De no creer. El gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, Ranjiro Nakano Osores, envió un oficio al contralor general de la república, César Aguilar Surichaqui, para pedirle el cambio del gerente regional de control, Tomás Tello Benzaquen, porque dice no estar de acuerdo en que este declare sobre las investigaciones que se hacen a la gestión de Jorge Pérez Flores.
Nakano Osores dirigió el Oficio n.° 001395-2024-GR.LAMB/GGR, del 11 de noviembre último, en el cual arremete contra el jefe de la Contraloría en Lambayeque, a quien acusa de “revelar información y emitir pronunciamientos a la opinión pública que causan daño a la entidad”, es decir, al gobierno regional que preside Jorge Pérez Flores.
“Hago de conocimiento nuestra preocupación acerca de las declaraciones vertidas por el Gerente Regional de Control de Lambayeque, Tomás Tello Benzaquen, quien de manera reiterada viene haciendo declaraciones a la opinión pública, a través de las redes sociales, las mismas que son reproducidas en medios de prensa de nuestra región, acerca de los seguimientos de informes de control realizados en obras desarrolladas por este Gobierno Regional de Lambayeque”, se queja Ranjiro Nakano, hablando también en representación del gobernador regional.
Para aderezar su evidente incomodidad por la labor fiscalizadora de la Contraloría, Nakano Osores afirma que el comportamiento de Tello Benzaquen “vulnera los principios y deberes éticos de la Función Pública que contempla la Ley del Código de Ética de la Función Pública”, tales como el respeto, la justicia y equidad, neutralidad, transparencia y discreción.
A modo de victimización, el gerente general del GORE Lambayeque le dice al contralor de la República que la gestión de Pérez Flores ha sido respetuosa del accionar de la Contraloría y que en reiteradas ocasiones a pedido su acompañamiento.
“Hemos sido respetuosos siempre de las recomendaciones y actuaciones emitidas por su representada. Sin embargo, debemos advertir situaciones alarmantes como las declaraciones expuestas por el ing. Tomás Tello Benzaquen, con quien en varias oportunidades nos hemos reunidos a fin de solicitarle acompañamiento en diversas etapas de nuestros proyectos emblemáticos (¿?), desestimando cualquier tipo de enfrentamientos de ‘estado sobre estado’, por el contrario siempre propositivos en coadyuvar para una mejor gestión”, señala en el oficio.
Líneas seguidas, Ranjiro Nakano pide el cambio del gerente regional de Control de Lambayeque por revelar información y pronunciamientos a la opinión pública que, según él, “causan daño a la entidad”.
Sacaron roncha
¿Pero cuáles fueron las declaraciones del jefe de la Contraloría en Lambayeque que puso con los pelos de punta al gobernador y a su hombre de confianza?
Según el mismo oficio firmado por Nakano Osores, lo que ha causado molestia es que Tomás Tello diera cuenta de los hallazgos de la Contraloría en la ejecución de la obra de renovación de la infraestructura educativa del colegio Federico Villarreal de Chiclayo.
La Contraloría advirtió sobre riesgos de pagos en exceso y deficiencias técnicas en la obra a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque, que cuenta con una inversión cercana a los S/15 millones. Las observaciones incluyen sobrevalorizaciones, metrados no ejecutados y uso de materiales inadecuados.
Según el Informe de Hito de Control n.° 078-2024-OCI/5343-SCC, se detectaron inconsistencias en la cuantificación de partidas. En la valorización de obra n.° 5, correspondiente a septiembre de 2024, la contratista registró al 100 % los metrados de actividades como encofrado y desencofrado de losa aligerada y uso de ladrillo hueco en la segunda planta del módulo 1, a pesar de que estas labores continuaban en octubre, después de la fecha de corte de la valorización.
El informe también advierte el riesgo de una incorrecta ejecución de la obra y la posible afectación de recursos públicos debido a la ausencia de personal clave de la contratista. Los días 10 y 14 de octubre, los especialistas en arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas y de seguridad no estuvieron presentes, lo que compromete el avance y la calidad del proyecto y podría resultar en pagos por días no laborados.
Además, se comprobó que el contratista empleó material de relleno compactado que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Este informe, que evaluó el período del 10 al 17 de octubre de 2024, fue notificado al gobernador regional de Lambayeque el pasado 22 de octubre para que adopte las medidas necesarias para asegurar los objetivos del proyecto.
