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El presidente del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – CONREDE, y decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, cuestionó con severidad la manera en la que se conforma el equipo técnico en la gestión del gobernador Jorge Pérez Flores, con una alta rotación que – asegura – genera atrasos y desconfianza.
¿Cuál es su evaluación de la gestión de 14 meses realizada hasta el momento por el Gobierno Regional de Lambayeque y los municipios provinciales y distritales? ¿Cree que existen resultados alentadores?
El primer año, como ya lo he dicho, creo que fue para que ellos asienten sus bases y miren justamente sobre sus debilidades. Por eso mismo señalo que para este año las autoridades deben mostrar eficacia, haber planificado el año anterior cómo van a ejecutar sus recursos.
En ese sentido, creo que hay pequeños resultados como los que se están logrando en La Victoria, José Leonardo Ortiz, Pimentel, Íllimo y Pacora, que han solicitado en su momento el apoyo del Colegio de Ingenieros. Creo que en estas localidades es donde se ve una labor más dedicada para lograr el bienestar de los vecinos.
El año pasado el Gobierno Regional de Lambayeque dejó de invertir más de 250 millones de soles para obras, fue el tercero con peor ejecución a nivel nacional y aún no está claro cuánto de esos recursos fue finalmente comprometido para este año. Situación similar se dio en la comuna provincial de Chiclayo. ¿No le parece que ni el gobierno regional ni los municipios provinciales están mostrando la capacidad deseada para administrar los recursos públicos?
Coincido. Al gobernador regional, Jorge Pérez, se le ha pedido que ponga énfasis en la ejecución de presupuestos y él ha explicado que no encontró proyectos dejados para ejecutar por la anterior gestión, teniendo en cuenta que en el primer año se trabaja con el presupuesto aprobado por quienes se fueron en diciembre del 2022. Según ha informado, para evitar que el dinero revierta es que lo ha distribuido en pequeñas obras para los distritos.
Sin embargo, soy claro en señalar que este año ya no se le puede perdonar otra justificación. Él se ha comprometido a ejecutar la bimodal, vía concesión, desde Mocce hasta el ingreso a Puerto Eten, lo que significa generar las condiciones para hacer atractiva una obra de tal envergadura como es el Terminal Portuario Regional.
Otra obra que también se ha comprometido a ejecutar es el nuevo trazo de la vía Mochumí – Olmos, porque ya no es posible que el tránsito pesado siga pasando por las calles principales o las plazas de todos esos distritos de Lambayeque.
También tengo entendido que se están gestionando proyectos del Plan Hidráulico y otro aspecto que debe ser de preocupación es que ya vence el plazo de concesión del Trasvase Olmos.
Sobre el Trasvase Olmos está claro que la operación y mantenimiento no puede ser asumida por el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, porque este tiene la función supervisora…
Así es, y es por eso que ya se debería empezar a ver cómo se va a manejar ese tema, en el cual ni siquiera se debería esperar una transición, pues las entidades públicas no están preparadas para manejar una obra de esa envergadura.
Se debe evaluar qué otras alternativas hay y que todo sea transparente, pues ya sabemos que el actual concesionario estuvo involucrado en el caso Lava Jato donde hay actos que comprometen la moral y la ética.
En 14 meses de gobierno ha habido seis gerentes de Salud, tres de ellos este año en plena emergencia por el dengue. En la sede central van tres gerentes, habiendo el actual mostrado incapacidad para mejorar el gasto de inversiones. ¿Creo que existe una seria debilidad en la gestión regional respecto a su equipo técnico?
Desde CONREDE se le dijo oportunamente al gobernador que el equipo técnico es la base para hacer más ágil al gobierno regional. Se necesita un equipo técnico conformado por profesionales que conozcan la realidad y problemática de Lambayeque, que guarden el perfil coherente, pero hemos visto que empezó con el pie izquierdo, poniendo a una abogada cuestionada como gerente regional de Agricultura.
Todas esas decisiones juegan en contra de los lambayecanos. Por mucho que se esfuerce en explicar el gobernador, las malas designaciones generan atrasos, desconfianza y hasta problemas sociales. Habiendo profesionales idóneos, comprometidos con Lambayeque, se ha empeñado en traer a gente de otras regiones.
