Esta semana es decisiva para la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG. La visita de representantes de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, es el último paso (se espera) para lograr el ansiado licenciamiento. Durante este tiempo, la casa de estudios ha atravesado diversos momentos para llegar a ese objetivo, tiempo en el que ha sido necesaria la restitución del principio de autoridad y el orden interno.
“El proceso de licenciamiento equivale a que la universidad, como expresión del poder del conocimiento, demuestra y testimonia que está en condiciones a nivel de recursos materiales, infraestructura física y calidad docente, para poder brindar un servicio de calidad”, comenta el vicerrector Académico de la UNPRG, César Cardoso Montoya, precisando que la máxima de este proceso es el interés superior del estudiante.
Esto significa el cumplimiento de las seis Condiciones Básicas de Calidad – CBC, que tienen un conjunto de indicadores y medios de verificación, de modo tal que lo señalado en los planes de estudios de verdad se cumpla y esté debidamente reflejado en el perfil de los docentes y la infraestructura y equipamiento exigible.
“La nuestra es una universidad cincuentona y resulta ser la última en enfrentar el proceso de licenciamiento. ¡Qué incómodo! La primera en licenciarse fue la Universidad Nacional Agraria La Molina, en marzo del 2017. Estamos en mayo del 2023 y nosotros aún no lo logramos. ¿A qué se dedicaron las autoridades anteriores? ¿Eran conscientes que, con la nueva Ley Universitaria, de julio del 2014, había que transitar a las seis Condiciones Básicas de Calidad? Creo que no. Simplemente dejaron de lado el proceso bajo una concepción equivocada de la autonomía universitaria. Creían que porque la universidad es autónoma no nos iban a intervenir. Al final nos intervinieron y no fuimos capaces de cumplir con ninguna de las seis condiciones”, reflexiona Cardoso Montoya.
Con ese preámbulo, la autoridad académica señala con seguridad que la UNPRG esta vez sí se encuentra próxima al licenciamiento.
“Hemos elaborado cerca de 33 mil expedientes, el 90 % se presentaron en octubre pasado y el 10 % restante a fines de marzo de este año. Estos expedientes son evaluados por la Comisión Técnica de la SUNEDU”, comenta.
Condiciones básicas
La primera Condición Básica de Calidad alude al modelo educativo. Al respecto, en la UNPRG ha sido necesario construirlo, puesto que nunca tuvo uno. En el proceso lo más tedioso – explica – ha sido redefinir la relación entre la universidad y la sociedad. Es decir, resolver qué compromisos tiene la universidad con su territorio y de qué modo se va a dar el tránsito de la academia al desarrollo territorial.
“Este modelo reivindica un rol novedoso para el caso de la UNPRG, que es el rol social con su territorio”, resalta.
La segunda CBC está referida a la constitución, gobierno y gestión de la universidad. Significa tener todos los documentos de gestión y autoridades legítimamente elegidas.
“La más complicada de las condiciones es la tercera, que tiene que ver con la oferta académica, los recursos educativos y la docencia, donde hay dos indicadores importantes: el 19, que habla sobre profesores acorde a los requisitos de la ley, y el 20, que estos estén debidamente capacidades. Cuando los colegas no cumplen esos requisitos, las puertas se abren y se van”, menciona.
En la cuarta condición se habla sobre la propuesta de investigación, al existir una obligatoriedad de establecer servicios desde la universidad. Por ejemplo, cómo se relacionan las carreras de Zootecnia e Industrias Alimentarias. En otra categoría está bienestar social, responsabilidad social y transparencia.
“Mientras no se cumplan las condiciones, con toda seguridad no nos darán el licenciamiento. Lo que puedo decir es que hemos trabajado tesoneramente desde noviembre del 2021. Nos hemos dedicado estrictamente a hacer realidad las condiciones para el licenciamiento. No encontramos documentos, medios de verificación ni indicadores. Hoy, puedo decir que ya los tenemos, ese es el convencimiento que tenemos”, manifiesta el vicerrector Académico.
Añade que la última visita de la Comisión Técnica de la SUNEDU implica la revisión minuciosa de 62 de los 185 laboratorios existentes, que todos cuentan con tecnologías y reciban el mantenimiento respectivo.
