A 47 asciende el primer grupo de egresados denunciados por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, a través de la Oficina de Asesoría Jurídica, por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos – falsedad material impropia, para obtener el título profesional.
Los denunciados cursaron estudios en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE, quienes, de acuerdo al escrito presentado por el abogado Carlos Palomino Guerra al Ministerio Público, en representación de la universidad, con la finalidad de obtener la titulación presentaron una serie de documentos en los que se habrían consignado no sólo información falsa, sino también adulterado las firmas de docentes, jurados e incluso del actual decano, Percy Morante Gamarra.
Los casos se remontan a la época de la pandemia por el Covid-19, en la que los estudiantes tenían dos opciones para alcanzar el grado de licenciados: elaborar un trabajo de investigación (tesis) o someterse a una evaluación de suficiencia, consistente en una clase magistral con alumnos, esto de manera virtual.
Cada expediente debía contener, además de los registros correspondientes, las firmas de los jurados y la comunicación oficial al decanato y la dirección de escuela en el correo institucional.
Documentos adulterados
Palomino Guerra ha informado al Ministerio Público que conforme al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad y la Resolución n.° 0112-2020-EP-V-D-NG-FACHSE, del 12 de noviembre del 2021, en la que se aprueba las sustentaciones virtuales de examen de suficiencia profesional para la carrera profesional de Educación, los estudiantes debían presentar los siguientes documentos:
Formato único para trámite de título profesional; constancia de matrícula, constancia de egresado, copia del DNI, constancia del registro del grado de bachiller en SUNEDU, plan de estudios de la carrera, acta del examen de suficiencia profesional y constancias de pago para la obtención del título profesional en el Banco de la Nación.
La Oficina de Grados y Títulos de la universidad, en coordinación con la Dirección de la Escuela Profesional de Educación, entonces a cargo de Percy Morante Gamarra, advirtió que las actas de examen de suficiencia habían sido adulteras, ya que ninguna de estas, correspondientes a los denunciados, se encontraba registrada en los archivos de la escuela, en tanto otras eran inconsistentes respecto al número de decretos, fechas y otros. Ello ha permitido concluir – a nivel administrativo – que los egresados no rindieron los exámenes.
“Habiendo detectado dichas irregularidades se conformó una comisión encargada de indagar los casos especiales presentados por la Oficina de Grados y Títulos con la finalidad de precisar la veracidad y procedencia de la documentación en mención. Esta comisión se conformó con Resolución de Decanato n.° 001-2024-V-CF.FACHSE, del 2 de enero del 2024, la misma que tras evaluar la documentación, se encontraron irregularidades”, señala la denuncia.
Informe de la comisión
La comisión emitió su informe el 25 de enero al decanato, detectándose, por ejemplo, que algunas de las actas consignaban como jurado a personas que no docentes de la UNPRG, las fechas y horas de los supuestos exámenes no correspondían, los sellos no pertenecen a ninguna dependencia de la universidad y no contaban con número de expediente.
También se encontró que algunas actas contenían datos pertenecientes a otros estudiantes, decretos falsos y otras irregularidades.
“Queda claro que los denunciados han utilizado documentos públicos falsos (actas de examen de suficiencia profesional), pues conforme se ha verificado, dichas actas contienen información que corresponde a otros egresados de la misma facultad que sí han cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento, por lo que estamos no sólo ante un ilícito administrativo, sino también ante ilícitos penales, ya que usando documentos adulterados en parte, los denunciados han logrado ingresar sus datos personales con la finalidad de completar el expediente de titulación, afectando con ello la funcionalidad del documento, así como han incurrido en la conducta ilícita de falsa declaración en procedimiento administrativo, ya que en la conformación del expediente administrativo han presentado dichos documentos adulterados, con lo que se afecta el principio de veracidad inherente a toda declaración de los administrados ante la administración pública”, señala la denuncia.