El gobierno regional en la gestión del gobernador Jorge Pérez negó los recursos para la actualización de los estudios económicos del proyecto del Terminal Portuario Regional, requisito indispensable para que Proinversión continúe en la promoción del mismo. ¿Cree que con la consolidación del megapuerto de Chancay se desvanecen las posibilidades de un puerto para Lambayeque?
Es cierto que se necesita actualizar los estudios económicos, porque en las condiciones actuales ningún inversor va a apostar por Lambayeque. Sin embargo, hay que entender que los ojos del mundo no están sujetos al puerto de Chancay. Si bien es un puerto emblemático, este no va a desarrollar a las regiones del país, será sobre todo de tránsito para los países vecinos.
Desde Lambayeque lo que debemos promover es el desarrollo portuario con fines de cabojate, que los altos volúmenes de mercancía del nororiente deben ir de manera directa al Asia y nuestro puerto es la salida natural, pero hay que generar condiciones.
Por otro lado, es necesario avanzar en otros proyectos como el parque industrial, hay cinco mil hectáreas disponibles que permitirán darle valor agregado a las materias primas para exportarlas y tener así mayores beneficios.
Ante la presencia del puerto de Chancay, ¿no sería más estratégico fortalecer a Lambayeque como un núcleo logístico en la zona del nororiente, con el afianzamiento del aeropuerto internacional de Chiclayo con su segunda etapa?
Por supuesto, tenemos que rescatar que la conexión debe ser por cielo, mar y tierra. El aeropuerto de Chiclayo es importante y la segunda etapa es un hecho, pero se necesita generar condiciones para ello.
El gobernador ha ofrecido, por ejemplo, mejorar las condiciones viales en el cruce de las avenidas Haya de la Torre y Chinchaysuyo, porque construyéndose el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto, con la situación actual de esas vías, se generará un caos mayor al existente.
El nuevo aeropuerto es necesario, atraerá a más turistas, pero ¿cómo está la ciudad? La alcaldesa provincial de Chiclayo cuenta con un papel importante y debe trabajar en ese sentido.
La semana anterior el CONREDE realizó un primer panel fórum sobre la problemática de la azucarera Tumán, que tiene características de ser un problema social. ¿Seguirán los colegios profesionales con esa dinámica, ya que usted anunció actividades sobre salud, educación y seguridad ciudadana?
Como parte de la agenda de los colegios profesionales está generar aportes técnicos y académicos sobre los problemas de Lambayeque. Hemos descendido en competitividad y eso hace necesario atacar los diferentes frentes. No podemos pensar en el desarrollo sin atender la problemática social.
En Tumán hay más de 40 mil familias afectadas directa e indirectamente por los problemas de la azucarera y ante ello los colegios profesionales no pueden ser indiferentes. Hemos cumplido nuestro rol de ofrecer una visión desde lo técnico y académico para que se solucione el problema empresarial y social.
Los colegios profesionales estamos para apoyar y poner el hombro, porque es nuestro rol como parte de la sociedad civil. Continuaremos con actividades de este tipo.
El 11 de marzo se inició el juicio oral contra Edwin Oviedo Picchotito y otros por el denominado caso “Wachiturros de Tumán”, investigación iniciada en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, en los tiempos del exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones, y sobre el cual se ha dicho una serie de imprecisiones, como, por ejemplo, que el Ministerio Público pide 52 años de cárcel para el empresario.
A fin de esclarecer el panorama en relación a este sonado caso, por el cual se acusa a Edwin Oviedo como autor mediato de los asesinatos de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Vitte, Expresión conversó con el abogado César Nakazaki Servigón, quien dio precisiones en relación al proceso y cómo este se conduce en la Corte de Justicia de La Libertad.
El caso fue trasladado a La Libertad, por una decisión de la Corte Suprema de la República, ante la falta de garantías para un juzgamiento imparcial y sin presiones en Lambayeque.
