Hace unas semanas el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, anunció con bombos y platillos que por gestión suya y del congresista fujimorista Héctor Becerril Rodríguez, en abril próximo se iniciaba el proceso de licitación para el proyecto de saneamiento básico que beneficiaría a los 12 pueblos jóvenes ubicados carretera a Pomalca. Sin embargo, los planes del burgomaestre no se cumplirían en los términos que ha indicado, debido a que el expediente técnico tiene diversas observaciones.
La elaboración del expediente fue encargada a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, desde el gobierno de Roberto Torres Gonzales, cuando el ahora gerente general de la empresa paramunicipal, Néstor Salinas Vásquez, se desempañaba como responsable del área de proyectos.
Luego de años de demora, EPSEL anunció que el expediente estaba listo, pero en lo real sobre este aún falta levantar algunas observaciones hechas principalmente al aspecto ambiental de la obra, cuya ejecución es reclamada hace décadas por las familias de los pueblos jóvenes, jurisdicción de Chiclayo, que se ubican carretera a Pomalca.
OBSERVACIONES
Las observaciones que tiene el expediente del proyecto son urgentes, toda vez que hasta el momento ni la Autoridad Nacional del Agua ni la Dirección General de Salud han emitido su opinión favorable para en vertimiento de aguas residuales, considerando que la obra contempla un sistema nuevo de captación, suministro y tratamiento de los recursos que emplearán las familias beneficiarias.
Sin ambas certificaciones resulta imposible que la Municipalidad Provincial de Chiclayo pueda convocar a licitación pública la ejecución del proyecto, confirmándose que lo anunciando por el alcalde David Cornejo no se ajusta a la verdad.
El 8 de marzo pasado, en Lima, el alcalde de Chiclayo suscribió con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el convenio para el financiamiento de la obra, aun cuando tanto EPSEL, cuyo gerente general participó de la suscripción, como el titular de la comuna provincial y los funcionarios del portafolio ministerial, sabían que el expediente está observado.
EL PROYECTO
El proyecto denominado “Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de los pueblos jóvenes Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Así, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé”, de Chiclayo, beneficiaría a una población total de 11 mil 632 personas, según la actualización 2016 del expediente técnico.
En lo referido al agua potable la obra contempla dos estructuras de captación de concreto armado ubicadas en las lagunas Boró I y II; la instalación de una línea de conducción de PVC U Clase 7.5 DN, 400 milímetros, en una longitud de un kilómetro y medio, aproximadamente; la construcción de una planta de tratamiento de agua potable consistente en una unidad de mezcla rápida; dos decantadores laminares, una batería de filtros descendentes, una cámara de contacto y una cisterna con capacidad para almacenar mil 200 metros cúbicos de agua.
Asimismo, se incluye la instalación de una línea de impulsión de PVC U Clase 10 DN 400 milímetros, en una longitud de cuatro mil 323 metros; la construcción de un reservorio elevado de concreto armado de mil 600 metros cúbicos de capacidad; redes de agua potable y dos mil 323 conexiones domiciliarias.
Respecto al alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales, el proyecto considera la instalación de 32 mil 434 metros de tuberías, la construcción de una estación de bombeo con concreto armado; la instalación de una línea de impulsión y de una estación de bombeo de agua residual. También, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.
El total de la obra demanda una inversión de 63 millones 265 mil 472 soles, de los cuales – según el convenio suscrito – el gobierno nacional desembolsará este año a la comuna de Chiclayo el 76 %, equivalente a 48 millones 81 mil 758 soles, y el 24 % restante (15 millones 183 mil 713 soles) en el 2018.
SE ARROGA GESTIÓN
David Cornejo, quien convocó a una asamblea pública el domingo 12 de marzo a los pobladores de los pueblos jóvenes, se arroga la gestión del proyecto y la asignación del presupuesto. Sin embargo, detrás de sus afirmaciones se esconden una serie de hechos que, por el contrario, evidencian la falta de apoyo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y de EPSEL al Comité Integral de Agua y Alcantarillado de los 12 sectores a ser beneficiados, que desde el gobierno de Miguel Ángel Bartra Grosso ha luchado por la ejecución de la obra.
El pueblo joven más antiguo en la zona es Samán, que tiene más de 100 años de existencia. A este le siguen Las Vegas y Miraflores, cuyas familias tienen más de 50 años sin acceso al agua potable ni el alcantarillado.
