Chiclayo se vistió de gala el fin de semana –entre el 18 al 21 de mayo- al ser anfitrión de la Asamblea Nacional y Estatutaria de Decanos del Colegio de Periodistas del Perú. Este importante cónclave fue presidido por el decano (e), Edwin Sarmiento, al cual asistieron 20 decanos de los distintos Consejos Regionales, acompañados de algunos de sus directivos, quienes debatieron puntos sustanciales para el futuro de la profesión y de los hombres de prensa.
El evento, organizado por el Colegio de Periodistas de Lambayeque, fue más que oportuno, por la coyuntura especial que vive el periodismo, ya que desde el Poder Legislativo se pretende aprobar el cuestionado Proyecto de Ley Nº 02862, conocido como “Ley Mordaza”, presentado por el congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre.
Como es de conocimiento público, este proyecto busca elevar hasta cuatro años de prisión el delito de difamación, a través de la prensa y medios de comunicación. La finalidad es la modificación de los artículos 131 y 132 del Código Penal, los cuales tipifican los delitos de calumnia y difamación, y el artículo 1969 del Código Civil, que enmarca la indemnización por daño moroso y culposo.
Esta propuesta tiene como objetivo incrementar la pena privativa de libertad a cuatro años para los delitos de difamación y calumnia, a través de los medios de comunicación. La preocupación radica en que de aprobarse este proyecto sea utilizado para perseguir a periodistas de investigación que denuncian actos de corrupción.
Piden archivar proyecto
Justamente, en la Declaración de Chiclayo uno de los acuerdos al que arribaron los decanos de los Consejos Regionales del país, fue invocar al Congreso de la República a no presentar iniciativas que lesionen la libertad de prensa y el ejercicio profesional de periodistas y comunicadores, que solo cumplen con su deber de informar basados en los principios de ética y veracidad por los que juraron.
En esa línea, el gremio demandó que este controvertido proyecto que actualmente se discute en dicho poder del Estado, sea definitivamente archivado a fin de garantizar la existencia de una auténtica y real libertad de prensa, sin ningún asomo de amenaza ni intimidación que restrinja el trabajo de los hombres de prensa.
Como bien lo mencionó la decana del Colegio de Periodistas de Lambayeque, Rosa Chambergo, en la inauguración de la Asamblea Nacional: “Nos reunimos en momentos que la libertad de prensa y la libertad de expresión está en peligro en el Perú, pese a que estas libertades están consagradas y protegidas en la Constitución Política y en normas internacionales”.
Chambergo sostuvo que el Proyecto de Ley N° 02862 no solo afecta al periodismo y a los comunicadores, sino que atenta directamente a los más de 32 millones de peruanos, porque viola el derecho a la libertad de expresión y conlleva a restringir las libertades de información, opinión y difusión del pensamiento, mediante la palabra oral, escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación.
“Es decir, ningún peruano podría acudir o ser entrevistado por periodista o comunicador alguno para hacer conocer su necesidad, problemática o denunciar un abuso, o un caso de corrupción en su comunidad que involucre a alguna autoridad o funcionario público”, subrayó la decana.
Denominación única
En las últimas semanas hemos sido testigos de casos indignantes que han surgido en el propio seno del Congreso de la República, como el caso de las parlamentarias conocidas como las “Mocha sueldos”, el caso “Los Niños”, o de otros legisladores sumidos en presuntos actos de corrupción. “Es mucha coincidencia que este proyecto de ley, que estaba encarpetado desde agosto de 2022, se ponga en agenda cuando a través de los medios se denuncian este tipo de irregularidades en el Legislativo que lindan con lo delictivo”, expresó el decano del Colegio de Periodistas de La Libertad, Alfredo Galindo.
Otro punto importante en la agenda de la Asamblea Nacional estuvo dirigido al Parlamento, a quien exhortaron a poner en agenda el proyecto de ley presentado por el Colegio de Periodistas del Perú (CPP), que busca modificar la denominación del Colegio de Periodistas del Perú por el de Colegio de Periodistas y Comunicadores del Perú, el cual ha sido debidamente sustentado en la comisión dictaminadora pertinente del Congreso de la República.
“Ello, considerando que los miembros de la orden profesional son periodistas y comunicadores titulados por las facultades de Ciencias de la Comunicación en universidades públicas y privadas, y poseen una formación académica común, por lo que se hace imperativo actualizar y modernizar la institución que los representa”, señala la Declaración de Chiclayo.
Este tema ameritó un debate por parte de los decanos, quienes de forma unánime sostuvieron la necesidad de ampliar esta denominación, donde estén incluidos tanto periodistas como comunicadore sociales en sus diferentes especializaciones.
El CPP señala que representa a 13 mil colegiados entre periodistas y comunicadores sociales. Y para citar un caso, dice que el Colegio de Periodistas de Lima tiene en sus padrones a 4.821 hombres y mujeres de prensa, de los cuales 1.148 son comunicadores sociales, “lo que quiere decir que desde hace varias décadas venimos trabajando unitaria e integralmente periodistas y comunicadores sociales”.
Agregan que resulta extraño que la Iniciativa Legislativa Nº 6855, presentada en octubre del 2020 por los dirigentes del CPP para ampliar esta denominación, duerma el sueño de los justos.
Rechazo a “ley Torres y Torres Lara”
Una posición unánime tuvieron los decanos respecto de la Ley Nº 26937, también conocida como “ley Torres y Torres Lara", a la cual expresaron su rechazo, “porque terminó distorsionando el trabajo profesional de periodistas y comunicadores, abriendo paso a la informalidad en el ejercicio periodístico, bajo el libérrimo criterio de que cualquiera puede ejercer esta profesión, aún sin estar formado para ella".
En la Declaración de Chiclayo también exhortaron al irrestricto cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 566-2021-MTC/01, que obliga a los medios de radio y televisión, que utilizan el espacio electromagnético del Estado, contar con un código de ética, instrumento fundamental para el sano ejercicio de la comunicación.
También exigieron a los organismos del Estado a cumplir con la ley que obliga a jefes de información, agregados de prensa y periodistas que presten servicios en la administración pública o mixta, ser necesariamente periodistas o comunicadores colegiados.
Expresaron que el CPP se mantendrá siempre vigilante en defensa de los principios de la libertad de prensa y del ejercicio profesional, que dan legitimidad a la democracia y a la vigencia del Estado de derecho.
La decana Rosa Chambergo precisó que momento propicio para entender que debemos ser autocríticos en nuestro trabajo y ejercerlo con decencia y docencia, ser responsables en nuestra labor para seguir siendo la reserva moral en la que la ciudadanía deposita su confianza.
“En estos momentos no somos ajenos a la crisis política en el país, pero con la ‘Ley Mordaza’ puesta de manifiesto se busca la autocensura de la prensa, ante el riesgo y temor de ser querellados, procesados, sentenciados, encarcelados y obligados a pagar millonarias indemnizaciones como castigo o venganza, solamente por investigar y destapar actos de corrupción que comprometan a los malos funcionarios que se aprovechan de los cargos públicos y se enriquecen ilícitamente con los recursos del Estado”, refirió Chambergo.
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