Luego de 16 incendios forestales en lo que va del año en Lambayeque, los ojos del país voltearon hacia Lambayeque. Esto motivó la llegada del defensor del Pueblo Josué Gutiérrez Cóndor al departamento, quien participó esta semana de la plataforma de Defensa Civil y pidió la declaratoria de emergencia medioambiental.
“Hemos pedido que se declare en emergencia ambiental y eso es a largo plazo porque primero tenemos que hacer la evaluación de riesgo de este desastre, incluirlo en el plan que nos permita visibilizar hacia futuro cuáles son nuestras debilidades en el ámbito educativo, la presencia activa del Estado a través de los sectores de agricultura y, con especial énfasis, medioambiente, de tal manera que trabajando las políticas preventivas y alertas tempranas en alianza con las prefecturas, tenientes gobernadores y agentes municipales, así como los instrumentos de planeamiento y planeación que son oportunos vamos a mitigar cualquier incendio a futuro”, resaltó.
Falta de previsión
Josué Gutiérrez resaltó que ni en Lambayeque ni en ninguna otra región se ha previsto la ocurrencia de incendios forestales, pese a que estos siniestros son ocasionales.
“Lo que estamos quedando como plataforma es que, así como se provisionan las carpas y frazadas ante desastres como inundaciones, también debe haber para incendios forestales, sobre todo porque el cambio climático en el Perú está impactando de manera grave”, sostuvo el defensor, quien señaló que los almacenes del gobierno regional no estuvieron preparados para contener esta emergencia.
“Es evidente que al constatar en los almacenes no existe nada para mitigar los incendios. Por ello comprendemos cuáles son las deficiencias para los bomberos y las brigadas en la certificación misma de intervención”, señaló.
Explicó que la declaratoria de la emergencia medioambiental depende solo del Ministerio del Ambiente y no de la aprobación del Consejo de Ministros.
Afectación
En total, las cifras que han dejado hasta el momento los incendios forestales en Incahuasi son de casi 600 hectáreas arrasadas por el fuego, 140 mil plantones de pino y 400 cabezas de ganado desplazadas. En Cañaris, la afectación es de 40 hectáreas y 10 mil plantones de eucalipto, según cifras de Melvin Rodríguez, jefe del Centro de Operación Emergencia Regional (COER).
Además, el 9 de septiembre se reportó el deceso de una mujer adulta proveniente de Cajamarca, quien tuvo graves quemaduras en el 95 % de su cuerpo.
“La plataforma de Defensa Civil debe estar activada de manera permanente porque si aprueban la emergencia ambiental, que solo depende del Ministerio del Ambiente, se debe hacer un seguimiento sostenido de todas las actividades y proyectos que se tienen en curso. Es más, deberán darse algunos programas de capacitación a la población que incurre en estos actos que no deben hacerse como la quema de pastos”, indicó.
Vacaciones
De otro lado, al ser consultado sobre el uso de su derecho de vacaciones que hizo el gobernador Jorge Pérez en plena emergencia por los incendios forestales, indicó que estas no deben ser por un período espaciado de días.
“Las vacaciones son un derecho, pero la recomendación que haría, no al gobernador de Lambayeque, sino a todos los que asumen función pública, es que estas sean muy espaciadas, apenas de unos días. Si se toma un mes y el que viene después de uno no está capacitado y preparado para la toma de decisiones de manera inmediata, la que se perjudica es la población”, mencionó.
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La última vez que Jorge Pérez fue consultado por el pedido de suspensión que versaba en su contra se mostró confiado. En el cálculo, sabía que no había los votos suficientes para suspenderlo. Tanta era la seguridad que pidió permiso al Consejo Regional de Lambayeque para viajar a China a participar de una invitación hecha por el Centro de Intercambio Cultural China- América Latina en Pekín, solicitud que le fue negada, ante lo cual optó por irse de vacaciones. El martes 24, en horas de la noche, esa seguridad cambió. A través de una transmisión en vivo realizada en su perfil personal, el gobernador aludió ser víctima de intereses maliciosos en su contra e incluso se dirigió a la misma presidenta Dina Boluarte.
“Un medio de comunicación nacional, del Estado, maliciosamente ha publicado que yo ya no soy gobernador. Cuando vi el ‘flyer’ pensé que era un ‘fake new’, pero sí está colgado. Señora presidenta de la república, los gobiernos regionales siempre hemos apostado por la gobernabilidad, nunca hemos sido juez ni parte porque no nos corresponde, pero sí rechazo categóricamente cómo un medio de comunicación del Estado que usted dirige puede estar vertiendo mentiras, sesgos. El Estado no es botín de nadie. Creo que usted no está enterada de la situación. Yo le pido en aras de la transparencia que haga una profunda evaluación de lo que está pasando en ese medio de comunicación, porque no puede estar yendo contra la gobernabilidad y gobernanza de una región”, dijo en alusión a la noticia publicada por la Agencia Andina.
Así empezó
Esta historia se remonta al 3 de julio pasado, cuando el consejero Ricardo Lara Doig presentó consejero delegado del gobierno regional, Juan Pablo Horna Santa Cruz, el pedido de suspensión por 30 días contra el gobernador Jorge Pérez por no haber convocado, conducido ni asistido a la segunda sesión ordinaria de la instancia regional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, esto en el marco de la Ley n.° 31439, ‘Ley que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar con la finalidad de fortalecer las instancias de concertación, sean estas regionales, provinciales o distritales’.
Este pedido luego fue ampliado, pues el gobernador regional Jorge Pérez incumplió hasta en 14 ocasiones el convocar la instancia regional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres: siete en el 2023 y siete este año. En todas estas fue la Gerencia de Programas Sociales la que realizó la convocatoria.
