La noche del sábado el 9 de noviembre se desarrolló la última sesión de la Junta de Propietarios del Mercado Modelo de Chiclayo, la cual contó con la presencia de la alcaldesa Janet Cubas Carranza en representación de la comuna. La reunión, que contaba con solo dos puntos en agenda, fue bastante accidentada y terminó con el abandono de la primera vecina de la ciudad, tras denunciar vicios de irregularidades en la convocatoria y conducción de la misma. Tanta fue la crispación del momento que la gerente de Desarrollo Económico Local, Merly Berríos Sánchez, arrojó una botella en dirección a los copropietarios del mercado Modelo.
Los puntos en discusión en esta sesión de la Junta de Propietarios era aceptar la renuncia del administrador de las áreas comunes del mercado Modelo, Rafael Margari Reyes, con el consecuente nombramiento de un nuevo administrador; y la transferencia material de las áreas comunes del centro de abastos a la Junta de Propietarios.
Una sesión acalorada
El 4 de noviembre, la presidenta de la Junta de Propietarios del Mercado Modelo, Mirtha Plasencia Alva, convocó notarialmente a la alcaldesa de Chiclayo a participar de una sesión de la Junta, a fin de tratar los puntos antes descritos. Según refiere Janet Cubas, en el documento notarial mediante el cual se le convocó no se señalaba el tenor de esta reunión; pero llegado el día, cuando recibió el planillón para firmar su asistencia, “tenía rotulada una convocatoria de naturaleza muy distinta” a la que recibió inicialmente.
Este hecho motivó a que Cubas Carranza planteara una cuestión previa, a fin de que la sesión se suspenda y subsane dicha irregularidad. “Habiendo dejado constancia por escrito de esta observación, solicitamos como cuestión previa a lo que se pretendía instalar esta reunión para que pudiera quedar de conocimiento de los propietarios esta irregularidad, porque al no señalar la naturaleza de la convocatoria de la reunión se estaba contraviniendo artículos como el 34°, que están debidamente establecidos en el reglamento interno de la Junta de Propietarios”, expresa.
Por su parte, José Rimarachín Carranza, abogado de la Junta de Propietarios, cuenta que -tras la intervención de la alcaldesa- tomó la palabra y le indicó que, según el reglamento, si se está en desacuerdo con una convocatoria se debe dejar constancia en acta el motivo y luego impugnarla judicialmente al cabo de esta reunión. Además, se indicó que la municipalidad tampoco contaba con la habilidad vigente en la Junta de Propietarios.
“La presidenta cedió el uso de la palabra al secretario y él leyó el reglamento, donde dice que solo tiene derecho a voz y voto en la Junta de Propietarios los que estén habilitados, es decir al día en el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias. La municipalidad no está al día en los pagos, tiene derecho a voz, pero no a voto”, explica.
Esta situación fue tomada por Janet Cubas como otra contravención al reglamento de la Junta de Propietarios, pues -a su juicio- es el secretario de Actas de la Junta de Propietarios, Juan Mejía Cervera, quien prácticamente condujo la sesión y no la presidenta Mirtha Plasencia.
“La presidenta lejos de someter a votación de los asistentes (la cuestión previa), que ya habían firmado ese planillón, permitió que el secretario de Actas contravenga nuevamente el reglamento interno y de manera abrupta y violenta pretenda dirigir la reunión, usurpando abiertamente las funciones de la presidenta y de manera muy accidentada dé órdenes a sus colegas copropietarios, generando caos, desorden y actitudes violentas al interior del recinto”, resalta Janet Cubas.
Tras ello, la alcaldesa abandonó el recinto junto a sus funcionarios en medio de denuncias de un lado y de otro. Allí fue donde la gerente de Desarrollo Económico Local, Merly Berríos, arrojaría la botella que pudo lastimar a cualquiera de los asistentes.
Habilidad en discusión
Como se ha visto, uno de los argumentos de los copropietarios para deslegitimar el derecho a voto de la Municipalidad de Chiclayo es que la comuna no cuenta con habilidad vigente. Según el artículo 26 del reglamento interno de la Junta de Propietarios, quienes han cumplido con todas sus obligaciones respecto a los gastos, servicios y mantenimiento de las áreas comunes gozan de todos sus derechos.
Sin embargo, el reglamento señala que cuando no cumplen con pagar tres o más cuotas ordinarias, o una extraordinaria al momento de la convocatoria, están inhabilitados. El propietario podrá asistir a la Junta, con voz, pero no tendrá derecho a voto ni se le considerará en el quórum.
La regidora de la Municipalidad de Chiclayo, Mercedes Quispe Alejandría, explica que para fijar el monto de cuánto es la cuota que debe pagar cada copropietario es necesaria la realización de una asamblea, la cual no se ha llegado a desarrollar.
“Si nosotros solicitamos a la Junta de Propietarios que informe cuánto paga el dueño de la tienda 31, por citar un ejemplo, no lo tienen claro, no se ha hecho ese ejercicio matemático; por lo tanto, tampoco han asignado un monto exacto de cuánto corresponde pagar a cada propietario. Al no saber eso no podrían inhabilitar a ningún propietario porque primero se tiene que establecer el monto a pagar y, si hay un propietario que está con deuda, notificarlo para después proceder a inhabilitarlo para el voto”, sostiene.
Al respecto, el regidor Orlando Puell Varas propone que se cuantifiquen todos los gastos en los que incurre la municipalidad para el mantenimiento del mercado, el pago de limpieza, seguridad y servicios, a fin de cubrir el pago de la habilidad en cuestión.
“La comuna paga el recurso humano de administración, limpieza, vigilancia, entre otros. Creo que cuantificando ese gasto en el recurso que se hace mensualmente es suficiente y más de lo que podría ser la cuota que tendría que abonar la municipalidad para estar habilitada. Recomiendo que se hagan las gestiones correspondientes para que se cuantifique en soles el gasto mensual y se haga saber a la Junta de Propietarios cuál es el monto que paga cada uno de ellos para cubrir las necesidades que hay en el mercado Modelo y al mismo tiempo exigirle que le haga llegar su habilidad”, indica.
Rumbo a la presidencia
En ese contexto, la alcaldesa Janet Cubas anuncia que trabajarán para que la municipalidad asuma la presidencia de la Junta de Propietarios en su condición de accionista mayoritario, aunque no revela la estrategia a adoptar.
