Un Total de 23 personas que se desarrollaron laboralmente como funcionarios públicos en diferentes instituciones en Lambayeque, se encuentran inhabilitados para prestar servicios al Estado por conductas infractoras graves o muy graves durante el ejercicio de su función.

Sin embargo, algunos de ellos, y con el supuesto aval de las autoridades de turno, vendrían desarrollando actividad, cometiendo delito y vulnerando los intereses de la ciudadanía y del país.

De acuerdo al Registro de Sancionados, con sanción vigente en el ámbito de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, correspondiente a la primera quincena de mayo, en el país existen un total de mil 57 funcionarios públicos inhabilitados para trabajar para el Estado, y en Lambayeque suman 23, los que en su debido momento prestaron servicios en la municipalidad de Chiclayo, EPSEL, el Ministerio Público, los municipios de Mórrope, José Leonardo Ortiz, Santa Rosa, Monsefú, Tumán y el gobierno regional.

EN EPSEL

En esta entidad la Contraloría General de la República encontró responsabilidad y sancionó en Adolfo Manuel Dávila Tello, quien se encuentra inhabilitado para laborar en el Estado por cinco años. La sanción, la cual culmina el 15 de mayo del 2019, se encuentra sustentada en el expediente de control N° 012-2014-CG/TSRA.

De acuerdo con la normativa vigente, las sanciones impuestas por el órgano sancionador, una vez consentidas; es decir, cuando el funcionario o servidor no apeló o cuando son confirmadas por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, se inscriben en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR.

Conforme a la sanción impuesta – La falta “6i” y “7r”- Dávila Tello fue sancionado por hacer declaración falsa acerca de medición y valoración en obras, adquisición de bienes o de cualquier otro servicio o prestación a cargo del Estado, generando perjuicio a este.

Además, en la falta “7r” se consigna el obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, haciendo uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia.

MUNICIPIO DE CHICLAYO

La Contraloría también ha sancionado a José Armando Sosa Saavedra hasta el 18 de marzo del año 2018, según expediente 034-2016-CG/TSRA, por disponer, autorizar, aprobar, elaborar o ejecutar, en perjuicio del Estado e incumpliendo las disposiciones que los regulan, la aprobación, el cambio o la modificación de los planes, estipulaciones, bases, términos de referencia o condiciones relacionadas a procesos de selección, concesión, licencia, subasta.

También está Marcos Antonio Guevara Uvidia, inhabilitado por cinco años, con las faltas “6d” y “7h”. Es decir, no puede laborar para el Estado hasta el 17 de marzo del  2021.

A dicha persona la Contraloría le encontró responsabilidad en hacer declaración falsa acerca de medición y valoración en obras, adquisición de bienes o de cualquier otro servicio o prestación a cargo del Estado, generando perjuicio.

Habría atentado contra el deber la neutralidad; es decir, actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones.

Otra trabajadora municipal inhabilitada es Mercedes Janina Ramos Suyón, sobre quien ha caído una inhabilitación de 5 años, según el expediente N° 001-001-2015-CG/SAN. Ramos Suyón no puede trabajar pare el Estado hasta el 16 de junio del 2020 por haber atentado contra el deber a la neutralidad, al actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones de la municipalidad de Chiclayo.

Otro funcionario sancionado hasta el 9 de marzo del 2021, según expediente N° 034-2016-CG/TSRA, es Dante Roberto Failoc Piscoya, a quien se le he encontrado responsabilidad en haber atentado contra el deber de la neutralidad, al actuar parcializadamente contra los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias y autorizaciones, realizados por la municipalidad de Chiclayo.

También está en la lista Carlos Alberto Mendoza Oliden, quien ha sido inhabilitado hasta el 23 de diciembre de este año, según expediente N° 001-059-2015-CG/SAN, por incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participó con ocasión de su función o cargo.

MINISTERIO PÚBLICO

En esta institución ha sido sancionada Rosa Milagros Villalobos Urteaga, a quien se le ha inhabilitado por espacio de dos años; es decir, hasta el 11 de noviembre del presente año, según el expediente N° 099-2015-CG/TSRA.

Dicha persona habría cometido las faltas “7h” y “7n”, al actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones, así como “incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo”.

MUNICIPIO DE MÓRROPE

En esta comuna ha sido sancionado, según expediente 001-141-2015-CG/SAN, Henry Richard Bazán Valdera, con inhabilitación para trabajar para el Estado hasta 30 de diciembre del 2017, al haber cometido la falta “6q”, por incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.

También se encuentran los funcionarios Ulises Iván Burgos Díaz y Jonhy Richard Ramírez Chirinos, sancionados con las faltas “6q”, “6k” y “6g”, de acuerdo al expediente 187-2016-CG/TSRA-Primera Sala, por incumplir las disposiciones legales que regulan que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado, así como usar los recursos públicos sin la estricta observancia de las normas pertinentes o influir de cualquier forma para su aplicación irregular.

