El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, presentó a fines del año pasado el Proyecto de Ley 2951, a través del cual propone que el Perú implemente el sistema de váucheres educativos, por el cual el Estado solventaría de manera parcial a las familias para que estas matriculen a sus hijos en colegios privados, bajo el argumento de que estos tienen mayor calidad. El Sutep y expertos en materia educativa afirman que el modelo ya fracasó en otros países y no resuelve el problema de fondo.
A la campaña de mediatización de proyecto de Alejandro Cavero se han sumado algunas organizaciones vinculadas al sector empresarial como el Instituto de Libertad para el Desarrollo – ILAD.
¿Qué son los váucheres educativos?
Los váuchers educativos son un sistema mediante el cual el Estado subvenciona a colegios privados para que reciban a estudiantes de la escuela pública. Este sistema fue creado con el argumento de mejorar la calidad educativa.
“Lo que realmente pretende es desviar los recursos económicos que el Estado debería destinar a la educación pública a las manos de empresarios que quieren lucrar con la educación del pueblo. Es innegable que los váuchers educativos son parte de la estrategia neoliberal para destruir la educación pública”, sostiene Lucio Castro Chipana, secretario general del Sutep.
El economista y académico norteamericano Milton Friedman fue el creador de los váucheres educativos, siendo Chile uno de los países en los que se aplicó a modo de modelo para el resto de países.
Argumentos de los impulsores
Los promotores del sistema de váucheres educativos en el Perú sostienen que el Estado ha sido incapaz de resolver las grandes brechas que tiene la educación en el país, empezando por la infraestructura, donde se requiere de 152 mil millones de soles para su solución, de acuerdo a la estadística más reciente del Ministerio de Educación.
Otro aspecto que ponen en cuestión es el de la calidad, al comparar escuelas públicas con privadas, además del rendimiento escolar.
El proyecto Cavero propone otorgar a los padres de familia la decisión directa de recibir y utilizar el dinero asignado por el Estado para la educación de sus hijos a través del váucher, con el que puedan pagar mensualmente el colegio privado de su elección, bajo ciertas condiciones y reglas.
¿Es realmente efectivo?
Como se ha indicado, el ejemplo más cercado sobre aplicación del sistema de váucheres educativos es Chile.
Un estudio realizado en 2020 por el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad de Chile señala que las escuelas que reciben más estudiantes con vales educativos tienen un menor rendimiento académico que las escuelas que no los reciben y en 2016, la CEPAL concluyó que el modelo de váucheres en Chile profundizó la segregación educativa y afectó negativamente la calidad de la educación pública.
“Esto se debe a que las escuelas con mejor rendimiento y con mejores instalaciones son aquellas que cobran aranceles altos y seleccionan a sus alumnos, dejando a los estudiantes más pobres y vulnerables en escuelas con peores condiciones y menor calidad educativa. Esto quiere decir que la segregación social comienza por la educación e incrementa la brecha entre pobres y ricos”, explicó en una reciente conferencia organizada por el Sutep Eduardo González, vicepresidente del Colegio de Profesores de Chile.
Añade que, según la UNESCO, el sistema de váucheres ha tenido un impacto negativo en el sistema educativo chileno. “Las escuelas han visto a los estudiantes como mercancía y a la educación como negocio, priorizando el lucro sobre la calidad. Esta medida ha sido una de las principales que causó el estallido social en el país”, comenta en alusión a las fuertes protestas estudiantiles registradas en Chile.
El informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes – PISA, de 2018, concluye que el sistema de vales educativos de Chile no ha logrado mejorar la calidad educativa ni reducir la segregación social.
Afectación docente
Lucio Castro remarca que el sistema de váucheres no resuelve la brecha de infraestructura y equipamiento que actualmente afecta a la escuela pública; tampoco genera oportunidades de accesibilidad y permanencia y, lo más preocupante aún, no llega a los estudiantes de las zonas rurales o de los pueblos indígenas, postergando la posibilidad para que estos accedan a la educación de calidad.
Sin embargo, anota, el perjuicio también iría contra los maestros y trabajadores de la educación.
“El proyecto de Ley presentado por el congresista Alejandro Cavero señala que los docentes serán empleados de los colegios privados. Es decir que fijarán nuestros sueldos de acuerdo a lo que les parezca más rentable o consideren que es lo que manda el mercado. Tampoco podrán negociar mejoras porque al estar divididos en cientos de empresas será más difícil organizarnos en torno al sindicato para negociar mejores sueldos o condiciones laborales”, advierte.
Según datos del Ministerio de Educación de Chile, los docentes en escuelas privadas que operan con váucheres ganan en promedio un 44 % menos que los docentes en escuelas públicas. Además, tienen menos protección laboral, menor acceso a capacitación y una mayor carga de trabajo debido a la falta de personal y recursos en estas instituciones.
“La reducción de los salarios y las condiciones laborales ha llevado a una disminución de la calidad educativa en el país. Los docentes tienen menos incentivos para mejorar su desempeño y desarrollar su carrera profesional, lo que afecta directamente a la educación de los estudiantes. Además, la falta de estabilidad laboral y protección ha generado una alta tasa de rotación de docentes, lo que dificulta la continuidad y calidad de la enseñanza.
Desde una perspectiva sindical, el modelo de váucheres ha debilitado la capacidad de los docentes para organizarse y negociar colectivamente por mejores condiciones laborales. Las empresas privadas tienen poco interés en permitir la formación de sindicatos, y los docentes en escuelas privadas tienen menos protección legal para hacer huelgas y negociar salarios. Estas son las consecuencias de priorizar el lucro sobre la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes”, anotó Eduardo González.
El secretario general del Sutep afirma que el Estado, lejos de optar por un modelo como el de los váucheres, debería hacer su mayor esfuerzo por cumplir con el artículo 16 de la Constitución, modificado tras 20 años de lucha del sindicato, y que señala que al año se debe destinar no menos del 6 % del PBI para educación.
“Los maestros y auxiliares somos firmes en señalar que no permitiremos que se apruebe una propuesta como esta, detrás de la cual hay grandes intereses económicos y grupos de poder. Nuestra exigencia a la Comisión de Educación del Congreso es que el proyecto del congresista Cavero sea archivado. Ya antes hemos frenado los intentos de atentar contra la educación pública, como la municipalización en el gobierno de Alan García. La próxima semana marcharemos hasta el Congreso para hacer sentir nuestro rechazo”, enfatiza.
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