“Estamos trabajando para a asumir la presidencia de la Junta de Propietarios. Tenemos una presidenta que ha quedado totalmente evidenciado que no ejerce su función, se deja manejar y renuncia con mucha complacencia al rol fijado en el reglamento interno. Se deja avasallar por un señor harto conocido por los conductores del mercado Modelo, me refiero al señor Mejía Cervera, cuyo comportamiento ya se conoce. La estrategia o los pasos a seguir no los puedo detallar en este momento”, refiere.
Sin embargo, para Mercedes Quispe, la estrategia planteada por la municipalidad en la última sesión de la Junta de Propietarios no solo no fue la adecuada, sino que revela una falta de interés en asumir la presidencia de la Junta de Propietarios.
“Si la alcaldesa tuviese la voluntad de asumir la presidencia, la representación del mercado Modelo, y recuperar el principio de autoridad, se hubiera curado en salud. Con todos los asesores que cuenta hubiera solicitado una reunión y ver cuáles son las estrategias para así cerrar cada ventana que conlleve al resultado que hoy hemos tenido, pues ella ya sabía que la estrategia de la inhabilitación la han usado en otras sesiones. Es conocido por todos los chiclayanos las artimañas que han usado los copropietarios durante años”, indica.
Mientras tanto, José Rimarachín apunta que los copropietarios ya ingresaron a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) el acta con lo actuado el sábado, donde se eligió como nueva administradora a Yaneth Requejo Vega en reemplazo de Rafael Margari Reyes. En un máximo de diez días la entidad deberá resolver si esta acta finalmente se inscribe o no. Por su parte, la municipalidad ha cursado documentos al Colegio de Notarios y a la SUNARP para alertar de los presuntos actos irregulares que hubo durante la sesión y evitar que se inscriba el acta.
+ NOTICIA:
Este domingo 17 de noviembre, desde las 08:00 a. m., en las instalaciones del Colegio Santa Ángela se realizarán las elecciones para renovar el consejo directivo que regirá las riendas del Colegio de Psicólogos de Lambayeque del 2025 al 2027. Expresión conversó con Blanca Rojas Jiménez, candidata por la lista 2 al decanato de la orden profesional, quien contó sus propuestas basadas en cinco ejes de desarrollo: bienestar del colegiado, educación y formación profesional, desarrollo profesional y laboral, proyección y extensión social, transparencia en la gestión.
¿Qué la animó a postular en este proceso?
Creo que cada profesional aspira a que su colegio profesional mejore. Cada profesional quiere que su colegio sea visto como su propia casa, es en ese ínterin que podemos hacer algo, podemos mejorar, quizá realizar cambios que ya se estaban esperando y que necesitamos todos los agremiados, desde la época en que surgió acá el colegio en Chiclayo hasta los nuevos y recientes colegiados, todos queremos que se sienta realmente el colegio como nuestra casa. Nos animó un poco ese sentir de los colegiados.
¿Cuáles son sus propuestas más importantes?
Tenemos dentro de las propuestas varios aspectos. Uno de los principales es el bienestar del colegiado, queremos afianzar convenios institucionales, eso permitirá la mejora de la interacción del agremiado, vamos a fortalecer la imagen que tiene el psicólogo. Hemos tenido a bien programar campañas de salud tanto para el agremiado como sus familiares. Nuestra lista quiere difundir y gestionar el famoso Programa Integral de Ayuda al Colegiado (PIA). Estamos proponiendo que se pueda otorgar el apoyo a los beneficiados cuando ocurra algún suceso inesperado. El agremiado se va a sentir comprometido con la preocupación que estamos teniendo por alguna pérdida, por temas de salud.
El psicólogo también realiza investigaciones y estamos proponiendo que puedan salir artículos de investigación para darlos a conocer.
Además, estamos programando la plataforma virtual para que las cuotas de los colegiados puedan pagarse desde cualquier lugar del país y tengan su habilidad profesional en el momento en que la necesiten. No todo el tiempo necesitamos la habilidad, así que ese pago va a corresponder cuando ellos soliciten la habilidad.
Creceremos con el centro de esparcimiento que ha avanzado muchísimo, queremos culminar algunas situaciones pendientes para que el colegiado junto a su familia pueda realizar actividades de integración. Qué bonito que el Colegio de Psicólogos sea visto con buenos ojos por los lambayecanos y que aquí puedan converger las familias de ellos, nuestros compañeros, que los colegiados puedan participar de este centro de esparcimiento que se encuentra en Reque y puedan compartir con la familia. Como psicólogos planteamos siempre tareas de integración, ¿por qué no empezar por nosotros mismos?
También proponemos un consultorio psicológico donde los agremiados estén atendiendo, que puedan realizar investigaciones, que haya un colegiado asociado a RENACYT, así ellos podrían orientarles en ese sentido. Además, otra propuesta es que podamos participar como veedores en los eventos para los SERUMS.
¿Cuántos colegiados van a las urnas este domingo?
Un aproximado de 2800 colegiados participarán. Hacemos el llamado para que estén al día y puedan participar en estas elecciones importantes para todos nosotros. En mis épocas solo había cinco psicólogos en la ciudad y luego vinimos toda una promoción de unos 15 o 20 y empezamos a ramificarnos, creando la Asociación de Psicólogos de Lambayeque. Desde ya estábamos preocupados por el crecimiento de este colegio y poder ser representativos en los convenios laborales.
En estas épocas, hablamos del año 90 hasta el 2024, cuántos años han pasado. El colegio ha crecido bastante, así como las escuelas profesionales.
La jurisdicción del colegio es Amazonas - Lambayeque, cómo hacen el día de las elecciones, ¿es simultáneo? ¿Interviene la ONPE? ¿Tendrán veedores?
Ellos están colaborando con nosotros, pero ya han podido gestionar su independización, así que ellos (Amazonas) tendrán sus propias mesas para poder votar. Nosotros teníamos hasta este año que compartir los votos junto a ellos, pero ahora han podido independizarse.
Ya se tiene el terreno para el centro de esparcimiento, ¿trabajará para embellecerlo?
Por supuesto que sí, es nuestro interés principal, muchos años ha quedado postergado. Ya una vez se tuvo un local, un terreno. Ahora se ha podido adquirir otro, y ya no solamente es el terreno, sino que ahora se ha crecido, se tiene la plataforma donde se realiza deporte, ya está inaugurada, se cuenta con la base de la piscina. Será un momento muy bonito donde podamos conocernos con las nuevas generaciones. Pensamos que se debe crecer, tenemos pensado algunos ‘bungalow’, así que vamos a ver cómo puede darse, todo viene a través de las cuotas que podamos pagar. Vamos a gestionar para que eso realmente se lleve a cabo.
