El 4 de mayo de 2025, trece cuerpos fueron hallados sin vida en el socavón de una mina en Pataz, La Libertad. Estaban desnudos, maniatados, con disparos en la nuca. No era un montaje, ni una noticia inflada por el sensacionalismo: eran trece trabajadores ejecutados con brutalidad, en una tierra marcada por la minería ilegal, el abandono estatal y el avance de mafias que han convertido al oro en moneda de muerte. Las familias de las víctimas, desesperadas desde su desaparición el 26 de abril, golpeaban puertas institucionales que no se abrían. Y cuando finalmente lo hicieron, ya era tarde. La masacre estaba consumada.

Este hecho no es solo una tragedia humana. Es el síntoma de un sistema corroído por la complicidad, la omisión y el silencio. Un Estado que, en lugar de proteger a su gente, ha permitido que el crimen organizado sustituya su presencia en zonas estratégicas. En Pataz, el oro ilegal se ha convertido en una economía paralela que compra autoridades, silencia fiscales y asesina a quienes se interponen. La historia reciente del Perú registra muchas muertes impunes, pero pocas tan reveladoras como esta.

Cronología de una masacre

Los trece trabajadores pertenecían a la empresa de seguridad R&R, una empresa dirigida por policías en actividad, contratada por un minero artesanal con vínculo legal con la Minera La Poderosa. El 25 o 26 de abril fueron secuestrados por presuntos sicarios vinculados a la minería ilegal. Desde el 29 de abril, sus familias denunciaron la desaparición. Sin embargo, fueron rebotadas de Trujillo a Huamachuco, sin que las autoridades actuaran de inmediato. El 30 de abril, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, minimizó el hecho señalando que se trataba de "trascendidos" sin denuncia formal.

El 4 de mayo, los cuerpos fueron hallados. La escena era escalofriante: estaban amarrados, con signos de tortura y disparos en la cabeza, un modus operandi que remite al sicariato de carteles internacionales. Algunos aún no han sido plenamente identificados debido al grado de descomposición. La tragedia no sorprendió a los locales: apenas unas semanas antes, nueve trabajadores más habían sido asesinados en circunstancias similares. Las autoridades actuaron recién cuando un video de la ejecución circuló en redes sociales y medios de comunicación. La respuesta estatal, una vez más, llegó demasiado tarde.

El poder del oro ilegal y la complicidad institucional

Pataz no es una zona cualquiera. Su riqueza minera ha sido durante años codiciada por actores formales e ilegales. Desde 2020, bandas armadas han ocupado concesiones de La Poderosa. Se estima que al menos 39 trabajadores han sido asesinados desde entonces. La minería ilegal en Perú ha dejado de ser una actividad informal para convertirse en una de las principales industrias ilícita del país, en competencia directa con el narcotráfico.

El gobierno regional de La Libertad, liderado por César Acuña y su partido Alianza para el Progreso (APP), tiene la responsabilidad de fiscalizar esta actividad. Sin embargo, la oficina encargada cuenta con menos de diez fiscalizadores y apenas una camioneta inoperativa. Mientras tanto, el oro fluye por rutas bien conocidas, desde Pataz hasta plantas procesadoras en Huanchaco y El Milagro, en Trujillo. La policía no interviene los vehículos que lo transportan a pesar de que la existencia de estas rutas son un secreto a voces. Exconsejeros regionales han calificado esta inacción como corrupción funcional, una forma de complicidad por omisión.

El Congreso también tiene una responsabilidad enorme. La ampliación del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) permite que mineros ilegales se camuflen como formales y eviten fiscalización. Legislaciones recientes han impedido la destrucción de dragas incautadas y han reducido penas por posesión de dinamita. Alejandro Salhuana, presidente del Congreso y miembro de APP, ha sido señalado por votar a favor de estas medidas y por presuntos vínculos con la minería informal.

La respuesta del Ejecutivo: tardía, reactiva, política

Tras la presión mediática, el gobierno activó una serie de medidas. Se decretó toque de queda en todo el distrito de Pataz, de 6 p.m. a 6 a.m. Se anunció la instalación de una base militar permanente y la suspensión de toda actividad minera por 30 días. La presidenta Dina Boluarte propuso además una nueva figura penal: el "terrorismo urbano", comparando la situación actual con la violencia de los años ochenta.

Estas medidas, sin embargo, son vistas como reacciones de emergencia, no como una estrategia estructural. La militarización de zonas con economías ilegales no es nueva en Perú, y sus resultados han sido ambiguos. Sin un plan de inteligencia financiera y articulación institucional, las Fuerzas Armadas corren el riesgo de asumir una función para la que no están diseñadas. Además, el uso del término "terrorismo urbano" ha sido criticado por constitucionalistas como una maniobra política sin sustento jurídico claro.

La impunidad como política de Estado

El presunto autor de la masacre, Miguel Rodríguez Díaz, alias "Cuchillo", fue capturado en 2023 y liberado poco después por el Poder Judicial. La presidenta criticó duramente al Ministerio Público por este hecho, en lo que algunos analistas interpretan como una estrategia de deslinde más que de autocrítica. Por su parte fiscalía alude el cumplimiento de la ley producto de los vicios de una deficiente intervención policial.

La fiscalía y el Poder Judicial están bajo escrutinio, pero también lo están los gobiernos regionales, el Congreso y el propio Ejecutivo. Las medidas de emergencia, si no se acompañan de reformas profundas, corren el riesgo de convertirse en una puesta en escena. El patrón se repite: se reacciona tarde, se culpa a otros, se promete una nueva ley, pero no se toca la red de intereses que protege la minería ilegal.

La sociedad abandonada

Los familiares de las víctimas han denunciado amenazas, intentos de soborno y total indiferencia de las autoridades. El gobernador regional, César Acuña, ofreció dinero personalmente a los deudos, un gesto interpretado como ofensivo, una forma de mercantilizar el dolor. En paralelo, el alcalde de Pataz y los pobladores han convocado un paro indefinido en señal de protesta y desconfianza absoluta hacia el Estado.

La minería ilegal no es un fenómeno marginal. Es una red de poder económico y político que opera con logística, armamento y cobertura legal. Combinar contratos subterráneos, normativas laxas, empresas fachada y autoridades compradas ha sido su estrategia. La formalidad en el papel no siempre refleja la legalidad en los hechos.

La masacre de Pataz pone en evidencia que el problema no es solo la minería ilegal, sino la forma en que el Estado ha sido colonizado por intereses mafiosos. Los trece muertos no son solo víctimas de una emboscada criminal; son el resultado de años de negligencia institucional, legislación cómplice y una gobernabilidad en ruinas.

Las soluciones requieren voluntad política real: depuración del REINFO, control fiscal en rutas mineras, investigación a plantas procesadoras, autonomía para fiscales anticorrupción, y una reforma legislativa que deje de proteger a las economías ilegales. Lo contrario es mantener un statu quo donde la impunidad es la norma y la vida humana, prescindible.

Cada cuerpo hallado en el socavón de Pataz lleva el nombre de un Estado ausente. Y si no se actúa hoy, ese vacío crecerá. Porque donde el Estado no gobierna, gobierna el crimen.

(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com

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