Además, por contratar bienes, servicios u obras sin proceso de selección, simulando su realización o de forma fraudulenta, cuando la normativa prevea su obligatoria realización, dando lugar a la generación de perjuicio al Estado.    

HOSPITAL BELÉN

En esta entidad fue inhabilitado para trabajar para el Estado Mauro Piscoya Salinas, por espacio de dos Años, según se sustenta en el expediente N° 064-2016-CG/TSRA, hasta el 4 de mayo del año 2018.

Dicha persona fue encontrada responsable de haber cometido las faltas “7h” y “7p”, al actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones, así como intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, rescisión o resolución del contrato o sanción  de cualquier funcionario o servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o tenga relación directa , que pueda derivar  en alguna ventaja o beneficio.

EN SANTA ROSA

Mediante expediente N° 001-015-2016-CG/SAN, ha sido sancionado con 4 años de inhabilitación el funcionario público Marcial Martín Mocarro Aguilar. La mencionada persona no podrá trabajar para el Estado hasta el 17 de mayo del 2020, por haber cometido la falta “6q”.

También se encuentran los funcionarios Elva Ethel Gil Quesquén, Martín Mendoza Yaipén y Pedro Luis Serquén Effio, sancionados hasta el 27 de enero del 2020, con la infracción laboral “6q”, según el expediente N° 0010-2017-CG/TSRA-Segunda Sala, al haber incumplido las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado, por su modo de actuar al estar al frente de responsabilidad de una función pública.

COMUNA DE MONSEFÚ

En esta municipalidad ha sido inhabilitado por espacio de dos años Cristhian Zeus Pinasco Montenegro, al haber sido encontrado responsable, según el expediente N° 001-030-2016-CG/SAN, de cometer la falta “7h”, que lo ha llevado a ser inhabilitado por espacio de dos años.

El mencionado funcionario ha cometido la infracción contra el deber de neutralidad, al haber actuado parcializadamente en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.

Otro funcionario sancionado con la misma infracción es Karina Lissette Esqueche Velásquez, quien, según expediente 001-030-2016-CG/SAN, ha sido inhabilitada por dos años; es  decir, hasta el 22 de junio del 2018.

GOBIERNO REGIONAL

En la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, ha sido sancionado Antonio Federico Castro Ferré, quien, según el expediente de sanción N° 003-360-2016-CG/SAN, cometió la falta “6q”, que lo llevó a que se le aplique una sanción de suspensión temporal de 180 días, los cuales vencieron el último 22 de mayo.

Dicha funcionario fue encontrado responsable de haber incumplido las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.

Asimismo, en el Gobierno Regional de Lambayeque está inhabilitado para trabajar en el Estado hasta 31 de enero del 2019, Fernando Quiroga Chero, de acuerdo a como consta en el expediente 002-782-2016-CG/SAN, al haber sido encontrado responsable de las faltas “6j” y “6q”.

Fernando Quiroga aprobó y ejecutó operaciones o gastos no autorizados por Ley o reglamento, así como por incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado, por su modo de actuar al estar al frente de responsabilidad de una función pública.

EN LA VICTORIA

Con la suspensión de un año para trabajar para el Estado,  fueron sancionados el pasado 5 de enero, según expediente 195-2016-CG/TSRA Primera Sala, los funcionarios Harry Arturo Gonzales Solano y Walter Enrique Mondragón Vera.

Los mencionados funcionarios fueron encontrados responsable de haber cometido la falta “7n”, que señala el incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo. La falta cometida es considerada como grave.

MUNICIPIO DE TUMÁN

En esta entidad estatal ha sido sancionado Peter James Estela Sánchez, quien ha recibido como sanción la inhabilitación de cinco años, al haber sido encontrado responsable de las faltas “6k”, “6q” y “7h”.

Conforme al expediente N° 001-697-2016-CG/SAN, Peter  Sánchez ha sido encontrado responsable de usar los recursos públicos sin la estricta observancia de las normas pertinentes o influir de cualquier forma para su aplicación irregular, así como incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado, por su modo de actuar al estar al frente de responsabilidad de una función pública.

Además, actuar de manera parcializada en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.

JOSÉ LEONARDO ORTIZ

De acuerdo al Registro de Sancionados con sanción vigente también se encuentra Rald de la Piedra Arévaló, quien de acuerdo al expediente 001-412-2015-CG/SAN en su haber tiene las sanciones  “6q”, “7h”, lo que ha llevado a que sea inhabilitado para trabajar en el Estado desde el 4 de octubre del 2016 hasta el 3 de octubre del 2020.

Rald Clay de la Piedra afectó al Estado cuando cumplió funciones de subgerente de Logística en la Municipalidad de Cochabamba, al incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado, por su modo de actuar al estar al frente de responsabilidad de una función pública.

De igual manera, actuó parcializadamente en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.

 respuesta de Fernando Calderon Risco el 2021-01-09.

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