¿Cuánto cotiza un psicólogo a su orden profesional?
Quince soles mensuales, pero hacemos todos los ahorros posibles, pues queremos que el colegio sea para todos y con ello se sientan identificad. Por eso les daremos la atención de salud en momentos difíciles, porque todas estas actividades hacen que el colegiado se sienta a gusto y que el colegio es de ellos.
¿Quiénes la acompañan?
Tenemos personas muy comprometidas como Luis Alberto Chunga Pajares, Mary Cleofe Idrogo Cabrera, Nelson Pacífico Espinoza Yong y Luis Martin Fernández Ruiz, que es toda la plana que está conmigo. Realmente es un equipo bien considerado, son docentes universitarios. Tenemos al director regional del INPE (Luis Fernández); a Mary Cleofé, que es la coordinadora regional de Salud Mental, están nuestros profesionales identificados con las necesidades de esta región. Influenciamos con nuestra experiencia y quien habla es docente universitaria y trabajo en el Ministerio de Salud hace 30 años, así que conocemos lo que pasa en psicología.
Sobre todo, en este contexto donde la salud mental debe ser una política nacional…
Lo que atañe al Colegio de Psicólogos es velar por la salud mental que hoy debe ser política de Estado por todos los casos que a diario debemos enfrentar en el país. Es un tema que se debe afrontar con mucha responsabilidad y la voz del Colegio de Psicólogos será vital
Cada vez se ha tenido mayor interés por fortalecer la salud mental, que sea un área participativa de todas las actividades a nivel nacional. Desde la pandemia, allí estaba el psicólogo; en situaciones médicas, allí estaba; en situaciones académicas como el bullying, allí está el psicólogo. Ha crecido de tal manera que, si hace 20 o 30 años no había psicólogos en un centro educativo, ahora sabemos que hay colegios que tienen psicólogos por sección, si tenemos cinco secciones en secundaria, habrá cinco psicólogos solo en secundaria. Imagínense la necesidad del padre de familia, del ciudadano, saben de la labor del psicólogo y de lo que mejora a la población. Falta que cada uno se vaya comprometiendo. Somos agentes de cambio, por tanto, esperamos que la sociedad nos busque.
¿Qué les diría a sus colegas psicólogos?
Les digo a mis compañeros colegiados que el voto es importante porque va a significar el futuro de estos tres años que continúan para ver el cambio que este colegio requiere, continuar con las mejoras. Si decides bien, compañero, serás participe de esta situación de cambio. Infórmate qué se está planteando, quiénes son las personas que integran cada una de las listas. Infórmate bien para que puedas votar bien y marca el 2.
Según lo manifiesta el consultor en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, el proceso de selección convocado por el Gobierno Regional – GORE, de Lambayeque para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital de Ferreñafe”, no solo estuvo plagado de irregularidades desde sus actos preparatorios y su tramitación en general, por cierto cuestionados oportunamente por la Oficina de Control Institucional – OCI, y el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, sino también por la convalidación de las declaraciones juradas presentadas por los dos postores participantes respecto al plazo de ejecución en periodos diferentes, lo que anulaba la posibilidad de adjudicar la obra, algo que no sucedió.
El consultor advierte que, en las bases integradas del proceso, publicadas en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - Seace, se puede advertir que en el Capítulo I – Generalidades numeral 1.9.1. (página 17) se encuentra considerado como plazo de ejecución de la obra 630 días calendario, mientras que en el Capítulo III de las mismas, respecto a los Términos de Referencia, en el numeral 13 sobre el plazo de ejecución de la obra, las bases integradas consideraron textualmente lo siguiente: “El tiempo de ejecución de la obra será de 690 días calendario; que comprende 150 días calendario para la ejecución del plan de contingencia y 540 días calendario para la ejecución de la obra”.
Los plazos propuestos por los postores
Las ofertas presentadas por los dos postores que se presentaron al proceso: Consorcio Señor Cautivo (ganador de la buena pro) y Consorcio Hospital Ferreñafe, estuvieron publicadas en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – Seace, hasta antes que el proceso fuera declarado nulo por el gobernador Jorge Pérez Flores.
Al respecto, Jorge Chávez advirtió que en la oferta del Consorcio Señor Cautivo obra el Anexo n.° 4 – Plazo de ejecución de la obra, mediante el cual declara textualmente que, tanto el equipamiento, mobiliario y montaje la puesta en servicio será realizada en el plazo de “690 días calendario”.
Asimismo, Chávez Pita pudo advertir que en la oferta del Consorcio Hospital Ferreñafe obra igualmente el Anexo N° 4, mediante el cual declara que tanto el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, será realizado en “630 días calendario”.
Quiere decir que el Consorcio Hospital de Ferreñafe propuso el plazo previsto en el Capítulo I, mientras que el Consorcio Señor Cautivo propuso el establecido en el apartado de las bases respecto a los Términos de Referencia.
Conclusiones
El consultor Jorge Chávez Pita manifiesta que siendo disímil el plazo establecido en las bases del proceso, esto se tipifica como un vicio procesal con implicancia de nulidad del proceso que debió ser resuelta por el titular de la entidad durante la tramitación del proceso.
“Al mantenerse el mismo hasta la adjudicación de la buena pro, el comité de selección validó dos ofertas con plazos diferentes entre sí, lo se habría configurado en una irregular tramitación del proceso, con el agravante de no tener certeza evaluativa en qué período se debería ejecutar la obra en su integridad, lo que demostraría un presunto contubernio tipificado con posibles responsabilidades penales”, señala.
Como se indicado, la buena pro de la obra, cuyo valor referencial supera los 116 millones de soles, fue adjudicada al Consorcio Señor Cautivo, aun cuando su oferta consideró un plazo que era incongruente con el contenido total de las bases del proceso.