El contrato de ejecución fue firmado en abril de 2024 con una empresa por S/14 208 238, con un plazo de 270 días calendario que comenzó el 22 de mayo y tiene previsto finalizar el 15 de febrero de 2025. La supervisión, adjudicada a un consorcio por S/716 262, inició en agosto, tras haberse declarado desierto un concurso previo y designarse un inspector de obra.
A la fecha de la emisión del informe, el avance físico de la obra era del 36.26 %, con cinco valorizaciones tramitadas por un monto de S/4.7 millones.
El contenido íntegro del informe es de acceso público a través del portal web de la Contraloría, habiendo Tello Benzaquen dado cuenta del mismo a través de la Oficina de Comunicaciones de la entidad en Lambayeque, hecho que según el criterio de Jorge Pérez y Ranjiro Nakano no debería suceder.
Caso hospital de Ferreñafe
El accionar de la Contraría ya resultaba incómodo para la administración regional desde antes y llegó a su punto más álgido cuando la entidad cuestionó la adjudicación de la obra del hospital de Ferreñafe, proceso plagado de vicios y en el que sospechosamente se entregó la buena pro a un consorcio conformado por una empresa sin experiencia en este tipo de proyectos y cuyo representante legal vende chupetes.
El Informe de Hito de Control n.° 086-2024-OCI/5343-SCC, advierte hechos más graves, pues el Comité de Selección pasó por alto que los integrantes del consorcio Señor Cautivo no acreditaron de forma válida tener experiencia en el rubro de construcción de establecimientos de salud del nivel del nosocomio a construir.
Inversiones DIMICA C.A. presentó como experiencia en su oferta el haber construido el Hospital Hugo Chávez Frías, en El Vigía, estado de Mérida, Venezuela. Para acreditar esto adjuntó cuatro declaraciones juradas, las cuales fueron suscritas por Jorge Félix Galván Barrera, presidente de DIMICA C.A.
El contrato de esta obra se suscribió el 26 de septiembre del 2016 entre la Sociedad Mercantil Inversiones DIMICA C.A. y el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela.
Sin embargo, la Contraloría ha advertido que la Oficina de Relaciones Consulares de Venezuela ha apostillado las declaraciones juradas, mas no los documentos adjuntos a dichos declaraciones tales como el contrato, presupuesto, especificaciones técnicas, acta de conformidad de obra, acta de recepción de la obra y otros anexos.
El otro consorciado
La situación no es mejor para José Humberto Castillo Ruiz, el otro integrante del consorcio Señor Cautivo. Según la Contraloría, el consorciado acreditó como experiencia haber participado como parte del ‘Consorcio Bigotes’ de la reconstrucción del centro de salud I-3 Paccha, en Chulucanas, provincia de Morropón, Piura.
No obstante, según la Norma Técnica de Salud Categorías de Establecimientos del Sector Salud, aprobada con Resolución Ministerial n.° 546-2011-MINSA, los centros de salud con categoría I-3 son establecimientos de salud del primer nivel de atención, lo cual contraviene lo indicado en las bases de la licitación que exigen acreditar experiencia en la ejecución de establecimientos de salud de segundo y/o tercer nivel de atención.
Certificados
Para acreditar otros factores de evaluación como el de sostenibilidad ambiental, José Humberto Castillo Ruiz presentó dos certificados, los cuales no se encontraban vigentes: para el ISO 45001:2018, cuya ficha de expiración fue el 16 de junio de este año; y para el ISO 14001:2015, que expiró en la misma fecha.
Por su parte, Inversiones DIMICA C.A. presentó las certificaciones para los ISO 45001:2018 y 14001:2018, las cuales fueron suspendidas el pasado 28 de octubre. Lo mismo ocurre con la certificación para el ISO 37001:2016, Certificado de Integridad.
Observaciones sin subsanar
La Contraloría también indica en su informe que, pese a que haber comunicado cinco hitos de control previos, no se han levantado las observaciones advertidas. Una de estas está relacionada al plazo de ejecución de obra, que es de 690 días calendario, pero no se condice con los 630 días considerados en el Anexo n.° 04 ‘Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra’.
“Al respecto, cabe resaltar que, en las Bases Integradas de la Licitación Pública n.° 023-2024-GR.LAMB/CS, surgieron incongruencias en cuanto al plazo de ejecución de la obra, lo cual fue advertido por la comisión de control en el Informe de Hito de Control n.° 077-2024-OCI/5343-SCC de 11 de octubre de 2024; no obstante, la Entidad continuó con las etapas de evaluación y calificación de ofertas (del 14 al 18 de octubre de 2024), así como la etapa del otorgamiento de la buena pro (18 de octubre de 2024)”, se lee en el informe.
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