La inversión pública representa un pilar esencial para el desarrollo socioeconómico de los países. En el caso peruano, pese al crecimiento sostenido de los recursos presupuestales durante las últimas dos décadas, persisten brechas significativas en infraestructura, provisión de servicios básicos y bienestar ciudadano (Calle & Tello, 2024). Esta paradoja evidencia limitaciones estructurales que restringen la capacidad del Estado para convertir los recursos financieros en resultados tangibles, afectando tanto la legitimidad de las instituciones como la calidad de vida de la población.
Durante los últimos 20 años, el Perú ha logrado incrementar de manera constante su presupuesto destinado a inversión pública. Aun enfrentando crisis políticas recurrentes, impactos externos adversos y limitaciones estructurales persistentes, el país ha mantenido un flujo importante de recursos orientados a infraestructura, servicios esenciales y desarrollo territorial.
Sin embargo, este aumento de recursos ha coexistido con una realidad inquietante: las brechas de infraestructura siguen abiertas, los niveles de satisfacción ciudadana no mejoran de forma sostenida, los proyectos inconclusos se acumulan y la percepción de ineficiencia estatal se agudiza.
Lejos de consolidarse como un verdadero motor del desarrollo, la inversión pública peruana atraviesa hoy una crisis silenciosa de eficiencia. Esta crisis no radica en la escasez de presupuesto, sino en la limitada capacidad del aparato público para transformar dichos recursos en bienes y servicios de calidad, dentro de plazos razonables y con impactos efectivos en el bienestar de la población.
El presente artículo se propone examinar las raíces estructurales de esta crisis, identificar los principales nudos críticos que enfrenta el sistema de inversión pública, y plantear un conjunto de reformas técnicas indispensables orientadas a revertir el deterioro progresivo de la gobernanza en la gestión de la inversión estatal.
Diagnóstico incompleto
Durante años, la ejecución presupuestal ha dominado como principal indicador de desempeño de las entidades públicas. La velocidad de gasto —y no la calidad de la inversión— ha sido el eje de evaluación por autoridades, medios y analistas. Se celebra el cumplimiento del 80% o 90% de ejecución presupuestal, sin considerar rigurosamente si esos recursos se transforman en proyectos sostenibles y de alto impacto (Calle & Tello, 2024).
Este énfasis en la velocidad del gasto ha generado un perverso sistema de incentivos donde lo importante es devengar rápidamente, sin que se evalúe rigurosamente la calidad técnica de los proyectos ejecutados, la sostenibilidad de las obras, su impacto real en el desarrollo territorial o su alineamiento con políticas públicas de largo plazo.
Como consecuencia: Se priorizan proyectos "rápidos" de ejecutar, aunque de bajo impacto estratégico. Se recurre a licitaciones apuradas, sin controlar la calidad de los expedientes técnicos. Se generan cronogramas de ejecución artificialmente optimistas, destinados a cumplir metas de gasto más que cronogramas realistas. Las paralizaciones, adendas, sobrecostos y arbitrajes son vistos como eventos aislados, y no como el resultado de fallas estructurales previas.
Esta obsesión por gastar rápido ha desplazado el verdadero objetivo de la inversión pública: mejorar la provisión de bienes y servicios públicos que contribuyan de manera sostenible al bienestar de la población.
Los síntomas de un sistema disfuncional
El deterioro de la inversión pública peruana es visible en múltiples dimensiones. Si bien existen variaciones entre sectores, regiones y niveles de gobierno, los patrones problemáticos son sorprendentemente recurrentes:
Proliferación de expedientes técnicos deficientes: Una de las principales causas estructurales de los problemas de inversión pública radica en la calidad deficiente de los expedientes técnicos (Propuesta Ciudadana, 2025). Muchos proyectos se inician con estudios incompletos de ingeniería, presupuestos mal formulados y análisis de riesgos inexistentes, lo cual deriva posteriormente en paralizaciones, adendas y sobrecostos (BID, 2021).
Contrataciones públicas dominadas por el criterio del precio mínimo: El marco de contrataciones prioriza el precio mínimo ofertado, sin ponderar adecuadamente la experiencia técnica ni la solvencia financiera de los postores (BID, 2021). Esto ha favorecido la adjudicación de contratos a empresas sin la capacidad operativa real para ejecutar proyectos complejos, desencadenando ampliaciones contractuales y deterioro de la calidad de las obras.
Supervisión técnica débil y escasamente profesionalizada: La supervisión de obras frecuentemente se limita a controles documentales y administrativos, sin la capacidad técnica especializada para fiscalizar el avance físico y la calidad constructiva (Moreno, 2024). Los problemas emergen tardíamente cuando ya son litigios complejos. En lugar de un control activo y preventivo, predomina un control documental o meramente administrativo, que detecta los problemas cuando ya se han convertido en conflictos contractuales complejos o arbitrajes millonarios.