La noche del sábado el 9 de noviembre se desarrolló la última sesión de la Junta de Propietarios del Mercado Modelo de Chiclayo, la cual contó con la presencia de la alcaldesa Janet Cubas Carranza en representación de la comuna. La reunión, que contaba con solo dos puntos en agenda, fue bastante accidentada y terminó con el abandono de la primera vecina de la ciudad, tras denunciar vicios de irregularidades en la convocatoria y conducción de la misma. Tanta fue la crispación del momento que la gerente de Desarrollo Económico Local, Merly Berríos Sánchez, arrojó una botella en dirección a los copropietarios del mercado Modelo.
Los puntos en discusión en esta sesión de la Junta de Propietarios era aceptar la renuncia del administrador de las áreas comunes del mercado Modelo, Rafael Margari Reyes, con el consecuente nombramiento de un nuevo administrador; y la transferencia material de las áreas comunes del centro de abastos a la Junta de Propietarios.
Una sesión acalorada
El 4 de noviembre, la presidenta de la Junta de Propietarios del Mercado Modelo, Mirtha Plasencia Alva, convocó notarialmente a la alcaldesa de Chiclayo a participar de una sesión de la Junta, a fin de tratar los puntos antes descritos. Según refiere Janet Cubas, en el documento notarial mediante el cual se le convocó no se señalaba el tenor de esta reunión; pero llegado el día, cuando recibió el planillón para firmar su asistencia, “tenía rotulada una convocatoria de naturaleza muy distinta” a la que recibió inicialmente.
Este hecho motivó a que Cubas Carranza planteara una cuestión previa, a fin de que la sesión se suspenda y subsane dicha irregularidad. “Habiendo dejado constancia por escrito de esta observación, solicitamos como cuestión previa a lo que se pretendía instalar esta reunión para que pudiera quedar de conocimiento de los propietarios esta irregularidad, porque al no señalar la naturaleza de la convocatoria de la reunión se estaba contraviniendo artículos como el 34°, que están debidamente establecidos en el reglamento interno de la Junta de Propietarios”, expresa.
Por su parte, José Rimarachín Carranza, abogado de la Junta de Propietarios, cuenta que -tras la intervención de la alcaldesa- tomó la palabra y le indicó que, según el reglamento, si se está en desacuerdo con una convocatoria se debe dejar constancia en acta el motivo y luego impugnarla judicialmente al cabo de esta reunión. Además, se indicó que la municipalidad tampoco contaba con la habilidad vigente en la Junta de Propietarios.
“La presidenta cedió el uso de la palabra al secretario y él leyó el reglamento, donde dice que solo tiene derecho a voz y voto en la Junta de Propietarios los que estén habilitados, es decir al día en el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias. La municipalidad no está al día en los pagos, tiene derecho a voz, pero no a voto”, explica.
Esta situación fue tomada por Janet Cubas como otra contravención al reglamento de la Junta de Propietarios, pues -a su juicio- es el secretario de Actas de la Junta de Propietarios, Juan Mejía Cervera, quien prácticamente condujo la sesión y no la presidenta Mirtha Plasencia.
“La presidenta lejos de someter a votación de los asistentes (la cuestión previa), que ya habían firmado ese planillón, permitió que el secretario de Actas contravenga nuevamente el reglamento interno y de manera abrupta y violenta pretenda dirigir la reunión, usurpando abiertamente las funciones de la presidenta y de manera muy accidentada dé órdenes a sus colegas copropietarios, generando caos, desorden y actitudes violentas al interior del recinto”, resalta Janet Cubas.
Tras ello, la alcaldesa abandonó el recinto junto a sus funcionarios en medio de denuncias de un lado y de otro. Allí fue donde la gerente de Desarrollo Económico Local, Merly Berríos, arrojaría la botella que pudo lastimar a cualquiera de los asistentes.
Habilidad en discusión
Como se ha visto, uno de los argumentos de los copropietarios para deslegitimar el derecho a voto de la Municipalidad de Chiclayo es que la comuna no cuenta con habilidad vigente. Según el artículo 26 del reglamento interno de la Junta de Propietarios, quienes han cumplido con todas sus obligaciones respecto a los gastos, servicios y mantenimiento de las áreas comunes gozan de todos sus derechos.
Sin embargo, el reglamento señala que cuando no cumplen con pagar tres o más cuotas ordinarias, o una extraordinaria al momento de la convocatoria, están inhabilitados. El propietario podrá asistir a la Junta, con voz, pero no tendrá derecho a voto ni se le considerará en el quórum.
La regidora de la Municipalidad de Chiclayo, Mercedes Quispe Alejandría, explica que para fijar el monto de cuánto es la cuota que debe pagar cada copropietario es necesaria la realización de una asamblea, la cual no se ha llegado a desarrollar.
“Si nosotros solicitamos a la Junta de Propietarios que informe cuánto paga el dueño de la tienda 31, por citar un ejemplo, no lo tienen claro, no se ha hecho ese ejercicio matemático; por lo tanto, tampoco han asignado un monto exacto de cuánto corresponde pagar a cada propietario. Al no saber eso no podrían inhabilitar a ningún propietario porque primero se tiene que establecer el monto a pagar y, si hay un propietario que está con deuda, notificarlo para después proceder a inhabilitarlo para el voto”, sostiene.
Al respecto, el regidor Orlando Puell Varas propone que se cuantifiquen todos los gastos en los que incurre la municipalidad para el mantenimiento del mercado, el pago de limpieza, seguridad y servicios, a fin de cubrir el pago de la habilidad en cuestión.
“La comuna paga el recurso humano de administración, limpieza, vigilancia, entre otros. Creo que cuantificando ese gasto en el recurso que se hace mensualmente es suficiente y más de lo que podría ser la cuota que tendría que abonar la municipalidad para estar habilitada. Recomiendo que se hagan las gestiones correspondientes para que se cuantifique en soles el gasto mensual y se haga saber a la Junta de Propietarios cuál es el monto que paga cada uno de ellos para cubrir las necesidades que hay en el mercado Modelo y al mismo tiempo exigirle que le haga llegar su habilidad”, indica.
Rumbo a la presidencia
En ese contexto, la alcaldesa Janet Cubas anuncia que trabajarán para que la municipalidad asuma la presidencia de la Junta de Propietarios en su condición de accionista mayoritario, aunque no revela la estrategia a adoptar.
“Estamos trabajando para a asumir la presidencia de la Junta de Propietarios. Tenemos una presidenta que ha quedado totalmente evidenciado que no ejerce su función, se deja manejar y renuncia con mucha complacencia al rol fijado en el reglamento interno. Se deja avasallar por un señor harto conocido por los conductores del mercado Modelo, me refiero al señor Mejía Cervera, cuyo comportamiento ya se conoce. La estrategia o los pasos a seguir no los puedo detallar en este momento”, refiere.
