Hasta el 17 de julio se ha postergado el inicio del juicio oral al exalcalde de Pítipo Manuel Valverde Ancajima, quien para el Ministerio Público es responsable, junto a exfuncionarios y el representante de un consorcio ejecutor, de los delitos de peculado, colusión y omisión de funciones, luego que se hallaran una serie de irregularidades en el proyecto de saneamiento básico que debió beneficiar a diferentes sectores del distrito, para lo cual el gobierno nacional destinó más de 10 millones de soles del Programa Agua Para Todos.
La obra debió concluir en el 2010, cuando Valverde Ancajima estaba en el último tramo de su gestión como burgomaestre. Ese mismo año el Partido Aprista Peruano, entonces en el gobierno nacional, lo convirtió en su candidato a la presidencia regional de Lambayeque y el edil se alejó de su municipio dejando la obra inconclusa, pese a que la totalidad del presupuesto se había gastado.
Como resultado de la paralización del proyecto que debió dotar de agua y alcantarillado a la capital del distrito, y a caseríos y centros poblados como La Libertad, La U, Cachinche y El Algarrobito, más de ocho mil vecinos se quedaron sin servicio, pese a los permanentes ofrecimientos de que la obra se culminaría.
De lo investigado, se determinó que los trabajados físicos avanzaron solo hasta el 75 %, en tanto el presupuesto de 10 millones de soles se agotó en su totalidad. Lo grave, es que la municipalidad de Pítipo pagó hasta 17 valorizaciones a favor del Consorcio Perú II, encargado de la ejecución del proyecto, por trabajos que no fueron realizados. Además, la obra fue aplazada hasta cuatro veces y a la empresa se le aceptó cartas fianzas vencidas.
Iniciada la gestión municipal de Galo de la Cruz, para el período 2011 – 2014, la comuna pitipeña destinó más recursos para la conclusión del proyecto, llegando a invertirse en total 11 millones 656 mil 934 soles, pero que en lo real no resolvieron la falta de agua potable en el distrito. Actualmente, los moradores que debieron ser beneficiados reciben el suministro del líquido elemento de manera parcial, e incluso se ven obligados a abastecerse del antiguo sistema de agua o a traerla de otros lugares.
CONSORCIO EJECUTOR
Los trabajos de saneamiento básico en Pítipo fueron encargados al Consorcio Perú II, que tuvo como representante legal a Manuel Cajilima Velásquez, a quien durante este tiempo se ha vinculado al congresista Javier Velásquez Quesquén, muy cercano también al exalcalde Manuel Valverde. Para la supervisión fue contratada la empresa Consorcio Pítipo Ingenieros & Asociados.
Ambas empresas recibieron el pago total del presupuesto asignado para el proyecto, aun cuando las cartas fianzas que debían servir de garantía para el municipio se encontraban vencidas.
El Consorcio Perú II estuvo conformado por las empresas Power Producción SAC, Constructora Minka SRL, Pérez y Castro Ingenieros y Constructora Aro Contratistas Generales SRL. Las dos últimas empresas con domicilio fiscal en Piura y Ucayali, respectivamente.
DENUNCIA FISCAL
Las primeras denuncias por las irregularidades en la obra de Pítipo las presentó el ciudadano Riquelme Verona, quien en el 2010 se desempeñó como presidente del Frente de Defensa del distrito. Sin embargo, no fue sino hasta el 2013 que el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ferreñafe, a cargo del fiscal David Caballero Velezmoro, decidió abrir la investigación preliminar para determinar responsabilidades en la negligente ejecución de los trabajos.
Caballero Velezmoro ha pedido al Poder Judicial 18 años de prisión contra Valverde Ancajima, acusado por los delitos contra la administración pública en su modalidad de incumplimiento de deberes funcionales, colusión, peculado doloso y apropiación agravada en perjuicio del Estado.
La denuncia fiscal comprende también a Rodolfo Sandoval Santamaría, exgerente de la comuna; Óscar Barreda Bulnes, exjefe de Infraestructura; Dirma Huamán Campos, exjefa de Tesorería, y Víctor Hugo Chevez Villegas, exjefe del SIAF.
También han sido comprendidos Óscar Torres Labrín, ingeniero residente; Ana Cisneros Ibana, supervisora de la obra; Vanessa Borja Izquierdo, gerente general del Consorcio Perú II y Manuel Cajilima Velásquez, representante legal de la empresa ejecutora.
EL ENCUBIERTO
Para el fiscal Caballero Velezmoro, la actuación de Cajilima Velásquez en la obra de Pítipo responde a un procedimiento de encubrimiento, que le habría permitido beneficiarse directamente de los cobros efectuados por el consorcio ejecutor sin aparecer en los documentos suscritos entre la municipalidad y la empresa.
