El gobierno de transición del presidente José Jerí ha debutado con un giro de 180° a nivel informativo, esto en relación con lo que fue la administración de Dina Boluarte, cargada de celo y rechazo al diálogo con los medios de la comunicación y el común de los ciudadanos.
Tan pronto asumió el poder, Jerí buscó empatizar con el principal problema que afecta al país: la inseguridad ciudadana, para lo cual ha tomado como referencia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aun cuando los métodos que este ha aplicado en el país centroamericano no sean precisamente los más idóneos, los más legales y los más respetuosos de los derechos humanos.
Jerí empezó con un operativo simultáneo en cuatro establecimientos penitenciarios del país, entre ellos Challapalca y lo hizo dejándose fotografiar en la misma actitud física que Bukele: rodeado de mandos policiales y funcionarios en un pasillo carcelario.
Desde ahí, se han realizado requisas, la más reciente en el siempre temido penal de Lurigancho, desde donde Jerí afirmó que los sistemas de supervisión y seguridad han sido deficiente. La crítica ha sido directa sobre el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, y, en consecuencia, contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de su antecesora.
De la reforma del sistema carcelario se habla hace mucho tiempo. Se ha prometido la construcción de penales, de megapenales, incluso de reconstruir El Frontón. En Lambayeque mismo se habla desde hace 16 años de la ampliación del Establecimiento Penitencio de Chiclayo, que alberga actualmente a cuatro mil reos, cuando su capacidad es para 1300. El hacinamiento es del 356 %.
Ahora bien, ¿son los métodos de Bukele aplicables a la realidad peruana? El Salvador era el país más inseguro de Latinoamérica y uno de los más peligrosos del mundo. Hoy, es el país más seguro del hemisferio, con la aplicación, principalmente, de una política carcelaria severa, que linda con la violación de Derechos Humanos y las arbitrariedades. Son cientos los inocentes que habrían sido encarcelados.
Pero la realidad de El Salvador es de lejos muy distinta a la peruana y esto por múltiples factores, siendo uno de ellos el geográfico. El Salvador es el país más pequeño del continente y su extensión, de 21 041 kilómetros cuadrados, es más equivalente a las tres cuartas partes de la extensión del departamento de Piura. Desde allí, la existe una gran diferencia. El Perú tiene un territorio de un millón 285 mil 216 kilómetros cuadrados.
Otro aspecto es la población. Mientras que en el Perú hay 33 millones de habitantes (3 millones en el extranjero), en El Salvador la población es de 6.5 millones de personas. El Salvador tiene solo dos vecinos: Guatemala y Honduras, el Perú tiene cinco: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, además de una larga franja costera.
Ya en materia de seguridad, debe tenerse en cuenta que en El Salvador el enemigo siempre ha sido visible. La problemática de la inseguridad fue agudizada por las pandillas, las famosas maras, estructuras jerarquizadas e identificadas, que tenían el control de territorios, cobraban cupos y se vinculaban a delitos diversos. En el Perú, la criminalidad es diversa y multifacética, además de sumamente escurridiza y mimetizada, al punto que cada vez es más recurrente la captura de agentes de la Policía Nacional involucrados en organizaciones delictivas.
En otro campo está la manera en la que se enfrenta a la delincuencia. El Salvador declaró un régimen de excepción permanente, suspendiendo derechos fundamentales (libertad individual, defensa legal, inviolabilidad de comunicaciones, etc.), con apoyo mayoritario de su Asamblea (Congreso), que incluso fue tomado por el gobierno de Bukele con presencia militar. En el Perú, la Constitución de 1993 solo permite estados de emergencia temporales y focalizados, bajo control del Congreso y del Poder Judicial. Adoptar un régimen similar implicaría violar el orden constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país.
Bukele controla casi todos los poderes del Estado: destituyó a magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, lo que eliminó los contrapesos institucionales. En el Perú, el Ejecutivo y el Congreso han estado en constante confrontación, mientras que el Poder Judicial ha resultado ser un contrapeso importante ante las denominadas leyes procrimen, de las cuales el ahora presidente Jerí ha sido promotor y aprobador con su voto. Un ejemplo de ello fue el rechazo de la Corte Suprema a los cambios a la ley contra el crimen organizado.
Dina Boluarte y sus ministros anunciaron la aplicación del Plan Bukele y luego le cambiaron el nombre por Plan Perú, lo que motivó todo tipo de reacciones, unas a favor y otras en contra, y al final nada se hizo.
El nivel de desconfianza de la ciudadanía, sobre todo en la Policía Nacional, abona a la crisis de inseguridad. El país es afectado por la delincuencia común, de carteristas y arrebatadores de celulares, y por el crimen organizado, donde están sicarios y extorsionadoras, vinculados, a la vez, a la minería ilegal, el narcotráfico, la tala y pesca ilegal, la trata de personas y, desde luego, la corrupción.
Cada vez que se habla de inseguridad en el Perú, la voz más fuerte es la que reclama inteligencia, depuración y reorganización de la Policía Nacional, mejor trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial, y un congreso que no legisle para flexibilizar las normas a favor del crimen. Ojalá que el presidente Jerí entienda que el asunto no se resuelve con fotos o videos en Tiktok, sino sentando las bases de un trabajo organizado, bien pensado y puesto en marcha por gente honesta y capaz. Que recuerde Jerí: Lambayeque no es el Perú.
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Editora / Directora fundadora.