Sin embargo, para Mercedes Quispe, la estrategia planteada por la municipalidad en la última sesión de la Junta de Propietarios no solo no fue la adecuada, sino que revela una falta de interés en asumir la presidencia de la Junta de Propietarios.
“Si la alcaldesa tuviese la voluntad de asumir la presidencia, la representación del mercado Modelo, y recuperar el principio de autoridad, se hubiera curado en salud. Con todos los asesores que cuenta hubiera solicitado una reunión y ver cuáles son las estrategias para así cerrar cada ventana que conlleve al resultado que hoy hemos tenido, pues ella ya sabía que la estrategia de la inhabilitación la han usado en otras sesiones. Es conocido por todos los chiclayanos las artimañas que han usado los copropietarios durante años”, indica.
Mientras tanto, José Rimarachín apunta que los copropietarios ya ingresaron a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) el acta con lo actuado el sábado, donde se eligió como nueva administradora a Yaneth Requejo Vega en reemplazo de Rafael Margari Reyes. En un máximo de diez días la entidad deberá resolver si esta acta finalmente se inscribe o no. Por su parte, la municipalidad ha cursado documentos al Colegio de Notarios y a la SUNARP para alertar de los presuntos actos irregulares que hubo durante la sesión y evitar que se inscriba el acta.
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Periodista / Semanario Expresión.
El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – Salupol, creado en el 2013, recibe, capta y gestiona los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud del personal policial y sus familias. En palabras sencillas, cuando la Sanidad de la Policía no tiene capacidad resolutiva para atender una situación de emergencia, el fondo convoca a sus proveedores activos para que atiendan a los beneficiarios. En teoría, el que oferta menor costo es el que recibe la referencia del paciente. Sin embargo, la gestión no sería la más adecuada ni transparente.
De los objetivos de Salupol, dos son los más saltantes: “Garantizar el acceso y cobertura oportuna y de calidad de la prestación de salud al beneficiario” y “Garantizar la administración financiera para la sostenibilidad de Saludpol a través de la gestión eficiente de los fondos de aseguramiento en salud”.
La entidad cuenta con un directorio integrado por cinco personas, entre ellas un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y otro del Ministerio de Salud; luego está la Gerencia General y debajo de ella la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud; la Dirección de Prestaciones de Salud y la Dirección del Asegurado, además de la Oficina de Administración, donde está la Tesorería.
De la Dirección del Asegurado se desprenden las 34 unidades territoriales de Salupol, entre ellas la de Lambayeque, mientras que en la Dirección de Prestaciones de Salud está la Jefatura de Auditoría de Calidad.
Los recursos
El presupuesto total de la Sanidad de la Policía para este año, según el Ministerio Economía y Finanzas, es de 191 millones de soles.
Saludpol maneja aproximadamente entre 400 y 500 millones de soles al año de presupuesto, siendo su fondo de emergencia de 200 millones más. Este último se utilizó durante la pandemia por Covid-19, por ejemplo.
Característica del fondo es que es la única Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud Pública – IAFAS, que cubre hasta el 98 % de la atención de los beneficiarios, es decir, no hay necesidad de un copago. El número de beneficiarios, a octubre del año pasado, era de 444 mil 797 a nivel nacional.
Aun cuando el presupuesto pareciera alto, resulta insuficiente, lo que generaría que al menos dos proveedores de Saludpol al año (clínicas privadas), se queden sin el pago de los servicios que brindan a la familia policial, iniciándose trámites engorrosos, muchas veces sin resultados, para lograr la cancelación de los montos. Lo grave es que las deudas no estarían sujetas al reconocimiento de intereses o moras, por lo que se trataría de cifras congeladas que habrían dejado sin liquidez a más de una Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – Ipress.
Como consecuencia, muchas clínicas que cuentan con todos los servicios de salud necesarios para la atención de pacientes por emergencia habrían dejado de aceptar referidos de Saludpol, reduciéndose la oferta a algunas cuantas que no cumplirían con la totalidad de autorizaciones ni servicios.
¿Cómo funciona?
Como se ha explicado, cuando la Sanidad de la Policía no tiene capacidad resolutiva para atender a un paciente, esto es: carece de recursos logísticos o humanos (por especialidad), Salupol, desde su sede central en Lima, pide cotizaciones a sus proveedores activos para que estos oferten el menor costos por la atención.
Una vez elegida la Ipress (proveedor), se extiende la carta de garantía a la unidad territorial para que se proceda a la atención. Cada historia clínica de atención se convierte en un expediente, el mismo que debe contener una serie de requisitos previamente establecidos. Dicho expediente es remitido a la unidad territorial para que en esta se inicie el procedimiento de los pagos.
El procedimiento es bastante complejo: una vez que el expediente tiene el visto bueno es enviado por la unidad territorial a Auditoría Médica, en Lima; tras la conformidad debe recibir el visto bueno de otras tres áreas: la Dirección de Prestaciones de Salud, la Dirección del Asegurado y la Oficina de Administración. Después pasa a Tesorería. Un pago puede demorar aproximadamente 90 días, dependiendo de la presión que ejerza el proveedor a través de escritos.
“Pueden pasar meses y los expedientes quedarse ahí, en la oficina de la unidad territorial Lambayeque. Puede una clínica ir y reclamar en Lima y enterarse que no existe ningún expediente enviado pese al tiempo transcurrido. La trampa parece ser aburrir a los proveedores, dilatarles los pagos para que dejen de recibir pacientes y concentrar a los referidos en sólo algunas clínicas a las que se podría considerar como privilegiadas”, señala una fuente a este medio de comunicación.
Actualmente, las únicas proveedoras de Saludpol en Lambayeque serían solo Max Salud y el Hospital de Clínicas.
Funcionamiento de UCI
En Lambayeque solo dos clínicas privadas tienen Unidad de Cuidados Intensivos – UCI, debidamente supervisada y autorizada, tanto por la Gerencia Regional de Salud – Geresa, como por la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud – Susalud. Estas son: Auna y BM Clínica.
Sin embargo, existirían hojas de referencia de pacientes que requerían ser ingresados a UCI y habrían sido enviados al Hospital de Clínicas, ubicado en el centro de Chiclayo, pese a que de acuerdo a la consulta realizada ante Susalud, dicha Ipress cuenta únicamente con Unidad de Vigilancia Intensiva, que no es lo mismo que una UCI.
