En mayo de 2022 la gestión del exalcalde Marcos Gasco Arrobas adquirió 14 compactadoras nuevas para el servicio de limpieza pública de Chiclayo. Sin embargo, en la actualidad, a solo un año de esa cuestionada compra, solo 11 vehículos recolectores están operativos y el resto en los talleres, porque presentan fallas mecánicas continuas. Incluso hubo algunos días en que hubo siete máquinas operativas y siete estaban en reparación.
La revelación la hizo el regidor de la comuna provincial de Chiclayo, Orlando Puell Varas, quien expresó que todo hace indicar que el tiempo de vida de estos vehículos será muy corto, porque a solo un año de funcionamiento ya están presentando fallas.
“Con la maquinaria que dispone la municipalidad es insuficiente recoger la gran cantidad de residuos sólidos que se genera a diario, eso nos preocupa porque qué va a pasar cuando las fallas sean más recurrentes y se tarden varios días en la reparación de las compactadoras. La gestión de los residuos sólidos se torna bastante complicado de cara al futuro”, refirió.
Incluso plantea que ante este panorama sombrío se debe repotenciar la maquinaria existente, para que sirvan de retén y estén listas para cuando sea necesario, porque “estas máquinas supuestamente nuevas” tarde o temprano van a dejar de circular.
Compra direccionada
Consultado sobre el estado de la investigación por la presunta sobrevaloración en la compra de estas compactadoras por más de un millón 300 mil soles que detectó la Contraloría, donde en un informe auditor precisó que se había direccionado esa compra y se señalaba directamente a los miembros del comité de licitación, Puell Varas dijo que la Procuraduría Municipal todavía no ha informado al pleno del concejo y no ha brindado ningún tipo de informe.
“Esperamos que lo haga cuanto antes porque su propia normativa así lo indica, porque fue el encargado de llevar adelante la denuncia que en su momento recomendó la Contraloría y que solo responsabilizó al comité de licitación. Pero esta cuestionada compra tiene más actores comprometidos, la cual comenzó con el área usuaria que hizo el requerimiento, el comité que llevó adelante la licitación, el ingeniero que hizo la recepción de la maquinaria que a todas luces no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos, y luego ver si el aplazamiento de la fecha para la entrega de las compactadoras tenía sustento”, subrayó.
El legislador edil reiteró su pedido a la Contraloría para que realice un control de todo este proceso, porque seguramente habrá más responsables, pues a todas luces fue una compra que no cumplía con los requerimientos técnicos, por eso ahora se están malogrando continuamente. Al final esa compra significó un daño económico a la comuna por la sobrevaloración, porque se pagó más por un producto que carece de calidad.
¿Y cuánto ha avanzado el trabajo de indagación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Gasco, por qué no se tiene al menos un avance preliminar de las indagaciones que se han identificado?
Este tema preocupa, porque en la gestión anterior hubo serias denuncias, pero las investigaciones marchan muy lento. Esta es una de las inconsistencias que hay en el sistema de justicia, que no se resuelve con prontitud este tipo de casos, que permita separar a funcionarios cuestionados que hoy están al frente de algunos gobiernos locales y siguen manejando mal los recursos del Estado. En la Fiscalía se demoran bastante para armar una investigación y cuando pasa al Poder Judicial no investigan a tiempo, se termina la gestión anterior y no pasó nada. Y esto ha pasado con el caso de Veolia (compactadoras), cuyos resultados aún no son conocidos por la lentitud del sistema de justicia, hay un proceso de investigación bastante lento. Se necesita celeridad porque no se puede tener a un funcionario varios años en investigación.
Habría más involucrados
Orlando Puell precisó que si la actual gestión pretende investigar estas compras irregulares detectadas en el ayuntamiento (suspicaz adquisición de repuestos para las unidades vehiculares del área de Limpieza Pública), pedirá a la Contraloría que haga un examen de estas operaciones, porque seguramente los involucrados son funcionarios que viene de la gestión de Gasco Arrobas.
“Pero la pregunta que nos hacemos muchos es por qué no se contrata directamente con las concesionarias la marca de repuestos que se necesitan, no se entiende por qué se compra directamente al proveedor y se tiene que estar convocando a intermediarios, porque es sorprendente que alguien que recién se registra como proveedor ya esté haciendo ventas a un gobierno local”, indicó.
Expresó que esta es una situación que genera mucha preocupación, y más bien el área usuaria debería tener más de conocimiento respecto a este tipo de proveedores. “Este es un tema que ya es recurrente en la comuna, se tiene que seguir la pista porque esto también ha ocurrido en la gestión anterior, aunque todavía no se conoce muy bien esos casos a detalle”, declaró.
El regidor teme que ahora, otra vez, se estén cometiendo irregularidades en las compras de menor cuantía, porque son de manera directa y donde el área de Logística designa a dedo al proveedor. “Todo parece indicar que en esta nueva gestión se estarían repitiendo esas figuras poco transparentes, parece que continúan estas irregularidades; pero ellos tienen que preocuparse por hacer sus procesos más limpios, recibir respuestas de las gerencias encargadas de llevar adelante esas compras”, puntualizó.
Explicó que le causa mucha suspicacia el hecho de que después de unos días de haber conseguido el número de RUC, de haber sido inscrito en el Registro Nacional de Proveedores de Servicios y de Bienes, aparezca en una lista de venta de productos, lo que todavía no se puede determinar con esos informes preliminares es si lo hizo antes de tener su registro o después del mismo. Sería prudente y necesario que se sepa las fechas en las que le compró a ese proveedor, para ver si estaba o no habilitado para vender bienes.
Qué se revele nombre de regidor
Al ser consultado por el caso de la administradora que fue detenida en días pasados por la policía, acusada de presunta estafa por negociar contratos de trabajo en la municipalidad de Chiclayo, y donde ella en su defensa dijo que un regidor tenía conocimiento de ello, el regidor Puell Varas informó que por ahora no se sabe más de lo que ocurrió ese día, hay un silencio total.
“Pero la inquietud pasa por pedir a la Fiscalía que de una vez por todas dé a conocer el nombre del regidor que mencionó esa señorita, con quien habría coordinado todo, y también los nombres de las 20 personas que habrían entregado dinero a esta persona para que ingresen a laborar en la comuna”, sentenció.
Asimismo, criticó a estos profesionales que pagaron para ingresar al municipio no tengan el mínimo conocimiento de la gestión pública, porque él ha accedido a dos contratos firmados por la alcaldesa, cuando se sabe que ella no hace eso, ya que dependiendo del tipo de acuerdo lo suscribe la Gerencia de Administración o la Subgerencia de Logística.
Explicó además que la propia redacción del contrato tiene muchas inconsistencias, que para cualquiera que tenga un poco de conocimiento de gestión municipal se habría dado cuenta que lo estaban timando desde el comienzo.
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