“Aquí no se trata de hacer cambio de tuberías, sino de instalarlas, porque nosotros nunca hemos contado con los servicios de agua y alcantarillado. El Comité Integral se conformó en 1995, cuando inicialmente se gestionaba el saneamiento básico para ocho pueblos jóvenes, con el tiempo se anexaron cuatro más, cuyas familias también tienen derecho a mejores condiciones de vida”, señala la presidenta de la UPIS Miraflores, Carmen Poluche Oliva, dirigente del comité que preside Mario Ramírez Aguinaga, y en el que se aglutinan los representantes de todos los pueblos jóvenes carretera a Pomalca.
Poluche Oliva recuerda que en el gobierno regional de Yehude Simon Murano se asignó presupuesto para financiar parte de la obra de saneamiento, dinero que fue revertido porque no se avanzaba con las gestiones del expediente técnico. En el 2010, los dirigentes empezaron nuevamente en la lucha por la ejecución del proyecto y se elaboró un expediente que se cayó dos veces de la página del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, al tener observaciones que no fueron subsanadas.
“Empezamos de cero, cuando estaba Roberto Torres como alcalde y se dispuso que EPSEL elabore el proyecto. Ese trabajo aún lo ejecuta EPSEL, porque no tenemos un expediente concluido al existir dos observaciones pendientes, la de la ANA y la de DIGESA”, explica.
LAS DEMORAS DE EPSEL
La elaboración definitiva del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto está pendiente en EPSEL desde el 2015. La empresa contrató a una firma que fue rechazada para contratar con el Estado y en entonces se dejó el estudio en el olvido hasta que a fines del 2016 recién se pusieron las manos en acción y la entidad del saneamiento contrató a nueva consultora.
“En la quincena de enero de este año la empresa Eco Fluidos Ingenieros SAC, encargada del estudio ambiental, cumplió con entregar el documento a EPSEL, comprometiéndose a levantar las observaciones hechas por la Autoridad Nacional del Agua – ANA. El 3 de marzo pasado tuvimos que recurrir al congresista Clemente Flores Vílchez porque el gerente general de EPSEL se negaba a recibirnos. El proyecto tenía que enviarse a Lima. Luego de tanto insistir, Néstor Salinas nos comunicó que se enviaría el expediente al Ministerio de Vivienda, y 8 de marzo nos dimos con la sorpresa que el alcalde de Chiclayo firmó el convenio para la ejecución de la obra. ¿Cómo es esto posible si no se tienen aún las certificaciones que se necesitan de la ANA y de DIGESA? En el ministerio a nosotros nos comunicaron que no se firmaría ningún convenio en tanto no se tenga ambas certificaciones. ¿Qué ha pasado entonces?”, cuestiona Carmen Poluche.
Comenta que el 19 de enero pasado, cuando los dirigentes viajaron a la sede del Ministerio de Vivienda, acompañados por el congresista Clemente Flores y el alcalde de Pomalca, Miguel Segura Clavo (uno de los pueblos jóvenes beneficiarios pertenece a su jurisdicción), pusieron en autos al nivel central la incapacidad de EPSEL para resolver las contingencias presentadas con el expediente técnico de la obra de saneamiento.
“Son 15 años que EPSEL tiene nuestro expediente y la verdad es que nosotros no queremos que nos suceda lo mismo que le pasó a Chiclayo, no solo con la obra inconclusa que dejó el gobierno de Roberto Torres, sino con la ineptitud de EPSEL, pues vemos cómo colapsan los desagües y hay cortes del servicio de agua potable. Tampoco deseamos que esta obra la ejecute la municipalidad, que tiene licitaciones que se caen o ejecuta proyectos con sospecha de corrupción. Nosotros pusimos énfasis de que no queremos que EPSEL ni la comuna provincial ejecuten la obra, preferimos que lo haga el ministerio directamente”, manifiesta.
En julio del 2016 EPSEL cursó documentación al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para transferir la unidad ejecutora del proyecto. Sin embargo, el ministerio respondió que el requerimiento no era procedente debido a que el expediente técnico no estaba aún finalizado, faltando el componente medioambiental que la empresa paramunicipal recién mandó a elaborar en noviembre del año pasado.
“Nosotros somos los sectores que más pagamos por el agua. Pagamos 0.50 céntimos la lata, y cuando llueve nos la venden a tres latas por dos soles. Nos venden el agua los aguateros, corriendo el riesgo de consumir agua no potabilizada. Cada semana nos llega una cisterna del Gobierno Regional de Lambayeque. Respecto al alcantarillado utilizamos pozos sépticos, pero también hay familias que botan las aguas residuales en las calles. Yo por ejemplo, pago 100 soles mensuales para que venga el hidrojet y se lleve los desechos, y actualmente nuestra población tiene problemas intestinales, de la piel, del cuero cabelludo, respiratorios. Por cómo se están dando las cosas creemos que la municipalidad se está burlando de nosotros”, asevera la dirigente.
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