“La vigilancia intensiva es una estación previa a la Unidad de Cuidados Intensivos – UCI. Sin embargo, se estaría permitiendo que algunas clínicas que no tienen UCI reciban referenciados para dicho servicio. Otra particularidad es que por lo general los pacientes de UCI pueden requerir de diálisis y algunas de las clínicas que hoy tienen la condición de proveedores activos de Saludpol tampoco tienen autorización para diálisis. ¿Cómo atienden entonces? ¿Hacen diálisis o no? ¿Tienen permiso de Geresa y Susalud? ¿Les paga Susalud por servicios que no están autorizados?”, cuestiona la fuente.
Lo que revela la fuente llama la atención porque Saludpol y Susalud envían a sus auditores de manera permanente a supervisar el funcionamiento de las Ipress, entre las que se encuentra – obviamente – las proveedoras del fondo policial.
Producto de esas auditorías es que se habría forzado la suspensión de algunas clínicas proveedoras, convirtiéndolas en inactivas y, por lo tanto, fuera de la posibilidad de remitir sus cotizaciones cuando existe la necesidad de referir a un paciente.
Según la fuente contactada por Expresión, dichas suspensiones tendrían el objetivo de cerrar la competencia, aun cuando no todas las clínicas ofrecen la totalidad de servicios requeridos.
En octubre del año pasado, el diario Correo informó que el Hospital de Clínicas recibió pacientes referidos desde la Sanidad de la Policía, pese a que los servicios de centro quirúrgico, la central de esterilización y el centro de hemoterapia y banco de sangre del referido nosocomio estaban suspendidos por seguridad, esto según las resoluciones de superintendencia n.° 004-2021-SUSALUD/S y la resolución administrativa n.° 0020-2023-SUSALUD-ISIPRESS.
Intentos fallidos. Una fotografía publicada por el protagonista de este informe al interior de la sede del Gobierno Regional de Lambayeque, permitiría confirmar la relación que existe entre la burda denuncia que ha presentado contra diversos comunicadores sociales de Chiclayo, entre ellos la directora de Expresión, Rosa Chambergo Montejo, y los intereses de la gestión que lidera el gobernador Jorge Pérez Flores.
La fotografía fue publicada a las 9:30 a. m. del 8 de noviembre pasado, y ese mismo día, a las 3:12 p. m., Lucio Chuman Castillo acudió a la sede del Ministerio Público para denunciar a Rosa Chambergo y otros por el presunto delito de organización criminal.
Casualidad o no, la cercanía del denunciante de marras con la administración de Pérez Flores no es nueva. Está probada hace mucho.
Lo que denunció
Según Chuman Castillo, Rosa Chambergo y los comunicadores Lester Solís Iturregui y Javier Castro Cruz, utilizan sus medios de comunicación como parte de una supuesta organización criminal para desarrollar una campaña de desprestigio contra Jorge Pérez Flores.
Es decir, afirma que los informes, reportajes u opiniones esgrimidas tanto por el Semanario Expresión, el medio digital El Fulminante y el programa El Peruanito, de Radio Kaliente, en los que se exponen las irregularidades de la administración regional, obedecen no al ejercicio libre del periodismo, sino a intereses de terceros.
¿Quiénes serían esos terceros? La denuncia señala al ex gobernador regional Humberto Acuña Peralta; al detenido presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, y a la actual vicegobernadora regional, Flor Saavedra López.
Según Chuman Castillo, los medios y los periodistas en mención reciben publicidad de la Universidad César Vallejo y promocionan a candidatos del partido Alianza Para el Progreso - APP, argumentos falsos que, al menos en el caso de Expresión, no tienen la menor cabida, pues desde el 2014 dicha casa de estudios dejó de anunciar en este medio, luego que se denunciara que el entonces candidato de APP a la alcaldía de Chiclayo, David Cornejo Chinguel (hoy preso por corrupción), abastecía con una conexión clandestina a su universidad, la desaparecida Juan Mejía Baca.
Es más, como supuesto medio probatorio de su delirante hipótesis, el denunciante adjunta una portada de Expresión que data del 2014, en la que aparecen autoridades académicas de la UCV. Adjunta también portadas recientes de este medio en el que se muestran los informes elaborados sobre la gestión de Jorge Pérez Flores, todos ellos documentados y sobre los cuales no ha existido un solo cuestionamiento, pedido de rectificación, carta aclaratoria o, en el extremo, querella.
Sujeto funcional
Como se ha dicho, Chuman Castillo es un personaje cercano a la administración de Jorge Pérez.
El 26 de agosto, Lucio Chuman presentó un pedido de vacancia contra el consejero regional Ricardo Lara Doig, quien semanas antes había formulado el pedido de suspensión contra el gobernador por incumplir con la Ley n.° 31439, Ley que modifica la Ley n.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
La suspensión de Pérez Flores fue aprobada por la mayoría del Consejo Regional y está en apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones.
No conforme con ello, el 29 de septiembre Chuman Castillo denunció ante el Ministerio Público a los consejeros regionales que votaron a favor de la suspensión por 30 días contra Pérez Flores.
En tanto el 8 de noviembre accionó contra los periodistas y otros en la denuncia por presunta organización criminal.
Hoja manchada
Lucio Chuman, natural de Ferreñafe, ha sido militante del Partido Aprista Peruano, de donde vendría su cercanía no solo con el gerente general del gobierno regional, Ranjiro Nakano Osores, sino también con el propio Jorge Pérez Flores, quien estuvo afiliado a dicha organización entre el 2008 y el 2015, según el Registro de Organizaciones Políticas – ROP.
Ingresó a trabajar como auxiliar de educación en el Centro Educativo n.° 11007 de Campodónico, donde fue nombrado en agosto de 1990 y el 25 de marzo de este año la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL de Chiclayo, con la Resolución Directoral n.° 0003273-2024, le otorgó una asignación de S/2860 por cumplir 30 años de servicios en el sector educación.