Cajilima Velásquez es acusado de colusión y peculado doloso, pues de acuerdo al Ministerio Público, este y Vanesa Borja Izquierdo, quien fungía como gerente de la empresa, “procedieron a elaborar valorizaciones de la obra conteniendo partidas y frentes de trabajo que en realidad no se habían ejecutado, contando para ello con la participación del residente de obra, Segundo Torres Alabrín, para de esta manera agotar todo el presupuesto de la obra, perjudicando los intereses del municipio de Pítipo”.
Caballero Velezmoro sostiene la tesis de que Cajilima Velásquez actuaba como representante encubierto del Consorcio Perú II y “en todo momento utilizó a terceras personas para que ostenten documentariamente la gerencia”. “Está demostrado que en realidad era él quien tenía el control y tomaba las decisiones dentro del consorcio”, se señala en la acusación.
Asimismo, el Ministerio Público halló un acta suscrita el 15 de enero del 2010, antes el juez de Paz de Pítipo, en la que el empresario se compromete a cancelar las remuneraciones adeudadas a los trabajadores de la obra. También, existe una carta del 5 de febrero del 2011, dirigida a la Cooperativa Financorp, en la que Cajilima Velásquez devuelve una carta fianza por adelanto de materiales para la obra de saneamiento.
A esto se suma que en el 2010 el entonces gerente administrativo del municipio distrital, Luis Osiris Tarrillo, declaró haber visto al empresario en las reuniones de coordinación de la obra; lo mismo que Torres Alabrín, residente del proyecto, quien declaró que fue este quien lo contrató para trabajar.
Otro hecho probatorio recabado por el Ministerio Público es que Manuel Cajilima compró un inmueble en la Urbanización Santa Victoria, inscrito con Partida Registral N° 02226071, con dinero de una cuenta bancaria a nombre del Consorcio Perú II. El empresario y su esposa, Gina Pozo Condezo, admitieron la adquisición ante la fiscalía.
AUDIENCIAS FRUSTRADAS
Formulada la acusación contra Valverde Ancajima y los demás coimputados por la obra de saneamiento de Pítipo, hasta en cinco oportunidades se frustró la audiencia de control de acusación a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.
La ausencia de los abogados impedía que la magistrada Yolanda Gil Ludeña, titular de dicho órgano jurisdiccional, desarrolle la audiencia en la que debía determinarse si el exalcalde de Pítipo, los exfuncionarios y los técnicos y representantes del Consorcio Perú II, debía ir o no a juicio oral.
La incertidumbre acabó, luego de un año de idas y vueltas, en septiembre del 2016, cuando Gil Ludeña ordenó que Manuel Valverde y compañía comparezcan ante los tribunales.
JUICIO NO EMPIEZA
El 5 de enero debió realizarse la audiencia de instalación del juicio oral contra los presuntos responsables de la obra trunca en Pítipo, en el despacho de la juez María Vásquez Vásquez, del Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo. Sin embargo, la diligencia no se realizó por la huelga judicial.
Se reprogramó entonces para el miércoles 22 de marzo, a las 8:30 de la mañana, pero nuevamente fue imposible el inicio del juicio oral debido a que parte de los abogados y procesados estuvieron ausentes.
Los abogados de Rodolfo Sandoval, Oscar Barreda y Ana Cisneros alcanzaron con antelación escritos al juzgado justificando su ausencia con el argumento que tenían otras audiencias a las que acudir, en tanto algunos imputados, como el mismo Manuel Valverde, señalaron a través de sus abogados la imposibilidad de asistir a la audiencia por encontrarse fuera de Chiclayo, teniendo problemas para desplazarse debido a la interrupción de las carreteras por los huaycos recientes.
La magistrada ordenó, a pedido del Ministerio Público, que el inicio de juicio oral se reprograme para el 17 de julio próximo, disponiendo que si los acusados no se presentaban se les daría condición de reo contumaz. Se dispuso también que la Defensoría Pública asigne abogados para los procesados cuyos patrocinadores no asistieron a la citación del miércoles último, a fin que no existan más razones para la dilación del proceso.
En tanto, los más de ocho mil pobladores que hoy deberían gozar de un moderno sistema de agua y alcantarillado en Pítipo, siguen a la espera de una sanción ejemplar para quienes burlaron la confianza del Estado.
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respuesta de roulo marinleon el 2020-03-30.
ese cajilima tiene varias en ferreñafe, en bagua, cajamarca
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