El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – Salupol, creado en el 2013, recibe, capta y gestiona los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud del personal policial y sus familias. En palabras sencillas, cuando la Sanidad de la Policía no tiene capacidad resolutiva para atender una situación de emergencia, el fondo convoca a sus proveedores activos para que atiendan a los beneficiarios. En teoría, el que oferta menor costo es el que recibe la referencia del paciente. Sin embargo, la gestión no sería la más adecuada ni transparente. 

De los objetivos de Salupol, dos son los más saltantes: “Garantizar el acceso y cobertura oportuna y de calidad de la prestación de salud al beneficiario” y “Garantizar la administración financiera para la sostenibilidad de Saludpol a través de la gestión eficiente de los fondos de aseguramiento en salud”.

La entidad cuenta con un directorio integrado por cinco personas, entre ellas un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y otro del Ministerio de Salud; luego está la Gerencia General y debajo de ella la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud; la Dirección de Prestaciones de Salud y la Dirección del Asegurado, además de la Oficina de Administración, donde está la Tesorería.

De la Dirección del Asegurado se desprenden las 34 unidades territoriales de Salupol, entre ellas la de Lambayeque, mientras que en la Dirección de Prestaciones de Salud está la Jefatura de Auditoría de Calidad.

Los recursos

El presupuesto total de la Sanidad de la Policía para este año, según el Ministerio Economía y Finanzas, es de 191 millones de soles.

Saludpol maneja aproximadamente entre 400 y 500 millones de soles al año de presupuesto, siendo su fondo de emergencia de 200 millones más. Este último se utilizó durante la pandemia por Covid-19, por ejemplo.

Característica del fondo es que es la única Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud Pública – IAFAS, que cubre hasta el 98 % de la atención de los beneficiarios, es decir, no hay necesidad de un copago. El número de beneficiarios, a octubre del año pasado, era de 444 mil 797 a nivel nacional.

Aun cuando el presupuesto pareciera alto, resulta insuficiente, lo que generaría que al menos dos proveedores de Saludpol al año (clínicas privadas), se queden sin el pago de los servicios que brindan a la familia policial, iniciándose trámites engorrosos, muchas veces sin resultados, para lograr la cancelación de los montos. Lo grave es que las deudas no estarían sujetas al reconocimiento de intereses o moras, por lo que se trataría de cifras congeladas que habrían dejado sin liquidez a más de una Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – Ipress.

Como consecuencia, muchas clínicas que cuentan con todos los servicios de salud necesarios para la atención de pacientes por emergencia habrían dejado de aceptar referidos de Saludpol, reduciéndose la oferta a algunas cuantas que no cumplirían con la totalidad de autorizaciones ni servicios.

¿Cómo funciona?

Como se ha explicado, cuando la Sanidad de la Policía no tiene capacidad resolutiva para atender a un paciente, esto es: carece de recursos logísticos o humanos (por especialidad), Salupol, desde su sede central en Lima, pide cotizaciones a sus proveedores activos para que estos oferten el menor costos por la atención.

Una vez elegida la Ipress (proveedor), se extiende la carta de garantía a la unidad territorial para que se proceda a la atención. Cada historia clínica de atención se convierte en un expediente, el mismo que debe contener una serie de requisitos previamente establecidos. Dicho expediente es remitido a la unidad territorial para que en esta se inicie el procedimiento de los pagos.

El procedimiento es bastante complejo: una vez que el expediente tiene el visto bueno es enviado por la unidad territorial a Auditoría Médica, en Lima; tras la conformidad debe recibir el visto bueno de otras tres áreas: la Dirección de Prestaciones de Salud, la Dirección del Asegurado y la Oficina de Administración. Después pasa a Tesorería. Un pago puede demorar aproximadamente 90 días, dependiendo de la presión que ejerza el proveedor a través de escritos.

“Pueden pasar meses y los expedientes quedarse ahí, en la oficina de la unidad territorial Lambayeque. Puede una clínica ir y reclamar en Lima y enterarse que no existe ningún expediente enviado pese al tiempo transcurrido. La trampa parece ser aburrir a los proveedores, dilatarles los pagos para que dejen de recibir pacientes y concentrar a los referidos en sólo algunas clínicas a las que se podría considerar como privilegiadas”, señala una fuente a este medio de comunicación.

Actualmente, las únicas proveedoras de Saludpol en Lambayeque serían solo Max Salud y el Hospital de Clínicas.

Funcionamiento de UCI

En Lambayeque solo dos clínicas privadas tienen Unidad de Cuidados Intensivos – UCI, debidamente supervisada y autorizada, tanto por la Gerencia Regional de Salud – Geresa, como por la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud – Susalud. Estas son: Auna y BM Clínica.

Sin embargo, existirían hojas de referencia de pacientes que requerían ser ingresados a UCI y habrían sido enviados al Hospital de Clínicas, ubicado en el centro de Chiclayo, pese a que de acuerdo a la consulta realizada ante Susalud, dicha Ipress cuenta únicamente con Unidad de Vigilancia Intensiva, que no es lo mismo que una UCI.

“La vigilancia intensiva es una estación previa a la Unidad de Cuidados Intensivos – UCI. Sin embargo, se estaría permitiendo que algunas clínicas que no tienen UCI reciban referenciados para dicho servicio. Otra particularidad es que por lo general los pacientes de UCI pueden requerir de diálisis y algunas de las clínicas que hoy tienen la condición de proveedores activos de Saludpol tampoco tienen autorización para diálisis. ¿Cómo atienden entonces? ¿Hacen diálisis o no? ¿Tienen permiso de Geresa y Susalud? ¿Les paga Susalud por servicios que no están autorizados?”, cuestiona la fuente.

Lo que revela la fuente llama la atención porque Saludpol y Susalud envían a sus auditores de manera permanente a supervisar el funcionamiento de las Ipress, entre las que se encuentra – obviamente – las proveedoras del fondo policial.

Producto de esas auditorías es que se habría forzado la suspensión de algunas clínicas proveedoras, convirtiéndolas en inactivas y, por lo tanto, fuera de la posibilidad de remitir sus cotizaciones cuando existe la necesidad de referir a un paciente.

Según la fuente contactada por Expresión, dichas suspensiones tendrían el objetivo de cerrar la competencia, aun cuando no todas las clínicas ofrecen la totalidad de servicios requeridos.

En octubre del año pasado, el diario Correo informó que el Hospital de Clínicas recibió pacientes referidos desde la Sanidad de la Policía, pese a que los servicios de centro quirúrgico, la central de esterilización y el centro de hemoterapia y banco de sangre del referido nosocomio estaban suspendidos por seguridad, esto según las resoluciones de superintendencia n.° 004-2021-SUSALUD/S y la resolución administrativa n.° 0020-2023-SUSALUD-ISIPRESS.

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