Fragmentación extrema de los portafolios de inversión: El afán de "mostrar resultados" ha promovido la proliferación de proyectos pequeños, dispersos y desarticulados, que consumen recursos de gestión, elevan los costos administrativos, y ofrecen impactos marginales sobre las brechas estructurales de infraestructura. Se privilegia la cantidad de proyectos inaugurados por las autoridades, sobre la calidad de los proyectos estratégicos integrales que permitirían resolver de fondo los déficits acumulados de agua potable, saneamiento, salud, transporte o educación.
Alta rotación y precariedad de los equipos técnicos: La inversión pública demanda equipos técnicos estables, altamente capacitados y con conocimiento acumulado sobre las normativas, los procesos, los riesgos y las particularidades inherentes al ciclo de inversiones. No obstante, la elevada rotación política, tanto en los gobiernos subnacionales como en diversas entidades del gobierno central, desmantela de forma recurrente las capacidades instaladas (Moreno, 2024).
Cada cambio de autoridad suele conllevar el reemplazo de personal técnico, la interrupción de expedientes en curso, la discontinuidad en los procesos de seguimiento y la necesidad de reiniciar aprendizajes y capacitaciones desde etapas elementales. Esta dinámica fragmenta el conocimiento institucional, debilita la capacidad de gestión y afecta la continuidad y eficiencia de los proyectos de inversión pública.
Los costos crecientes de la ineficiencia
El resultado de estas fallas acumuladas es dramático: Proyectos paralizados durante años, sin fecha de reinicio, afectando el bienestar de miles de ciudadanos. Sobrecostos millonarios, absorbidos por el presupuesto público, en perjuicio de otros sectores. Arbitrajes judicializados, que bloquean recursos durante años en litigios contractuales. Infraestructura inconclusa o de baja calidad, que en algunos casos debe ser demolida y reconstruida. Desconfianza ciudadana creciente, alimentada por la percepción de corrupción, incompetencia o ineficiencia sistémica.
Estos problemas, más allá de los escándalos individuales, están erosionando progresivamente la legitimidad del Estado como proveedor confiable de bienes públicos.
La raíz del problema
Detrás de estos síntomas no hay únicamente problemas técnicos, sino fallas de gobernanza más profundas. El sistema de inversión pública peruano enfrenta una debilidad estructural en su capacidad de:
Control ex-ante de calidad: No existe un filtro preventivo robusto que garantice la calidad técnica de los proyectos antes de ser licitados.
Filtrado de contratistas: Los procesos de selección no logran impedir la participación de empresas no solventes.
Supervisión en tiempo real: Las herramientas de monitoreo físico y financiero son fragmentadas, lentas o manipulables.
Gestión de riesgos: Los contratos transfieren al Estado buena parte de los riesgos que debieran asumir los contratistas.
Continuidad técnica: La inversión pública está excesivamente expuesta a los ciclos políticos y carece de servicios civiles profesionalizados en sus oficinas técnicas. En otras palabras: el desafío no es presupuestario, es institucional.
Las reformas técnicas imprescindibles
Romper este ciclo de ineficiencia requiere reformas concretas, viables y aplicables sin necesidad de crear nuevas leyes, sino fortaleciendo la aplicación rigurosa de las normas ya vigentes.
Instaurar unidades técnicas de control ex-ante de expedientes Todo expediente técnico debería ser sometido obligatoriamente a revisión especializada previa a la licitación. Estas unidades técnicas podrían funcionar dentro de los gobiernos subnacionales, bajo supervisión nacional, o como órganos especializados autónomos.
Reestructurar los portafolios de proyectos. Limitar el número de proyectos pequeños y priorizar intervenciones integradas y de alto impacto territorial. Introducir criterios objetivos de rentabilidad social, cierre de brechas y sostenibilidad intersectorial.
Reformar los modelos de contratación. Adoptar modelos contractuales internacionales como FIDIC, que redistribuyen de manera más equilibrada los riesgos entre el Estado y los contratistas (Propuesta Ciudadana, 2025). Fortalecer los filtros de admisibilidad técnica y financiera en los procesos de selección.
Fortalecimiento técnico de las unidades de supervisión de obra. Fortalecer las capacidades técnicas de los supervisores y garantizar su estabilidad laboral, reduciendo la dependencia de supervisores externos sin responsabilidad directa (Moreno, 2024).
Desarrollar sistemas de monitoreo público transparente. Publicar de manera obligatoria los avances físicos, financieros y contractuales de cada proyecto en plataformas digitales accesibles. Incorporar alertas tempranas de desviaciones presupuestales o plazos.
Blindar los equipos técnicos frente a los cambios políticos. Establecer un servicio civil especializado para los equipos de inversión pública, con meritocracia, carrera técnica y blindaje frente a la rotación política.
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(*) Economista, magíster en Gerencia Pública.
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