En los últimos días se ha visto en medios nacionales y regionales la noticia respecto al pedido de prisión formulado por el Ministerio Público contra el empresario Edwin Oviedo, enfatizándose en que se trata de un pedido de cárcel por 52 años. ¿Cómo toma la defensa la manera en la que se aborda el caso con tal imprecisión, sobre todo porque el requerimiento se conoce hace más de dos años?
Seguramente por el inicio del juicio oral. El caso de Edwin Oviedo Picchotito ha tenido para la defensa distintos momentos. Un primer momento fue recuperar su libertad, arbitrariamente privada, lo cual se logró después de mucho esfuerzo en la Corte de Lambayeque; luego al apreciar que por diversas razones no se podía garantizar un juicio imparcial por este caso, principalmente por los fraudes procesales en los que incurrió el exfiscal Juan Manuel Carrasco Millon, tuvimos que acudir a la Corte Suprema para que se traslade la carpeta a la Corte de la Libertad.
Respecto de los homicidios de Manuel Rimarachín, que era trabajador de la empresa Tumán, y Percy Farro, que no tenía ninguna relación con dicha azucarera, se ha iniciado el juicio oral. Entiendo que, por esa razón, por haber iniciado esta etapa importante del proceso, es que se ha vuelto a levantar una noticia ya conocida.
Usted ha mencionado que en Lambayeque no había garantías para un juicio imparcial dada la interferencia y presión ejercida por algunos actores sociales y mediáticos sobre los administradores de justicia. Ahora que el juicio se desarrolla en la Libertad, ¿cree la defensa que existe la posibilidad de una condena contra Edwin Oviedo?
No existe una sola prueba de cargo que pudiera sustentar una sentencia condenatoria y pongo dos ejemplos bien concretos para demostrarlo: la colaboración eficaz que utilizó el exfiscal Carrasco fue fruto de un fraude procesal. Hizo diversos intentos por llegar a acuerdos de colaboración eficaz sin información corroborada. La otra demostración de que no hay prueba de cargo es que para condenar a alguien hay que demostrar el motivo, ¿por qué se ordenaría los asesinatos?
Según la fiscalía, el móvil era el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. El fiscal decía que la administración judicial de Segundo Ordinola Zapata en la Empresa Agroindustrial Tumán beneficia indebidamente con ventas de azúcar a bajo precio a empresas del Grupo Oviedo. Sin embargo, se ha demostrado que en esa administración todas las compra-ventas de azúcar fueron controladas por peritos – veedores y por el juez, y que luego de verificada la legalidad de las operaciones se autorizaron los pagos a Edwin Oviedo, determinándose el cumplimiento de la deuda que Tumán le tenía.
Por esa razón, la Corte de La Libertad, actuando con imparcialidad, ha sobreseido, lo cual es sinónimo de sentencia absolutoria, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas a favor de Edwin Oviedo. O sea, nunca hubo ventas de azúcar indebidas en Tumán y al no existir el móvil ya no hay delito, ese es un principio en materia penal.
Si no hubo móvil para la defraudación a la empresa, no tenía por qué existir la orden de matar a las dos personas por las cuales se acusa a Edwin Oviedo.
¿El sobreseimiento en términos procesales significa que el Ministerio Público no pudo probar la imputación del delito móvil; es decir, del fraude en la administración de personas jurídicas?
Es correcto. El sobreseimiento se dio porque la fiscalía en La Libertad, que fue la que recibió la investigación hecha por el exfiscal Carrasco, reconoció ante los jueces que no había pruebas de cargo para el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.
Lo que se ha demostrado es que la administración judicial de Segundo Ordinola de manera trimestral informaba al juzgado a quienes le vendía azúcar, a que precio y todo lo relacionado a los procesos. Cuando la información era verificada por el juez y constataba que era correcta, recién autorizaba el pago de la acreencia al señor Edwin Oviedo.
Fue esa verificación la que ha hecho que la fiscalía de La Libertad pida el sobreseimiento.
Respecto a la colaboración eficaz con la que el exfiscal Carrasco sustentó su investigación, ha dicho que fue fraudulenta. ¿Se refiere al caso concreto de Gregorio Leguía Cerna?