“Con mucho orgullo podemos decir que tenemos laboratorios de punta, los más avanzados en la zona nororiental del país. Esperamos que en junio próximo sí o sí nos den la resolución de licenciamiento”, enfatiza.
Recursos e inversiones
Cardoso Montoya refiere que la SUNEDU cumplió en parte con la elaboración del Plan de Emergencia y el asesoramiento para cristalizar su ejecución. Sin embargo, no hubo transferencias económicas para su materialización.
Significa que la universidad ha destinado cerca de 50 millones de soles de sus recursos propios para avanzar en el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento. La inversión – sostiene – está debidamente justificada y transparentada.
“Se han modernizado 185 laboratorios talleres, de los cuales 103 son de enseñanza, 40 de cómputo, dos de investigación y uno de biotecnología. Los 50 millones se han gastado en comprar tecnología moderna y mantenerla. Hoy, estamos sin recursos, quisiéramos modernizar más la infraestructura física, pero confiamos en que se hará una vez que nos den el licenciamiento y podamos captar más recursos”, acota.
César Cardoso confía en que el licenciamiento de la UNPRG será “casi perfecto”, pues a su juicio el resto de universidades lograron pasar el filtro de la SUNEDU “de manera muy generosa, recibiendo muchas concesiones”. “A una universidad le perdonaron que sus 200 programas de maestría no cumplían los requisitos”, señala.
Comenta que la Comisión Técnica de la SUNEDU ha expresado su comprensión a la situación de la universidad lambayecana, considerando la complejidad del reto.
“Obviamente para la UNPRG es complicado. La Universidad de La Molina se licenció fácilmente pues desarrolla solo un campo del saber, el de las ciencias agronómicas. Nosotros desarrollamos seis áreas del conocimiento, lo que hace tremendamente complejo, más aún si hemos tenido a personas no capacitadas o identificadas, además de falta de recursos. En esas condiciones nos estamos enfrentando al proceso”, refiere.
Sostiene que como consecuencia del no licenciamiento, sucedido en agosto del 2020, se han perjudicado seis mil familias por cada proceso de admisión no desarrollado, dada su prohibición por parte de la SUNEDU.
Retorno a la presencialidad
En paralelo, esta semana la universidad volvió a abrir sus puertas para las clases presenciales, incluso por primera vez para estudiantes que ingresaron en el año de pandemia y han recibido durante este tiempo clases virtuales.
“Ahora albergamos a estudiantes del séptimo ciclo para adelante. Este ha sido un período de carencia de estudiantes, carencia de recursos, carencia de horas con carga académica y otros problemas colaterales, de ahí que nunca más debemos dejar de licenciarnos. El retorno a la presencialidad ha significado modernizar 195 aulas, 68 de nuestros cuatro pabellones centrales, con equipamiento tecnológico. Quizá no hemos alcanzado el 100 %, por la falta de recursos, pero todo está planificado para que este año lleguemos a la meta”, señala.
Comenta que la semana pasada la Federación y el Sindicato de Docentes propusieron la continuidad de las clases virtuales. “Muchos colegas que son tiempo completo en nuestra universidad querían trabajar virtual, pero sí trabajan presencial en universidades privadas. Hay necesidad de disciplinar estas cosas, y por ello la alta dirección y los decanos nos mantuvimos firmes para el inicio de las clases presenciales”, precisa.
Indica también que se ha convocado a una mesa de trabajo para tomar acciones preventivas frente a los casos de dengue. Parte de ello se han realizado acciones de fumigación en la ciudad universitaria.
Aforos por aulas
Respecto al aforo por aula, Cardoso Montoya comenta que es obligación de los decanos y directores de escuela leer detenidamente sus instrumentos de gestión, al igual que los docentes su reglamento para el desempeño.
“Hay situaciones que están fuera del campo de la legalidad y ese tipo de hechos ha originado tener una universidad fuera del campo de la legalidad, trasgresora, que nunca cumplió la norma. Lamentablemente en la Facultad de Derecho se han programado clases con aulas de más de 60 estudiantes, cuando se advirtió oportunamente que el aforo no puede ser más de 49: 48 alumnos y un docente. Esas son las reglas de juego y se cumplen, tanto en aulas como en laboratorios. Estamos manejando las normas con mucha disciplina, con un solo propósito: construir nuevas prácticas institucionales”, enfatiza.
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