Los denunciados
La universidad ha presentado la denuncia contra Wilfredo Barboza Alarcón, natural de Bagua (Amazonas); Mily Mera Aguilar (Pucará, Cajamarca); Susana Andrade Camargo (Independencia, Lima); Yessuca Euribe Sotelo (Jesús María, Lima); Rubí Fernández Suárez (Tumán, Lambayeque); Silva Flores Manayay (Pueblo Nuevo, Lambayeque); Luis Alberto Flores Manayay (Pueblo Nuevo, Lambayeque); María Guarnizo Culquicondor (La Victoria, Lambayeque); Luz Heredia Montenegro (Salcahuasi, Huancavelica), y Guisella Marquez Sánchez (Huamachuco, La Libertad).
Dámaris Montenegro Rivasplata (Ferreñafe, Lambayeque); Mirela Olaya Martínez (Villa El Salvador, Lima); Berinia Torres Lluén (Monsefú, Lambayeque); Sandra Valeriano Morales (Chiclayo, Lambayeque); Maura Vargas Marquina (Huamachuco, La Libertad); Palermo Chumacero Paz (Lagunas, Piura); Sandy Ayquipa Arias (Villa El Salvador, Lima); Cinthia Cajo Céspedes (Incahuasi, Lambayeque); Ysabel Carbajal Puma (San Martín de Porras, Lima); Carlos Bernilla Román (Incahuasi, Lambayeque).
Ernesto Fernández Medina (Ventanilla, Callao); Roberto Infante Vásquez (Moyobamba, San Martín); Edith Olivos Bustamante (Chiclayo, Lambayeque); Perpeto Pérez Bravo (Jaén, Cajamarca); Floriselda Mendoza Huamán (Lambayeque, Lambayeque); Carol Mesones Saavedra (La Victoria, Lambayeque); Mireya Odar Linares (Pucará, Cajamarca); Editha Pompa Suxe (Santa Cruz, Cajamarca); María Quispe Bernilla (Incahuasi, Ferreñafe); Silvia Ramírez Tello (Jaén, Cajamarca).
Gladys Santillán Santillán (Contamana, Loreto); Nancy Taype Vargas (Santiago de Surco, Lima); Ruthi Vera Guerrero (Chiclayo, Lambayeque); Rocío Aranda Leonardo (Sánchez Carrión, La Libertad); Elicia Reyes Merma (Villa El Salvador, Lima); Maribel Carhuatanta Maribel (José Leonardo Ortiz, Lambayeque); Yrvin Sánchez Sánchez (Chiclayo, Lambayeque); Doris Santa Cruz Mejía (Cutervo, Cajamarca); Simon Quispe Santos (Sánchez Carrión, La Libertad), y María Suxe Alvites (Reque, Chiclayo).
Asimismo, Bonifacia Bernilla de la Cruz (Incahuasi, Ferreñafe); Luisa Bernilla Reyes (Cañaris, Ferreñafe); Victoria Chero Araujo (Callao); Sindy Chinguala Pelaez (Huamachuco, La Libertad); Fanny Cruz Marquina (Lambayeque, Lambayeque); Mayra Guevara Bustamante (Jaén, Cajamarca) y Diana Mío Montalván (Chiclayo, Lambayeque).
Acciones a realizar
La universidad ha solicitado al Ministerio Público que reciba la declaración de su representante legal, en este caso, el rector Enrique Cárpena Velásquez o su representante debidamente acreditado, la igual que la declaración del director de la Escuela Profesional de Educación y de la encargada de la Oficina de Grados y Títulos de la FACHSE.
También de la comisión especial encargada de indagar las irregularidades, integrada por Alfredo Puican Carreño, Jorge Castro Kikuchi, Mario Monero Chumacero y Juan Carlos Granados Barreto.
También que pide la intervención de la Policía Nacional del Perú a través del Laboratorio de Criminalística, a fin de que los peritos grafotécnicos realicen el estudio documentoscopio y se determinen las adulteraciones que se han hecho a las actas originales conforme a lo denunciado.
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