Sí, porque en ese caso se presentó una situación absurda: el testigo colaborador, que es el que sostiene todo el caso de la fiscalía, dice que Gregorio Leguía fue el protagonista o tuvo un rol muy importante en la supuesta organización “Los Wachiturrros”. El colaborador dice que Gregorio Leguía ejecuta la supuesta orden de matar y elige a los autores materiales para matar a Rimarachín y a Farro.
Sin embargo, a pesar que el fiscal Carrasco dijo que su testigo decía la verdad, él mismo sobreseyó el caso a Gregorio Leguía y pidió que se le declare inocente. ¿Cómo era posible que por un lado el fiscal afirmara que Gregorio Leguía era culpable, según su colaborador, y por otro el archive el caso y lo señale inocente? ¿Qué pasó?
No olvidemos que el acuerdo de colaboración eficaz presentado por el exfiscal Carrasco fue presentado a tres jueces y ninguno lo aceptó, hasta que lo presentó al Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, donde el juez Carlos Chanamé Chumán, lo aprobó.
¿Por qué el exfiscal Carrasco formuló dos requerimientos acusatorios con 26 años de cárcel para Edwin Oviedo por cada uno si se trata de una misma investigación?
Lo que pasa es que las acusaciones se formularon antes que los juicios se acumulen y como eran casos separados hubo acusaciones diversas, con pedidos de 26 años de cárcel por cada caso. Cuando se acumularon los juicios ya no podía haber dos penas, sino una sola. Es verdad que las penas se suman en el derecho penal peruano, pero hasta un máximo de 35 años. No hay más, salvo la cadena perpetua, que no es el caso.
La misma fiscal de la FECOR La Libertad ha corregido esta situación y el día que oralizó su acusación en Trujillo aclaró que lo que se solicita es una condena de 35 años de cárcel y no 52, como se ha difundido en algunos medios. Claro, la noticia sólo recoge la parte inicial del proceso.
¿Existe diferencia entre autoría mediata y autoría intelectual? ¿Por qué a Edwin Oviedo se le imputa la autoría mediata de los asesinatos?
La autoría intelectual es un término que antiguamente se aplicaba en el derecho. ¿Quién es el autor intelectual? El que planifica, pero en términos jurídicos quien planifica un delito no es autor, sino cómplice. Por eso es que no se aplica el término.
En cambio, el autor mediato es el que dentro de un aparato organizado de poder ordena la comisión de un delito. Ese es el supuesto, lo cual también hace imposible este caso, porque la supuesta organización Wachiturros habría perseguido la administración judicial de Tumán para dársela a Edwin Oviedo.
Sin embargo, legalmente Edwin Oviedo no podía formar parte de la administración judicial porque era acreedor. Nunca tuvo una relación directa en los órganos de gobierno de Tumán, no era el administrador. La administración judicial que existía, liderada por Segundo Ordinola, dependía del juez.
¿Cree que existe convencimiento en la FECOR La Libertad sobre la solidez del caso como para lograr una sentencia condenatoria contra Edwin Oviedo?
El caso “Wachiturros de Tumán” se conformó de cinco procesos: el primero relacionado a un robo a una señora, en el que los acusados fueron declarados inocentes; en los otros, que están en la Corte de La Libertad, la fiscal en plena audiencia es muy crítica del trabajo del exfiscal Carrasco y ha reconocido que existen acusaciones mal hechos, que se han tenido que corregir, incluso pidiendo el sobreseimiento de uno de los delitos.
Edwin Oviedo está participando en todas las audiencias que son semanales y existe plena confianza en que la justicia se aplicará y declarará su inocencia. Se estima que en seis meses pueda concluir el juicio.
Es muy importante reflexionar sobre el accionar indebido de grupos económicos que se han dedicado al manejo de las excooperativas azucareras con administraciones truchas, generadas todas fuera de Lambayeque. Eso ha llevado a que Tumán, que tuvo su mejor momento durante la administración de Segundo Ordinola, hoy ya no tenga caña y sólo tenga tierra. Ojalá no se terminen de llevar la tierra.