El Consejo Regional, mediante una cuestión previa presentada por el mismo consejero delegado, derivó este pedido a la Comisión de Ética y Fiscalización. La cuestión previa fue aprobada por mayoría a excepción de los consejeros Julio César Sevilla Exebio y Sujeily Camacho Fernández. Ante esta situación, Ricardo Lara optó por presentar este pedido el 2 de agosto ante el Jurado Nacional de Elecciones, el mismo que una semana después le corrió traslado al Consejo Regional de Lambayeque.
Primera votación
Así, el lunes 26 el Consejo Regional desarrolló la sesión extraordinaria que tuvo como único punto la solicitud de pedido de suspensión contra el gobernador Jorge Pérez. Antes de votar, el consejero Gustavo Espinoza Soto planteó una cuestión previa, pidiendo que el caso sea visto en la Comisión de Ética y Fiscalización, toda vez que -según su argumento- el pedido de suspensión ya había sido votado inicialmente, mandando el caso a esta comisión, por lo que solicitó que sea la misma la que emita un informe correspondiente. No obstante, nadie secundó su iniciativa.
Finalmente, se procedió a votar para admitir o no el pedido de suspensión. El resultado fue de 9 votos a favor y una abstención, precisamente del consejero Gustavo Espinoza, quien se hallaba en la sesión de manera virtual.
De esta forma se llegó al 11 de septiembre, fecha en la que se desarrolló la sesión extraordinaria para ver el pedido de suspensión contra el gobernador. Sin embargo, tras algunas horas de debate, la sesión fue postergada para el 24 de septiembre debido a la admisión de nuevos documentos que debían ser sujetos de análisis.
El martes se reanudó la sesión, la cual estuvo llena de incidencias. Se planteó como fórmula de sufragio que primero se vote por suspender o no a Pérez Flores y que luego se vote por la cantidad de días, pues se presentó una propuesta de solo 15 días. Sin embargo, llegar al voto fue accidentado, pues el consejero Gustavo Espinoza Soto pidió que no vote el consejero Ricardo Lara, promotor de la suspensión, sobre la base del artículo 99 de la Ley 27444 – Ley de procedimientos administrativos, la cual indica que “La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida”.
Luego de que el secretario técnico diera lectura a dicho artículo se procedió a votar por el pedido de suspensión, no sin antes ocurrir un hecho anecdótico: Y es que se le conminó al asesor legal del gobierno regional, Juan Pablo Chambergo Burgos, a retirarse de la sesión de consejo, a la cual ingresaba en reiteradas ocasiones para musitarle cosas al oído al consejero Gustavo Espinoza. Este último, haciendo gala de sus modales zafios, señaló en tono de broma que lo había “contratado como su asesor”, declaración que la consejera Sujeily Camacho pidió que conste en acta.
Los consejeros Carlos Ventura y Gustavo Espinoza intentaron desacreditar al consejero delegado Juan Pablo Horna aludiendo que le había faltado el respeto a la consejera Manuela Zeña al mandarla a callar, hecho que en realidad no sucedió así, pues Horna solo le pidió que guarde silencio, pues no le había concedido el uso del a palabra.
Finalmente, y luego de otros altercados soliviantados por la portátil de Jorge Pérez se procedió a votar de la siguiente manera. A favor: Juan Pablo Horna Santa Cruz, Yoni Orosco Nunton, Ricardo Lara Doig, Sujely Camacho Fernández y Julio Sevilla Exebio. En contra votaron: Manuela Zeña Nanfuñay, Luzanna Exebio Cabrera, Carlos Ventura Sandoval, Gustavo Espinoza Soto y Walter Alva Alta. El voto dirimente lo tuvo Juan Pablo Horna en su calidad de consejero delegado.
La votación de Ricardo Lara exacerbó aún más al consejero Gustavo Espinoza, quien se paró de su asiento y a gritos intentaba que se declare nula la suspensión. La votación por la cantidad de días fue aún más accidentada, pues solo cuatro consejeros votaron a favor de los 30 días: Ricardo Lara, Yoni Orosco. Sujely Camacho y Julio Sevilla. En abstención votó Juan Pablo Horna y el resto de consejeros se negaron a hacer uso de su derecho de voto al considerar que se estaba perpetrando un fraude, pese a que el secretario técnico -quien también fue aludido en varias ocasiones por el consejero Espinoza- les advirtió que podían ser pasibles de una denuncia por el mismo Jurado Nacional de Elecciones.
Declaraciones
Tras culminar la sesión, Ricardo Lara señalaría que la prohibición para que ejerza su voto solo se daría en el caso de que él fuese la persona cuestionada en un proceso de suspensión, hecho que no es el caso, pues es el peticionante.
“El trasfondo era que habían hecho el cálculo del voto y habían visto que sin mi voto no se lograba la suspensión, por eso la insistencia de que yo no participe con el voto”, mencionó.
Por su parte, Juan Pablo Horna lamentaría el comportamiento de algunos de sus colegas consejeros. “No acepto ningún tipo de presión, a pesar de que han traído una portátil. La gobernadora encargada es tan capaz como el gobernador. Todo lo actuado pasará al Jurando Nacional de Elecciones. En una sesión ordinaria veremos los comportamientos”.
Por ahora Jorge Pérez deberá ser notificado de la decisión del Consejo Regional y su defensa legal tendrá ocho días para presentar un recurso de reconsideración al consejo, si es que hallase nuevas pruebas o, en su defecto, podrá apelar directamente al Jurado Nacional de Elecciones, quien definirá en última instancia si procede la suspensión, con lo cual se le entregaría una credencial como gobernadora a Flor Saavedra.
