caso del municipio provincial de Chiclayo, si bien casi todos sus equipos se encuentran actualmente funcionando, durante la supervisión se pudo verificar que los ambientes con que cuenta no son apropiados. En efecto, la sala donde se ubican las cámaras no cuenta con extintores, servicios higiénicos ni luces de emergencia, a lo que debe sumarse que aún no se han hecho trabajos de refacción luego de las filtraciones de agua que se produjeron durante las lluvias de inicios de este año.
No hay coordinación
Finalmente, la supervisión a cargo de la sede de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque permitió identificar que en ninguno de los casos existe un registro de envíos de comunicaciones al Ministerio Público o a la Policía Nacional sobre los hallazgos o seguimientos mediante imágenes a cualquier hecho delictivo. Por el contrario, pudo evidenciarse que los hechos sólo quedan almacenados sin que sean comunicados a las autoridades para las labores de identificación de las víctimas y de sus agresores, así como para desplegar labores de prevención en las zonas afectadas.
Tras estos resultados, el representante de la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades de las cuatro municipalidades supervisadas a adoptar acciones inmediatas a favor de la seguridad ciudadana, que impliquen el mantenimiento o reposición urgente de los equipos deteriorados y la reorganización de los ambientes donde funcionan los servicios de videovigilancia. Hidalgo Reyes recordó que el año pasado, en una supervisión sobre las zonas con mayores índices de inseguridad ciudadana, la sede defensorial pudo identificar un total de 158 puntos críticos ubicados en los distritos de Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz.
De otro lado, expresó su preocupación debido a que la implementación de las cámaras de videovigilancia en los distritos supervisados demandó una inversión superior a 23 millones de soles que no habrían tenido el éxito que se esperaba en el mejoramiento de la capacidad de respuesta ante cualquier hecho delictivo.
"Considerando que existe inversión pública considerable para la implementación y funcionamiento de estos sistemas de videovigilancia municipales, se requiere garantizar su sostenibilidad económica y técnica a fin de generar un impacto significativo y medible en la reducción o erradicación de la criminalidad", remarcó.
La Contraloría General advirtió el riesgo de que no concluya en el tiempo oportuno el servicio de limpieza y descolmatación del río Zaña en los sectores Rafán, Pueblo Libre y Peroles I, II, III - San Luis, del distrito de Lagunas, debido a que la Autoridad Nacional del Agua - ANA, no observó el retraso en el inicio de los trabajos por parte del consorcio ejecutor, lo que podría afectar los objetivos de prevención frente a la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño.
Según el Informe de Control N° 22825-2023-CG/GRLA-SCC, que evaluó el período del 15 de julio al 26 de setiembre de 2023, los retrasos en el inicio de las actividades de limpieza y descolmatación en los sectores de Rafán y Peroles I, II y III; se debieron a la ausencia de maquinaria pesada que al 3 de octubre último no fue proporcionada por el contratista que tiene a su cargo los trabajos en ambos sectores por los montos contractuales de dos millones 826 mil 452 soles y un millón 910 mil 027 soles, respectivamente.
Esta demora pone en peligro el cronograma del servicio y podría resultar en el incumplimiento de los plazos de ejecución señalados en las Fichas Técnicas Definitivas aprobadas que establecen 62 y 32 días calendario, respectivamente, contados a partir del 2 de setiembre de 2023.
Ficha inconsistente
El informe también destacó el riesgo de que se ejecuten trabajos sobredimensionados, lo que podría afectar las metas y objetivos de la contratación. Ello debido a inconsistencias en la Ficha Técnica Definitiva, no advertidas por la ANA.
También se advirtió un deficiente y limitado control técnico y económico a las actividades realizadas por el contratista, dada la carencia de información relevante en la Coordinación Territorial – Unidad Ejecutora 002 de la ANA en Lambayeque.
Zonas desprotegidas
Otro informe, el signado con el N° 22826-2023-CG/GRLA-SCC, que cubre el mismo período de evaluación, señaló el riesgo de posibles desbordes e inundaciones ante una eventual ocurrencia del Fenómeno El Niño, ya que la ANA no cauteló adecuadamente la conformación de la caja hidráulica del río Zaña (en la curva N° 2 del sector Úcupe) y que la misma esté de acuerdo a la Ficha Técnica Definitiva aprobada para los sectores Santa Rosa, Úcupe y Rafán en el citado distrito de Lagunas.
Algunos trabajos ejecutados difieren de lo especificado en la ficha en mención y en la valorización N° 1 presentada por el consorcio contratista quien valorizó la partida "limpieza y descolmatación de cauce" con un metrado mayor al realmente ejecutado, lo que podría afectar el uso correcto de los recursos del Estado al reconocer pagos por trabajos no ejecutados en el servicio, cuyo monto asciende a 884 mil 959 soles fijados para un periodo de 40 días calendario.
Los informes fueron comunicados al titular de la Autoridad Nacional del Agua para las acciones preventivas y correctivas que correspondan con el objeto de asegurar el logro de los objetivos del servicio.