A fines de diciembre del 2023 el fiscal Javier Idrogo Rodríguez, de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, dispuso el inicio de la investigación preliminar contra el alcalde distrital de Jayanca, Hermes Carrillo Mori, y los que resulten responsables por el presunto delito de colusión simple.
La decisión fiscal se dio en atención a la denuncia presentada el 11 de diciembre por el especialista en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, comprendiendo a los funcionarios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, Laura Gutiérrez Gonzales, Alberto Egoavil Cornejo, Eliot Cruz San Miguel y Daniel Alanya Casquero, por el presunto delito de omisión de actos funcionales, y contra el alcalde de Jayanca, Hermes Carrillo, el gerente municipal y un representante de consorcio por colusión simple.
El caso
Chávez Pita denunció irregularidades en la suscripción del contrato suscrito entre la comuna de Jayanca y el consorcio El Salvador, ganador de la buena pro para la ejecución de la obra: “Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en el sector Este de la localidad de Jayanca”.
Dicho contrato habría sido celebrado pese a los cuestionamientos advertidos en el Dictamen n.° D000898-2023, emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, a través del cual demandó la adopción de medidas correctivas ante las observaciones presentadas en el proceso, lo que debió originar la nulidad del procedimiento de selección.
El proceso fue convocado el 27 de septiembre del 2023 con la publicación de las bases administrativas y el expediente de la obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.
Algunas de las observaciones planteadas fueron las referidas a los componentes para el requisito de calificación “experiencia del postor en la especialidad”, aspecto que se mantuvo en las Bases Integradas pese a que fue cuestionado.
Debido a que la comuna no realizó las correcciones correspondientes, el 23 de octubre la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos emitió el Dictamen n.° D000898-2023, mediante el cual ejerció las acciones coercitivas para impedir que la municipalidad continúe con el procedimiento, recomendando que se adopten las medidas correctivas, que para el caso significaba la nulidad del proceso de selección.
Empero, según denunció Jorge Chavez, la dependencia del OSCE no realizó el monitoreo respetivo para impedir que el municipio de Jayanca siga con el proceso, siendo esta una obligación contenida en el Artículo 52 de la Ley n.° 30225 y su modificatoria.
Presunta colusión
De acuerdo a la denuncia, tanto el alcalde, Hermes Carrillo, como le gerente municipal, Nasar Vásquez Díaz, tenían conocimiento de lo dispuesto por la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos de OSCE.
Sin embargo, el 9 de noviembre el gerente municipal suscribió el Contrato de Ejecución de Obra n.° 002-2023-MD/GM, con el representante del consorcio El Salvador, Luis Alberto García Moreno. El contrato se firmó por un valor de un millón 334 mil 59.46 soles.
El consorcio está conformado por las empresas ISUM Contratistas EIRL y Corporación MMJ EIRL. Es decir, se habría desacatado la disposición del ente supervisor.
La firma del contrato fue puesta de conocimiento al alcalde a través de una carta.
Decisión fiscal
Ante lo expuesto, el fiscal Idrogo Rodríguez dispuso el inicio de la investigación preliminar por un plazo de 120 días calendario.
La investigación comprende al alcalde, al gerente municipal y al representante legal del consorcio El Salvador.
Asimismo, ha dispuso que remitan copias de la carpeta fiscal a la fiscalía penal de Chiclayo para que proceda según sus atribuciones contra la presidenta del OSCE, Laura Gutiérrez Gonzales; el sub director de Procedimiento de Riesgos del OSCE, Albergo Egoavil Cornejo, y el supervisor del Dictamen n.° D000898-2023, Eliot Cruz San Miguel y Daniel Alanya Casquero, por la presunta comisión del delito de omisión de actos funcionales.
En ese sentido, mediante Providencia Fiscal n.° 01, del 4 de marzo, la fiscal Luz Rimarachín Vásquez, dispuso recabar la declaración de la presidenta del OSCE el próximo 16 de abril, en tanto los otros funcionarios del organismo deberán declarar entre el 16 y el 17 de abril.
Para el 18 de abril se ha programado la declaración del alcalde Hermes Carrillo, día en el que también deberá declarar el gerente municipal y el representante del consorcio.