Lo que no se dice en dicha resolución es que Chumán Castillo estuvo a un paso de ser expulsado del sector, pues en el 2017 se le inició un proceso disciplinario por acoso sexual (tocamientos indebidos) contra las estudiantes de iniciales W.A.Q.Z., B.Y.T.T. y la madre de un alumno de la Institución Educación Pedro Abel Labarthe Durand, de esta ciudad, caso que ameritó sendos pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
El 26 de septiembre del 2017, la dirección del colegio Labarthe emitió la Resolución Directoral Institucional n.° 227-2017-D-IEP-PALD, con la cual resolvió iniciar el procedimiento administrativo disciplinario contra Lucio Chuman, siendo notificado el 17 de octubre de ese año. Meses después, el 26 de enero del 2018, se remitió el Informe n.° 01-2018-D-IEP-PALD a la UGEL Chiclayo, conteniendo los resultados de la investigación y la propuesta de sanción, siendo derivado el 29 de enero del 2018 a la Oficina de Recursos Humanos para que, a su vez, lo derive a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario – PAD, hecho que recién ocurrió el 26 de marzo del 2019; es decir, 14 meses después.
Todo apunta a que una mano divina le permitió salir bien librado del asunto, pues el caso fue declarado prescrito con una contabilización de plazos errada en octubre del 2018, estando en manos de la Secretaría Técnica del PAD de la UGEL Chiclayo. La dirección de la UGEL estaba a cargo de Darío Balcázar Quintana.
Pablo Chuman, quien había sido temporalmente separado del colegio Labarthe, fue reingresado con el Oficio n.° 1496-2019, emitido por la UGEL Chiclayo, lo que motivó el rechazo y oposición del director de la institución, dados los antecedentes del personaje.
Fue ese hecho el que motivó la queja presentada por entonces director del colegio, Juan Carlos Calle Ordenar, contra la UGEL Chiclayo ante la Defensoría del Pueblo, informando que la entidad había incumplido el plazo para investigar administrativamente la denuncia sin proceder a la sanción correspondiente, que por su gravedad debía ser la separación definitiva del cargo de auxiliar.
“El caso expuesto permite advertir que, en la UGEL Chiclayo se incurre en la demora excesiva y el desinterés de atender prioritariamente investigaciones administrativas vinculadas a violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el extremo especialmente de actos contra la libertad sexual, como ha ocurrido en el presente caso, generando impunidad y ausencia de protección del estado a la niñez, contraviniendo el artículo 19º de la Convención sobre los Derechos del Niño”, informó en su momento la Defensoría del Pueblo.
Defensoría del Pueblo denunció ante el Ministerio Público la ilegal aplicación de la prescripción administrativa a favor de Chuman Castillo, lo mismo que al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque.
Las indagaciones de la Defensoría permitieron establecer que las faltas denunciadas contra Chuman Castillo databan del 2016 y que no solo habrían sido estudiantes las afectadas, sino también una madre de familia del colegio Pedro Labarthe, conforme a las actas suscritas por los padres de las menores y la propia madre denunciante, tratándose de hechos continuos en el tiempo, entre abril y agosto de ese año.
Asimismo, se determinó que la dirección del colegio no era competente para iniciar el proceso administrativo contra Chuman Castillo, tal como sucedió, sino directamente la Oficina de Recursos Humanos de la UGEL Chiclayo, dada la gravedad de las denuncias.
“Por la infracción administrativa incurrida, en el caso, corresponde la máxima sanción, esto es destitución, razón por la cual la dirección de la UGEL – Chiclayo, es la competente para dicho fin”, estableció la Defensoría.
Expresión tuvo conocimiento al cierre de este informe que Chuman Castillo laboraría actualmente en el horario nocturno de la Institución Educativa Santo Domingo Savio, de Ferreñafe.
En sus redes sociales, Lucio Chuman se muestra también como abogado en ejercicio, luciendo la medalla característica de los profesionales del Derecho y anunciando la atención de procesos penales. Sin embargo, en SUNEDU no existe registro de ningún título profesional a su nombre.
De no creer. El gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, Ranjiro Nakano Osores, envió un oficio al contralor general de la república, César Aguilar Surichaqui, para pedirle el cambio del gerente regional de control, Tomás Tello Benzaquen, porque dice no estar de acuerdo en que este declare sobre las investigaciones que se hacen a la gestión de Jorge Pérez Flores.
Nakano Osores dirigió el Oficio n.° 001395-2024-GR.LAMB/GGR, del 11 de noviembre último, en el cual arremete contra el jefe de la Contraloría en Lambayeque, a quien acusa de “revelar información y emitir pronunciamientos a la opinión pública que causan daño a la entidad”, es decir, al gobierno regional que preside Jorge Pérez Flores.
“Hago de conocimiento nuestra preocupación acerca de las declaraciones vertidas por el Gerente Regional de Control de Lambayeque, Tomás Tello Benzaquen, quien de manera reiterada viene haciendo declaraciones a la opinión pública, a través de las redes sociales, las mismas que son reproducidas en medios de prensa de nuestra región, acerca de los seguimientos de informes de control realizados en obras desarrolladas por este Gobierno Regional de Lambayeque”, se queja Ranjiro Nakano, hablando también en representación del gobernador regional.
Para aderezar su evidente incomodidad por la labor fiscalizadora de la Contraloría, Nakano Osores afirma que el comportamiento de Tello Benzaquen “vulnera los principios y deberes éticos de la Función Pública que contempla la Ley del Código de Ética de la Función Pública”, tales como el respeto, la justicia y equidad, neutralidad, transparencia y discreción.
A modo de victimización, el gerente general del GORE Lambayeque le dice al contralor de la República que la gestión de Pérez Flores ha sido respetuosa del accionar de la Contraloría y que en reiteradas ocasiones a pedido su acompañamiento.
“Hemos sido respetuosos siempre de las recomendaciones y actuaciones emitidas por su representada. Sin embargo, debemos advertir situaciones alarmantes como las declaraciones expuestas por el ing. Tomás Tello Benzaquen, con quien en varias oportunidades nos hemos reunidos a fin de solicitarle acompañamiento en diversas etapas de nuestros proyectos emblemáticos (¿?), desestimando cualquier tipo de enfrentamientos de ‘estado sobre estado’, por el contrario siempre propositivos en coadyuvar para una mejor gestión”, señala en el oficio.
Líneas seguidas, Ranjiro Nakano pide el cambio del gerente regional de Control de Lambayeque por revelar información y pronunciamientos a la opinión pública que, según él, “causan daño a la entidad”.
Sacaron roncha
¿Pero cuáles fueron las declaraciones del jefe de la Contraloría en Lambayeque que puso con los pelos de punta al gobernador y a su hombre de confianza?
Según el mismo oficio firmado por Nakano Osores, lo que ha causado molestia es que Tomás Tello diera cuenta de los hallazgos de la Contraloría en la ejecución de la obra de renovación de la infraestructura educativa del colegio Federico Villarreal de Chiclayo.
La Contraloría advirtió sobre riesgos de pagos en exceso y deficiencias técnicas en la obra a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque, que cuenta con una inversión cercana a los S/15 millones. Las observaciones incluyen sobrevalorizaciones, metrados no ejecutados y uso de materiales inadecuados.
Según el Informe de Hito de Control n.° 078-2024-OCI/5343-SCC, se detectaron inconsistencias en la cuantificación de partidas. En la valorización de obra n.° 5, correspondiente a septiembre de 2024, la contratista registró al 100 % los metrados de actividades como encofrado y desencofrado de losa aligerada y uso de ladrillo hueco en la segunda planta del módulo 1, a pesar de que estas labores continuaban en octubre, después de la fecha de corte de la valorización.
El informe también advierte el riesgo de una incorrecta ejecución de la obra y la posible afectación de recursos públicos debido a la ausencia de personal clave de la contratista. Los días 10 y 14 de octubre, los especialistas en arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas y de seguridad no estuvieron presentes, lo que compromete el avance y la calidad del proyecto y podría resultar en pagos por días no laborados.
Además, se comprobó que el contratista empleó material de relleno compactado que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Este informe, que evaluó el período del 10 al 17 de octubre de 2024, fue notificado al gobernador regional de Lambayeque el pasado 22 de octubre para que adopte las medidas necesarias para asegurar los objetivos del proyecto.
El contrato de ejecución fue firmado en abril de 2024 con una empresa por S/14 208 238, con un plazo de 270 días calendario que comenzó el 22 de mayo y tiene previsto finalizar el 15 de febrero de 2025. La supervisión, adjudicada a un consorcio por S/716 262, inició en agosto, tras haberse declarado desierto un concurso previo y designarse un inspector de obra.
A la fecha de la emisión del informe, el avance físico de la obra era del 36.26 %, con cinco valorizaciones tramitadas por un monto de S/4.7 millones.
El contenido íntegro del informe es de acceso público a través del portal web de la Contraloría, habiendo Tello Benzaquen dado cuenta del mismo a través de la Oficina de Comunicaciones de la entidad en Lambayeque, hecho que según el criterio de Jorge Pérez y Ranjiro Nakano no debería suceder.
Caso hospital de Ferreñafe
El accionar de la Contraría ya resultaba incómodo para la administración regional desde antes y llegó a su punto más álgido cuando la entidad cuestionó la adjudicación de la obra del hospital de Ferreñafe, proceso plagado de vicios y en el que sospechosamente se entregó la buena pro a un consorcio conformado por una empresa sin experiencia en este tipo de proyectos y cuyo representante legal vende chupetes.
El Informe de Hito de Control n.° 086-2024-OCI/5343-SCC, advierte hechos más graves, pues el Comité de Selección pasó por alto que los integrantes del consorcio Señor Cautivo no acreditaron de forma válida tener experiencia en el rubro de construcción de establecimientos de salud del nivel del nosocomio a construir.
Inversiones DIMICA C.A. presentó como experiencia en su oferta el haber construido el Hospital Hugo Chávez Frías, en El Vigía, estado de Mérida, Venezuela. Para acreditar esto adjuntó cuatro declaraciones juradas, las cuales fueron suscritas por Jorge Félix Galván Barrera, presidente de DIMICA C.A.
El contrato de esta obra se suscribió el 26 de septiembre del 2016 entre la Sociedad Mercantil Inversiones DIMICA C.A. y el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela.
Sin embargo, la Contraloría ha advertido que la Oficina de Relaciones Consulares de Venezuela ha apostillado las declaraciones juradas, mas no los documentos adjuntos a dichos declaraciones tales como el contrato, presupuesto, especificaciones técnicas, acta de conformidad de obra, acta de recepción de la obra y otros anexos.
El otro consorciado
La situación no es mejor para José Humberto Castillo Ruiz, el otro integrante del consorcio Señor Cautivo. Según la Contraloría, el consorciado acreditó como experiencia haber participado como parte del ‘Consorcio Bigotes’ de la reconstrucción del centro de salud I-3 Paccha, en Chulucanas, provincia de Morropón, Piura.
No obstante, según la Norma Técnica de Salud Categorías de Establecimientos del Sector Salud, aprobada con Resolución Ministerial n.° 546-2011-MINSA, los centros de salud con categoría I-3 son establecimientos de salud del primer nivel de atención, lo cual contraviene lo indicado en las bases de la licitación que exigen acreditar experiencia en la ejecución de establecimientos de salud de segundo y/o tercer nivel de atención.
Certificados
Para acreditar otros factores de evaluación como el de sostenibilidad ambiental, José Humberto Castillo Ruiz presentó dos certificados, los cuales no se encontraban vigentes: para el ISO 45001:2018, cuya ficha de expiración fue el 16 de junio de este año; y para el ISO 14001:2015, que expiró en la misma fecha.
Por su parte, Inversiones DIMICA C.A. presentó las certificaciones para los ISO 45001:2018 y 14001:2018, las cuales fueron suspendidas el pasado 28 de octubre. Lo mismo ocurre con la certificación para el ISO 37001:2016, Certificado de Integridad.
Observaciones sin subsanar
La Contraloría también indica en su informe que, pese a que haber comunicado cinco hitos de control previos, no se han levantado las observaciones advertidas. Una de estas está relacionada al plazo de ejecución de obra, que es de 690 días calendario, pero no se condice con los 630 días considerados en el Anexo n.° 04 ‘Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra’.
“Al respecto, cabe resaltar que, en las Bases Integradas de la Licitación Pública n.° 023-2024-GR.LAMB/CS, surgieron incongruencias en cuanto al plazo de ejecución de la obra, lo cual fue advertido por la comisión de control en el Informe de Hito de Control n.° 077-2024-OCI/5343-SCC de 11 de octubre de 2024; no obstante, la Entidad continuó con las etapas de evaluación y calificación de ofertas (del 14 al 18 de octubre de 2024), así como la etapa del otorgamiento de la buena pro (18 de octubre de 2024)”, se lee en el informe.
